^{En portada: En su caminata, l@s migrantes solicitaron a las autoridades que los dejaran avanzar. Foto: Cuartoscuro}

El pasado sábado (28), un millar de migrantes procedentes de Haití que se desplazaban en los municipios de la región del Soconusco, en Chiapas, fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional y elementos del el Instituto Nacional de Migración (INM).

L@s migrantes tomaron la decisión de salir de la ciudad fronteriza de Tapachula luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha pospuesto su proceso de solicitud de asilo, un trámite que usualmente demora hasta tres meses, el cual se ha prolongado por mas de un año. Ello, sumado a las malas condiciones en que se encuentran los centros migratorios del lugar, forzaron a l@s migrantes a abandonar el lugar.

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Es de resaltar que, durante las semanas y meses previos, l@s migrantes han expresado su malestar al exterior de las oficinas del INM, en un intento de acelerar el tramite de asilo, sin que las autoridades hubieran respondido. Por ello fue el sábado, que reunid@s en caravana, mil migrantes, todos con la solicitud de asilo en proceso, emprendieron el camino para buscar alcanzar otras ciudades mexicanas en donde obtener una fuente de empleo.

Tras avanzar aproximadamente 30 kilómetros, fue en los alrededores del municipio de Huehuetán donde elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano y del INM realizaron un operativo para intentar frenar el avance de la caravana.

Mediante testimonios en redes sociales se aprecia el uso de la fuerza de parte de los funcionarios de migración y de los cuerpos de seguridad para bloquear el paso de l@s migrantes. Así, un aproximado de 300 fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria ubicada en Tapachula. Quienes lograron sortear el cerco avanzaron hasta la ciudad de Huixtla, donde descansaron en espera de mantener su avance.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano (COMDHSM) señalo que la misma COMAR dilata los procesos de solicitud de asilo, pues por ejemplo, ahora se encuentra otorgando citas para iniciar el trámite hasta principios de enero de próximo año. También, el COMDHSM ha documentado un uso de fuerza desmedido contra las personas migrantes. Es por eso que exige al Estado mexicano poner un alto a la violencia por parte de sus autoridades.

Denunciaron que hubo un despliegue excesivo e injustificado de fuerzas de seguridad, con aproximadamente 50 vehículos del INM, camiones y camionetas de la GN y del ejército. En un comunicado, el COMDHSM informó que la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM) han incurrido en graves faltas al intentar detener a la caravana migrante. Entre ellas está el uso de armas largas y la presencia de agentes vestidos de civiles incitando a la violencia.

“Las personas fueron agredidas, sometidas, golpeadas con escudos y toletes; se identificó portación de armas largas por parte de elementos del ejército, elementos del INM vestidos de civil incitando a la agresión, así como otros agentes de seguridad sin identificar, vestidos civil y portando armas de fuego”.

En entrevista realizada por integrantes del COMDHSM, uno de los miembros de la caravana relata que las autoridades migratorias han estado deportando a personas que tienen residencia y otros papeles que les permiten transitar en México, razón por la cual decidieron abandonar Tapachula y su interminable proceso de solicitud de asilo.

Para el domingo (30), la caravana reanudó su avance sobre la autopista con dirección al estado de Oaxaca. Mientras tanto, en Tapachula, frontera con Guatemala, aún se encuentran casi 10, 000 migrantes, procedentes de Haití, Cuba y otras partes de Centroamérica, quienes esperan la resolución de su tramite de asilo. Según las reglas de la COMAR, mientras dicho organismo no emita la resolución de los procesos, l@s migrantes no pueden salir de la ciudad en la cual realizaron el trámite, es decir, están imposibilitados de dejar la ciudad de Tapachula.

^{En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México.  Foto: Clayton Conn.}

Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.

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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.

En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

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En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad