El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.
“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.
La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.
“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.
El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.
A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.
En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por Nuevo Día y cuatro organizaciones más.
La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).
Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.
En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.
La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa. (Continuar leyendo…)
En portada: “Alto a los agrotóxicos en Brasil y la complicidad de Suiza con el agronegocio”. Manifestantes señalan la responsabilidad de Syngenta en ocultar información para continuar con el negocio de sus herbicidas que provocan daños a la salud.
Una investigación europea denuncia que la empresa suiza Syngenta, líder en transgénicos y agrotóxicos, tenía pruebas de la letalidad de su herbicida paraquat pero las omitió para seguir vendiéndolo. Sus productos, como la atrazina, están prohibidos en Europa, pero Syngenta lo exporta a América Latina.
“En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien”, afirma la publicidad que se reitera en radios y canales de televisión. Pero, desde su propio país de origen (Suiza), la empresa acumula denuncias por el impacto de sus productos en el ambiente y la salud. Entre sus químicos más cuestionados sobresalen los herbicidas paraquat y atrazina. “El accionar de Syngenta con sus pesticidas es muy similar al de Monsanto/Bayer con el glifosato, privilegian sus ganancias por sobre la salud”, afirma Laurent Gaberell, de la organización suiza Public Eye. Una investigación de esa ONG reveló que la compañía sabía del efecto letal del paraquat desde 1990, pero aún así lo sigue produciendo. (Continuar leyendo…)
Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta
El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.
Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.
Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal. (Continuar leyendo…)
En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.
La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.
A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.
Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO
Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.
Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO
Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.
Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.
Por Francisco Simón, Andrea Hernández y Cenia Marroquín
Editado por Javier De León
Kevin, un migrante hondureño de 28 años, abandonó su país junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 años a principios de enero de 2021. Él y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acuña, en la frontera de México con Estados Unidos. Intentó ingresar al país estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el Título 42. Al amanecer en la orilla del río Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su país no es una opción.
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Sentado a la orilla del río Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice “yo salí de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar”, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del río.
Kevin tuvo que abandonar su país debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsión y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que tenía que lidiar diariamente.
Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcción y ganaba en promedio diez dólares diarios cuando había oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. “Nosotros vivíamos en la zona del río Chamelecón y el huracán se llevó todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro país con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades”, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.
Kevin nos indicaba que regresar a su país no es una opción, mientras ayudaba a su esposa a bañar a su hija de once meses en el río Bravo. Fotografía: Francisco Simón Francisco
De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de ese país, el río al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del río Chamelecón, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y la Lima fue la más afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provocó el huracán Mitch en 1998.
Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos más por los que abandonó el país. Estos factores de expulsión de migrantes en Honduras, también los menciona el medio Contracorriente en una publicación en 2020. El medio indica que Chamelecón es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país con más homicidios; sólo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), citado por el medio.
Chamelecón es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cortés, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercanía que tiene con el río que lleva el mismo nombre. De allí es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norteña de Acuña, en el estado de Coahuila, México.
La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondureños en Chamelecón, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino también su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.
Kevin y su familia: los migrantes climáticos
Para Kevin, una de las principales causas de su migración fue la pérdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fenómenos meteorológicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a más de 2 millones de dólares.
En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro país, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este número el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado “Perfil migratorio de Honduras 2019”.
En Centroamérica, Honduras se encuentra entre los principales países con mayores riesgos climáticos, los cuales han provocado en las poblaciones pérdidas de cultivos, hogares y familias, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este año. En consecuencia los pobladores de este país, son actores de la migración internacional, a los que se les denomina, “migrantes climáticos o desplazados ambientales”.
Es decir, las consecuencias de estos fenómenos se traducen en la migración para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirtiéndose así en un “migrante climático”.
La esposa de Kevin reparte la comida que logró comprar a sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
En el estudio de la migración, el término de migrante climático se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio climático.
No obstante, estos grupos de migrantes aún no son reconocidos legalmente en el ámbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expresó que no se hace uso de este término, porque no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ni en la Convención de Ginebra de 1951.
La pandemia y las tormentas reflejan cada vez más la salida de personas migrantes del país hondureño, en busca de mejores oportunidades. En términos de sacrificio humanitario, social y económico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migración irregular conlleva, sigue siendo su opción para sobrevivir.
En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este número 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, Santa Bárbara y Colón, según datos presentados por la COPECO de ese país en noviembre de 2020. Así mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron trágicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en Lempira.
Salió de Honduras en búsqueda de un futuro incierto
Kevin abandonó su país en horas de la mañana, un 6 de enero de 2021. Con 5 mil dólares en sus bolsillos -su único ahorro- en búsqueda de un futuro incierto. Él ya había estado en Estados Unidos cinco años atrás; en ese tiempo logró construir su casa y compró 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivió en su barrio de Chamelecón en San Pedro Sula, lo obligó a migrar de nuevo, pero esta vez acompañado de su familia.
Ingresó a Guatemala con su esposa aún embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco “porque allá nos pedían la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 dólares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje”, comentó.
Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en pequeños grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo núcleos familiares. La mayoría prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migración guatemalteca, porque les revisan la identificación personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este último se convirtió en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este año.
A decir de la OIM, la emisión de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo engaño y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.
Kevin no tenía entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sueño americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro días desde que salió de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tecún Umán, frontera con México. Desconocer el país fue un desafío para él como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le animó a buscar apoyo humanitario.
Los migrantes antes de cruzar la frontera de Estados Unidos se despojan de sus documentos personales para no ser identificados. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Recordó que pasó por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, “allí me dieron alimentación, chequeo médico para mis 2 hijas, -la tercera nació en México- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tecún Umán”, añadió.
Él y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no “por temas de coronavirus”. “Fui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicación, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto”, recordó.
Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relató que fue “sujeto de extorsión” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estación de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su país de origen, pese a que él y su familia llevaban sus documentos de identificación como el pasaporte.
De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontró alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tecún Umán, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con México y que se extiende por 963 kilómetros.
Él y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 días después desde que salió de su barrio de Chamelecón.
La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, recordó que no aguantaba el cansancio, ella venía embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. “Le dije a mi esposo, Kevin, que nos detuviéramos, pero no me respondió”, indicó.
En ese momento ella no entendió las razones de Kevin para no parar, pero lo explicó después: “la plata -dinero- se nos acababa, mi esposa venía embarazada y en cualquier momento podía dar a luz, entonces decidí seguir de largo”.
Tecún Umán: cruzar en balsa
Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de México sobre el puente “Dr. Rodolfo Robles”, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.
Kevin, tímido pero astuto, no lo pensó dos veces. Nos dijo que buscó el famoso “Paso del Palenque”, encontró el lugar y contrató el servicio de un balsero, a quien le pagó 20 quetzales por persona. Se subió a una balsa con la intención de cruzar el río Suchiate, que separa a Guatemala del país mexicano.
Las balsas son conocidas por los lugareños como “cámaras”, están elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.
En Tecún Umán para cruzar al lado mexicano utilizan las balsas elaboradas con tubos y llantas de tractor. Fotografía: Diego Petzey
Las famosas “cámaras”, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ahí recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.
A diario decenas de personas cruzan esta línea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este año, más de 31 mil migrantes procedentes de distintos países salieron de Guatemala con destino a México. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tecún Umán, es decir, en un día, un promedio de 155 personas utilizó el servicio de los balseros, en su mayoría eran haitianos y hondureños.
Kevin vivió en Chiapas, su hija menor nació en México
La primera estación mexicana a la que la familia llegó, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.
“La plata” de pronto se volvió un problema tanto para él y su familia. Llegó a Tapachula con 4 mil 200 dólares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 dólares en transporte y alimentación. Llegaron solos sin apoyo de ningún guía de viaje.
Kevin vivió las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inició el proceso de solicitud de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo éxito.
Kevin, un joven hondureño de 28 años huyó de su país porque perdió su casa y cultivos con el paso de las tormentas de noviembre de 2020. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A su solicitud se suman más de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití, quienes solicitaron asilo en México desde enero de 2021, según una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este año.
El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroamérica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompañados, es decir sin ningún familiar.
