^{En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales}

Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.

Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.

Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.

Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.

Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.

Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.

El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.

En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.

Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.

Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.

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En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.

La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.

La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.

A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.

Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?

Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.

Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.

Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.

Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.

Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.

AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?

RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.

Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.

Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.

Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.

Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.

AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad? 

RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.

A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.

Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.

A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.

Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?

Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.

En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?

JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.

Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.

Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.

AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?

JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.

AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?

JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.

Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.

AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?

JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.

Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.

Terrible incendio devora sin piedad la riqueza natural de la región del pueblo Chontal, en Oaxaca, al sur de México. El pasado 11 de abril, el fuego comenzó a incinerar todo a su paso. Hasta el momento ha devastado más de 15 mil hectáreas de bosque, dejando a su paso un rastro de desolación y desesperación por parte de las comunidades ante la incapacidad de respuesta para apagar el fuego. Llaman urgentemente a que intervengan las autoridades estatales y federales.

La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C., han hecho un llamado urgente de auxilio y exigencia de acción inmediata a nivel federal y estatal.

También a los titulares de las comisiones forestales a nivel nacional y estatal, a quienes exigen su intervención sin demora para enviar apoyo aéreo y terrestre a combatir y sofocar el devastador incendio que avanza rápidamente en la sierra sur de esta entidad.

El abogado chontal Abel Sánchez Martínez, con angustia comparte en entrevista que, tras la falta de atención de las autoridades competentes, “el fuego ha avanzado implacablemente desde el pasado 11 de abril”. Destacó que, pese haber reportado el incendio desde sus primeros indicios, “la respuesta inicial fue insuficiente, y el fuego se propagó sin control”.

Al menos ocho comunidades chontales se encuentran en medio del incendio, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec; San Miguel del Puerto y Santa María Ecatepec. Hombres y mujeres comuneras, junto a ciudadanos de estas comunidades han estado luchando incansablemente durante cuatro días contra el avance del fuego. Sin embargo, sus esfuerzos se ven eclipsados por la magnitud del desastre, que amenaza con consumir no solo tierras y bosques, sino también la vida misma de estas comunidades.

El abogado Sánchez, agrega que, “el domingo pasado, miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coespo) llegaron a la zona afectada en un intento por contener la catástrofe. Sin embargo, la magnitud del incendio ya era inmanejable. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 30 o 40 personas, el fuego seguía avanzando, poniendo en riesgo a poblaciones enteras como San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec y Santa María Zapotitlán”.

Los informes revelan la magnitud de la devastación. En San Pedro Sosoltepec, se estima que más de 7 mil hectáreas, casi la totalidad de su territorio, han sido devastadas por las llamas. Mientras tanto, en San Pedro Tepalcatepec, se han perdido más de 2 mil hectáreas; en San Pablo Topiltepec, más de 3 mil hectáreas; y en San José Chiltepec, se reportan aproximadamente tres hectáreas absorbidas por el fuego. Las cifras, aunque alarmantes, apenas comienzan a capturar la magnitud del desastre.

Con más de 3 mil 500 habitantes en alto riesgo, la situación es urgente y desesperada. Sin embargo, las autoridades competentes han permanecido inexplicablemente inactivas, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de auxilio de las autoridades de Bienes Comunales de las comunidades afectadas.

En este panorama, las demandas de estas comunidades son contundentes. Ante el “flagrante” desprecio de las autoridades por su omisión, exigen una respuesta inmediata y coordinada, por vías aéreas y terrestres, para combatir el incendio y brindar asistencia a las poblaciones chontales.

“Demandamos un compromiso firme y sostenido de las autoridades para abordar los daños irreparables causados a estas comunidades, su territorio y su patrimonio natural y cultural”, sostuvieron.

Mientras el reloj sigue avanzando, cada minuto es implacable con el aumento en el riesgo del costo humano y ambiental de esta tragedia. La respuesta de las autoridades no puede esperar. “La situación es crítica. Las comunidades en riesgo, como San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria y Guadalupe Victoria, están en alerta máxima, coordinando esfuerzos para protegerse del avance de las llamas. En San Pedro Sosoltepec, casi la totalidad del territorio ha sido consumida por el fuego, mientras que, en otras áreas, como San José Chiltepec, la situación es igualmente alarmante. No podemos esperar más”, alerta el abogado.

^{En portada: Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F}

El Tren Maya es la pieza más relevante del proyecto de reordenamiento territorial llevado a cabo en la Península de Yucatán, sureste de México, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y será el motor del aumento del consumo eléctrico en la región, señala el Colectivo Geocomunes en la investigación Reestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y sureste de México.

Según las estimaciones del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2022-2037), la región es la que tendrá el mayor incremento en su consumo eléctrico en los próximos 15 años (60% acumulado), pasando de 15,397 GWh a 24,368 (GWh).

