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Por Ñanì Pinto

^{En portada: Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.}

Dos años y siete meses después del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos anunció con bombo y platillo la detención de Javier N, inculpado como uno de los autores materiales del homicidio del activista y defensor indígena. Para l@s miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), esta acción representa un montaje y oportunismo al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

“No fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, de los campesinos, hicimos compromisos con ellos. Ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial realizado el pasado viernes (1) en Morelos. Un día antes, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del también conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, pese a que el inculpado ya se encontraba preso desde hacia un año atrás.

De acuerdo a una denuncia publicada este lunes (4) por el FPDTA, las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable datan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestiona el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demuestra la protección de las autoridades hacia uno de los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”.

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Cabe resaltar que el presunto homicida habría sido detenido, junto a su hermano Marcelo, en septiembre del 2019, ambos acusados de secuestro, robo y tráfico de drogas, aunque fueron liberados. En torno a ello, el FPDTA denuncia que “el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y también tienen él y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación su hermano, lanzarse de candidato, después de haber sido liberado”.

Por lo anterior, el FPDTA exige la renuncia del Fiscal Uriel Carmona, así como la realización de una investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener el funcionario por actos de encubrimiento y protección de los asesinos de Samir Flores Soberanes.

Termoeléctrica, móvil del asesinato

El discurso del Fiscal ha sido renuente en aceptar el registro de amenazas previas a Samir ocasionadas por su trabajo organizativo contra la construcción y operación de la termoeléctrica de Huexca, así como también de otras obras de infraestructura para la generación de energía, las cuales hacen parte del Proyecto Integral Morelos. Entre ellos un acueducto que despoja de su agua al río Cuautla afectando ejidos de Ayala y un gasoducto que recorre por zonas sísmicas aledañas al volcán Popocatépetl.

Por esta razón, durante la presentación del presunto asesino de Flores, el titular de la fiscalía descartó que el asesinato estuviera vinculado a la labor de Samir en la defensa del territorio. En contraste, el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatiza que las declaraciones oficiales son completamente falsas.

“Hemos logrado probar que Samir Flores fue asesinado por su activismo político. El móvil que llevó o que derivó en su asesinato fue precisamente un móvil de naturaleza política (…) el fiscal estatal señaló que no podía hablar del móvil específicamente, pero que podía afirmar que no había sido asesinado por su oposición a la termoeléctrica y eso es completamente falso, se ha logrado probar en la carpeta que intereses políticos, intereses económicos que pues les parecía incómodo o estaban enojados con la actitud y con la defensa que tenía Samir Flores precisamente en torno a su comunidad por oponerse al proyecto del gasoducto, fueron esos intereses los que mandaron a ejecutar a Samir”, destacó el abogado a través de video.

El asesinato de Samir ocurre tras una larga historia de actos de represión y mentiras que han acompañado la imposición del PIM desde su inicio, en donde la administración de AMLO no es la excepción. En 2019 él mismo le dio continuidad con la realización de una consulta y después en 2020 con el desalojo del plantón en Apatlaco, efectuado por elementos de la Guardia Nacional.

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Actualmente, pese a que el presidente asegura que la central termoeléctrica iniciará actividades una vez se resuelvan problemas técnicos, aún existen demandas de amparo a favor de habitantes de la región para evitar que con ello sean despojados de recursos como el agua. Ante esta situación, el FPDTA asegura que con estos antecedentes no pueden confiar en las autoridades.

“No olvidamos el papel que tuvo el Presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir”, denuncian en el documento recién divulgado.

Por su lado, el abogado Peña advierte que el caso no se cierra con la detención anunciada la semana pasada. Al contrario, la investigación continúa para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Communique from communities and collectives of Oaxaca denouncing the state-organized “Indigenous Encounters Canada-Oaxaca 2021,” and calling for the construction of affinity and reciprocity between Indigenous peoples of so-called Mexico and Canada through solidarity and resistance

To the Media

To the General Public

To our Brothers and Sisters of Turtle Island

Within the context of the “Indigenous Encounters Canada-Oaxaca 2021,” a celebration organized by the Canadian and Mexican states taking place from September 20 to October 8 in Oaxaca City, we have decided share some relevant information that has been omitted and misrepresented in the official announcements and press conferences for the event.

