Por disposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de este mes de septiembre, la Secretaría de Marina (SEMAR) ya no solo brindará seguridad en las áreas de influencia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), también absorberá la coordinación y administración de la entidad paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT).

El FIT es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida el 19 de octubre de 1999 por el Gobierno Federal mediante un decreto, para operar y explotar esta vía férrea identificada como línea “Z” que abarca una extensión de 207.376 Km, que conecta los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

La principal actividad de la empresa está orientada a la conservación y mantenimiento de la vía férrea, así como a otorgar y recibir derechos de paso con los ferrocarriles con los cuales conecta: FERROSUR, S. A. de C. V. y Cía. de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V.

El FIT y las entidades paraestatales – Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. – eran consideradas como parte del patrimonio del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, creado mediante decreto presidencial en junio del 2019. Estas tres instancias estratégicas serán coordinadas por la Secretaría de Marina.

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De acuerdo con la disposición del presidente, es necesario que estas instancias queden agrupadas en el sector coordinado por la Marina, a fin de cumplir con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “el cual impulsa el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, siendo su eje el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”, reza el documento.

Por tanto, se establece que estos sectores “dejan de formar parte del patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en términos de las disposiciones aplicables”.

El nuevo teatro de operaciones

La participación de las fuerzas armadas de México se va ampliando, además de acciones y tareas de seguridad, también van asumiendo responsabilidades y actividades administrativas económicas y migratorias.

Desde octubre del año 2021 la SEMAR asumió la seguridad y vigilancia de las instalaciones, trenes y vía férrea del área de influencia del Corredor Interoceánico.

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Así mismo el Ejecutivo Federal designó a este organismo llevar a cabo acciones de protección y seguridad de los puertos nacionales, “con la finalidad de evitar que sean empleados para realizar actividades ilícitas al interior de las 17 aduanas marítimas y 2 interiores, para lo cual se creó la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas”, según el informe de labores de SEMAR de año 2021-2022.

Desde noviembre del 2021, a través del Acuerdo Secretarial no. 347/2021, fue creada la Unidad Coordinadora con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya misión es realizar y coordinar las acciones y actos en materia de seguridad, servicios portuarios principales, auxiliares y conexos, que requieran el Corredor y las empresas de participación Estatal.

Posteriormente, el 16 de abril de 2022, se crea la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas, cuya misión “es coordinar los compromisos de apoyos y acciones necesarias entre las áreas de la Marina y las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así́ como con diversas autoridades que convergen en los recintos portuarios y aduanas coordinadas por esta Institución, en las materias de protección marítima”, puntualiza el informe de SEMAR.

Hasta el 31 de agosto de 2022 se mantiene un despliegue de 1,400 militares, que realizan operaciones permanentes de seguridad y vigilancia a lo largo del Corredor Interoceánico. Entre sus actividades se contempla el establecimiento de dos Estaciones Navales y tres Destacamentos de Seguridad, localizados en cinco municipios intermedios entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el empleo de dos Batallones de Infantería de Marina.

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SEMAR también ha participado en la contención del flujo migratorio que por lo regular cruzan por áreas de influencia del Corredor Interoceánico. Del 1 septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, “el personal naval en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y en apego al Plan Estratégico del INM, llevó a cabo diversos operativos para poder desarrollar el Programa de Repatriación en los diferentes puntos establecidos (…), las jurisdicciones de mayor flujo migratorio corresponden a la frontera sur: Tapachula y Tonalá, Chiapas, en el Pacifico: Salina Cruz, Oaxaca, y en el Golfo: Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz”.

Según los reportes de la Marina, en lo que va del año 2022, ha apoyado a las acciones del INM, sobre todo en el “rescate humanitario” de 31,060 migrantes de diferentes nacionalidades. También realizó el traslado de 580 migrantes a la sala de última espera del INM y otros 8,822 no fueron admitidos por diversas irregularidades en su documentación oficial.

Mientras tanto, Rafael Marín Mollinedo, director del CIIT, asegura que al menos once parques industriales ya han sido proyectados para ser construidos en esta región y el gobierno ha invertido más de 80 mil millones de pesos en infraestructura y programas sociales. Se tiene programado finalizar la rehabilitación del FIT “hasta finales de este año 2022 y se tiene proyectado su funcionamiento para el año 2023”, puntualizó el director.

^{En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.}

Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.

El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.

Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.

La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).

Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.

En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.

Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.

Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.

Para pocos

Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.

El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.

El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.

En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.

De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.

Más emisiones

Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.

Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.

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De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.

Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.

Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.

¿Soluciones basadas en la naturaleza?

Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.

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A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,

Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.

Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.

“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.

Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.

Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.

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“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.

Más allá del comercio

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.

“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.

Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.

Agrotóxico: “doble patrón”

El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.

Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.

“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.

El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.

Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Sustitución

Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.

La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.

“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.

Comercio electrónico sin control

Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.

Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.

Expectativa

Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.

Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.

^{En portada: Firma del convenio entre el gobierno de Egipto y la trasnacional Coca-Cola como patrocinadora de las negociaciones del clima de la ONU.}

Coca-Cola, la mayor productora de plástico de un solo uso del mundo, será patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Así lo anuncio la empresa norteamericana junto a funcionarios del gobierno de Egipto, donde el próximo mes de noviembre se llevará a cabo la ronda de conversaciones del tratado sobre el clima.

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En 2021, una auditoría realizada por el movimiento global Break Free From Plastic anunció que, tras la recolecta de más de 330 mil residuos de plástico en lugares que van desde parques y calles de ciudades hasta playas de todo el mundo, el 58% de estos pertenecían a un sola empresa: Coca-Cola. Con ello, y por cuarto año consecutivo, la empresa norteamericana fue catalogada como la “mayor contaminante del mundo” por sus desechos plásticos.

Tras la firma del convenio entre el área de operaciones de Coca-Cola para el norte de África y el gobierno egipcio, se desató una ola de conmoción donde diversos actores y organizaciones ambientalistas condenaron la acción como una muestra de lavado verde corporativo.

“El hecho de que Coca-Cola patrocine la COP27 es puro ‘greenwash’ (lavado verde)”, denunció Emma Priestland, coordinadora de Break Free From Plastic, la alianza global que describe como “asombroso que se permita a una empresa tan vinculada a la industria de los combustibles fósiles patrocinar una reunión tan vital para el clima”.

De acuerdo a Greenpeace, cada año, Coca-Cola produce 120 mil millones de plásticos de un solo uso y el 99% de los plásticos se fabrican con combustibles fósiles, lo que agrava la crisis del plástico y del clima.

Según John Hocevar, integrante de dicha organización ambientalista, “esta asociación socava el propio objetivo del evento que pretende patrocinar. Si Coca-Cola quiere realmente resolver la crisis del plástico y del clima, tiene que cerrar el grifo de los plásticos”.

En 2019, la ONG divulgó un informe en el que calcula la producción anual de Coca-Cola en casi 3 millones de toneladas de plástico, cantidad mayor a otras empresas del ramo como Pepsico y Nestlé.

Por su parte, Ashka Naik y Rachel Rose Jackson, de la organización Corporate Accountability, condenaron el patrocinio de Coca-Cola a la COP27 al calificar su modelo de negocios como “intrínsecamente insostenible y destructor del clima”, debido a la producción masiva de envases a base de petróleo, además de los perjuicios a la salud que conlleva su consumo.

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“Durante años, los países del Norte Global, alentados por legiones de grupos de presión de la industria, han enfrascado las conversaciones en discusiones sobre falsas soluciones de mercado a la crisis climática, como los inefectivos esquemas de comercio de carbono y las tecnologías de eliminación de carbono aún no probadas, frenando el progreso de las soluciones reales y probadas que tanto necesitamos hasta casi paralizarlas”, complementan las integrantes de Corporate Accountability, sobre el contexto de las negociaciones del clima y la participación de las empresas.

Empresas y negociaciones del clima

De acuerdo al gobierno de Egipto, uno de los objetivos de la COP27 es que se logre un progreso en la financiación prometida por los países desarrollados para ayudar al continente africano a hacer frente al calentamiento global.

Además, el gobierno anfitrión espera que durante las negociaciones se de un impulso a las recomendaciones para la mitigación colocadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en abril pasado, destacando acciones dentro del discurso de la “neutralidad de carbono” mediante el cual se promueven tecnologías como la captura de carbono para combatir la crisis climática.

Según Corporate Accountability, el patrocinio de Coca-Cola es sólo el indicio más reciente de lo arraigada que está la captura de las Naciones Unidas por parte de las empresas, a quienes se les da oportunidades a los mayores responsables de las emisiones contaminantes para hacer frente a las crisis que ellas mismas exacerban.

“Las corporaciones globales han estado explotando los escenarios políticos internacionales para lavar su imagen e influir en un proceso ya profundamente comprometido por la interferencia de la industria. Y no debería sorprender a nadie que las empresas con algunas de las mayores huellas de carbono, los peores historiales en materia de derechos humanos, los mayores presupuestos de los grupos de presión y los impactos duraderos en la salud pública hayan sido las más ansiosas por aprovechar estas oportunidades únicas”.

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Otro ejemplo es la actuación de Unilever, trasnacional de bienes de consumo, quien fuera el socio principal de la COP26, realizada en 2021 en Glasgow, Reino Unido. Entre otras empresas patrocinadoras de las negociaciones del clima del año pasado también figuran Sky, Hitachi, National Grid, ScottishPower, Microsoft, NatWest y Sainsbury’s, quienes en conjunto sumaron un valor de 286 millones de euros en patrocinios.

Para Corporate Accountability el error yace en la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual no establece ningún control duradero sobre el patrocinio de las empresas a las conversaciones sobre el clima, por no hablar de cualquiera de las otras formas en que los grandes contaminadores tienen acceso sin restricciones a las negociaciones.

^{En portada: Miembros de la comunidad Otomí residente en la ciudad de México realizan un foro sobre la militarización en México y conmemoran el segundo aniversario de la toma de la Casa de los Pueblos Samir Flores. Foto: CNI}

Este miércoles 12 de octubre, pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de México y de diferentes partes del mundo toman las calles para movilizarse en contra de la militarización y la guerras capitalistas y patriarcales.

Dichas acciones responden a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), para reivindicar que “a 530 años de la mal llamada conquista de América, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal”.

El CNI realizó el llamado a las manifestaciones a una escala global, mientras que en México se viven “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T”.

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Entre las innumerables formas de violencia que enfrentan los pueblos de México enuncian los homicidios y desapariciones masivas, la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes, así como la violencia y agresiones contra defensores de derechos humanos y de la madre tierra como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, sumado a los asesinatos de periodistas y activistas.

De acuerdo con un informe reciente de la organización Global Witness, en México, sólo en 2021, se registraron los asesinatos de 54 personas defensoras, lo que coloca al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial, una tendencia que ha escalado en los últimos tres años y donde destacan las agresiones en conflictos por la tierra y la minería.

A esta situación de violencia se suma la profundización de la militarización. El CNI en su convocatoria recuerda las recientes modificaciones legislativas que permiten el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas mexicanas, además de la aprobación de las labores del Ejército y Marina en labores de seguridad pública hasta el año 2028, “ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha política y el crecimiento paralelo de los cárteles criminales por toda la geografía nacional”.

La convocatoria del CNI enfatiza la exigencia de un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos de México a traves de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucción de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres.

Llamado

El pasado lunes (10), diversas organizaciones pertenecientes al CNI realizaron el llamado a sumarse a la jornada de acciones globales. Desde el edificio que anteriormente albergara al Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y que ahora se conoce como la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, se realizó una conferencia de prensa con diversas organizaciones que difundieron la convocatoria.

Son 530 años de la llamada “conquista de América”, dijo Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno y perteneciente a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, quienes en voz de Margarito no dudan que han sido mas de cinco siglos en que como pueblos originarios “han resistido el genocidio, el despojo y la discriminación que imponen los dueños del poder y del dinero”.

Como parte del CNI, del cual forman parte estos pueblos, anunciaron su preocupación por el avance de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, continúan amedrentando, despojando y asesinando a quienes se oponen.

Prueba de esto es la insistente militarización de México que vela por intereses del capital nacional y transnacional, quienes pretenden, “desarticular a las policías comunitarias y guardias comunales (…) para garantizar el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobiliarias y de los carteles (de la droga)”, comparte una integrante de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, quienes han resistido al saqueo de los mantos acuíferos por parte la transnacional Bonafont Danone.

Lxs integrantes del CNI también agregaron que existe una gran preocupación por “el espionaje y la vigilancia constante que se realiza a activistas, periodistas, a los pueblos y a todos los defensores de derechos humanos que defendemos la vida”.

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Entre las exigencias está el cese a la vigilancia y el espionaje. Así como a la presentación de los miles de desaparecidos en el país y el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, quienes han sido asesinadas. “Exigimos que se detenga la guerra en contra los pueblos zapatistas y en contra de todos los pueblos”, puntualizaron en la conferencia.

Acciones              

La respuesta al llamado del CNI se ha nutrido de diferentes convocatorias, en diversas partes de la geografía mexicana y mundial, para la realización de movilizaciones, así como de eventos culturales y políticos.

En México, hasta la mañana de este miércoles, se registran actividades en Estados como Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México. A estas acciones se suman eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y EEUU.

En la Ciudad de México se realizará una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la cual enarbola la demanda de un alto a la militarización de los territorios indígenas.

El Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), al norte de Honduras y que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) propuso como área protegida hace 11 años, está destruido. Su expediente se quemó en un incendio que ocurrió en las oficinas del ICF. La zona que debía ser la de mayor conservación ahora está inundada en su gran mayoría de cultivos de palma africana y en menor medida de pasto king grass. Una modificación en las colindancias del parque terminó beneficiando a empresarios que aducen ser productores de energía limpia a costa de la desaparición de un sitio que pudo ser una importantísima reserva de agua para el país.

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^{En portada: Una retroexcavadora abre un canal para desviar agua del río Cuyamel a una plantación de palma africana. Omoa, Cortés, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.}

El desplazamiento forzado, por las consecuencias que ha traído el cambio climático en los océanos y que han afectado las comunidades en la costa, ha sido objeto de estudio en la costa caribeña de Honduras y Guatemala. Allí, en la zona costera fronteriza también están las tierras de lo que iba a ser el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco) que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) propuso como área protegida mediante acuerdo ministerial 008-2011 en el año 2011 y que ahora están invadidas por monocultivos de palma africana y pasto king grass que dañaron la que iba a ser un área de preservación.

Todo alrededor es de un verde intenso, hay árboles por todos lados, la vegetación vibra donde sea: en las montañas las nubes se funden con los árboles y en los valles se extiende ese verdor. Más allá de ese intenso color, no tan lejos, se ve el azul del mar que se escucha suave, pero cimbreante.

Sin embargo, en esta zona de humedales, las plantaciones de palma africana han reemplazado los mangles. Un poco más lejos, en zonas todavía pantanosas, hay áreas enormes llenas de unos pastos grandes que tampoco forman parte del ecosistema de este lugar, se trata del pasto king grass que se utiliza como biomasa para generar energía «limpia y renovable». Estas dos plantaciones no encajan en la zona.

Los humedales del Panaco pertenecen al segundo sistema de arrecifes coralinos de barrera más importante del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Cualquier modificación en el uso de suelo del lugar puede tener terribles consecuencias en el equilibrio ecológico de la zona, y es que «los humedales almacenan grandes cantidades de carbono, y, cuando estos humedales se destruyen o degradan, se liberan grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera», dice un estudio de hace más de 20 años de la Convención Ramsar sobre humedales. Su destrucción implica acelerar el cambio climático y todos sus efectos.

El prospecto de parque y sus humedales formaban una propuesta de área protegida, que finalmente no se protegió, y que ahora se muere por los intereses económicos de los monocultivos de palma africana y king grass, bajo la mirada y la complicidad de las autoridades ambientales hondureñas.

Todos los seres humanos dependen de los humedales

Humedales hay en todas partes del mundo, se les conoce con otros nombres y sus características varían, todos son igual de importantes y su extensión trasciende las fronteras. Un humedal puede ser un vasto ecosistema de transición entre la tierra y el mar, pero también incluye otros cuerpos de agua como ríos, lagos y lagunas (temporales y permanentes). Dependemos de ellos porque generan alimento, agua potable y oxígeno. La característica más importante de un humedal es que toda el agua y nutrientes que concentran crea un gran depósito de alimento para microorganismos, peces, plantas, animales y humanos. Mediante un proceso de filtración, el agua estancada en los humedales se limpia en su paso hacia el subsuelo y abastece de agua limpia los mantos acuíferos o aguas subterráneas de las que extraemos el agua que necesitamos para existir.

Los humedales del antiguo Panaco forman barreras naturales contra los efectos de huracanes y equilibran la entrada de agua salada a la tierra cuando las mareas se agitan. Además, estos, así como otros bosques inundados de países vecinos, conectan con los arrecifes del SAM. Este último va desde Cabo Catoche en México hasta las Islas de la Bahía-Cayos Cochinos en Honduras.

A nivel internacional, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife de barrera más largo del mundo, después de La Gran Barrera de Coral en Australia, es un gran espacio transfronterizo marítimo y terrestre. El SAM recorre cuatro países: México, Belice, Guatemala y Honduras, y está interconectado con el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). El CBM es un sistema de áreas protegidas pertenecientes a los distintos países que lo conforman (nueve países). El antiguo Panaco y sus humedales, que eran una propuesta de área protegida, formaban parte de estas dos áreas geográficas de importancia internacional y primordial en cuanto al equilibrio ecológico de la vida en la región, tanto en la tierra como en el mar. En el siguiente mapa se aprecia el Panaco dentro del SAM.

El prospecto de parque y sus humedales fueron declarados como el sitio de importancia internacional No. 2133 por la Convención sobre los Humedales o Convención Ramsar en el año 2013.

El siguiente mapa muestra las 30,031 hectáreas de mar y tierra que correspondían al Panaco y que tiene las mismas dimensiones del sitio Ramsar 2133.

Este acuerdo intergubernamental define los humedales de una manera amplia en la que —además de contar como humedal todas las extensiones de tierra cubiertas por aguas poco profundas la mayor parte del tiempo— integra las zonas que nutren, dependen y están indiscutiblemente conectadas con los humedales, como los pantanos, las ciénagas, las lagunas, ríos, zonas costeras, pastos marinos, zonas de arrecifes y «extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros».

Este acuerdo compromete a los países que lo firman a proteger los humedales en sus territorios y proporciona directrices y guías para conservarlos y protegerlos.

En Omoa hay dos ríos caudalosos que bajan de las montañas bañando con sus brazos a las planicies en su recorrido hacia la costa, formando con su agua el sistema de humedales. Uno de estos ríos es el Cuyamel y baja de la Sierra de Omoa; el otro es el río Motagua, la frontera natural entre Honduras y Guatemala, con un gran problema de contaminación por basura de toda clase y que suma al deterioro de los humedales. Los mangles viven dentro de este lugar, en los humedales o bosque inundado de Cuyamel. Los peces, por ejemplo, van a los humedales a reproducirse y a crecer en sus aguas estancadas, para luego ir al mar y viajar a los arrecifes.

Omoa es un lugar remoto, la vida cotidiana de sus 77 comunidades todavía se funde con la exuberante vegetación. Tiene 24 comunidades costeras que dependen mayoritariamente de la pesca y también de la agricultura y el turismo. Su existencia ha dependido y depende de la dinámica de los humedales. La gente de las comunidades en las costas y planicies sobreviven de la pesca; no solo del mar, sino de todos los cuerpos de agua de los humedales. Dependen de sus tierras fértiles y del agua que les provee. La agonía de los humedales de Cuyamel también es la agonía de las comunidades que son parte de ellos.

La corta vida del Panaco

El calor es soberbio. Llego a Cuyamel en Omoa para hablar con Gustavo Cabrera, un hombre de estatura baja, cabello negro y corto. Me dice que muchos pasan por aquí preguntando por las comunidades que se hunden en el Caribe debido al avance del mar, un efecto visible del cambio climático en esta zona. También le preguntan por los desechos que acarrea el río Motagua y que contaminan la vida marina y terrestre. Todo esto sucede en el área donde se planeaba declarar el parque Panaco.

Cabrera es originario de Omoa e hijo de agricultores, dice que creció con la convicción de querer a su pueblo y a su bosque. Además, es biólogo y miembro fundador de la organización no gubernamental Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) y cuenta que fue él, junto con otros tres biólogos —más algunos voluntarios— quienes crearon CCO en el 2001 con la idea de establecer un área protegida en el municipio: el Panaco.

Para lograr esto, en Honduras se necesitan una serie de estudios que muestren la importancia ecológica del lugar. Se debe realizar un diagnóstico biofísico del área—especies de flora y fauna, tipos de suelo, ecosistemas presentes, etc.— junto con un estudio socioeconómico. También se debe socializar la propuesta con las comunidades que estén cerca y/o que queden dentro del área que se desea proteger; se necesita elaborar un plan de manejo, que es la guía legal de las actividades que se pueden y no se pueden realizar en el lugar, además de que todo esto debe estar integrado en un expediente que necesita contar con el respaldo del ICF para que, finalmente, esta autoridad propongade manera oficial el área protegida y entregue el expediente de la propuesta de declaratoria al Congreso Nacional.

Según el artículo 326 del Reglamento General de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el ICF es la autoridad encargada de proponer áreas protegidas y es el Congreso Nacional la autoridad que debe emitir formalmente la declaratoria. Sin embargo, esto no significa que el área esté desprovista de la protección de la ley forestal, de las instituciones o fuera de otros marcos legales como convenios internacionales.

Cabrera cuenta que fueron muchos los esfuerzos por crear el Panaco. A su favor tenían que los ecosistemas del lugar son parte del SAM y que, para 2006, CCO como parte de la ONG  Alianza Trinacional del Golfo de Honduras, Alianza Trigoh, buscó establecer un corredor biológico binacional que enlazara el área protegida de Punta Manabique en Guatemala con el área protegida que ellos querían proponer en Omoa. En el mismo año se ratificó  La Iniciativa de los Sistemas de Arrecifes del Caribe Mesoamericano, de 1997, que comprometía a los países «custodios» del SAM  (Belice, Guatemala, México y Honduras)  a realizar esfuerzos institucionales y financieros para cuidar el arrecife.

En cuanto al contexto regional, todas las cartas estaban sobre la mesa para crear Panaco. «Aún así, no se pudo, no hubo voluntad. Las autoridades no tenían interés», dice Cabrera.

Los esfuerzos de CCO continuaron los años siguientes hasta que, dentro del mismo marco de la iniciativa del SAM, apareció en el escenario la Comisión Europea con el proyecto Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (Procorredor). Cuenta Cabrera que, en este revuelo de fondos para el SAM, CCO logró incluir la propuesta del parque dentro de ese proyecto y finalmente adquirieron fondos para realizar el diagnóstico biofísico del Panaco en el año 2010. Se logró integrar toda la información necesaria para que el ICF, finalmente, hiciera la propuesta de declaratoria oficial ante el Congreso Nacional del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco).

El 28 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta que el Estado Hondureño, a través del ICF, había dado a conocer su decisión de declarar al parque como área protegida mediante el Acuerdo Ministerial 008-2011. En esta resolución se delimitaban y protegían legalmente 30,031 hectáreas de área marina y terrestre. Este acuerdo fue el que sentó la base para declarar toda el área del Panaco como sitio Ramsar en 2013.

En el acuerdo de propuesta del Panaco que emitió el ICF en el 2011, se establecen: la zona núcleo, «en la que deberán mantenerse en el mejor estado posible los recursos contenidos en ella», y la zona de amortiguamiento, «cuya función es la de mantener el equilibrio ecosistémico y regular o disminuir los impactos y acciones adversas contra los objetos de conservación». Según la propuesta oficial, la zona núcleo tendría un área de 5,663 hectáreas, donde están comprendidos los humedales de Cuyamel y el bosque de mangle. La zona de amortiguamiento tendría un total de 24,368 hectáreas (16,223 terrestres y 8,145 marinas). CCO pretendió ser la organización comanejadora del Parque Nacional.

El siguiente mapa muestra el Panaco.

Esto era un triunfo. De inmediato se creó el Plan de Manejo para el periodo 2012-2024 del parque. Y es allí donde queda escrito que la zona núcleo está destinada a la absoluta conservación. Incluso, Panaco ya estaba registrado en el Centro de Información de Patrimonio Forestal del ICF (CIPF-ICF). Solo faltaba que el Congreso hiciera la declaratoria oficial.

El expediente de declaratoria del Panaco se envió al secretario general del Congreso Nacional de ese momento, Rigoberto Chang Castillo, del Partido Nacional, mediante el oficio DE-ICF-562-2011y a Augusto Cruz Asencio, de la Comisión de Ambiente, mediante el oficioDE-ICF-563-2011, según aparece en el memorandum APN-27-2013 del expediente 2013-LA-00147de solicitud de licencia ambiental de la HGPC Agrícola S.A. de C.V., para la siembra de king grass en el área protegida propuesta del Panaco. El 4 de septiembre de 2011, el ministro del ICF, Carlos René Romero, le mandó a Chang correcciones simples a la propuesta de declaratoria y, ya para el 24 de septiembre de 2011, Chang había presentado el proyecto de ley del Panaco ante el Congreso esperando a que el presidente de la cámara legislativa de ese momento, Juan Orlando Hernandez —que hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico—, la aprobara y firmara.

Pero el expediente desapareció. Según las solicitudes de acceso a la información realizadas para esta investigación, esas son las últimas comunicaciones que se tienen sobre el estado de la propuesta del Panaco en los archivos del Congreso Nacional.

Igualmente se solicitó copia del expediente al ICF y su respuesta fue: «Este Departamento no cuenta con dicha información, dado que el expediente que se custodiaba por el DAP (Departamento de Áreas Protegidas del ICF) se quemó durante el incendio ocurrido en las instalaciones de ICF el 26 de abril de 2013, lo cual fue comunicado al público mediante Acuerdo 01A-ICF-2013 y publicado en La Gaceta No. 33,122 de fecha 13 de mayo de 2013. Por otro lado, el expediente presentado al Congreso Nacional de la República fue extraviado en dicho órgano del Estado».

La propuesta del Panaco quedó en el limbo legal como área protegida y nunca fue declarada como tal por el Congreso Nacional. Pese a esto, y debido a su importancia regional e internacional, sus límites y superficie geográfica de 30,031 hectáreas coinciden con las hectáreas declaradas como sitio Ramsar en 2013.

Entre 2011 y 2014, los humedales de Cuyamel, ubicados en la zona núcleo que pretendía proteger el Panaco, fueron destruidos de una forma insólita. Alrededor de unas 1,170 hectáreas de humedal desaparecieron.

Los siguientes mapas muestran la cobertura del uso de suelo en el Panaco antes de que comenzara la destrucción.

La destrucción de los humedales de Cuyamel

Yo llegué aquí en el 2018, cuando gran parte de los humedales de lo que sería el Panaco ya habían muerto. La gente del lugar hablaba de la antigua propuesta de área protegida y a susurros comentaban cómo murió. No todos se atreven a contar los detalles porque, dicen que detrás están los grandes intereses económicos de «gente poderosa» vinculada a los monocultivos de palma africana y king grass —también conocido como zacate o pasto elefante.

El desastre empezó con las plantaciones de palma, cuentan todavía los lugareños. La expansión de este monocultivo necesita grandes extensiones de tierra, y los conflictos socioambientales que ha provocado en otras partes Honduras no son desconocidos.

Los palmeros llegaron a esta zona de Omoa aproximadamente en 2012 y los pobladores de la zona recuerdan cómo con grandes tractores arrancaban los árboles «con todo y raíz» para preparar el terreno. También escarbaron para hacer canales y desviar el cauce del río Cuyamel. «¡Si viera usted cómo fue todo eso! Ahora esa laguna (Jaloa) ya casi está perdida, ya no la va ver usted como antes, ya no quedó nada», dice alguien a quien llamaremos «Ezequiel» —para proteger su identidad—, mientras caminamos hacia la laguna de Jaloa ubicada en los humedales de Cuyamel.

Gustavo Cabrera corroboró lo que dice Ezequiel y aseguró que los palmeros alteraron la dinámica del humedal hasta llevar al desastre. «El primer problema fue que drenaron el humedal, dejó de ser un ecosistema con su flujo natural de agua, ellos (los palmeros) vinieron a modificar todo. Lo secaron todo. Modificaron el ecosistema, entonces ahora el río agarra para donde le da la gana y no solo eso, ahora todo lo que son lagunas allá abajo… se están azolvando porque todos los sedimentos que antes retenían los humedales ahora van directo para la laguna (de Jaloa)… Hay varias lagunas, esa prácticamente ya desapareció. La sedimentaron… es un desastre completo», dijo Cabrera.

Según el plan de manejo que se tenía para Panaco, la laguna de Jaloa y los alrededores eran el corazón del humedal.

Por irónico que parezca, los humedales de Cuyamel empezaron a destruirse al poco tiempo de que el ICF hiciera la propuesta de declaratoria del Panaco. Para el 2012, la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAHP) denunciaba públicamente la deforestación del lugar y la prensa también lo reportó. En el 2013, Trigoh emitió un comunicado de alerta ante la destrucción de las áreas que harían parte del Parque Cuyamel-Omoa, y la Red Manglar urgió también sobre la tala ilegal de los manglares en el sitio Ramsar 2133. Todos exhortaron a las autoridades ambientales a actuar y parar el avance de la palma en el lugar.

Otros, con el mismo poder que los palmeros, ayudaron a resquebrajar el equilibrio ecológico de la zona y a sacar de la propuesta de área protegida a gran parte de los humedales. Los zacateros o los del zacate, como les dicen en Omoa, financiaron la recategorización y redelimitación del Panaco para hacer una nueva área protegida en la que su finca quedaría fuera de ella.

Según el expediente 2013-LA-00147 de MiAmbiente, el 10 de junio de 2013 la Sociedad HGPC Agrícola S.A. de C.V. solicitó licencia ambiental para la siembra de king grass o zacate en su finca «La Bendición», en un área de 873 hectáreas. Cinco meses después, el 4 de noviembre de 2013, según el expediente 2013-LA-00419, la Cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd., la única dedicada al cultivo de palma en la región, también solicitó licencia ambiental para la siembra de palma africana en un total de 2,000 hectáreas. Ambos proyectos están ubicados en lo que era la zona núcleo y de amortiguamiento de la antigua propuesta de área protegida en Omoa y dentro del actual sitio Ramsar 2133.

Mientras los humedales se destruían, los interminables expedientes de solicitudes de licencias ambientales para palma y king grass se hacían cada vez más extensos.

La gente poderosa

La cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd. se constituyó el 18 de agosto de 2012. Tiene 25 miembros de los cuales destacan los nombres de Guillermo Noriega Suárez y su hija Gilma Edelmira Noriega González.

A Guillermo Noriega se le ha conocido en Honduras como el magnate de la madera. Ya en el año 2005 la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) detalló las operaciones de Guillermo Noriega y su hija Gilma para obtener madera. En el informe sobre tala ilegal, se menciona la destitución de Gustavo Morales, exdirector del Cohdefor (antiguo nombre del ICF) en el 2004, relacionada con la entrega indiscriminada de permisos de tala en el departamento de Olancho a la maderera de Noriega. Por el lado de su hija Gilma, ella detalla a los agentes encubiertos de la EIA que la base de ese negocio es el pago a los funcionarios de gobierno y su cercanía con una de las grandes figuras políticas del país: el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, justo cuando la propuesta del Panaco se extraviaba en el Congreso Nacional.

Con el paso del tiempo, los negocios de Noriega se diversificaron. En entrevista con el exmandatario Lobo Sosa, este comenta: «No tenía palma en ese tiempo, creo que esa es una inversión nueva de él (…) Don Guillermo es un maderero, eso ha sido, él se ha dedicado al negocio de la madera, estuvo en la zona de Olancho, esa ha sido su principal actividad, no sabía que había sembrado palma…», explica y agrega que  históricamente la siembra de palma ha sido en los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro y que la expansión hacia Omoa se debe a que la calidad del suelo y el clima son propicios para la siembra de palma.

«Noriega no es uno de los grandes de la palma», dice Lobo y acto seguido lo llama por teléfono. Según Lobo, Noriega le aseguró que efectivamente contaba con alrededor de 200 manzanas (aproximadamente 140 hectáreas) de palma africana, pero que actualmente le quedaban unas 50 manzanas porque la arena había soterrado las demás. En el 2020, la Compacal sufrió pérdidas por las inundaciones que los huracanes Eta e Iota causaron en la zona.

Intentamos contactar a Mario Gómez y Carlos Arturo Rodeno, presidente y gerente de Compacal respectivamente, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Por otro lado, está el king grass, en manos de la sociedad HGPC Agrícola S.A. de C.V., la cual se constituyó el 22 de marzo del año 2012 —cinco meses antes que Compacal y aproximadamente nueve meses después de la publicación de propuesta del Panaco—. Esta empresa siembra y cosecha el king grass (zacate) en los terrenos de su propiedad. El objetivo de la producción de zacate está directamente relacionado con la generación de energía eléctrica de la Honduran Green Power Corporation (HGPC) S.A. de C.V., empresa propietaria de una planta privada que produce 43-MW de energía eléctrica y que fue inaugurada en junio de 2016.

HGPC provee electricidad a la industria exportadora de textiles en el municipio de Choloma, y está diseñada para utilizar biomasa como combustible. La generación de energía a través de este tipo de agrocombustible se considera energía renovable, sustentable y limpia, por esto la planta ha sido considerada «única en el mundo». El gigante textilero Elcatex es la compañía matriz de la planta eléctrica HGPC que provee energía a todos los procesos de ese gigante exportador de ropa. Elcatex fabrica prendas de vestir para marcas célebres como Nike, Adidas, y tiendas lujosas en Estados Unidos como Nordstrom. Tanto Elcatex como HGPC y HGPC Agrícola están presididas por Jesús Juan Canahuati Canahuati.

El poder de la familia Canahuati es de larga historia en Honduras y como menciona Marvin Barahona en su libro, Las Élites del Poder, los Canahuati pertenecen al grupo de familias de origen árabe-palestino que consolidaron su poder económico en el comercio en el país.

Tanto Noriega como los Canahuati pertenecen a la élite hondureña, pero representan facciones distintas. Noriega y sus vínculos políticos están más relacionados con las antiguas familias de terratenientes hondureños y con otras formas de ejercer el poder. Por el contrario, los Canahuati son parte de la élite comercial. Su fuerte viene del sector textil y la maquila para la exportación de prendas. El fin de tener una planta con energía renovable es utilizarla en la industria textilera y de maquila para obtener una ventaja competitiva al ajustarse a las urgencias que se le imponen a toda industria por su responsabilidad en la generación de emisiones de gases efecto invernadero.

A pesar de que el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha prometido abordar la problemática en las áreas protegidas y sus efectos en la vulnerabilidad ambiental y el cambio climático, ha mostrado su interés en continuar apoyando al sector textil si este genera inversión. El pasado 29 de agosto, el hijo de la presidenta, Héctor Zelaya, en su representación, anunció una inversión de 250 millones de dólares para la construcción de la hilandería más grande de América. La reunión fue con los representantes de la empresa Caracol Knits, propiedad de la familia Facussé, y con Canahuati como representante del sector maquilero de la zona.

A través de la HGPC Agrícola, el plan era cultivar aproximadamente 4,600 hectáreas de king grass para generar el agrocombustible. A través de una solicitud de acceso a la información, a principios del 2020, MiAmbiente reportó 15 expedientes sobre cultivo de king grass de la empresa en distintas localidades de Honduras. Tres de ellas se encontraban en áreas protegidas; dos en una propuesta de declaratoria (el Panaco), una en un área protegida declarada, el Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK), y las tres propiedades están localizadas en sitios Ramsar. Las fincas la Bendición y Entre Ríos se encontraban en la antigua propuesta del Panaco. Entre Ríos está justo a un lado de La Bendición y La Bendición está tanto en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento de la antigua propuesta de parque. Estas tres propiedades constituyen un total de 1,982 hectáreas, lo que representaba el 43.08 % del total de tierras que la HGPC estaba destinando para producir su agrocombustible.

El 14 de junio de 2013, investing.com, una de las tres plataformas financieras más importantes del mundo, publicó en su sitio web que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de «32,7 millones de dólares a la empresa Honduran Green Power Corporation para el desarrollo, construcción, equipamiento y puesta en operación de una planta de energía a base de biomasa».

A mitades de junio de ese año, el expresidente, Juan Orlando Hernández, inauguró la planta generadora de energía eléctrica HGPC S.A .de C.V. junto con su presidente, Jesús Canahuati.

Solicitamos entrevista con los representantes de la empresa HGPC, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no respondieron a nuestra solicitud. Los representantes de la Compacal también fueron consultados, sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a nuestras solicitudes.

La gran batalla burocrática

Enterrada entre dictámenes, memorandos y oficios de recepción, se esconde la batalla que algunos funcionarios libraron para intentar detener la destrucción de los humedales, la aquiescencia de autoridades sobre lo que ocurría y de aquellos funcionarios que jugaron a favor de los intereses de «la gente poderosa».

Pese a que ambas compañías solicitaron sus permisos ambientales en el año 2013, estas empezaron a operar antes, sin autorización. Según dice el folio 191 del expediente de la HGPC Agrícola, la compañía empezó a plantar 177 hectáreas de king grass el 9 de diciembre del año 2012.

Con la palma ocurrió lo mismo. El expediente de la Compacal corrobora la destrucción de los humedales que por años ha descrito la gente de Omoa. Para el 13 de enero de 2014, la DECA realizó una inspección a la Compacal en la que afirma, en el Informe técnico 66/2014 (folio 489-493), que ya había desarrollado actividades de siembra en 1,600 hectáreas. No especifica el grado de desarrollo del cultivo, pero confirma que «en cierta área de cultivo, la edad de la plantación oscila entre los dos y tres años»; es decir, que la Compacal había empezado la siembra aproximadamente en los años 2011 y 2012.

Cinco meses más tarde, el 23 de junio de 2014, en el marco de evaluación del Estudio de Auditoría Ambiental (EAA) —que se pide a los proyectos que han empezado actividades sin licencia— mediante Informe técnico 875/2014, se inspeccionaron solo 698.8 hectáreas de cultivo de palma del total de 1,600 en donde ya se había reportado el desarrollo de «actividades de siembra». Así se plantea en el folio 489 y 898 del expediente.

El formulario SINEIA F-02 es uno de los documentos que forma parte de los requisitos para solicitar una licencia ambiental. En estos se describen las características del proyecto, y los completa un prestador de servicios registrado ante MiAmbiente. Los F-02 mencionan cuatro características importantes de ambos proyectos: los dos están ubicados en el Panaco (existen dudas en el F-02 de HGPC Agrícola, pero luego se corrobora su ubicación); los dos proyectos implican cambiar el uso de suelo del lugar; ambos son categoría 4, es decir, proyectosconsiderados los de mayor riesgo para el medio ambiente por contener daños irreversibles y de gran magnitud, según la tabla de categorización ambiental de la época y, finalmente, se menciona la contaminación por el uso de agroquímicos en suelo, aire, agua flora y fauna.

Para el año 2012, fecha en la que se hizo la inspección de ambos lugares, previo a la solicitud de licencia ambiental, el avance de la palma y el king grass en el Panaco lucía de la siguiente forma.

Después de la solicitud de licencia ambiental que hicieron ambas compañías, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, convocó al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) —un grupo de personas entre técnicos, autoridades y sociedad civil— que tiene la tarea de hacer una inspección del lugar, elaborar un informe y después un dictamen técnico para ver si se otorga o no la licencia.

Tanto en el informe técnico No. 1302/2013 del 16 de agosto de 2013 de HGPC Agrícola y en el informe técnico No. 66/2014 (folio 489-493) del 13 de enero del 2014 de la Compacal, se insiste enque ambos proyectos ya están operando y que se necesita que el ICF verifique dónde se encuentran los plantíos —para ver si coinciden con área protegida o ecosistemas especiales o frágiles— y que determine si la siembra de palma y zacate se puede hacer en la zona.

En ambos casos, los expedientes llegaron al ICF. En el caso de los zacateros, la jefa del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, Alejandra Reyes, pidió a la Región Noroccidente del ICF que fuera a la zona. El biólogo Alex Vallejo, coordinador de Áreas Protegidas de esa región emitió el memorándum APN-27-2013, el 18 de noviembre del 2013, con respecto a la viabilidad del proyecto en el que aclara que la finca donde se quiere sembrar está dentro de la propuesta del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), coincide con el sitio Ramsar 2133 y anexa un mapa en el que se muestra claramente que la finca está tanto en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento del Panaco.

Al indicar que la finca está en la zona núcleo, menciona que está relacionada con los patrones de circulación de agua propio de los humedales y que, según la información sobre las modificaciones que se quieren hacer ahí para sembrar king grass, eso afectaría el uso del suelo, la flora y la fauna propios de los bosques inundados. También pone de ejemplo la afectación de especies importantes como el manatí (Trichechus manatus) que utiliza las lagunas y canales del humedal para comer y albergarse en ciertas épocas del año.

Además, menciona que no hay información sobre los pesticidas y fertilizantes que se van a utilizar en la siembra, entonces no hay forma de saber el impacto que pueden causar en el medio, «más aún cuando toda el agua es canalizada hacia el humedal y bosque inundado»; sobre todo porque por la finca pasan dos fuentes de agua: el crique San Ildefonso y el Río San Ildefonso, según indica el informe.

