Despojo de territorios, contaminación, crimen organizado, hidroeléctricas, extracción minera y de hidrocarburos son las constantes denuncias de los pueblos originarios al paso de la Caravana por el Agua y la Vida, a dos semanas de haber iniciado su travesía por nueve entidades mexicanas.

El pasado 22 de marzo, organizaciones convocadas por Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, a propósito del aniversario de la toma de la sede de la empresa Bonfont en Puebla, partieron de la comunidad Juan C. Bonilla y, respetando el itinerario, continuaron con actividades en el Mercado Hidalgo, Calpan, Atlixco, Ahuacatlán, Ocotepec, en Puebla.

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Durante las dos primeras semanas también visitaron Apizaco, Tlaxcala; Actopan, Puerto de Veracruz y Santa Marta, en Veracruz. Aunque hubo alertas del cuerpo de seguridad este fin de semana (2 y 3 de abril) las organizaciones realizaron las actividades previstas en Chilapa de Álvarez y Alcozacán, Guerrero, sin incidentes.

El domingo llegaron a Milpa Alta en la Ciudad de México y el lunes (4) compartieron un mitin con el Campamento Triqui y a las afueras de Okupa Chiapas.

En el trayecto participan en acciones como mítines, marchas, foros, asambleas, conversatorios, eventos culturales que organizan los grupos en cada destino.

“En los diferentes puntos que hemos recorrido los compañeros denuncian la contaminación que hay en los territorios, la violencia que se desata por parte del mismo Estado y las empresas”, señaló Camilo, integrante de la caravana, en entrevista con Avispa Midia.

Resistencia 

La primera denuncia de la caravana tiene contexto en la comunidad Juan C. Bonilla, en la zona cholulteca, con la extracción masiva de agua por parte de los corredores industriales y embotelladoras (Danone) que provocaron consecuencias, como el socavón de 50 metros de profundidad y 126 metros en su eje mayor, que apareció el 29 de mayo de 2021. Según estudios del Instituto Politécnico Nacional, fue ocasionado por extracción masiva de agua.

A su paso por Xoxtla y en Tlaltenango, la queja se causó contra las industrias Ternium; una fundidora de hierro que “genera montañas de desperdicio” de armex, de varillas, de latas, “que no les funcionan y son montañas a cielo abierto que han contaminado ya todo el aire de la región”, explicó Camilo.

En el mismo estado de Puebla, con el problema de basureros en San Juan Tautla, hicieron visibles la contaminación por los líquidos que se filtran al subsuelo que dañan los mantos acuíferos y el aire. Mientras en la sierra norte denunciaron los proyectos mineros.

La privatización del agua, extracción de hidrocarburos, delincuencia y crimen organizado, de nueva cuenta, fueron los temas centrales de las acciones en Veracruz.

Por ello, Camilo reiteró la importante labor de la Caravana en visibilizar las batallas, para organizarse como pueblos y trabajar en colectivo con el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

Alerta

El sábado 2 de abril, el portal del CNI publicó un reporte de la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios «Los Ardillos» en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido en Guerrero.

El CNI reiteró que el movimiento es pacífico y repudió las prácticas de guerra en contra de los pueblos, “hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier atentado en contra de la Caravana y de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, se lee en la información.

Camilo dijo que en la marcha se incorporan más organizaciones como Sol Rojo de Oaxaca, la Red de Resistencias y Rebeldías de Veracruz, Euskadi de Tlaxcala, medios de comunicación y una delegación de Francia y Alemania.

Los que faltan 

Este 5 de abril la caravana cumplió 15 días de haber iniciado su trayecto para fortalecer la defensa de los territorios con un llamado reiterado a la conciencia, como lo expresó en su mensaje María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, también conocida como Marichuy.

“Los megaproyectos se aprovechan de lo que da la vida en nuestras comunidades”, dijo en el mitin realizado a las afueras de Casa Okupa Chiapas en la Ciudad de México, en el que hizo llamado para unificar luchas y construir “algo más fuerte”.

En la misma ciudad, la caravana visitó el plantón de mujeres Mazatecas por la Libertad de siete indígenas, presos políticos de Eloxochitlán, que mantienen frente al Consejo de la Judicatura Federal, ante la omisión del gobierno de Oaxaca.

“Hoy hacemos uso de nuestra autonomía a nuestra libre determinación. Los pueblos seguimos resistiendo. Mientras ustedes permanecen sordos nosotros seguiremos luchando”, se escuchó en las participaciones.

También acudieron a Ciudad Universitaria y a las instalaciones de Conagua, “es la culpable de la sequía en nuestros pueblos … la declaramos culpable de las muertes que provoca en nuestros pueblos, le decimos a Conagua que el agua no se vende, se ama y se defiende”, se escuchó al unísono.

El 6 de abril continuarán en actividades en el plantón en la Preparatoria Benito Juárez de Iztapalapa; el 7 estarán en Calixtlahuaca en el Estado de México y regresan a Xochimilco en la Ciudad de México para participar al día siguiente (8) en el Encuentro Internacional en defensa de la Madre Tierra con la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”; y con la comunidad Otomí.