What they call the “state of Oaxaca” is one of the most culturally and linguistically diverse places in the world, thanks to the ongoing Indigenous resistance against extermination, which began with European expansion into the territory now known as Mexico. It is this very diversity which the governments of Oaxaca and Canada figure as the principal motivation to carry out this event.

However, what they call diversity is much closer to Mexican nationalism, constructed with the blood and bones of our ancestors. The reason for this is that the governments see the Indigenous and the Afro as a profitable cultural expression, as a discourse, as an image, etc.

We, those who for generations have resisted their necropolitics, racism, classism, and sexism, not only refuse to nurture that nationalism, but we also repudiate the commodification of our life forms. We want all those who prefer to ignore reality to know that for generations we have witnessed the expulsion and marginalization of Indigenous people in the territory invaded and now called Oaxaca. We have been subject to the dispossession of our lands, which we watch with sadness and rage as they are converted into objects of financial speculation.

If we have anything to share with our brothers and sisters from Turtle Island, it is this history of pain and colonial violence. They too were dispossessed, massacred, and forced to live on reservations. What they call “Canada” hides under its soil thousands of bodies of Indigenous children, men and women, assassinated for the misfortune of not being white and not thinking like whites. Although the state tries to hide it, this violence endures and manifests in different ways.

This shared history of dispossession invites us on this occasion to say in unison, to those whose laws justify or facilitate Indigenous extermination, to those who confuse our history of resistance with folklore, and to those who hide their business interests behind the expression of “cultural fraternity,” WE WILL NOT ALLOW IT, NEITHER MATERIALLY NOR SYMBOLICALLY.

WE DENOUNCE that these same people have been the masterminds of the worst environmental and social tragedies that we have seen in recent times. An example of which is the installation of mines for mass mineral extraction, through the exploration and implementation of mining concessions and mining projects.

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Por Ñanì Pinto

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COLECTIVO GRIETA

Haciendo caso omiso de la actual crisis de violencia e inseguridad que azota al pueblo Yaqui, AMLO pide perdón por los agravios e intentos de exterminio… del Porfiriato.

En su visita a Vicam, Sonora, el 28 de septiembre, AMLO inauguró el llamado “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui” y pidió perdón por los agravios del pasado sin mencionar el incremento de asesinatos, secuestros y desapariciones de miembros del pueblo yaqui en los meses recientes e ignorando las exigencias de justicia de los habitantes de Loma Bacúm, uno de los 8 pueblos tradicionales.

Esta actividad se llevó a cabo más de dos meses después de que diez yaquis de Loma de Bácum fueron secuestrados y desaparecidos, sin que hasta la fecha se hayan realizado las investigaciones prontas y expeditas. Los integrantes del pueblo yaqui de Loma de Bácum, que hoy exigen la aparición con vida de sus hermanos, no sólo fueron exlcuidos de la invitación a este acto anunciado como histórico, sino que incluso fueron expulsados del mismo por demandarle al presidente la presentación con vida de sus familiares. Mónica Valencia Flores, gobernante de la guardia tradicional de Loma de Bácum, no fue siquiera mencionada en la ceremonia, a pesar de ser autoridad comunitaria de este pueblo.

Familiares y amigos de los desaparecidos llegaron sin invitación al acto, encabezado por el presidente, portando lonas y estandartes con las fotografías de los desaparecidos y exigiendo diálogo con el jefe del ejecutivo, pero una vez más no fueron escuchados. El pueblo yaqui de Loma de Bácum exige que se realicen nuevas investigaciones para identificar los cuerpos de los desaparecidos porque, hasta el momento, el informe de la fiscalía del estado en la que muestra supuestas pruebas de restos óseos, encontrados hace unos días, no es congruente ni convincente para los familiares.

Cabe recordar que los diez yaquis desaparecidos el 14 de julio en Loma de Bácum estaban haciendo trabajo de vigilancia y seguridad comunitaria cuando fueron secuestrados. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.