Vallejo además señala que el Panaco está contemplado como área protegida en el Plan de Desarrollo con enfoque de ordenamiento territorial 2012, en donde el cultivo extensivo o monocultivo no está permitido. Deja claro que, de acuerdo con la ley, se publicó tres veces en el año 2011 que había un proceso de declaratoria de la zona para dar tiempo a que se manifestaran «reclamos o inconformidades del proceso», y, como no hubo, el expediente ya se había recibido en el Congreso en ese mismo año. Vallejo concluye que la plantación no se puede realizar en la zona núcleo. Sin embargo, pese a la importancia de todos estos argumentos, el biólogo concluye que el cultivo es viable siempre y cuando no se haga en forma de monocultivo.

Como el Panaco también es un sitio Ramsar, Vallejo cita, en otro memorándum, el APN-01-2014 del 7 de enero de 2014, partes del Manual Ramsar para el uso racional de los humedales para justificar que el cultivo de king grass es viable y posible en un humedal y dice lo siguiente «… es necesario realizar esfuerzos concertados a fin de lograr un equilibrio mutuamente beneficioso entre la agricultura y la conservación y el uso racional de los humedales». Sin embargo, la siembra de king grass no es una práctica agrícola tradicional, sino que pertenece a la agricultura industrializada y tecnificada, convirtiéndolo en un monocultivo porque se necesitan grandes cantidades de ese pasto para alimentar una planta que genera 43 MW de energía eléctrica «renovable».

En entrevista con Carolina Montelván, quien trabajó de 2013 a 2019 en la Dirección de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente y punto focal de la Convención Ramsar en Honduras, menciona al respecto de la cita de Vallejo «…un manual no es la Convención; es decir, que en la Convención es en la que se manifiesta lo que los países se comprometen cuando la firman. El artículo 3 de la Convención Ramsar dice: “Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista”… eso es a lo que se compromete el país».

Por el lado de la licencia para palma solicitada por Compacal, también se solicitó que el biólogo Alex Vallejo diera su dictamen. En el dictamen técnico APNO-01-2014 (folio 497-499), el funcionario declaró que la siembra de palma africana era viable, apoyándose en el Memorándum APN-27-2013 respecto al king grass y, otra vez, en párrafos del manual de la Convención Ramsar.

Estos documentos sirvieron para que Alejandra Reyes, jefa del Departamento de Áreas Protegidas del ICF, emitiera los dictámenes técnicos respectivos [HGPC y Compacal (folio 503-504)] declarando «Técnicamente factible» los dos proyectos de monocultivo en el área protegida que el mismo ICF había propuesto en el 2011 como Parque Nacional Cuyamel-Omoa, siempre y cuando se siguieran las recomendaciones.

Para septiembre de 2013, antes de que Vallejo hiciera los dictámenes para la palma y el zacate, Redmanglar ya había emitido un comunicado urgente alertando a las autoridades, tanto MiAmbiente como ICF, sobre cómo los palmeros y otros empresarios productores de agrocombustibles estaban destruyendo los humedales del sitio Ramsar. En octubre de ese mismo año, la Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas en Honduras (Mocaph) emitió un comunicado en el que señalaba que las autoridades habían avalado la destrucción de 800 hectáreas del sitio a favor de proyectos agroindustriales de palma africana y agrocombustibles.

En sus dictámenes, Vallejo nunca reportó el daño que ya se había causado previamente a los humedales. Para el año 2013 ya estaban sembradas,por lo menos, 51,062 hectáreas de palma en el corazón del humedal, como se ve en el siguiente mapa que compone la serie de tiempo del análisis de cobertura forestal, elaborado a partir de imágenes satelitales para esta investigación.

Para finales del 2013, ninguna compañía había obtenido la licencia ambiental para operar; sin embargo, continuaron con sus operaciones en los humedales de Cuyamel.

En el 2014 comienzan las contradicciones entre autoridades y una incongruencia entre los procesos de licencia ambiental para una empresa y otra.

El 23 de enero del 2014, Alejandra Reyes firmó el Dictamen Técnico DAP-012-2014para la HGPC Agrícola y especificó que el proyecto seguía siendo técnicamente factible, siempre que cumpliera con varios requisitos para poder sembrar cerca de los humedales de Cuyamel. Como el proyecto se encuentra en un sitio de alta biodiversidad, entonces se solicitó el fallo del Departamento de Vida Silvestre (DVS) del ICF para que juzgara si el proyecto se podía llevar a cabo en el área, así como el de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, la autoridad competente, para que señalara los compromisos del país dentro del marco de la Convención Ramsar y el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), del que Honduras es parte desde 1995. Y también le pide a MiAmbiente que multe a la empresa por haber sembrado sin licencia.

Sin embargo, en el dictamen DAP-008-2014 (folio 503-504)de la Compacal, emitido dos días antes que el de HGPC Agrícola, el departamento de Áreas Protegidas, no solicita el pronunciamiento del DVS del ICF ni los lineamientos de MiAmbiente con respecto a las convenciones que salvaguardan el sitio Ramsar. Con respecto a Ramsar, solo se toma en cuenta la interpretación que hace Vallejo sobre el Manual Ramsar, aunque él no era la autoridad, y hasta se afirma en el dictamen que «en las normas de estos sitios se establece que “el cultivo es posible siguiendo las adecuadas prácticas y políticas compatibles con las metas de conservación de uso sostenible de los humedales”». No hay ningún llamado al punto focal Ramsar en DiBio, quien es la autoridad facultada para interpretar los motivos de la Convención.

Además de esto, aparece una extraña constancia emitida por la Unidad Ambiental de Omoa en la que Génesis Medina —directora de la Unidad Municipal Ambiental— afirma que el proyecto de palma sí se encuentra dentro de la normatividad de uso del suelo del Plan de Desarrollo Municipalde Omoa, cuando Vallejo había dicho que no y que, según ese Plan, el monocultivo estaba prohibido.

Hay otra constancia en la que se afirma que, en junio del año 2013, ya se había iniciado la siembra de palma en 1,650 hectáreas y que el Panaco soloera un área propuesta. Esta última la emitió el jefe de la Región Noroccidente del ICF, Pedro Romero. El único pero que pone el área legal del ICF es que, en ambos proyectos, palma y king grass, MiAmbiente debe cobrarles una multa por empezar sin autorización. Más tarde, el monto de la multa que se cobraría a ambas empresas ascendería a 5,000 lempiras, el equivalente a 200 dólares.

Aunque el asunto parecía zanjado a favor de las empresas, quienes solo debían pagar una multa y luego proceder con sus actividades, el escenario se enredó el 3 de abril de 2014, cuando el biólogo Said Lainez, jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF firmó «el dictamen de la discordia institucional». En el documento ICF-DVS-024-2014, el departamento de Vida Silvestre se pronuncia en contra del proyecto de plantación de king grass y defiende la propuesta del Panaco, ya declarado sitio Ramsar. Además, deja al descubierto que las autoridades sabían sobre la destrucción de los humedales de Cuyamel.

Lainez sustenta que el king grass es una especie originaria de África, considerada Especie Exótica Invasora difícil de controlar y finalmente termina señalando que existe una denuncia (pública) realizada a nivel internacional por la Red Manglar Internacional interpuesta por el Mocaph «sobre la destrucción y degradación que actualmente ocurre en el sitio Ramsar 2133 por la implementación de Proyectos Agroindustriales de Palma Africana y de Cultivos para Agrocombustibles».

Said Lainez incluye copia de los comunicados y una copia de una carta enviada por el Mocaph el18 de septiembre de 2013al ministro-director del ICF, José Trinidad Suazo, en la que se le informa que se había realizado una denuncia formal al punto focal de la Convención Ramsar representada por la Dirección de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y al Trigoh. En la carta se copia al ICF y sus departamentos correspondientes, así como a MiAmbiente, al CCAD, a CCO y otras organizaciones. La carta se acompaña de un Informe de daños presentados al ICF con fecha del 12 de marzo de 2012.

El informe describe la llegada de gente, al parecer de San Pedro Sula, en camionetas de lujo que abrieron una brecha desde la comunidad de Barra del Motagua hasta la desembocadura del río Motagua, cortando mangle rojo y blanco del lugar. También se exponen fotos de vegetación aplastada y se denuncia la extracción indiscriminada de la fauna. El informe especifica la deforestación del humedal en los bajos del río Cuyamel con maquinaria para secar la tierra y preparar el terreno para cultivo de palma africana y, además, señala que personas de Guatemala y del occidente de Honduras estaban invadiendo los humedales de la zona fronteriza, comprando los terrenos y continuando la deforestación del bosque inundado.

El reporte concluye que el daño al bosque de mangle constituye un delito ambiental, según la ley forestal decreto No. 98-2007.

Lainez advierte al final de su dictamen que le corresponde al ICF la protección, administración y manejo de la flora y fauna silvestre de todo el país de acuerdo al artículo 115 de la Ley Forestal y declara que el proyecto de king grass «NO ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE, debido a los impactos y riesgos que ocasionarán  a las especies existentes en el Sitio Ramsar 2133 y sobre todo a los patrones de circulación y escorrentía del humedal».

A pesar de todo esto, nada cambió. Incluso la opinión que la asesora legal del ICF, Alba Rosa Murillo, firma el 9 de abril de 2014(folio 247), solo dice que efectivamente el proyecto se encuentra dentro de un área propuesta, y que el Departamento de Vida Silvestre no declara el proyecto factible, pero el de Áreas Protegidas sí, por lo que MiAmbiente debe otorgar la licencia ambiental siempre y cuando se cumplan las recomendaciones y se pague la multa.

Para los palmeros todo fue más sencillo y más rápido. El ICF no pidió el pronunciamiento de su Departamento de Vida Silvestre ni el informe de MiAmbiente sobre los compromisos de conservación en los Convenios Ramsar y CDB. En el expediente de la Compacal no hay rastro alguno del informe presentado al ICF por el Mocaph en el que denunciaba actividades de deforestación para la siembra de palma africana, a pesar de que la Compacal es la única compañía palmera en la zona. Al contrario de lo que sucedía con HGPC Agrícola, para la Compacal el trámite comenzó a ir más rápido.

Para el24 de enero de 2014, después del dictamenDAP-008-2014de Reyes para la Compacal, el ICF ya había emitido su Opinión Legal (folio 507-509)en la que le comunica a MiAmbiente que podía proceder a otorgarle la licencia ambiental a la empresa, pero debía cobrarle la multa por empezar sin permiso. Para el 10 de febrero del 2014, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, con el visto bueno del ICF, emitió su dictamen técnico No. 200/2014 en el que pide a la Compacal, para avanzar con el trámite de licencia, realizar un Estudio de Auditoría Ambiental (EAA) dado que la plantación ya había comenzado, era un proyecto categoría 4 y «el proyecto se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento y zona núcleo de un área protegida».