“Ahí están trabajando por citas y las están dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro año. Me dieron cita y como mi esposa venía embarazada, mi bebé nació en México. Por medio de mi hija recién nacida logré conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR allá estaría en Tapachula esperando”, dijo Kevin.
Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija recién había nacido en territorio mexicano.
Así, realizó los trámites y tres meses después obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibió un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.
“Los gastos del parto lo cubrió el DIF”, añadió Kevin mientras explica cómo logró sobrevivir en Chiapas. No encontró trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condición de migrante hondureño y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en México.
“No hay trabajo, queremos ver tu documento”, fueron las palabras que más escuchó Kevin durante su estadía en Chiapas.
“Me dediqué a bolear, -lustrar- zapatos, fue el único trabajo que encontré, dice. Con este oficio él ganaba al día entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 dólares. Con este dinero él compraba alimentación para su familia.
Mientras estuvo en Tapachula, encontró algunos “paisanos catrachos”, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. “La pura solidaridad”, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino.
Viajar por México en autobús de “clase pobre”
Tras obtener la documentación que le acredita su residencia permanente en México, en agosto decidió salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acuña, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el río Bravo separa a ambos países.
En agosto salió de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abordó un autobús, según él “de clase pobre”, porque el pasaje es barato y poco seguro, “pagué 1,500 pesos por los 2, mis hijas no”, indicó.
Llegaron en 2 días a Saltillo, en donde vivió un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acuña, llegó a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este año, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebasó la capacidad de atención de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Llegar a Acuña, un paso desconocido
Kevin llegó a Ciudad Acuña el 21 de septiembre con la intención de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intentó durante septiembre, pero fue expulsado el mismo día. “Crucé el río Bravo junto a mi familia a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos en el puente”, indicó.
El río Bravo separa a Ciudad Acuña, México, de la ciudad Del Río, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cuántos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el río Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.
Según cuentan habitantes cercanos al río, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una mañana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.
Una familia nicaragüense con sus hijos y sus pocas pertenencias lograron cruzar el río Bravo en horas de la tarde. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Por la tarde y parte de la noche disminuye el número de personas por los riesgos que presenta el río ya que aumenta su caudal, además del incremento de asaltantes en el área.
Una madre migrante es rescatada del río Bravo por su hijo, mientras avanzan para cruzar al lado de Estados Unidos. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del Río, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imaginó que su expulsión sería inmediata. Le dieron un número y pensó que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurrió lo contrario. La política humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un engaño para él. Fue expulsado bajo el Título 42.
Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, según él. “A los centroamericanos nos regresan el mismo día sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada más los detienen un día y luego pueden entrar a Estados Unidos”, recordó.
El sueño americano opacado por el Título 42
La expulsión de migrantes bajo el Título 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsión irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el país donde ingresaron, que en este caso sería México, o a un tercer país, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus países de origen.
Para el caso de México, el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acuña, que también se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos países, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el río Bravo. Además, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su país de origen.
El Puente Internacional conecta a ambos países y permite su paso solo a quienes cuentan con documentación para ingresar a Estados Unidos. Abajo del puente fueron albergados los migrantes haitianos en la crisis de septiembre pasado. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A los migrantes centroamericanos -a excepción de los nicaragüenses- que tienen la documentación mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acuña, y a los que no cuentan con dicha documentación, los regresan a su país de origen o a la frontera de Tecún Umán en Guatemala, bajo el Título 42.
Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes. “No me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Crucé a mi familia, pero están regresando por el Título 42”, explicó Kevin.
Cuatro migrantes de origen venezolano lograron cruzar el río Bravo con la solidaridad de un mexicano que se encontraba en el lugar. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Respecto a la situación de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indicó que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos de las cifras de migrantes positivos. Según él, “porque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano”.
El albergue social está situado en el centro de Ciudad Acuña a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentación y atención psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondureño que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.
Ciudad Acuña: “Charolear” para sobrevivir
Desde el día que llegó a Ciudad Acuña, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Además, de conseguir “plata” para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.
Él y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero continúan abrazando la idea de llegar un día no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese día llega, comparten una pena en común: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediodía.