El reclamo de justicia de la Tribu Yaqui es de larga historia en la defensa del territorio contra los megaproyectos. En los últimos años, este pueblo ha luchado sin freno contra la construcción del Acueducto Independencia, mismo que no se cancelará en el Plan de Justicia, a pesar de que existe un reclamo colectivo contra este megaproyecto de infraestructura que inició en 2010 como la piedra angular del proyecto Sonora Sistema Integral, destinado como principal fuente de agua para la ciudad capital de Hermosillo. Pese a que la ceremonia de firma del plan incluyó una ceremonia para el regreso del agua al Río Yaqui, saludos al sol y bendiciones a los animales y a los árboles, este proyecto de gran envergadura contra el que ha luchado el pueblo yaqui por más de una década, no será interrumpido por el llamado “Plan de Justicia”, por el contrario, el plan contempla entre sus acuerdos “la construcción de un acueducto de 158 kilómetros para el abastecimiento de agua”.

A pesar de haber sido piedra angular en la lucha contra el Gasoducto Sonora, los yaquis de Loma de Bacúm quedaron fuera de la firma de los acuerdos en lo que pareció ser un silenciamiento de cualquier voz que pudiera romper el supuesto idilio de la ceremonia oficial.

En esta región de los ocho pueblos yaquis hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la misma Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano. Pero de esto no se dijo nada durante la última visita del presidente.

La resistencia de los pueblos yaquis ha tenido que enfrentar asesinatos, amenazas, encarcelamientos y desapariciones forzadas. La militarización se ha extendido de manera exacerbada en los últimos años por este territorio sin que las violencia y las desapariciones cesen; por el contrario, éstas parecen incrementar en relación con los fuertes intereses comerciales que se mueven en la región. Quizás el hecho de que el pueblo yaqui de Loma de Bácum haya cuestionado la destrucción y el acaparamiento de la tierra por empresas trasnacionales y la construcción del megaproyecto en ciernes tenga algo que ver con su silenciamiento. La exigencia por la aparición con vida de sus familiares desaparecidos y por justicia cuestiona las bases de lo que el presidente quiere nombrar ahora como “Plan de Justicia” en esa región.

Con información de:
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/08/09/mexico-la-permanente-batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/08/09/mexico-la-permanente-batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/07/14/estamos-armados-para-proteger-a-nuestra-comunidad-nunca-nos-van-a-poder-desarmar-advierten-yaquis-al-ejercito/

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los medios de comunicación que no se venden

Al Pueblo de México

29 de septiembre de 2021

Primero que nada queremos agradecer la pronta difusión de lo ocurrido ayer 28 de Septiembre. Sabemos que es tejiéndonos, reduciendo la distancia en la relación campo-ciudad, como hemos de enfrentar los embates del capital, de los malos gobiernos y grupos narco-paramilitares. Sepan que como pueblos pertenecientes al CNI-CIG, caminamos por la defensa de la vida y de la construcción de autonomía. A los medios, colectivos y organizaciones que han sido solidarios y solidarias con nosotros y nosotras, gracias.

Desde hace años venimos denunciando los ataques de los grupos narco- paramilitares en nuestra contra. Primero “Los Rojos”, posteriormente “Los Ardillos”, ambos grupos del crimen organizado y, al mismo tiempo protegidos y financiados por el estado para desmovilizar y destruir a las organizaciones que nos declaramos abiertamente apartidistas, que no vendemos nuestro voto por migajas, que rechazamos que nuestros hijos, hijas, familias, sirvan al crimen organizado y que en nuestras tierras se cultive la amapola y con ello la muerte, que hemos enfrentado y rechazado que las grandes empresas trasnacionales devasten nuestro territorio para explotar la riqueza que en él se encuentra, pues para nosotros y nosotras basta la riqueza que la madre tierra nos da cuando nos alimenta y nos permite vivir en ella.

Estos grupos narco-paramilitares, están vinculados al poder, son parte de la clase gobernante del estado, con familiares dentro de los partidos políticos, que se mueven por intereses económicos y no por las necesidades del pueblo. Están vinculados a las policías municipales, estatales y federales; vinculados a un sector de la iglesia católica, empezando por el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, personaje que se ha puesto del lado de los asesinos, torturadores, secuestradores, pues son las formas en las que actúan “Los Ardillos”, y no del lado del pueblo, que sufre la violencia, el despojo y la muerte.

Sin embargo, a pesar de las denuncias en los 3 niveles de gobierno, del paso de distintos gobernadores, de distintos partidos políticos, de la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de Andrés Manuel López Obrador y de Alejandro Encinas, la muerte nos sigue acechando. Sabemos que ser claros en nuestra posición de solidaridad y de mirar como un referente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de formar parte del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, nos convierte en un blanco para quienes quieren ver al pueblo sumergido en el hambre, la pobreza y la ignorancia, pues así resulta más fácil manipularlo.

La semana anterior, el 19 de septiembre de 2021, el EZLN convocó a la solidaridad, PARA EXIGIRLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN;

Nosotras y nosotros, decidimos sumarnos a la convocatoria, conscientes del peligro que representa la movilización dentro del estado de Guerrero, por lo que responsabilizamos al gobernador Héctor Astudillo de cualquier cosa que pudiera pasarnos. Y no es que seamos adivinos, es simplemente que sabemos que el Estado, el capital, los grupos narco-paramilitares, el sector más inhumano de la iglesia católica en Guerrero representado por Salvador Rangel, anhelan nuestros votos, la riqueza de nuestras tierras, nuestra mano de obra en los campos de cultivo de droga y nuestra consciencia, nuestra voluntad, nuestra sumisión; pero no tienen ninguna de las anteriores, porque nosotros y nosotras luchamos por verdadera libertad, justicia, democracia y porque no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos.

Luego, desde el 23 de septiembre denunciamos que en los cerros que rodean las carreteras que llevan a nuestras comunidades se encontraban personas con armas de fuego R-15, vestidos con pantalón militar y encapuchados, lo denunciamos y lo hicimos público porque sabíamos que eso era una amenaza latente, que representaba un ataque en cualquier momento. Frente a lo anterior, la Policía Estatal sólo se limitó a checar los carros, en ningún momento a subir y ver qué hacían allí esos hombres y porqué estaban armados.

El día de ayer, 28 de septiembre, aproximadamente a las 9 a. m., 5 de nuestros compañeros de la comunidad de Tula, perteneciente al CIPOG-EZ, fueron emboscados en la carretera de Ahuixtla en dirección a Papaxtla, por 8 hombres que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo, hiriendo gravemente a 3 de nuestros hermanos. Pero eso no les bastó, unas horas más tarde, entre las 2 p. m.,y las 3 p. m., hombres armados incursionaron en la comunidad de Zacapexco, comunidad perteneciente al CIPOG-EZ; afortunadamente, para eso somos organización y logramos rechazar los ataques ¿pero acaso nos corresponde a nosotras y nosotros mismos enfrentarnos al crimen y exponer nuestras vidas? ¿No es acaso tarea de quienes gobiernan al país, al Estado, asegurar las condiciones mínimas de seguridad?

La alarma se encendió en las 24 comunidades que conformamos a la organización y se pudo evitar la incursión de Los Ardillos en el resto de las 24 comunidades que conformamos al CIPOG-EZ, así como más derramamiento de sangre. Sabemos, y ya lo hemos dicho, que quiénes ejecutan dichos actos despiadados e inhumanos es el grupo narco-paramilitar autodenominado «Los Ardillos» pero que actúan con órdenes, permiso y complicidad del mal gobierno. Llevan años atacando, secuestrando, torturando y asesinando a nuestros y nuestras integrantes, indígenas Na Savi, Me´pháá, Nahua y Ñankué que nos organizamos en el CIPOG-EZ para resistir y constituir, para luchar por la vida; suman ya 34 compañeros y compañeras, asesinadas a sangre fría, por estos grupos narco-paramilitares, recordamos cada uno de sus nombres y es por ello que luchamos, porque la memoria nos permite no olvidar y ésta nos impulsa a organizarnos, a resistir para que no se arrebate ni una vida más.

Hacemos responsable una y otra vez al gobierno de Héctor Astudillo Flores, por la completa complicidad que tiene con este grupo delictivo que nos asesina, porque desde que llegó al poder, no han parado los ataques contra nuestras comunidades, y se lo hemos avisado, de todas las formas posibles; él sabe que nos están matando y no ha movido un solo dedo para evitarlo. También responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno, así como a la Policía estatal, municipal y federal, pues han sido cómplices de esta emboscada e incursión, así como de los asesinatos, secuestro, tortura, desapariciones y demás formas de violencia que hemos vivido desde hace ya varios años, pues a pesar de múltiples reuniones y compromisos, sabemos que lo único que hemos recibido son palabras huecas y mentirosas, pues no hacen nada en contra de “Los Ardillos”.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, les pedimos que estén atentos, difundan y denuncien lo que sucede en la Montaña Baja de Guerrero, pues la guerra en contra de la vida que “Los Ardillos», y el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, han impulsado, no se detendrá aquí; sabemos que se preparan para asesinarnos, pues ese es su objetivo, acabar con nosotros y nosotras, acabar con lo que construimos, con el proyecto de autonomía y de una vida digna y libre para las niñas, niños, abuelas y abuelos, hombres y mujeres con la que soñamos en nuestras comunidades.