En entrevista con una fuente directa de MiAmbiente con varios años de experiencia en trámites de licencia ambiental, y que pidió la reserva de su nombre, explica que el «castigo» por empezar actividades sin licencia «es nada… queda en 5,000 Lempiras sin importar la categoría (del proyecto), 1, 2,3 o 4…». También comenta que los requisitos de licencia para proyectos de categoría 4 son los más temidos por las empresas por dos razones: se les pide que presenten un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y evidencia de socialización del proyecto en las comunidades. La socialización del proyecto implica que las comunidades decidan si el proyecto puede realizarse o no y la comunidad puede exigir beneficios a la empresa previo al inicio del proyecto, lo que puede resultar sumamente costoso.

Además, dice la fuente, un EIA que evalúa los daños al ambiente que puede causar el proyecto dependiendo del lugar en el que se ubique, puede tomar mucho tiempo y ser muy costoso y en un área de alta diversidad biológica; tan solo la recolección de datos tomaría como mínimo un año y es posible que la licencia no se otorgue «si el prestador de servicios hace bien su trabajo».

Rafael Amaro es abogado especialista en derecho ambiental, trabajó en MiAmbiente por 21 años, fue director de DiBio y punto focal ante Ramsar durante ocho años, tiempo en el que dictaminó en contra del proyecto de king grass y la re-delimitación de la propuesta del Panaco. En una entrevista con esta alianza dijo que “los convenios internacionales, en todo país, se convierten en ley cuando son aceptados. El Panaco al ser aceptado como sitio Ramsar por la Convención tenía la protección jurídica internacional”.

Además, agregó que a pesar de que se hicieron los cambios al parque sin el visto bueno de su departamento, nadie protestó. Amaro explica que el ICF tenía que tomar en cuenta a DiBio para cualquier actividad en el área porque esta ya estaba elevada al convenio Ramsar y no lo hizo, entonces el ICF violó la ley. Con respecto al expediente del proyecto de la palma dijo que “¡la palma se hizo! Como ya había protestado por lo otro [proyecto de king grass], tal vez dijeron: ‘ni lo mandamos ahí porque nos van a decir que no’. Nosotros [DiBio] éramos la autoridad competente en ese momento, técnicamente hablando”.

Modificando los límites

El 18 de junio 2014, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente recibe el expediente con la respuesta de Said Laínez, Jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF, pero pasantres mesespara que la entidad informe que los dictámenes del Departamento de Vida Silvestre, el de Áreas Protegidas y la Opinión legal del ICF se contradicen.

Durante estos meses, HGPC Agrícola se movilizó. El 28 de agosto de 2014la representante legal de la compañía, Alma Azucena Tróchez de Conedera, le pidió al ICF la «reinspección»del área donde se encuentra la finca La Bendición. Tróchez aseguró que la zona «se encuentra totalmente intervenida» y quería que el ICF viera las condiciones en las que se encontraba el área en general para que los dejaran sembrar en la zona núcleo que se traslapaba con parte de la finca. Esto porque una de las recomendaciones del ICF, en el dictamen técnico DAP-12-2014, para declarar factible el proyecto, era no sembrar en esa área y dejar que se regenerara el ecosistema, ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Omoa estaba prohibida la agricultura industrial en la zona núcleo del Panaco.

La «reinspección» del área se hizo el 15 de agosto de 2014. El viaje se hizo en el helicóptero de la empresa y no asistió ninguna otra autoridad ambiental, más que el ICF, según consta en el expediente. Días más tarde, 19 de agosto de 2014, Tróchezenvía una nota al ICF preguntando por el estatus legal del Panaco.

La gira privada en helicóptero resultó en el dictamen técnico DAP-147-2014 firmado por la Jefa del departamento de Áreas Protegidas, Alejandra Reyes, el 1 de septiembre del 2014. Según el dictamen, el plantío de king grass ya tenía dos años y destaca que la zona núcleo, así como la zona de amortiguamiento colindantes con la finca, están completamente intervenidas con un cultivo ya extensivo de palma africana y que ya no se ven áreas de humedal porque los palmeros hicieron canales de drenaje en todo el sector. Reyes termina firmando y concluyendo que, como el Panaco está en condición de propuesta, se pueden hacer modificaciones técnicas y que el proyecto de king grass es factible siempre y cuando la empresa apoye «al ICF en lo que corresponda al momento de hacer las modificaciones de límites propuestos a enviar al Congreso Nacional».

Pablo Dubón, jefe de la región Nor-Occidente del ICF, terminó dando las últimas estocadas a la propuesta del Panaco en su memorándum APN-21-2014 del 10 de septiembre de 2014, donde asegura que «no existe una declaratoria, solamente una propuesta de Parque Nacional que no ha sido aprobada por el Congreso Nacional». Oficialmente, todos estos elementos fueron suficientes para modificar los límites de la propuesta de área protegida y que la HGPC Agrícola pudiera sembrar en toda el área de su finca.

Al final, Alejandra Reyes, del Departamento de Áreas Protegidas del ICF, y los funcionarios de la sección Nor-occidente de la misma entidad dieron el aval para que la palma y el king grass fueran legales en los humedales de Cuyamel.

Para aclarar por qué el ICF y su Departamento de Áreas Protegidas (DAP) avalaron la siembra de esos cultivos, se entrevistó a Alejandra Reyes para este reportaje. Sin embargo, sus respuestas fueron contradictorias.

En dos largas entrevistas, la jefa del DAP explicó primero que el departamento que dirige «no tiene ningún peso en las decisiones si el área a proteger sigue en modo de propuesta, ICF no puede prohibir, no puede normar la zona. Pero puede decir: esto tiene un impacto muy grande, entonces no es posible, fundamentado en el tema de vocación forestal, sí eso sí se puede decir, en el tema de cambio de uso (de suelo). Cuando llega el expediente (de licencia ambiental), la institución tiene que dictaminar por el tema de vocación, si es un área de vocación forestal, se puede».

Con respecto al tema de vocación forestal, Reyes explicó que después de corroborar si un área está intervenida y no tiene ningún valor ecológico, entonces el DAP no tendría ningún argumento técnico para decirle que no a un proyecto. Sin embargo, el departamento de Vida Silvestre del ICF, que había sido convocado por ella para que se pronunciara sobre la factibilidad del proyecto, estableció claramente el valor ecológico del lugar y declaró que el proyecto no era factible. Cuando se le preguntó a Reyes qué injerencia tendría el departamento de Vida Silvestre en el tema, ella simplemente respondió que a ese departamento «no le corresponde».

Alejandra Reyes insiste en que «cuando la zona no es área protegida, nosotros (DAP) no tenemos competencia», pero en ninguno de los expedientes aparece que su departamento no era el competente para dictaminar a favor o en contra de proyectos fuera de áreas protegidas.

Cuando se le mencionó el informe de daños presentado al ICF, dijo que el tema de denuncias tendría que corroborarlo con la regional (ICF-Noroccidente) para ver si tenían registro de denuncias porque «es facultad de las regionales atender de forma operativa o en campo».

Además, no supo responder a la pregunta de si esa palma se había cultivado con sus permisos, «este… bueno lo que se hace en este caso es que, aunque venga el expediente, lo que se revisa es el tema de vocación (forestal); si no era área protegida, el departamento no se podía pronunciar desde ese punto de vista».

Mientras todo esto ocurría, en el caso del king grass, la compañía de palma Compacal presentó el borrador de su EAA el 31 de marzo de 2014 para continuar con su trámite de licencia. Ya para el 19 de junio, la DECA convocó de nuevo al SINEIA para que analizaran y evaluaran el EAA en una nueva inspección de campo. Alex Vallejo, como representante del ICF, fue uno de los convocados al SINEIA.

Solo cuatro días después, el 23 de junio de 2014, la DECA ya se había pronunciado en el dictamen técnico No. 875/2014aceptando el EAA «para la continuación de las operaciones del proyecto» y otorgó un certificado de auditoría provisionalpara que la empresa continuara trámites y después se hiciera una revisión para saber si estaba cumpliendo todos los requisitos que se le habían pedido para plantar.

Menos de un mes después, el 16 de julio de 2014, el ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames Fuentes, en la resolución No.0871-2014 le otorgó a Compacal un Certificado Ambiental Provisional y le indicó que, en un término de seis meses, debía presentar un informe de cumplimiento de todas las medidas que se le impusieron y que tenía que dejar un Fondo de garantía de 15 millones y medio de lempiras (aproximadamente 622,000 dólares)que se gastarían en caso de incumplimiento de las medidas y/o daño ambiental que no se remediara a tiempo. Además, tendría que pagar la multa de 200 dólares por haber empezado a cultivar palma africana sin licencia.

Como si esto fuera poco, el 28 de julio de 2014 la apoderada legal de Compacal, Rebeca Lizeth Melara Raquel, le pidió a MiAmbiente que en lugar de entregar el informe de cumplimiento cada seis meses, pudiera hacerlo cada año. Además, pidió la devolución del dinero del fondo de garantía porque la base para calcular el monto no era por la totalidad del proyecto, correspondiente a 2,000 hectáreas, sino para las 698.8 hectáreas de cultivo inspeccionadas que les aprobaron en el permiso provisional. Sin embargo, para el 2014, en lo que iba a ser el Panaco ya había 1,168.04 hectáreas de palma africana, como se muestra en el siguiente mapa.

En el 2015, MiAmbiente termina cobrándole a la Compacal tan solo 1,480,000 lempiras (aproximadamente 60,000 dólares) pues accedió a disminuir su fondo de garantía.

El año en el que todo acabó

Luego de la gira de campo del ICF, el 5 de marzo de 2015, la DECA hace un nuevo dictamen técnico No. 161/2015. En este, además de confirmar que efectivamente el proyecto de plantación de king grass ya había empezado y se encontraba dentro de la zona núcleo y zona de amortiguamiento del área protegida propuesta, la entidad concluye que «previo a emitir pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto», se necesita la opinión sobre la plantación de king grass en el marco de la Convención Ramsar cuyo punto focal es DiBio de Mi Ambiente y, otra vez,la opinión legal del ICF. Sin embargo, esto no frena el avance del proyecto ni de los trámites para la licencia. El proceso para obtener el permiso de operación continúa y, entonces, igual que a Compacal con su proyecto de palma, se le pide un Estudio de Auditoría Ambiental (EAA).

El 7 de abril de 2015 el ICF emite su Opinión legal (folio 291)y declara rápidamente que «es un área protegida propuesta, bajo este argumento no existe normativa alguna que regule o limite la ejecución del proyecto» y en el punto dos reafirma que para el ICF el proyecto de plantación de king grass es técnica y legalmente viable, sin siquiera tomar en cuenta la opinión del Departamento de Vida Silvestre donde el jefe de ese departamento declara que la zona es un humedal; un ecosistema frágil; que el proyecto solo alteraría negativamente toda la dinámica del ecosistema y, con ello, toda la vida que depende de este. La representación Ramsar en Honduras, DiBio de MiAmbiente, no se pronuncia.

HGPC presenta el Estudio de Auditoría Ambiental el5 de noviembre de 2015 (folio 295- 544).

El 26 de noviembre de ese año, Rafael Amaro García, director general de Biodiversidad de MiAmbiente, envió el Memorando Dibio/425/2015en el que dejó claro que en el EAA no hay un estudio sobre la biodiversidad del sitio o la importancia que tienen los humedales, no solo por ser fuente de agua potable sino por las especies que alberga. También asegura que para sembrar se necesita remover el suelo, drenar el agua, secar la tierra, rastrear, surcar, usar fertilizantes y herbicidas varias veces al año y esto cambia por completo el uso de suelo que en este caso implica cambiar cómo funciona el humedal y fragmentarlo.

Según el análisis de DiBio, en los humedales habita el manatí, el mono aullador y la lora cabeza amarilla —que el estudio de la empresa no menciona—, que son especies amenazadas o en peligro de extinción según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites)y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el memorando de Amaro García indica que en el EAA no hay ningún estudio sobre los impactos a gran escala para todo el sistema de humedales causados por este tipo de siembra. Amaro García señala que no solo los animales están en peligro, sino también el bosque de mangle que es el ecosistema costero más amenazado en el país y que el lugar donde se está sembrando es de «alta sensibilidad ambiental», según la tabla de Categorización ambiental (Acuerdo No. 635-2003) y que, además, ya existen cultivos de palma africana que son de gran impacto para el humedal.

El memorando también recuerda que fue el ICF el que propuso el Panaco como área protegida, que la zona es sitio Ramsar desde el 2013, que el sistema de humedales es importantísimo para el SAM, el CBM y todo el país en general.  DiBio es del criterio técnico que no se deberán realizar actividades agrícolas a gran escala o agroindustriales en el área del humedal sin consentimiento de la Autoridad Nacional de Ramsar, que recae sobre la Dirección General de Biodiversidad como Punto Focal ante dicha Convención», es decir, el propio DiBio.

Para estas fechas, mientras MiAmbiente y el ICF seguían llenando de páginas los expedientes de la palma y el zacate, ambas compañías continuaban operando sin controles efectivos.

Para el 26 de mayo de 2015, la empresa de palma Compacal ya contaba con su permiso provisional de operaciones y el fondo de garantía se había recalculado solo con base en las 698.8 hectáreas cultivadas e inspeccionadas. En julio de ese año, Rebeca Lizeth Melara Raquel, apoderada legal de Compacal, volvió a insistir en que les dejaran presentar los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) en un año y no en seis meses y, además, pidió la ampliación del cultivo de palma a 1,650 hectáreas.

El 16 de Julio de 2015,el ICF y Jesús Juan Canahuati Canahuati, dueño de HGPC Agrícola, firmaron un Convenio de Cooperación (folio 1023 a 1027). Dos de los objetivos más importantes para ambas partes fue lograr la declaratoria del área protegida Cuyamel-Omoa «a través de un proceso participativo de recategorización, redefinición de límites y conformar un nuevo expediente para la declaratoria…». Entre las obligaciones y responsabilidades de la empresa estarían «apoyar de manera técnica y financiera el proceso de redefinición y declaratoria del área de Cuyamel-Omoa». HGPC lograría su objetivo.

Se volvió a preguntar a Said Laínez, jefe del departamento de Vida Silvestre del ICF, que dijera «exclusivamente» cuáles eran las restricciones al cultivo de king grass para que no afectara la flora y la fauna del lugar, y, de nuevo, Laínez peleó.

Para finales del 2015 no había mucho que hacer. Los humedales ya estaban llenos de palma y la HGPC Agrícola empezaría sembrar zacate en toda su finca después de la redelimitación del área. El Panaco había muerto.

En diciembre de ese mismo año, la empresa de palma Compacal presentó su primer ICMA con tiempo de retraso. Una de las medidas que la empresa debía cumplir era «contribuir con la recuperación y protección de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico» y como respuesta le entregan a CCO un equipo de cómputo viejo en calidad de donación, porque a ellos se les había dañado el suyo. Pero la generosidad de Compacal fue más allá. Dice en el ICMA (folio 1007-1012) que Gilma Noriega recibió una llamada de la municipalidad pidiendo que los apoyaran con unas frutas para dárselas a los representantes comunitarios de un cabildo abierto que iba a darse en diciembre, eran 10 cajas de manzanas y 5 cajas de uvas. Quien formuló y entregó todas estas donaciones fue el biólogo Alex Emilio Vallejo Ham, el mismo exjefe del Departamento de Áreas Protegidas de la región Nor-Occidente del ICF que había determinado, desde su punto de vista, que las plantaciones de palma y de king grass eran factibles y que, según su interpretación, así lo decía también la convención Ramsar. Después de toda su labor en el ICF, Vallejo se convirtió en el regidor ambiental de la Compacal y fue él quien presentó el primer ICMA de la empresa (folio 950).

En el folio 956 del expediente de la Compacal se dice que “el cultivo no requiere de agua adicional a la caída por efecto de las precipitaciones… por lo tanto el uso de agua superficial o subterránea no es objeto de aprovechamiento”. Sin embargo, estas son fotos de los canales hechos a orilla del río Cuyamel abasteciendo el plantío de palma africana en el 2022.

Por su parte, el 7 de diciembre de 2015, en el dictamen Técnico  No. 2076/2015 de la DECA, se informa que el EAA de la empresa HGPC que siembra king grass no se daba por aceptado por tener muchas enmiendas que hacer al estudio, además de que no se presentaba de manera clara y conforme a los lineamientos requeridos.

Ese mismo año, Honduras se convirtió en el segundo país más peligroso para defender los derechos a la tierra y el ambiente, después de Brasil, con 109 casos de muertes relacionadas con defensores del medio ambiente según el reporte de Globalwitness.

Para el 19 de febrero de 2016, SaidLaínez, jefe de departamento de Vida Silvestre del ICF, emitió su segundo dictamen, elICF-DVS-016-2016 (folios 879-884). En él, asegura que el king grass es un tipo de pasto que necesita un suelo bien drenado y mucho fertilizante para crecer. Y para eso la empresa tendrá que secar el suelo, modificando su humedad, y esto no va a limitarse al área de siembra sino también a partes que no están dentro de la finca, generando un impacto a la flora y la fauna del lugar.

Lainez va más allá y asegura que las grandes cantidades de fertilizantes que este pasto necesita para crecer apuntan a un escenario que ya se conoce en otras partes de Honduras, donde el fertilizante termina siendo arrastrado por los canales de drenado y va a parar en las partes bajas del humedal donde hay lagunas y esteros. Este fertilizante hará que crezcan más algas en los cuerpos de agua y esto implica un mayor consumo de oxígeno por la sobrepoblación de algas y menos oxígeno para los peces (y otros organismos), lo que se traduce en peces muertos por asfixia.

En entrevista para este reportaje, este antiguo jefe del departamento de Vida Silvestre, dijo que «la fauna no solo habita en el área protegida; se necesita proteger más allá».

El ICF pidió entonces que la HGPC hiciera «una evaluación por un profesional de la ecología, experto en humedales para determinar el grado de intervención… y diseñar un programa de monitoreo de la biodiversidad».

El trámite continuó durante tres meses más, durante los cuales el expediente se trasladó a MiAmbiente y este lo regresó al ICF para que verificara que todas las medidas que esa institución había solicitado se hubieran cumplido. El ICF volvió a mandarlo a MiAmbiente y, finalmente, el 2 de agosto de 2016, la DECA convocó a un nuevo SINEIA para analizar (de nuevo) el EAA para los días 10 y 11 de agosto del 2016.

Pero antes de realizar la inspección y el análisis, apareció la influencia política de la HGPC Agrícola. El 4 de agosto de 2016, en una carta, Eny Bautista, directora ejecutiva del programa presidencial Honduras 20/20, le escribe al entonces Secretario de Estado de MiAmbiente, José Antonio Galdames, para señalarle que el Programa 20/20 promocionaba las exportaciones e inversiones y promovía la simplificación del marco regulatorio para las inversiones y emprendimientos,  entonces «los proyectos de generación de energía eléctrica con recursos renovables son de prioridad nacional… y nos ayudan a cumplir con el compromiso de reducción de emisiones. Lo antes expuesto y para efectos de lo establecido en los literales 3 y 4 del artículo 2, así como lo declarado en la sección 4.2 de la Convención Ramsar, (esta) Unidad  declara que el proyecto Honduran Green Power Corporation S.A. de C.V. (HGPC) y su filial HGPC Agrícola, S. A. De C.V., es de interés o prioridad nacional».

La energía limpia de la HGPC triunfaría. El informe y el dictamen técnico No. 1318/2016, producto de la gira realizada el 10 y 11 de agosto, se presentaron el 22 de agosto de 2016. La DECA devolvió por segunda vez el EAA porque, hasta esa fecha, la empresa seguía sin presentar en su estudio la identificación de impactos ambientales. Además, le concedió 60 días a la empresa para cumplir el requisito del ICF de contratar un estudio por parte de un profesional de la Ecología y vuelve, por segunda vez, a pedir que DiBio de MiAmbiente se pronuncie en cuanto a la afectación de los humedales del sitio Ramsar, ya que la carta de la directora del programa gubernamental Honduras 20/20 había declarado los proyectos de la HGPC de interés o prioridad nacional.

Sin embargo, para el 7 de septiembre del 2016, el Panaco ya estaba oficialmente muerto. Con todo el apoyo financiero de HGPC Agrícola, Panaco se recategorizó y se redefinieron los límites del área protegida. Se hizo un nuevo diagnóstico biofísico y se hizo otro expediente. En esa fecha se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la nueva propuesta de área protegida mediante decreto ejecutivo del ICF No. 018-2016.

A la nueva área se le llamaría Subsistema de Áreas Protegidas Cuyamel-Omoa (Sapco) y estaría dividido como Parque Nacional Omoa y Refugio de Vida Silvestre Cuyamel. La laguna de Jaloa quedaría fuera del área protegida. El siguiente mapa muestra la nueva propuesta.