El 9 de abril planean llegar a Querétaro donde serán recibidos por el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán de Amecalco. Un día después vuelven a la Ciudad de México para una movilización por el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El 11 de abril está calendarizado en Asurco y Huexca, Morelos; y el 12 en Amilcingo y Tetlama, en la misma entidad.

Del 13 al 16 de abril las actividades serán con organizaciones internacionales en reuniones por plataformas digitales. El 17 y 18 estarán en Tehuacán y Chila de las flores, respectivamente; para después viajar a Santa Rosa, el 20 de abril a 4 Venados, el 21 a Yerba Santa y el 22 al Istmo de Tehuantepec. La caravana concluye en Cuentepec el 23 y 24 abril con la Primera Asamblea del Pueblo Nahum de Morelia.

“Falta Querétaro, Estado de México y Oaxaca para concluir en Morelos donde se realizará un decreto comunitario de los Pueblos Nahuas de Morelos: es sobre la minería, se nos quiere imponer un proyecto de muerte pasando por los derechos indígenas de los compañeros de las comunidades de Tetlama y Cuentepec y de lo que se va sumando”, dijo un morelense integrante de la caravana.

El decreto es con base en la ley de los pueblos y la libre determinación que tenemos las comunidades originarias “para decidir qué es lo que queremos o no, en nuestro territorio”.

Al finalizar la caravana, las organizaciones trabajarán un informe sobre la documentación realizada en la ruta por los nueve estado de México, “para acordar lo que sigue”, precisó Camilo.

La crisis actual por el aumento en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales que impacta en el precio final, señaló la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.

En la actualidad, la tonelada de maíz se encuentra en 8,500 pesos, 20 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, cuando registró un costo de 6,900; es decir, 345 pesos por bulto de 50 kilos.

Mediante comunicado, la Campaña Nacional hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano. Destacó que difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica del país y de la soberanía alimentaria.

Liberalización

Entre 1988 y 1998 se liberalizó el sistema-producto maíz que estaba regulado por la intervención de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) a la compra y a la distribución bajo forma de tortillas con subsidio generalizado.

Malin Jönsson, coordinadora de la organización Semillas de Vida de la Campaña Nacional, explicó que en esa década se retiró el involucramiento del Estado en el comercio y distribución de alimentos. “Entonces el precio pagado a los productores es una cosa, pero el precio a los consumidores es otra y ninguno de los dos tiene subsidio y se supone que está controlado por el precio en el mercado internacional”.

Pero los costos están directamente relacionados con el precio en la Bolsa de Chicago que empieza a comprar contratos futuros de los alimentos básicos como el maíz y el trigo, y eso contribuye al incremento del precio en México y afecta de manera directa a los consumidores.

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Jönsson abundó que, en teoría, los números son vigilados, pero se aprovechan del contexto del conflicto bélico en Europa para subir costos pensando en un desabasto. No obstante, “no hay un desabasto de alimentos, realmente se está produciendo suficiente maíz para el consumo humano y no es necesario incrementar el precio”.

México produce suficiente maíz blanco para abastecer 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal. Mientras, al año se cosechan 24 millones de toneladas de maíz blanco.

El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada “que no merecemos las y los mexicanos”.

Maíces nativos

Para Semillas de Vida es muy importante la producción de los maíces nativos que necesitan subsidios con apoyos directos a la producción de la diversidad de los alimentos del país para hacerle frente a los verdaderos efectos económicos y alimentarios de las guerras.

En este contexto, es importante que el Estado tome un papel mayor en la producción, de lo contrario seguirá la fluctuación de los precios que no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, sólo a los intermediarios se quedan con esa ganancia y se pone en riesgo la soberanía alimentaria.

En abril de 2020 se promulgó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, pero a la fecha el reglamento no ha sido presentado, aunque existe la propuesta de crear un Consejo Nacional de Maíz Nativo donde se van involucrar diversos actores de las dependencias federales estatales, pueblos originarios, además de la sociedad civil.

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“Porque algunos actores no tienen la visión de la soberanía alimentaria, sino de dejar entrar a las grandes corporaciones, convencidos de que necesitamos ese apoyo”, lamentó Jönsson. Para la organización es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.

Consumo a la baja

En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Ahora, el maíz supera precios jamás vistos y el mercado de abasto es incierto.

La tortilla es el principal alimento de los mexicanos y proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.

Además, privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable, declaró la organización quien resiste la privatización de la semilla y que hace hincapié en la elaboración de tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, “es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional”.

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La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País señala la urgencia de que el país produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación, “es una meta que se puede alcanzar”.

En un documento hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano.

“No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad”.

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.

A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.

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El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios –  Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá  -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.

En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.

En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.

En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.

Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.

Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.

“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.

Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.

Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.

Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.

“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.

Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.

Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.

Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.

“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.

Denuncias

El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.

Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.

“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.

En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.

Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.

En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.

Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.

“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.

La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.

La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.

Más allá

En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.

Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.

La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.

Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.

En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.

En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.

El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.