México
Juez ordena a militares la preservación de archivos sobre “Guerra Sucia”
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.
Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.
Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.
La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.
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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
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CHIAPAS, MICHOACÁN Y TLAXCALA SON MÉXICO | Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la vida sobre los ataques a defensores del territorio por parte del Narco–Estado
LA AUTONOMÍA ES LA VIDA, LA SUMISIÓN ES LA MUERTE
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al CCRI-CG del EZLN
Gobierno Autónomo Local, GAL
Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, CGAZ
Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
Al CNI-CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez
A a la Sexta nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos independientes
A la sociedad consciente, que resiste, lucha y se organiza.
A la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A las redes de resistencia y rebeldía nacional e internacional.
A los pueblos de México y el mundo
A la Europa insumisa digna y rebelde
Herman@s tod@s
El Estado Mexicano es omiso en su responsabilidad jurídica, respecto a la protección y seguridad, en materia de Derechos Humanos de l@s defensor@s del agua, la tierra, el territorio y la Madre Tierra, conforme a los Convenios Internacionales que ha suscrito.
La violencia estructural, sistemática y generalizada que se impone en todo el territorio nacional, se ampara en el “desarrollismo y la transformación de Cuarta”, que sólo justifican la militarización y su complicidad con el crimen organizado, quienes solo siembran muerte y destrucción en nuestras comunidades que se oponen al despojo no solo de la Madre Tierra sino de la vida.
Como ejemplo, baste señalar que el Estado Mexicano, no prevé y no protege, los derechos humanos y colectivos de quienes se atreven a oponerse a los megaproyectos de muerte, como se viene denunciando en diferentes comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, el Estado Mexicano es quien violenta sistemáticamente:
La desaparición de los comuneros y defensores del territorio y bosques así como de los derechos de las comunidades indígenas en Santa Cruz Tanaco, Michoacán, José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de quiénes desde el 2 de enero del presente año no se sabe de su paradero.
La ejecución extrajudicial de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano sin verdad, y mucho menos justicia, quienes realizaban la función de vigilancia y protección del territorio comunal ya que desde hace algunos años el llamado CJNG ha intentado invadir y controlar a la comunidad indígena Autónoma de Santa María Ostula.