Finalmente, tres años más tarde, el 18 de septiembre de 2019 mediante acuerdo legislativo No. 101-2019, el Congreso Nacional de Honduras emitió la declaratoria oficial del Sapco, con todo el apoyo de HGPC Agrícola. El siguiente mapa muestra el cambio de límites.

Sin presentar ninguna otra carta para seguir peleando por los humedales de Cuyamel, el 13 de octubre del 2016, Karen Rico Villalta de DiBio emitió el último informe técnico (Folio 1188-1191) en respuesta a la carta de Bautista. DiBio claudicaría. El informe es la oración fúnebre del Panaco y sus humedales. Karen Rico explica que, efectivamente, el inciso 4.2 de la Convención Ramsar menciona que si un país miembro «por motivos urgentes de interés nacional retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar».

Rico recuerda en su informe escrito que «se requiere implementar medidas para mantener los beneficios que los humedales reportan al desarrollo económico y al sustento de las personas, sobre todo de los pobres».

Sorprendentemente, DiBio dice que no le es posible emitir una opinión técnica sobre la afectación al sistema de humedal porque no cuenta con información ni ha realizado acciones de inspección o investigación en el sitio para verificar impactos positivos o negativos, y que lo mejor es seguir todas las recomendaciones de todos los dictámenes que ya se han hecho.

Oscar Torres, coordinador nacional de la Convención y punto focal (técnico) RAMSAR del Director de DiBio de 2006 a 2016, explicó en una entrevista con esta alianza que la Convención Ramsar es efectiva para proteger los sitios designados de importancia internacional si los países parte lo llevan a cabo, pero que en Honduras es una situación muy complicada porque son sitios de interés para el desarrollo de monocultivos.

Torres explicó que estuvo en reuniones con la jefa del departamento de Áreas Protegidas, Alejandra Reyes, en las que él explicaba que la Convención Ramsar no tiene prohibiciones, pero que hay lineamientos claros de lo que se puede o no se puede hacer para conservar y no degradar un humedal. Sin embargo, aseguró que el DAP-ICF utilizó eso como justificación. “Un monocultivo puede declararse de interés nacional por el Estado, pero tiene que ser un proyecto que valga la pena. Un monocultivo que también va a degradar el humedal no puede ser de interés nacional porque contraviene las leyes hondureñas y el convenio de RAMSAR. Poco después de eso me despidieron”, dijo Torres.

En el expediente del Sapco hay un comentario sencillo, pero interesante, sobre el convenio entre el ICF y la empresa HGPC Agrícola. El comentario fue hecho en el poblado de Tegucigalpita en el año 2016 y está en uno de los documentos que respaldan la socialización de la nueva propuesta de área protegida, y dice lo siguiente: «No es buena opción que la empresa privada aporte fondos en los procesos porque son muy mentirosos y solo prometen cosas que no cumplen y pueden influir a su favor(percepción de un líder comunitario)».

Hay más comentarios sobre la situación de los humedales en las actas de socialización del año 2016 en el que el panorama para los humedales y la nueva área protegida seguía siendo desolador. Las voces de la gente continúan hablando del drenado de los humedales provocado por los palmeros, la destrucción del sitio y siguen señalando que la autoridad ambiental lo autoriza. «Los palmeros están secando la laguna Juárez, se mueren los cocodrilos», dice uno. «La reunión es ya demasiado tarde, ya el bosque está dañado», dice otro. «El sitio llamado Corinto ya está destruido y las plantaciones que se hacen cuentan con permisos directos de Tegucigalpa y no preguntan nada a la Alcaldía ni a nadie del municipio, y si se les quiere detener muestran todos sus permisos y títulos de propiedad que gestionan con los abogados», dice un tercer testimonio.

Los larguísimos expedientes de las empresas Compacal y HGPC Agrícola continúan. A pesar de que hay medidas de mitigación y requisitos para sembrar estos cultivos, la mayor parte de los humedales de Cuyamel ya no existen y los que quedan están severamente reducidos y dañados. La laguna de Jaloa, representante del corazón de los humedales de Cuyamel, ha quedado a merced de los cultivos de palma que la rodean y no pertenece a las nuevas áreas protegidas. Al final, el expediente del Panaco se esfumó de los archivos del Congreso Nacional y del ICF.

Igualmente, tampoco hay registro de denuncias formales ante la Fiscalía del Ambiente en la zona del Panaco en los años de la destrucción de sus humedales, ninguna otra autoridad ha iniciado investigaciones por todas las irregularidades que han ocurrido alrededor de los humedales de Cuyamel, a pesar de que se hicieron pedidos formales de información.

Después de todo el enredo, el 28 de noviembre de 2016, mediante el dictamen técnico 1228-2016, para la HGPC y el 11 de julio de 2014, mediante dictamen técnico No. 506-2014, para la Compacal, MiAmbiente se limitó a cobrar las multas de 200 dólares a dos proyectos con inversiones de más de 6 millones de dólares y 5 millones de dólares, respectivamente.

Esto es lo que queda

«No queda mucho», dice Ezequiel, mientras caminamos entre plantíos de palma y potreros. Vamos buscando la laguna de Jaloa: el corazón de lo que era el humedal. Mientras andamos recuerdo lo que dijo una luchadora ambiental de la zona, a quien llamaremos Jacinta para proteger su identidad: «Aquí se sobrevive de la pesca y del poco turismo que entra… con los pesticidas que utilizan para la palma se mueren los peces, ya las lagunas se han secado y la gente no tiene dónde pescar».

Uno de los problemas más grandes, dice el estudio sobre justicia climática de 2017 en Honduras, es que los recursos naturales y el medio ambiente se ven como mercancías y esto aparece de una manera muy generalizada en la política pública medio ambiental. La influencia de los Estados Unidos y su visión mercantilista de los recursos y el medio ambiente, dice el informe, está presente en la «Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022», elaborado por el Estado hondureño, y que es «una clonación» del documento Desarrollo Territorial Sostenible, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y financiado por USAID.

Al final, lo que era el Panaco y los humedales de Cuyamel quedaron llenos de palma, incluida una parte de la laguna de Jaloa.

Seguimos caminando con Ezequiel, pisamos suelos pantanosos donde nos hundíamos y que eran parte de la laguna de Jaloa. Por fin llegamos a ella. Nos montamos en un cayuco y recorremos un pequeño tramo de lo que queda.

Las plantaciones de palma se convirtieron en las tumbas clandestinas de los humedales de Omoa y de una gran parte de su vegetación. Las marcas que delimitaban la antigua zona núcleo del parque todavía se encuentran en la zona; son las lápidas del Panaco, que recuerdan todo lo que solía vivir en él.

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Esta investigación fue realizada por miembros y colaboradores del Colectivo Linea 84, Periodismo Etnográfico y Acción Comunitaria en alianza en Honduras con ContraCorriente y apoyado en México por Avispa Midia.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Fondo Howard G Buffet para Mujeres Periodistas y Casa Colectiva/ Casa de Luz

^{* Este artículo es una adaptación del segundo de tres relatos del proyecto, Crónicas Neoliberales 2018-2022 del Colectivo Linea 84. Agradecemos principalmente al colaborador de investigación del Colectivo, Roberto Chávez, sin quien este trabajo, simplemente, no hubiera sido posible. Gracias por compartir tu valioso tiempo para esta investigación, estamos en deuda contigo. Para la Casa Colectiva para migrantes/ Casa de Luz, su apoyo de principio a fin ha sido fundamental, no hay forma de agradecer con palabras. El Colectivo agradece la paciencia, la ayuda, la hospitalidad y la bondad de todos los miembros de ContraCorriente, son un sendero en este camino por la justicia. Para los compañeros de Avispa Midia, su trabajo es un gran referente de lucha en este sistema cada vez más sombrío, gracias por todo su apoyo siempre constante, siempre presente.}

El protagonismo del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en temas internos como seguridad, migración y “desarrollo” persiste con más fuerza en México. La semana pasada, en una rueda de prensa, el embajador estadunidense y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunciaron un convenio para “regresar la paz” en esta entidad, “porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones”, dijo Salazar.

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La reunión se dio luego de la alerta de viaje a Zacatecas que emitió el gobierno de Estados Unidos. “De ambas partes hemos coincidido que a través de la cooperación logaremos que esta situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y, con ello, generar un mayor desarrollo económico”, señalo Monreal.

Salazar estuvo en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración Antidrogas (DEA), de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Las agencias también participaron de la reunión de trabajo, que ocurrió antes de la rueda de prensa.

Los organismos de seguridad de los Estados Unidos intervendrán en acciones como la dotación de equipo de alta tecnología, en la capacitación a policías y funcionarios locales de las áreas de seguridad pública, y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario y fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

Para ello, “el embajador ha planteado un plan de acción”, sostuvo el gobernador sin dar detalles de las acciones que se llevarán a cabo.

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La paz para los inversionistas

Uno de los objetivos del acuerdo es que Zacatecas se convierta en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México. “Contamos con una posición geográfica propicia para fortalecer la cadena de suministros en tiempos económicamente complejos”, mencionó Monreal.

La presencia del sector minero en las negociaciones fue subrayada por Salazar durante la rueda de prensa. Dijo que dicho sector tiene “interés” en fortalecer estas cadenas de suministros. “[Tienen interés en] la inversión que se pueda hacer aquí en Zacatecas. Eso será otro tema que seguiremos trabajando de forma muy cercana con el gobernador”.

El embajador mencionó que “afortunadamente tenemos el T-MEC [Tratado México-Estados Unidos-Canadá]”, que ofrece las condiciones “para crear la potencia más grande del mundo, aquí en Norteamérica”.

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“Ni modo que vamos a hacer un escándalo”

Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha pronunciado frente a otras intervenciones de Salazar, no dejó pasar la acción del embajador en los asuntos internos de México.

En la mañanera de este lunes (10), Obrador dijo que el acuerdo es inconstitucional. Según el mandatario, los Estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Lo que significa que, tanto Estados Unidos, como el gobernador zacatecano, están incurriendo en una ilegalidad según las leyes mexicanas.

Pero su tono amenizó la situación. “(…) Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de EEUU. No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento. Ni modo que vamos a hacer un escándalo. Este es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos”.

¿Qué sigue?

El embajador de Estados Unidos aclaró que “estaremos muy pronto en Washington D.C., para el diálogo de alto nivel de la seguridad”, donde se definirá la especificidad de las acciones en Zacatecas y los recursos que se utilizará.