La habitación que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, sólo con una ventana y una puerta de madera, que está a 25 minutos caminando desde el río Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el día junto a su esposa se dedican a “charolear”, a pedir apoyo económico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.
Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del río Bravo. Primero, porque allí se bañan. Segundo, porque su esposa también allí lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el río les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a bañar al Río Chamelecón. Además, este río les ayudaba para el riego de sus cultivos de maíz y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.
La esposa de Kevin aprovecha la tarde soleada para lavar la ropa de sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A pesar de las condiciones, Kevin encontró en esta ciudad fronteriza un espacio libre para bañarse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.
Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acuña, se han encontrado con distintas situaciones: “aquí en Acuña hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayoría buenas”.
Al consultarle sobre quiénes son las “malas personas”, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del río Bravo, también personas que fuman cristal “a esos vatos sí hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aquí los vecinos, aunque miran nunca hacen nada”, indicó.
El retorno a Honduras no es una opción
“Regresar a mi país en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opción; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, así ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. Allá no hay futuro, no hay nada, allá quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado”, expresó Kevin.
“Si pones un negocio la mara te extorsiona y quieren más de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perdí todo, perdí mi casa. Mi familia en Honduras está empezando de nuevo”, agregó.
Al consultarle a Kevin, cómo las personas aún sobreviven en Honduras, respondió con melancolía: “arroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. Allá la gente está volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima quedó borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todavía sigue limpiando sus casas y el gobierno solo llegó con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro”.
La población hondureña, al menos, tendrá que pasar 20 años para que pueda recuperarse de los daños provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.
El ciclo migratorio para los hondureños se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de carácter forzado, es decir la deportación, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes.
De este número, 35 mil 231 desde México y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparación con el año anterior incrementó la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde México 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migración hondureña va en aumento y cada vez más personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.
La historia de Kevin y su familia retrata el éxodo de la migración centroamericana que implica múltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condición de irregularidad. La situación sociopolítica, económica y ambiental de Honduras y de otros países centroamericanos ha provocado que esto siga convirtiéndose en la única salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.
Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con cámaras y helicópteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, aún se aferran al “sueño americano”. En su plan no cabe el retorno a su país, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.
Un helicóptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del río Bravo. Fotografías: Francisco Simón Francisco
Mientras Kevin termina su relato, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el río. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. “Creen que soy migrante o coyote”, finaliza.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.
Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.
De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.
La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.
Inconstitucionalidad
En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.
Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.
Condiciones desiguales
El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.
Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.
En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.
Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.
Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.
Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos. Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.
Llamado
El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.
En portada: Policías antimotines preparándose para desalojar a la comunidad de San Isidro. Foto: Witness for Peace
Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayoría miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.
Esta acción violenta es la más reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la última semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.
Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentación legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, así lo denunció la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
En comunicado, la Plataforma Agraria recalcó que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibeña, productora de palma aceitera. “Los jueces han abusado de su autoridad y dado órdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facussé, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentación a las familias campesinas”, denuncia la Plataforma Agraria.
De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, “las comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los últimos movimientos de represión por parte del régimen de Hernández [presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras”.
Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifestó que “una vez más se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulación de los jueces y fiscales con las familias Facussé, Morales, Canales y Pérez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondureña se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los interés de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial”.
La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán señala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen “el Estado debe garantizar la reubicación, alimentación y atención médica a las familias que han sido desplazadas”, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.
Desalojos
Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un día después, la comunidad Palma Sol Río Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, también fue desalojada.
El operativo ocurrió a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un título de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocupó durante dos años dichas tierras. No obstante, la Corporación Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa habían eliminado pequeñas secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, maíz, frijoles, plátanos y otros cultivos de subsistencia.
“Una fuente nos dijo que había al menos 800 policías y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto incluía a los ‘Tigres’, las Fuerzas ‘Rurales’, la DPI y la Policía Nacional. Sabemos que los Tigres y la Policía Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello ‘US’, otros tenían parches militares estadounidenses que parecían llevar como una especie de recuerdo”, señala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.
En el informe de Testigo por la Paz también destacan la presencia y colaboración de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Colón (SEC). “Después del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la policía desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la policía durante todo el día. Las relaciones entre la policía y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperación de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la policía dejó a los guardias a cargo del terreno”.
Ante la situación de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien señalaron la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Aguán que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la región, y buscar un diálogo para resolver el conflicto de terreno.
En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas después de tres años de la recuperación de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Aguán en ser desplazada desde el inicio de los operativos.
Conflicto
La región conocida como el Bajo Aguán ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporación de Dinant.
Fue en la década de los setentas cuando el Estado hondureño distribuyó tierras fértiles a cooperativas agrícolas en el valle del Bajo Aguán e incluso estas organizaciones campesinas recibieron títulos de propiedad. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).
Tras los conflictos por la tierra que se sucedieron en los años posteriores, fue en el contexto del incremento de la represión estatal tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la Plataforma Agraria aglutinó a diversos movimientos campesinos quienes han luchado por la recuperación de sus tierras.
Actualmente, la Plataforma integra a nueve cooperativas, las cuales poseen títulos definitivos de sus tierras. No obstante, necesitan realizar esfuerzos de reocupaciones en el que las personas ingresan en las tierras, presentan sus títulos de propiedad y establecen viviendas permanentes, inicialmente en condiciones básicas y a merced de los ataques de las empresas y de las fuerzas del Estado.
“Mientras tanto, las empresas productoras de aceite de palma y los intereses comerciales de la región, conocidos por trabajar estrechamente con las autoridades gubernamentales, han impulsado campañas de difamación contra las cooperativas, presentándolas como ‘invasoras’ armadas y violentas, perjudiciales para el desarrollo económico de la región”, contextualiza el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.
Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.
Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.
Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.
Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.
En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.
La sentencia también ordena medidas de reparación
Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:
Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.
La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.
Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:
Isabela Esquit es una mujer jóven Maya Kaqchikel, de San José Poaquil, desde el 8 de diciembre se quedó a cargo de cuatro hijos pequeños, su esposo Baldomero Sis Cun, decidió emprender un largo viaje y encontrar el sueño americano, salió de casa de madrugada con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.
Baldomero un Maya Kaqchikel de 32 años, salió con lo único que llevaba puesto igual que miles de guatemaltecos que toman la ruta migratoria, con el sueño de darle una mejor vida a Isabela y a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas de 11, 10, 5 años y la más pequeña de un mes de nacida.
Es jornalero, su única fuente económica es trabajando la tierra y para él es muy difícil de lograr grandes cosas para su familia ganando únicamente Q40.00. Es uno de los sobrevivientes del terrible accidente de Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, está hospitalizado en México y aún no ha recibido ayuda del Estado de Guatemala.
Cómo familia saben que el camino a los Estados Unidos no sería fácil, nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir en el trayecto rumbo al norte, Baldomero salió a las 4 de la mañana del 8 de diciembre, ese mismo día pasaron la frontera con México, con eso el primero de los pasos se había completado para el grupo de migrantes.
Un día después ya en la ruta, Baldomero y otros migrantes sufrieron un grave accidente en el estado de Chiapas, en la carretera de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el sur de México, una de las versiones de lo ocurrido se acerca al exceso de velocidad con el que el chofer se conducía, informó el gobierno mexicano. Con el accidente se truncó su anhelo de buscar una mejor vida, del accidente fallecieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos, en su mayoría de origen guatemalteco.
Isabela cuenta que para que su esposo pudiera viajar al norte, empeñaron la propiedad de la casa, que incluye el pequeño terreno en el que habitan, todo con tal de conseguir el dinero del viaje a los Estados Unidos. De la tragedia él sobrevivió al accidente, la familia espera que salga bien de una operación que necesita, según el diagnóstico médico debe de ser intervenido en uno de sus brazos.
Este jornalero y su familia viven en el Caserío El Centro en San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango, a unos 110 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Isabela y su familia no cuentan con apoyo del Gobierno de Guatemala, esperan que las autoridades puedan auxiliarlos para el retorno de Baldomero, mientras tanto ella debe garantizar la sobrevivencia de ella y sus cuatro hijos.
