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Autonomia y Resistencia

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Avispa Midia

Autoridades ambientales ignoran deterioro de humedales en Chiapas

Por Jeny Pascacio

Los humedales de montaña ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, albergan especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, endémicas, como el pez popoyote, y es el refugio de aves residentes y migratorias.

Ayudan a evitar inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y a purificarla, además son proveedores del 70% del agua potable que se distribuye a la población.

Pero en el Valle de Jovel la situación de los humedales La Kisst y María Eugenia es cada vez más crítica por el deterioro acelerado. En el Día Mundial de Los Humedales (2 de febrero), colectivos y ciudadanos recordaron la urgencia de proteger el 10% de los humedales que sobreviven a la mancha urbana.

Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, dijo que existe inconformidad por la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales correspondientes, “no hay resultados tangibles”.

Durante los años de lucha han notado que el tema no es prioridad ni para la Fiscalía, ni para la Procuraduría Ambiental, “pareciera que está archivado”.

La ciudad turística crece sin ninguna planeación municipal, mientras en diferentes lugares se anuncia la venta de terrenos, también sin control, algunos dentro de las áreas naturales protegidas. Aunado a ello, la Carta Urbana municipal no se actualiza desde 2015.

Sexenios lo permitieron

Las administraciones municipales, estatales y federales permitieron a lo largo de los años la compra, venta e invasiones de los humedales, a pesar de que en 2008 fueron declarados Áreas Verdes de Conservación, por el gobierno del estado.

En 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares, entre ellos, 19 son políticos, mencionó Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

La solicitud para conocer la historia traslativa de los terrenos ha sido negada. Incluso, los dueños de estos terrenos se ampararon ante el decreto de conservación, y los jueces los favorecieron.

Por la falta de respuesta en México, los ciudadanos recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.

La extensión de La Kisst es de 110 hectáreas y se ubica al sur poniente del Valle de Jovel, mientras Lagos de María Eugenia se ubica al sur y su polígono es de 115 hectáreas, pero no existe delimitación física.

A la fecha se interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Sistemática las agresiones armadas en Aldama, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de febrero de 2022

Boletín No. 03

Sistemática las agresiones armadas en Aldama

• El riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama continua.

La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3499 personas.

En el mes de enero de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak’tik 2, T’elemax, Tojtik, Telesecundaria de Santa Martha, Curva Tontik, Tok’oy, Tulan, Base de la Policía, Yaxaltik en Saclum y Slumka’,  mostrando una clara organización del grupo armado para llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los habitantes de las comunidades han reportado 28 ataques hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan. Esta situación ha llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café, impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para el sustento de sus familias.

A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos hechos no se repitan.

Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales  mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral. Por lo que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.

Hacemos un llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas efectivas de seguridad y culturalmente adecuadas, protegiendo la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, previniendo hechos de imposible reparación provocado por el grupo armado.

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Avispa Midia

Caso del preso político Fidencio Aldama está en momento decisivo

Por Jeny Pascacio

Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.

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Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.

El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.

Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.

En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.

En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.

Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.

La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.

La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.

Proceso penal

En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.

Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.

Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.

Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.

En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.

Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.

“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.

El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.

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Avispa Midia

A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Foto: Renata Bessi

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.

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Avispa Midia

Desplazamiento de 14 mil personas en Chiapas se mantiene en la impunidad

Por Jeny Pascacio

En portada: En febrero de 2018 se reportaron 750 personas en situación de desplazamiento forzado por las agresiones de un grupo armado contra las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, región de los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba

Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado que se convirtieron en un fenómeno histórico y de impunidad.

Entre los años del 2010 al 2021, la organización con sede en los Altos de Chiapas, documentó el desplazamiento forzado de 14, 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.

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Tan solo en el año 2019, México registró 28 episodios de desplazamiento interno masivo, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.

“Actos de desplazamientos vinculados al crimen organizado, que actúa con la aquiescencia del Estado y coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar el terror, y controlar a la población”, refiere el informe de Frayba.

Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió́ una recomendación, pero el Estado mexicano no ha cumplido en su aplicación.

La organización Sipaz (Servicio Internacional por la Paz) coincide con Frayba en que el panorama de esta entidad al sur de México, es parecido al que se vivió en los años 60, “en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido; pero más que el tiempo, la justicia”.

Otro conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de 5,000 personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la CNDH.

Sin datos oficiales

En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional. “No existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”, consideró la legislación en aquel momento.

