Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Conferencia de prensa realizada en la capital de Chiapas para denunciar las irregularidades en el proceso penal contra las BAEZLN.} 

José Díaz Gómez, indígena ch’ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), ha sido privado de su libertad acusado por robo ejecutado con violencia. Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala que Díaz, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS 17), “El Bambú”, municipio de Catazajá, norte de Chiapas,  es víctima de criminalización ante un delito que no se ha podido comprobar.

Frayba ha documentado que, en la detención de José Díaz, elementos de la policía adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas cometieron violaciones a sus derechos humanos, ejecutando una detención ilegal y arbitraria, además de incurrir en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.

Por ello, exige al Estado mexicano la liberación inmediata del BAEZLN quien está por cumplir un año y nueve meses de reclusión sin contar con sentencia. Apenas el pasado 8 de julio finalizó el proceso de desahogo de pruebas, con lo cual se programó para el próximo 6 de agosto la audiencia que precederá el pronunciamiento de la sentencia. 

“Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Estos detalles evidencian una investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial”, aseveró el Frayba mediante comunicado difundido en conferencia de prensa realizada este lunes (29) en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.

Jorge Luis López, abogado del equipo regional zona norte del Frayba, detalló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son cuatro, “y ninguna de ellas vincula directamente la responsabilidad a José; esperaríamos que el juez dicte una sentencia de absolución”.

Ciudad de México 26 de julio de 2024

Señor Presidente, quienes abajo firmamos, padres y madres de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, nos dirigimos a usted respetuosamente para dejar constancia escrita de nuestra respuesta al reporte del 8 de julio de 2024, publicado hace unos días.

Aunque el documento no nos fue entregado personalmente en nuestro domicilio, como se había anunciado, sino en un proceso poco cuidadoso, al punto de que muchas familias no recibieron su correspondiente copia, ya todos y todas hemos podido conocer el documento, al menos en la versión que se publicó el sábado 20 de julio en el periódico La Jornada.

Después de revisar el reporte y analizar su contenido junto con nuestro equipo de asesores queremos compartir nuestras valoraciones, junto con las razones y pruebas que lo sustentan.

Somos los primeros en reconocer que al inicio de su Gobierno, su voluntad de reabrir la investigación en el caso de nuestros hijos se tradujo en avances que no se habían logrado sin su voluntad. Sin embargo, nuestra exigencia principal de saber qué pasó con nuestros hijos mediante el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y la sanción a todos los responsables no ha sido aún satisfecha.

Como padres y madres esto nos causa dolor y sufrimiento en esta tortura de no saber sobre nuestros hijos, lo que nos ha impulsado a seguir movilizándonos para exigir la verdad y justicia, y siempre lo hemos hecho con dignidad: un caso de desaparición forzada no puede considerarse resuelto mientras no se esclarezca el paradero de los desaparecidos.

Nunca ha sido nuestro interés señalar al Ejército para debilitarlo como institución, ni para servir a intereses ajenos a nuestra única prioridad, que es saber qué pasó con nuestros hijos. Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tiene que ver con la propia investigación, pues en esta aparición poco a poco preguntan sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos.

Antes de los hechos, porque se acreditó la infiltración ilegal en la escuela normal Raúl Isidro Burgos y los vínculos militares con las organizaciones delictivas en Iguala.

Durante los hechos, porque esa noche los militares presenciaron completamente la desaparición de nuestros hijos y luego lo ocultaron de modo sospechoso en sus declaraciones iniciales.

Y después de los hechos, porque la Sedena actuó y actúa con opacidad frente a la investigación, al no entregar toda la información, pese a que así instruyó desde el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018.

Además, la indagatoria arrojó al menos otros dos elementos adicionales que pensamos son relevantes: el dicho de los testigos protegidos que hablan de una posible participación activa en la desaparición y los mensajes de teléfono de celular que gracias a sus gestiones se recuperaron de los Estados Unidos, que muestran cómo los militares tenían vínculos con los criminales.

Frente a esos hechos lo único que hemos pedido es que esta línea de investigación se agote y que se actúe en consecuencia.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

¡Exigimos del Estado y del gobierno mexicano la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

El gobierno mexicano este 20 de julio de 2024 difundió el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador había entregado a las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, México). En dicho documento el presidente destacaba que no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de los integrantes del ejército en el crimen de Iguala. De nueva cuenta, López Obrador trató de desviar la atención hacia la actuación de quienes habían “conducido las exigencias” de justicia. Repitió que esperaba cumplir el compromiso de encontrar a los normalistas y saber “con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”. Dicho documento fue la elaboración desde la cúpula del poder de una nueva “mentira histórica”.

Conocedores del caso llamaron la atención de que el reporte presidencial sobre Ayotzinapa había eludido la verdad y la justicia, con falsas justificaciones y con acusaciones sin pruebas de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos estudiaron ese documento con detenimiento y cuando tuvieron consenso difundieron su respuesta. Lo primero que le señalaron es que lo habían encontrado muy confuso, repleto de inconsistencias, con varias descalificaciones, no sólo contra sus abogados, sino también contra defensores de derechos humanos, culpabilizándolos de enredar el caso Ayotzinapa para lavarle la cara al ejército y ocultar la responsabilidad de encumbrados personajes. Le reclamaron que desde su silla presidencial, sin fundamento real, intentaba darles un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. Lo encararon y le dijeron que les había mentido, engañado y traicionado. No sólo les estaba fallando a ellos, sino a todo el pueblo de México y a la comunidad internacional solidarizada, los cuales también ingenuamente le había creído en algún momento que resolvería este doloroso caso.

Las madres y padres de Ayotzinapa insistieron en que no se podía justificar lo injustificable. Había numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalaban que ese día el ejército estuvo en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de sus hijos. Eso era una verdad irrefutable. Les sorprendía que el presidente quisiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas quien había corroborado la participación activa del ejército al igual que lo había hecho el  Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes  (GIEI). Entendían que el reporte que les había entregado carecía de una validez jurídica, pues López Obrador no era ministerio público ni nunca había sido investigador del caso. Sólo les compartía sus conjeturas, las cuales estaban muy alejadas de la verdad. Le recordaron que la víctima no era el presidente, sino ellas y ellos que habían perdido hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se habían incrementado como nunca en la historia de México, así como el alza de la delincuencia organizada.

A casi diez años de lucha, no habían dejado ni un sólo día de exigir la aparición con vida de sus hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros. Le señalaron que a él la historia lo juzgaría y se encargaría de poner a cada quien en el lugar que merecía, pues la verdad siempre era implacable. Le recordaron que su lucha no termina, que no perdonan, ni olvidan y volvieron a denunciar que el Estado es el culpable.

PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!

GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

Descarga el Pronunciamiento en PDF(219.84 KB)

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA