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Prensa Comunitaria

Huehuetenango: hidroeléctrica que mintió sobre presencia de pueblos indígenas, ahora demanda al Estado

Por Luis Ovalle y Francisco Simón

La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y  Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café  Anacafé.

En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis  y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II

La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.

Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán

Entérese más aquí:

Las hidroeléctricas y el préstamo

Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.

Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.

San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos

San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.

La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.

Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.

De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.

Créditos: Francisco Simón Francisco
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Radio Kurruf

[Comunicado] Weichan Auka Mapu reivindica dos sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y Carahue

Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.

Wallmapu, 01 de diciembre.

«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.

El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.

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Avispa Midia

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

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Avispa Midia

Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

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La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones de México y del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

27 de noviembre de 2021.

                                                  

 

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

Atentamente

La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                           sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

ALERTA ANTE LA VIOLENTA OFENSIVA NEOLIBERAL DEL MAL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO (PRIMERA PARTE DE TRES)

A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

 

  1. Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas 

Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.

Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.

Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.

También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.

El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras

El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.

El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.

Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y  debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.

Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.

Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.

Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.

 

Atentamente

Noviembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de  Gobierno

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Camino Al Andar

Pronunciamiento del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN con relación al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación

Integrantes del Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN Llegó la Hora de los Pueblos, manifestamos nuestro rechazo al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de este año, ya que es un atropello al Estado de Derecho instaurado sobre la base de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Al hacer esto, el mencionado Acuerdo legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal. Lo mismo hace con las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos y zonas arqueológicas del patrimonio histórico de México. Por tanto, ese Acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, consignados en el artículo segundo Constitucional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios.

Se trata de una des-regulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual. Por lo tanto, desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras. En ese mismo tenor, sopesamos con recelo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y en administraciones federales futuras.

Por lo anterior, presentamos el 26 de noviembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una solicitud para que active los mecanismos legales que resulten procedentes con relación a dicho Acuerdo y las implicaciones que conlleva.
 
 Atentamente
 Llegó la Hora de los Pueblos
 Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN
 
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Prensa Comunitaria

Detrás del caso de Nanci Sinto podría haber una estrategia del MP para callar a voces opositoras

Créditos: Nanci Sinto, activista maya kaqchikel fue detenida señalada del daño al patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Tiempo de lectura: 7 minutos
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes.
Por Regina Pérez

Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.

La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.

El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.

El pintor Juan Francisco Monroy y la activista Nanci Sinto fueron ligados a proceso. Foto Regina Pérez

La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.

Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.

No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.

De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.

Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.

“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.

Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.

La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.

Rudy López, un manifestante mam fue detenido tras una manifestación el 12 de octubre señalado de dañar el patrimonio cultural. Foto Regina Pérez

Estrategia de silencio y mensaje de represión

El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.

También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.

Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.

Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.

La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.

Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.

La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.

Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.

Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.

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Objetivo es callar a la ciudadanía

Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.

Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.

Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.

Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.

Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.

En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.

A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.

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Estudio evidencia que ‘minería verde’ contamina lo mismo que la tradicional

Por Sare Frabes

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

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Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

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Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.

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[Video-Entrevista] Héctor Llaitul «Un pueblo oprimido tiene derecho a la violencia política para lograr su liberación nacional»

Recientemente Héctor LLaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco ha entregado declaraciones respecto del pensamiento y accionar político de la CAM. De qué manera llegan a abrazar la lucha armada como mecanismo de autodefensa frente al extractivismo y la violencia policial. Legitimado por el genocidio y despojo histórico por parte del Estado de chile hacia el pueblo mapuche. Declara:

«Ciertamente nosotros como organización autonomista, que luchamos bajo una propuesta muy clara de la cual hemos dado cuenta en todos nuestros planteamientos, en nuestras declaraciones, en nuestros comunicados, asumimos el componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que somos o nos sentimos un pueblo oprimido. En materias de territorialidad, en materia de autonomía, de soberanía. Por lo tanto, la violencia no la instalamos nosotros, está instalada desde el momento mismo que hay una ocupación a sangre y fuego, una ocupación político militar de parte de dos Estados en contra de nuestro pueblo.
Nosotros reivindicamos todo el contenido que nos han legado en sus aspectos valóricos, ideológicos, culturales para reconstruir. Y ahí está muy fuertemente esto de la plataforma que hablamos, del control territorial, para la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de las Futalmapu y finalmente la reconstrucción del Wallmapu. Entonces cuando nosotros hacemos referencia a esta línea de resistencia, hablamos de sabotaje por la necesidad concreta, histórica y en el terreno, de hacer frente a las políticas destructivas y de acorralamiento de las comunidades que son llevadas adelante por el sistema de propiedad usurpado, principalmente de la industria forestal, entonces hacemos una reivindicación y una legitimización de las acciones de resistencia en ese plano, con el sabotaje.
Nosotros sustentamos por ejemplo el ámbito miliciano o militar de acción acotado a un plano netamente de reconstrucción de nuestro Pueblo, es decir bajo una propuesta eminentemente política, y esto se hace circunscrito a un radio de reivindicación territorial, de reivindicación ideológica y cultural de nuestro pueblo, y no tiene que transitar en otro ámbito que se supone que podría entenderse como la supremacía de lo militar por sobre lo político.»

Héctor Llaitul, vocero CAM, noviembre de 2021.

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