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Camino al Andar

(Español) La Europa de abajo exige el alto al fuego en Aldama

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Por Carlos Soledad

 Fotografía: Carlos Ogaz / CDH Frayba

El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.

El pasado 11 de septiembre, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los zapatistas Sebastián Núñez Perez y Jose Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en su comunicado que: “si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de párrocos progresistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, ubicado en el centro del Estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado, la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats`i vinik-antsetik, pueblo orginario tzotzil. Desde hace varios años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi todos los días, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres”, “retornan de nueva cuenta los disparos”, “disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70s le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en el año 2016, las y los comuneros de Aldama aseguraron “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”…“Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente”. Además, los pobladores de Aldama señalan que “dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a puntas de armas de fuego y fueron refugiadas en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”.
La organización La Voz del Pueblo de Tan Joveltik de las comunidades de Magdalena Aldama, vienen denunciando desde hace meses un contexto de paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “La lluvia de balas permite ir “limpiando” el terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con qué fin? La versión más referida es que se trataría de un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, drogas y personas, muy generalizado últimamente” se hipotetiza en Ojarasca[2].
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio del año 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad afectando a “12 comunidades y a alrededor de 5000 personas que han sido afectadas y victimas de estas agresiones”. En el mes de octubre pasado, las agresiones con armas de fuego comenzaron a realizarse diariamente. Ahora mismo, en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas tres mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este mes de noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas de países como el Estado Español, Catalunya, País Valencià, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez[3].
Tras la “Travesía por la vida” de las y los zapatistas por Slumil K’ajxemk’op (Tierra Insumisa) como han rebautizado a la vieja Europa la solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas. La solidaridad internacional busca presionar, denunciar y exigir justicia al gobierno mexicano y chiapaneco para que cese el fuego y se acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.

[1] http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/ [2] https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/11/12/aldama-experimento-del-futuro-295-5370.html [3] https://asambleadesolidaridadconmexico.wordpress.com/2021/11/11/organizaciones-europeas-exigen-el-alto-a-la-violencia-paramilitar-en-magdalena-aldama-estado-de-chiapas-la-voz-del-pueblo-de-magdalena-aldama-chiapas-somos-un-pueblo-que-vive-bajo-la-lluv/

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

(Español) ¿Qué es el corredor interoceánico? ¿Desarrollo para quién y a qué costo?

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Juchitán, Oaxaca

C  O M U N I C A D O

Al Pueblo Istmeño
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

¿QUÉ ES EL CORREDOR INTEROCEÁNICO?
¿DESARROLLO PARA QUIÉN Y A QUÉ COSTO?

Hace 300 años comenzó en Europa un nuevo auge económico dominante conocido desde entonces como capitalismo, ese momento de la historia fue la Revolución Industrial. Inglaterra, primer país del experimento industrial -que poco después abarcaría en diversos grados todo el continente- también se convirtió en lo que se le ha conocido como uno de los más grandes Infiernos Socioambientales, infierno en el que la explotación laboral y la degradación personal van acompañados del acaparamiento de la naturaleza y por ende su agotamiento y degradación.

Hoy a nivel global se vive la peor crisis ambiental de la historia moderna. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis sanitaria consecuencia de la degradación ambiental por la sobreexplotación de los territorios, bienes naturales, sobre uso y promoción de grandes infraestructuras, lo que ha conllevado a que las ciudades más modernas (industriales) sean también en las que su población sufra en diversos grados problemas de salud, debido a la dispersión de agentes tóxicos en el ambiente.

Durante las últimas tres décadas en el país (México) se han impuesto varios paraísos industriales a raíz de la implementación de tratados comerciales como el TLC y el TLCAN, estas zonas “modernas” hoy constituyen grandes regiones industriales tales como: “el Eje Neovolcánico, el complejo minero extractivo de la Sierra Madre Occidental, el altiplano semiárido del llamado desierto Chihuahuanse, las redes en mar y tierra del complejo petrolero del Golfo de México, el corredor agroindustrial de la planicie costera del Noroeste (el “granero de México”), el doble corredor interoceánico Nuevo Laredo-Manzanillo y Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, las zonas industriales y extractivas de la Frontera Norte, la Península de Yucatán y las Selvas tropicales del Sureste de México”.

