Megaproyectos
[:es]Los que luchan por la vida nunca mueren [:]
[:es]
La luz del sol brilla sobre los tres ataúdes mientras son llevados a la montaña. Las flores de cempasúchil están colocadas en sus marcos de madera y el humo del copal persiste en el aire, limpiando los espíritus de nuestros hermanos y compañeros caídos.
Apenas unos días antes las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) celebraban el día de los muertos, conmemorando a los que vinieron antes y a los que dieron la vida en la lucha.
Los cuerpos y espíritus de tres compañeros más, Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, se han sumado a los más de 40 miembros de sus comunidades que han sido asesinados en esta despiadada lucha en defensa de sus territorios y vidas contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares.
El sábado 5 de noviembre de 2022, Adán, Guillermo y Moisés salieron de los territorios liberados del CIPOG-EZ hacia Chilapa de Álvarez, la cabecera municipal, para comprar repuestos para uno de sus vehículos. A las 14.30 horas fueron detenidos por la policía municipal, que les preguntó sus nombres. Poco después, empezaron a ser seguidos por una moto, que los interceptó cuando salían de Chilapa, de vuelta a la seguridad de sus comunidades. A las 21:30 horas sus cuerpos fueron encontrados muertos en el pueblo de Xochimilco, Chilapa, acribillados a balazos.
Adán, Moisés y Guillermo eran líderes comunitarios nahuas y miembros del CIPOG-EZ, un concejo formado por 24 comunidades indígenas que han estado defendiendo sus territorios contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares como ‘Los Ardillos’ en la región de la Montaña Baja de Guerrero, México.
“Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ.” compartió el CIPOG-EZ en un comunicado tras los asesinatos.
Es necesario destacar aquí el carácter totalmente político de su asesinato. Los tres estaban trabajando en un proyecto reciente, lanzado por el CIPOG-EZ, para crear tres radios comunitarias en sus territorios, llamado Radios Organizando la Lucha por la Autonomía (R-OLA). Este proyecto permitirá a la organización difundir educación política y basada en los derechos humanos, que fortalecerá la capacidad de las comunidades para defender sus territorios legalmente y organizativamente. Estos meses se han estado realizando talleres con miembros de la comunidad de todas las edades.
Las radios también fortalecerán su organización, trabajando por la construcción de la paz en sus comunidades. El fortalecimiento del tejido social fue un problema para estos grupos narco-paramilitares, pero el CIPOG-EZ también afirma que hay raíces más profundas y siniestras detrás de la constante violencia que enfrentan en sus territorios.
El CIPOG-EZ afirma que ven que “hay una cadena de complicidades, se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos”. Afirman que Los Ardillos trabajan como un brazo armado del gobierno y de las empresas mineras transnacionales, que asesinan y desplazan a comunidades enteras para que sus tierras sean luego concesionadas a empresas mineras. Hay periodistas locales que han informado de hallazgos similares.
En julio, escribí un artículo sobre el CIPOG-EZ y la fuerza de su organización. En él citaba uno de los comunicados del CIPOG-EZ en el que se nombraba a Jesús Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silverio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, y a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, diciendo que estaban en el punto de mira de Los Ardillos y que responsabilizaban al gobierno mexicano de cualquier cosa que les ocurriera. Cuatro meses después, Adán Linares y Guillermo Hilario, el hermano de Pablo Hilario, están siendo enterrados mientras su comunidad observa con dolor.
Los asesinatos de Adán, Guillermo y Moisés son una clara demostración de la violencia del sistema, demostrando cómo nuestras comunidades están siendo falladas por todos los niveles de la sociedad.
El CIPOG-EZ lleva años denunciando la violencia que azota sus territorios, nombrando explícitamente a los que son objeto de ella. Le advirtieron al mundo que Adán sería asesinado y lo fue. Sus palabras y su realidad no fueron destacadas por los medios de comunicación ni popularizadas ante las masas. Y el mensaje que esto envió a Los Ardillos fue que podían matar con impunidad y con la complicidad del Estado, y nadie levantaría ni un dedo.
El silencio de los medios de comunicación se sintió aún más agudo junto con el silencio de las instituciones internacionales de derechos humanos como la Oficina de Defensores de Derechos Humanos de la ONU que también falló al CIPOG-EZ. Escribí en el primer artículo sobre cómo, mientras estábamos en Alcozacan, el corazón de los territorios liberados del CIPOG-EZ, la comunidad fue rodeada por vehículos llenos de hombres armados de Los Ardillos en lo que parecía ser un ataque armado. Durante la noche se enviaron mensajes a grupos de derechos humanos a nivel internacional. Se recibió la respuesta de que un Relator Especial de la ONU podría sacar un comunicado para denunciar públicamente las violaciones realizadas en el territorio.
La esperanza que esto dio se desvaneció rápidamente después de que recibiéramos un mensaje en el que se afirmaba que, debido a que las comunidades del CIPOG-EZ están armadas, la ONU no podría emitir una respuesta al respecto. Una vez más, el CIPOG-EZ fue defraudado y se encontró con el silencio y la complicidad. Es importante en esto resaltar el total desconocimiento del contexto de las comunidades, sus derechos legales como pueblos originarios y la violencia de esta “narrativa de la no violencia”.