¡ALTO A LA GUERRA NARCO-PARAMILITAR CONTRA EL CIPOG-EZ!

¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR LA VIDA Y EL TERRITORIO!

¡VIVA EL EZLN!

¡VIVA EL CNI-CIG!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

ATENTAMENTE

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

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Por Vanessa Garcìa Navarro

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• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.

Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.

La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12

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Por Santiago Navarro F

La Administración de Joe Biden solicitó al Congreso de los Estados Unidos que se aprobaran más de 116 millones de dólares del año fiscal 2022 para continuar con la Iniciativa Mérida en México. Al final, le fue aprobado por la Ley de Asignaciones de Ayuda Exterior un total de 158.9 millones, la misma cantidad asignada para el año fiscal 2021. Desde 2019 hasta el año 2022 se estarían suministrando poco más de 800 millones de dólares para el gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para atender temas de drogas, crimen organizado y migración.

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Desde 2008 que inició este programa, hasta el año 2021, el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares para México. Según el Departamento de Estado, la Iniciativa Mérida ha dado lugar a: (1) Intercambio de inteligencia y cooperación policial que ha permitido la captura y extradición de delincuentes de alto perfil; (2) la creación de estándares nacionales de capacitación para policías, fiscales y jueces mexicanos; y (3) la acreditación internacional de las cárceles, laboratorios e institutos de formación policial de México.

Este programa se implementó desde que el gobierno de Felipe Calderón declaro la supuesta “guerra contra el narco” en México, la cual terminó en un baño de sangre y con resultados casi nulos. “En marzo de 2007, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón pidió más cooperación de Estados Unidos (EEUU) para combatir a las organizaciones criminales y sus operaciones de tráfico transfronterizo. En respuesta, comenzó la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia antidrogas y del estado de derecho de Estados Unidos para México (y Centroamérica)”, puntualiza el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).

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Colectivo Grieta

Ayer, 24 de septiembre del 2021, colectivos, organizaciones e individuos de abajo y a la izquierda salieron a las calles a exigir se detenga la guerra paramilitar en contra de las comunidades zapatistas.

En un comunicado del 19 de septiembre, a nombre del CCRI-CG del EZLN, el Subcomandante Insurgente Galeano informó del secuestro de dos compañeros autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, a manos de la organización paramilitar ORCAO, que actúa bajo la protección del desgobierno de Rutilio Escandón. Después de 8 días de secuestro, los compañeros Sebastián Núñez Pérez y Jose Antonio Sánchez Juárez fueron liberados gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y Oxchuc, quienes evitaron que el conflicto escalara hasta llegar a una tragedia, según informó el Subcomandante Galeano en dicho comunicado. El grupo paramilitar también dispara armas de fuego todas las noches en contra de la comunidad Moisés y Gandhi.

En respuesta al llamado realizado hacia el final del comunicado para manifestarse en embajadas, consulados y en las casas del gobierno de Chiapas, diversas organizaciones, colectivos e individuos se movilizaron para repudiar los ataques paramilitares de la ORCAO y exigir que se abandone el culto a la muerte que profesan el gobierno, sus funcionarios y criminales a sueldo.

Morelia, Michoacán.

En punto de las 11 am colectivos simpatizantes al  Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas en lucha, se manifestaron en contra de la guerra paramilitar hacia las  comunidades zapatistas en Chiapas.

Miembros de la Red de Rebeldía y Resistencia de Morelia,  realizaron una manifestación frente a palacio de gobierno del estado de Michoacán con carteles y mantas  para manifestar su solidaridad con las comunidades zapatistas, y su repudio a las agresiones del grupo paramilitar ORCAO.

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