El auge de estas regiones industriales han ido de la mano de la corrupción empresarial e institucional, un incremento de la presencia de las actividades del crimen organizado (la pesadilla del narcotráfico), la destrucción de la organización social y política comunitaria (allí donde alguna vez existió) y como en Inglaterra hace más de 300 años, de un proceso masivo de cercamiento, acaparamiento, privatización y degradación de los bienes comunes y naturales así como un incremento en las afectaciones a la salud de la población.

Ejemplos de paraísos industriales para empresarios e Infiernos Socioambientales para la población han sido bien documentados por diversas organizaciones locales comunitarias, académico y científicos, por estos esfuerzos sabemos que en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, en algunas localidades que están dentro de estos corredores industriales como en Juanacatlán, Jalisco el 40% de las niñas tienen arsénico en sus cuerpos, y el 93% tienen plomo. En la localidad de El Salto, Jalisco el 98% de los niños tienen cadmio; en la Cuenca de la Independencia, Guanajuato la explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana.

La industrialización del Valle del Mezquital en el Estado de México ha tenido daños a la salud como: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos y malformaciones congénitas.

Un recorrido por estos Infiernos Socioambientales mencionados (que no son ni la mitad que se encuentran en el país) nos dan una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De este modo vemos que los territorios más industrializados (llamados “modernos” o en “desarrollo”) del país son también los que sufren una contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos.

Hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación en el marco del impulso del nuevo tratado económico T-MEC (TLCAN recargado) y en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables. Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec nos enfrentamos a un proceso/intento masivo de industrialización acompañado de un discurso político de respeto a los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos.

El Plan Maestro del Corredor Interoceánico de la Cuarta Transformación, contempla un total de 32 parques industriales, los cuales requerirán inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. Hasta este momento han sido anunciados 10 parques industriales, que se constituyen como los primarios, 4 en el estado de Veracruz y 6 en Oaxaca. Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Para facilitar el acceso a estos recursos estarán acompañados por una serie de ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, esto es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”.  Mismos que estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región.

Hoy los seguidores esperanzados de todo el supuesto desarrollo y entrada a la modernización que traerá consigo el megaproyecto Corredor Interoceánico, nos interpelan que nos encontramos en un momento histórico de definición de posiciones, como si el seguir ciegamente a un gobierno sea este MORENA, PAN, PRI, PRD, etc., sea una posición clara y consciente de toda la destrucción, contaminación y muerte que traerá consigo este megaproyecto del Corredor Interoceánico. A estos artífices locales, regionales y nacionales del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, les decimos que no se trata de estar con este o aquel gobierno, como tampoco la defensa de nuestro territorio es labor de tal o cual político o líder chantajista (de esos están repletas las filas de la 4T).

ASÍ COMO LO DECLARAMOS EN EL ENCUENTRO REALIZADO EN NUESTRA COMUNIDAD EL MES DE JUNIO DE 2021 y EN LA COMUNIDAD DE JALAPA DEL MARQUÉS EN NOVIEMBRE 2021, VOLVEMOS A REITERAR QUE RECHAZAMOS EL INTENTO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS DE USO COMÚN, ASÍ COMO TODOS LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, ES POR ESO QUE:

– DENUNCIAMOS A LA PROCURADURÍA AGRARIA DE TEHUANTEPEC POR EJERCER PRESIÓN A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS DE LA REGIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN Y ENTREGA DE NUESTROS TERRITORIOS AL CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS A ANTONINO MORALES TOLEDO Y SU ORGANIZACIÓN “FUCO” DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Y DE CUALQUIER AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE PUENTE MADERA.

– RESPONSABILIZAMOS A LOS GOBIERNOS LOCALES, ESTATAL Y FEDERAL, Y A LAS INSTITUCIÓN A CARGO Y COLABORADORAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL CLIMA DE VIOLENCIA Y DIVISIÓN EN LAS COMUNIDADES Y EN LA REGIÓN, DE CUALQUIER HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN CONTRA DE QUIENES INTEGRAMOS LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, LA CAMPAÑA GLOBAL EL ISTMO ES NUESTRO Y DE CUALQUIER DEFENSOR DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN EL ISTMO.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PARQUE INDUSTRIAL EN TIERRAS DE USO COMÚN DE SAN BLAS ATEMPA CONOCIDAS COMO EL PITAYAL.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEL MEGAPROYECTO CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– EXIGIMOS SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS AGRARIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

– EXIGIMOS DIÁLOGO Y SOLUCIÓN REAL A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SIN COMPROMETER EL TERRITORIO A MEGAPROYECTOS E INTERESÉS POLITICOS Y EMPRESARIALES.