En primer lugar hay que aclarar que el CIPOG-EZ no es un grupo armado como tal. Tienen una policía comunitaria indígena llamada el CRAC-PC-PF que está reconocida por el gobierno de Guerrero. De acuerdo con el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT de la ONU, los pueblos indígenas tienen “el derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos internacionales”. La CRAC-PC-PF es un ejemplo de este tipo de instituciones. El CIPOG-EZ ha dejado más que claro que no tendrían porque portar armas si fueran capaces de sobrevivir sin ellas. Para ellos, la construcción de la paz en sus territorios es la prioridad.
Esta narrativa de la “no violencia” no sólo ha sido utilizada por las organizaciones de derechos humanos para deslegitimar la organización del CIPOG-EZ, sino también por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Su negligencia hacia la comunidad y sus necesidades prácticas ha quedado explícitamente clara en las últimas semanas.
15 días antes de que nuestros compañeros fueran asesinados el 21 de octubre, miembros del CIPOG-EZ denunciaron ante AMLO la violencia letal que se estaba ejerciendo contra sus líderes comunitarios por parte de Los Ardillos, destacando la complicidad de policías municipales y estatales y de miembros del gobierno como el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román y el servidor público Bernardo Ortega Jiménez.
“Le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos”, compartió el CIPOG-EZ.
Como si predijeran el futuro, ese día le dijeron explícitamente a AMLO: “Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven”. Esto es exactamente lo que les ocurrió a Adán, Guillermo y Moisés.
Después de escuchar, desde la seguridad de su camioneta con vidrios polarizados, sobre los 40 compañeros del CIPOG-EZ que han sido asesinados en los últimos años y los 20 que permanecen desaparecidos, la respuesta de AMLO fue repugnante.
Dijo :“Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.
A esto, el CIPOG-EZ respondió valientemente: “seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”
Llamar a la paz y al desarme unilateral en un contexto de guerra no genera paz: legitima una masacre.
Para colmo, las instituciones del Gobierno también han fallado a las comunidades. Adán Linares estaba incluido en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, como consecuencia de tres intentos de asesinato anteriores. Este mecanismo ha demostrado una y otra vez ser incapaz de proporcionar protección a quienes están en alto riesgo de persecución. Eran conscientes de la situación en sus comunidades. También sabían que Guillermo, el otro compañero asesinado, era hermano de Bartolo Hilario, un líder comunitario del CIPOG-EZ que fue asesinado y brutalmente descuartizado en mayo de 2019. También era hermano de Pablo Hilario, desaparecido forzosamente por la policía municipal de Atlixtac en enero de este año.
Pero las fallas no sólo provienen de los gobiernos e instituciones, sino también como resultado de la contrainsurgencia que emana de las fuerzas reaccionarias de los movimientos sociales que hacen que seamos incapaces de defender a nuestros compañeros y sus procesos de manera real. Muchos movimientos no están trabajando en la construcción de poder de manera local, y por lo tanto son incapaces de hacer que las luchas de nuestros pueblos sean relevantes para las masas.
Se les ha enseñado a ser fuerzas reaccionarias: a reaccionar ante la muerte y criminalización de nuestros defensores con fotos e infografías declarando la solidaridad, pero no a defender sus procesos en vida. Si bien sus acciones pueden aportar visibilidad, la realidad es que no se acerca a la fuerza interconectada que se necesita para defender los procesos de resistencia de nuestras comunidades.
“Cuando tocan a uno, tocan a todos” no debería ser una frase que la gente ponga en pancartas en las protestas si no está dispuesta a construir el poder para hacerla cumplir. Cuando hayamos hecho el esfuerzo para que las comunidades de todo el mundo sostengan a otros defensores y líderes sociales en la vida, como si fueran suyos, los gobiernos y las empresas sabrán que habrá repercusiones de las comunidades de todo el mundo si los tocan. Entonces, el poder con el que manifestamos ese tipo de solidaridad será reconocido como un elemento disuasorio para tocar a esos defensores y a sus comunidades. Para llegar a esta fase, primero tenemos que construir el poder en nuestras comunidades.
Hay ejemplos de procesos que están catalizando esta dirección concreta en la diáspora como la Revolución Educativa del Inter-Aprendizaje Activo para Reparaciones Planetarias (PRALER, por sus cifras en inglés), así como los que están consolidando sus esfuerzos de construcción de poder entre las masas como están haciendo con la Plaza Tonatiuh en Sunset Park, Brooklyn. El aspecto más fuerte y esencial de esta fuerza de defensa reside en la interconexión de nuestras comunidades de resistencia de la Mayoría Global en todas partes.
Ahora debemos popularizar los nombres de Jesús Plácido Galindo, Benjamín Sánchez Hernández, Prisco Rodríguez Morelos, y las familias de Adán, Moisés y Guillermo, que actualmente están siendo amenazados por Los Ardillos. Jesús Plácido Galindo, un promotor del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, ha denunciado que en los últimos días, cada vez que sale de su comunidad, es vigilado y seguido por vehículos sospechosos de Los Ardillos y por la policía municipal de Chilapa, con la intención de intimidarlo a él y a su comunidad.
Para Adán, Moisés y Guillermo, y los niños y familias que forman parte del CIPOG-EZ, no perdonaremos ni olvidaremos. Los que luchan por la vida nunca mueren.
[:]
[:es]Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos[:]
[:es]Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.
Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.
La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).
En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.
Te puede interesar – Protestan en Honduras contra la cesión de territorios a inversionistas
Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.
La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.
Presión
La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.
“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.
Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.
En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.
Agresiones
Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.
Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.
Te puede interesar – En Honduras, la defensa del río Choluteca entre la simulación y criminalización
Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.
Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.
[:]