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Sin embargo, a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.

Del total de la población de Chiapas en 2020, el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y de esta cifra, el 29% en condición de pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Más de un tercio de la población presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; 55,8% tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población, es decir 24,5%, tiene acceso a alimentación de calidad.

A estas condiciones, se suman los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren las poblaciones desplazadas por este evento traumático, equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, agrega Frayba.

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Avispa Midia

Comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana denuncia nuevos ataques

Por Sare Frabes

La comunidad autónoma San Lorenzo de Azqueltán, conformada por los pueblos Wixárika y Tepehuana, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció que los ataques a la comunidad continúan. Un policía de nombre Adán Bañuelos Herrera, junto con otros elementos de la policía municipal, sin motivo alguno, sustrajeron a golpes a dos miembros de la comunidad. A uno de ellos lo sacaron de su casa a golpes y amenazas.

Los dos miembros de la comunidad fueron llevados ilegalmente y fueron torturados incluso con descargas eléctricas, reclamándoles el haber movido alambres de los “invasores agrarios en diversas movilizaciones comunitarias o el acompañar al comisariado autónomo”, sostiene la comunidad en un comunicado, “fueron torturados por defender la tierra y no es la primera vez que atentan en nuestra contra”.

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De acuerdo con el comunicado, han sido afectados en su salud y presentan secuelas de la tortura. “Persiste la pretensión de los caciques de apoderarse de nuestro territorio ancestral, (…) policías municipales se han prestado para reprimir a nuestra comunidad cometiendo delitos graves como es la detención ilegal y tortura de comuneros, para amedrentar, aterrorizar y tratar así de detener la defensa de la tierra y la organización comunitaria”, afirman.

Histórico de agresiones

Los ataques a la comunidad autónoma han intensificado en los últimos años. El 11 de julio de 2020 hubo la detención ilegal y tortura de un comunero, de donde se derivó la carpeta de investigación 158/2020 y la causa penal 63/2020. “Grave violación a los derechos humanos que permanece en completa impunidad”, sostienen en el comunicado.

El día 5 de julio de 2020, atrás agredir a un comunero le dijo que “contaban con luz verde para matar a uno de Los Valles y uno o dos tepehuanos que andaban luchando por la tierra”.

El 22 de marzo de ese mismo año, apedrearon a dos comuneros de avanzada edad en la localidad de Izolta, como represalia por la organización comunitaria.

El día 30 de mayo de 2019 el mismo policía Adán Bañuelos Herrera agredió y amenazó de muerte a un comunero.

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Lucha por la tierra

Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.

Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.

“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.

El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.

Chávez explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.

En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.

Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.

De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.

En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.

Chávez sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.

En el comunicado, la comunidad autónoma sostiene que sus tierras no están a venta. “A nuestros padres y abuelos han ido despojando poco a poco y de repente los gobiernos dan escrituras a algunas invasiones, y les hace creer que así de fácil es arrebatar a el territorio con impunidad y violencia. Por eso los gobiernos se hacen cómplices de ladrones de terrenos, que cínicamente se dicen dueños de grandes superficies de nuestras tierras”.

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Avispa Midia

Guerrero: Grupo paramilitar ataca a comunidades nahuas

Por Ñaní Pinto

En portada: Movilización de integrantes del CIPOG-EZ en el marco del 12 de octubre del 2020.

El pasado domingo (30), el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció el ataque del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” contra los habitantes de las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, municipio de Chilapa, en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Según los testimonios, desde el amanecer del domingo se registraron disparos contra las tres comunidades nahuas. “Abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado”, señaló la organización indígena ante la inacción gubernamental.

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De acuerdo al CIPOG-EZ, estos ataques suceden en el contexto de la emisión, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de medidas cautelares para la protección de las comunidades.

El pasado 11 de diciembre de 2021, la CNDH llamó a la gobernadora del estado, así como a distintos funcionarios encargados de la seguridad, tanto fiscalía del estado así como a la Guardia Nacional, “para realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal,patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de las comunidades de Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOG-EZ”.

La CNDH consideró emitir dichas medidas debido a los antecedentes de emboscadas y agresiones, mediante el uso de armas de fuego, por parte del grupo armado “Los ardillos” en contra de las citadas comunidades.

Temor

La organización indígena también enfatizó el hecho de que en la versión oficial el gobierno no menciona la responsabilidad de las agresiones por parte del grupo de “Los Ardillos”.

“Vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar”, denunciaron.

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Además, también desmintieron las declaraciones de la secretaría de Seguridad Pública del estado, quien comunicó los sucesos como un enfrentamiento entre pobladores.

“Resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar ‘Los Ardillos’.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial”, declararon en comunicado difundido también por el Congreso Nacional Indígena.

Las recientes agresiones se suman a la desaparición, el pasado 25 de enero, de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos integrantes del CIPOG-EZ y quienes fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Atlixtac.

Los actos de violencia contra las comunidades ocurren a pesar de la existencia en las inmediaciones de personal de seguridad que integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Denuncia de la comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG por los ataques a las comunidades del CIPOG-EZ

Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación,
A la Sexta Nacional e Internacional.

 

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alerta que nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que desde el amanecer del domingo 30 de enero, estaban siendo atacados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos, cuyos sicarios abrieron fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco durante alrededor de 2 horas, sin que los gobiernos hicieran algo para detener el ataque a las comunidades miembros del CIPOG-EZ.

Los cuerpos de seguridad y castrenses del gobierno, teniendo la capacidad de repeler los ataques, particularmente el Centro de Operaciones Mixtas ubicado en la comunidad de Tula, no protegieron a la comunidad, sino que permitieron que los paramilitares atentaran contra la vida de las y los compañer@s; siendo los gobiernos en todos sus niveles, cómplices también de la desaparición forzada de los compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez a manos de la policía municipal de Atlixtac el pasado 25 de enero.

Denunciamos la impunidad y corrupción con la que el grupo delictivo Los Rojos mantienen una guerra en contra las comunidades que luchan y se organizan en el CIPOG- EZ, para defender, con autonomía, la paz y su territorio indígena.

Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de la integridad de l@s compañer@s del Conejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, así como de cualquier nueva agresión a las comunidades que lo integran.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias y medios de comunicación libres, para estar atentos ante nuevos ataques narco paramilitares.

 

Atentamente
Febrero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Comunicado de nuestro compañero Marcelino Ruiz, preso en lucha, exigiendo la libertad del compañero Fidencio Aldama

CERSS No 10 Comitán, Chiapas, México.

31/1/2022

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Como presos tzotziles en lucha y como hermanas y hermanos y compañeros y compañeros del mismo caminar y sentir nos solidarizamos con el compañero Fidencio Aldama para exigir su libertad ya que sabemos que estos 5 años separado de su familia al estar en privado de su libertad pagando un delito prefabricado lo difícil que ha sido.

Sabemos lo difícil que ha sido para el y su familia pero sepan que siempre los acompañaremos con nuestros corazones sabemos que su digna lucha es por la justicia y por la vida por nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas.

Es por eso que sepan que su lucha es nuestra lucha y no están solos compartimos sus sentimientos su resistencia, su rebeldía y su sed de justicia. Somos uno contigo compañero Fidencio, desde estas cuatro paredes de esta prisión te enviamos un saludo combativo.

Con nuestra voz invitamos a las organizaciones independientes y colectivos a seguir tejiendo lazos de justicia y seguir sembrando semillas de dignidad rebeldía en contra de este sistema corrupto y opresor.

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Justicia para Samir!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Libertad para Fidencio Aldama!

¡Justicia para todxs lxs oprimidxs!

Organización Vineketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

radio
Colectivos e individuos Oulu, Finlandia

Con la comunidad Zapatista de Nuevo San Gregorio desde Finlandia

Una pequeña muestra de solidaridad desde la ciudad de Oulu, Finlandia, en donde se reunieron diferentes colectividades e individualidades para expresar su total enojo y digna rabia en contra de las constantes agresión de los grupos paramilitares hacia las comunidades autónomas Zapatistas.

Nos solidarizamos con los pueblos Zapatistas desde el Norte de Slumil K’ajxemk’op (Europa insumisa) y desde abajo a la izquierda abrazamos sus resistencias, sus dolores y luchas.

Exigimos al mal gobierno de México que detenga los ataques a las comunidades autónomas, rebeldes que construyen otra realidad día a día. Durante los encuentros de escucha y palabra celebrados durante la travesía por la vida nos enseñaron a caminar en unidad, con respeto, y coraje, construyendo poco a poco un frente común y resistiendo encontra del capitalismo voraz.

¡Viva el EZLN!

Colectivos e Individuos

Oulu, FInlandia

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