REITERAMOS QUE NO NEGOCIAREMOS, NI NOS RENDIREMOS, PORQUE COMO LO HAN REITERADO LAS Y LOS COMPAÑEROS ZAPATISTAS: SOMOS CONSCIENTES DE QUE EXISTE UNA GUERRA ENTRE EL SISTEMA Y LA NATURALEZA, ESA CONFRONTACIÓN NO ADMITE MATICES NI COBARDÍAS. O SE ESTÁ CON EL SISTEMA O CON LA NATURALEZA. O CON LA MUERTE O CON LA VIDA. EL ISTMO ES NUESTRO.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

A T E N T A M E N T E
ASAMBLEA GENERAL DE PUENTE MADERA
EL ISTMO ES NUESTRO
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Vídeo de Conferencia de Prensa: https://fb.watch/aiTfdmD80k/

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Radio Zapote

(Español) Nuevas agresiones en comunidades del CIPOG-EZ por “Los Ardillos” y el ejército

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Avispa Midia

(Español) Zapotecas resaltan desafíos tras lograr la primera concesión comunitaria del agua

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Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Avispa Midia

(Español) Zapotecas exigen que Sener respete suspensiones judiciales contra EDF

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Por Sare Frabes

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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Misión de Observación Civil Sexta

(Español) Crímenes de lesa humanidad contra las comunidades indìgenas del CIPOG-EZ CNI-CIG*

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Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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Avispa MIdia

(Español) Pueblos llaman a la defensa organizativa y legal contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO

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Por Sare Frabes

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.

Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.

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La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.

Inconstitucionalidad

En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.

Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.

Condiciones desiguales

El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.

Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.

En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.

Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.

Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.

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Intervención en las comunicaciones

Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos.  Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.

Llamado

El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.

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Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta

(Español) Luchas contra la minería en Portugal, Zapatistas y CNI hermanan sus luchas por la Vida

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Delegaciones zapatistas y del Congreso Nacional Indígena visitaron diferentes luchas contra la minería en el centro y norte de Portugal. Desde las montañas del sureste mexicano hasta los valles neblinosos de Portugal, diferentes pueblos se hermanan en lucha. Juntos, dicen sí a la vida y no a los proyectos de muerte.

Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta

Movimientos y personas de diferentes pueblos de Barroso recibieron a los y las representantes indígenas y zapatistas en un ambiente de resistencia, rebeldía y esperanza. En este lugar, se miraron al espejo luchas contra proyectos extractivos que los malos gobiernos alegan que son por el bien del pueblo.

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Minas de litio a cielo abierto, termoeléctricas, parques eólicos, presas, gasoductos, agroindustria y agropecuaria intensiva, fracking, emprendimientos y trenes turísticos, todos estos proyectos llegan con las promesas de reducir emisiones, acelerar el desarrollo económico y traer prosperidad. Pero, en verdad, dictan una sentencia de contaminación del aire, del agua y de la tierra en los pueblos a donde se establecen, destruyendo no solo los medios de subsistencia locales, sino también el acceso a recursos naturales básicos.

“En nuestro país también hay despojos de tierra y agua.
Hoy estamos aquí para decir que las luchas no deben de caminar solas ni tener un solo protagonista. Mandemos para allá el individualismo, que es el fracaso de las luchas.
No más luchas solas, ahora luchas hermanadas.
No estan solos, no estamos solos”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Barroso.

La delegacion del CNI alerta: “La Madre Tierra nos pide a gritos que nos levantemos de una vez y frenemos la destrucción que la va a matar, y que nos va a llevar a todos con ella”.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

Escuchamos los gritos que irrumpen de las cicatrices que dejó la extracción de estaño en Cerdedo, de las heridas abiertas por la antigua mina de tungsténio en Borralha y la exploración de quarzo y feldespato en Couto de Dornelas. También son ensordecedores los gritos que salen de los terrenos comunales que cubren las montañas de Covas do Barroso, ahora amenazadas por la minera británica Savannah Resources, y las montañas de Morgade, amenazadas por Lusorecursos.

En la Caravana por la Vida, los pueblos indígenas de México unieron su fuerza con los pueblos de diferentes zonas de Portugal que están en lucha contra la llegada de las “mineras verdes” a sus valles. Estos valles tricolores, los pinares brumosos y el horizonte de montañas azules hacen sentir en casa a los visitantes.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

Barroso y sus habitantes luchan por preservar la vida, en una región repleta de cultura y tradiciones ancestrales. La biodiversidad tiñe de colores estas montañas que están amenazadas de volverse gris oscuro con estos megaproyectos.

La lucha por el agua es uno de los principales lazos que une todos estos pueblos. El agua está amenazada por megaproyectos y también por las multinacionales que, con sus fábricas, la saquean y después, dicen, vienen a “salvar” el pueblo, vendiéndole agua embotellada que las propias compañías contaminaron.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Ese río hermoso que ven ahí ya no va a estar hermoso, compas, si se instala la mina.
Se va a contaminar y va a ir contaminando a los ríos que lo unen.
El agua que hoy se toma ya no se va a poder tomar”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena.

Al paso que las transnacionales recorren a las redes sociales y a los medios masivos para anunciar sus encuentros con importantes personalidades y mantener su imagen, los pueblos se encuentran de forma discreta, se miran y se reconocen unos en los otros, tejiendo lazos de fuerza y esperanza para enfrentar al enemigo común: el capitalismo.

Barroso ya está del otro lado del mundo también, junto a los pueblos de México. Y, como dicen las compañeras del CNI, ya no somos solo la voz y los ojos de todos los pueblos de México, sino de todos los pueblos del mundo.

Barroso ya no lucha solo.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Aquí, como les están haciendo, allá nos hicieron”

El caminar del Congreso Nacional Indígena también les ha llevado hasta la Serra de Argemela, otra zona de montañas amenazada por la minería de litio, ahora en el interior y centro del territorio portugués. Una vez más, la delegación del CNI se miró al espejo, intercambiando con movimientos y la población local sobre sus dolores, sus problemas, los ataques que enfrentan, que son los mismos y uno solo. Sobre la necesidad de responder al llamado de la Madre Tierra y organizarnos desde abajo, desde cada comunidad, para defender nuestros modos, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestro territorio, nuestra agua, nuestra Vida.

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(Imagen: Mauricio Centurión)

“Hermanos y Hermanas, la mejor manera, la mejor receta, el mejor remedio, es organizarnos.
Ya decía, dejemos a un lado nuestras diferencias. Que no haya liderazgos, que no haya políticos,
que no haya caudillismo. Porque donde hay caudillos, hay protagonistas, hay un político en una organización, fracasan. ¿Por qué? Porque esa persona, líder o dirigente, se vende, lo compran,
y la organización se fue para abajo. Esto debe ser comunitario, colectivo.
La colectividad es lo que nos lleva al triunfo de nuestras luchas”.
Palabras del CNI en el pueblo de Barco, en la Serra de Argemela.

*Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta / Imagen de portada: Mauricio Centurión.

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Congreso aprueba reforma que restringe la protesta; organizaciones condenan aprobación

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Por Ñanì Pinto

El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza el derecho a la protesta social. La actualización legislativa penaliza con cárcel de hasta siete años y multas a quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

También sanciona quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que interrumpan los servicios que operen en estas vías. Así que no se necesita que las vías de comunicación ya estén en funcionamiento, porque también se consideran como parte de estas vías “los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas”, dónde el ejercito y la Guardia Nacional ya están custodiando.

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Esto implica que los campesinos e indígenas, quienes han protestados en las vías generales de comunicación, como los opositores a las megaobras del Tren Maya y el Tren Interoceánico, o las nuevas carreteras que ya se están construyendo, incurrirán en un delito.

Tras la aprobación de la reformas, Organismos de la Sociedad Civil para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) alertaron que “la aprobación de esta reforma por ambas Cámaras contribuye al discurso punitivista hacia el ejercicio de derechos y estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la manifestación”.

Además, FLEPS ha remarcado que la protestas en las vías generales de comunicación es uno de los últimos recursos que restan para el derecho a la protesta de personas que viven en condiciones de pobreza, personas defensoras, mujeres y poblaciones racializadas, lo que las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad.

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“Debe recordarse que bajo estándares internacionales la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”, denuncia la FLEPS en un comunicado.

Las más de 20 organizaciones de la Sociedad Civil, quienes vienen documentando diversas violaciones a los derechos humanos, consideran que con este nuevo marco legal se están violentando acuerdos y tratados internacionales que el gobierno mexicano ha signado. “En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación”, denuncian.

El martes 14 de diciembre, la reforma fue avalada por la mayoría de senadores con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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(Español) Tribunal de Oaxaca suspende sentencia que defendía territorio chontal de minería

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El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.