El tren será electrificado en el tramo de 690 km entre Mérida y Chetumal que representa el 44% de la ruta completa; lo demás será un tren híbrido alimentado por diésel y electricidad. Para energizar este ferrocarril se han anunciado 53 obras de infraestructura eléctrica que corresponden a 43 nuevas subestaciones eléctricas y 10 nuevas líneas de trasmisión de media tensión, con un total de 556 km.

El Proyecto Tren Maya

El proyecto del Tren Maya consiste en la modernización y ampliación de alrededor de 550 km de las vías férreas existentes (desde Palenque a Valladolid), la construcción de alrededor de mil kilómetros de una nueva vía (Valladolid-Cancún-Riviera Maya-Chetumal-Escárcega), y en el desarrollo de 21 estaciones ferroviarias y 13 paraderos.

Con el proyecto se prevé la expansión de complejos industrial-extractivos de gran consumo energético y de agua. Como ejemplo, el estudio menciona la empresa cervecera Heineken, la cual en septiembre del 2023 anunció la construcción de lo que será su octava fábrica cervecera en México, a ubicarse en el municipio de Kanasín, Yucatán, y que moverá sus insumos y productos por medio del Tren Maya y del puerto Progreso.

Además, el proyecto fomentará la expansión turística e inmobiliaria en la región. De un lado, señala el estudio, ofrecerá nueva infraestructura de transporte – tren y nuevos aeropuertos en Tulum y Mérida – que movilizará mayores cantidades de turistas a polos actualmente saturados como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mérida. Por otro lado, permitirá la expansión del turismo de masa y de los proyectos inmobiliarios asociados hacia nuevos territorios, tal como está ocurriendo con Bacalar y Valladolid donde se está desarrollando el nuevo proyecto del grupo Xcaret, y hacia la zona de Calakmul.

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Hoy, la mayor parte del consumo de energía en la península ya es destinada a ciudades turísticas. Tan sólo los seis municipios que concentran el turismo en Quintana Roo – Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Islas Mujeres y Cozumel – demandaron en 2022 el 45% del total de electricidad consumida en los 128 municipios que conforman la península.

GeoComunes alerta en su investigación que los altos consumos de electricidad dentro de los polos turísticos y las grandes urbes provocan una desigualdad en el acceso a la electricidad.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 había todavía 14,270 viviendas sin acceso a la electricidad en la península, principalmente concentradas en los estados de Quintana Roo (42%) y Yucatán (34%). “Si bien estas poco más de 14 mil viviendas representan apenas el 1% de las existentes en la Península, su ubicación muestra que esta falta de acceso surge dentro de los municipios de mayor consumo”.

Energía en expansión

La mayor parte de la capacidad eléctrica actual de la península está sostenida por centrales que funcionan con combustibles fósiles, de acuerdo al estudio de GeoComunes. Estas centrales representan el 80% de la capacidad instalada, mientras que el resto de la capacidad corresponde a cuatro centrales fotovoltaicas y tres eólicas, ubicadas principalmente en el estado de Yucatán.

En la Península de Yucatán existen 42 centrales eléctricas en operación que suman una capacidad de generación de 2,933 MW, repartida principalmente entre los estados de Yucatán (1,842 MW) y Campeche (732 MW), mientras que Quintana Roo concentra apenas el 12% de toda la capacidad instalada en la península (359 MW).

Para la expansión de esta producción, en Yucatán existen cuatro centrales en construcción. Con estas nuevas centrales se estará incrementando la capacidad instalada de la región hasta los 5,511 MW.

GeoComunes mapeó otras 22 centrales en proyecto que ya cuentan con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que, de construirse, agregarían un total de 1,923 MW97 de capacidad. Existen otros 12 proyectos de centrales, pero que aún no obtienen los permisos de la CRE, aunque ya cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada o en evaluación. De construirse estas 12 centrales agregarían otros 1,465 MW de capacidad.

En su conjunto, la mayoría de estas 34 centrales proyectadas pretenden construirse en el estado de Yucatán (19 centrales), la entidad que concentra el 46% de la capacidad en proyecto, mientras que el 41% restante está en Campeche y apenas el 13% en Quintana Roo. En términos de la tecnología, las 34 centrales proyectadas se reparten entre dos tecnologías: eólicos (1,627 MW) y fotovoltaicas (1,761 MW).

Además, está la construcción de nuevos gasoductos para abastecer las nuevas centrales eléctricas, las zonas hoteleras y posiblemente las exportaciones marítimas de hidrocarburos.

“No cabe duda de que es un reordenamiento territorial que facilitará una nueva expansión de los capitales turísticos, inmobiliarios y agroindustriales, que desde décadas han generado graves procesos de despojo, especulación y privatización de tierras ejidales y comunales, mercantilización y consumo de bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad, cultura maya, etc.) y aumento de la militarización y la violencia”, señala el colectivo en su estudio.

La investigación Reestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y Sureste de México, realizada por el Colectivo GeoComunes, también mapeó la reestructuración energética en el Noroeste de México y en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Veracruz y Oaxaca.