^{En portada: Miembros de la comunidad Otomí residente en la ciudad de México realizan un foro sobre la militarización en México y conmemoran el segundo aniversario de la toma de la Casa de los Pueblos Samir Flores. Foto: CNI}

Este miércoles 12 de octubre, pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de México y de diferentes partes del mundo toman las calles para movilizarse en contra de la militarización y la guerras capitalistas y patriarcales.

Dichas acciones responden a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), para reivindicar que “a 530 años de la mal llamada conquista de América, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal”.

El CNI realizó el llamado a las manifestaciones a una escala global, mientras que en México se viven “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T”.

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Entre las innumerables formas de violencia que enfrentan los pueblos de México enuncian los homicidios y desapariciones masivas, la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes, así como la violencia y agresiones contra defensores de derechos humanos y de la madre tierra como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, sumado a los asesinatos de periodistas y activistas.

De acuerdo con un informe reciente de la organización Global Witness, en México, sólo en 2021, se registraron los asesinatos de 54 personas defensoras, lo que coloca al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial, una tendencia que ha escalado en los últimos tres años y donde destacan las agresiones en conflictos por la tierra y la minería.

A esta situación de violencia se suma la profundización de la militarización. El CNI en su convocatoria recuerda las recientes modificaciones legislativas que permiten el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas mexicanas, además de la aprobación de las labores del Ejército y Marina en labores de seguridad pública hasta el año 2028, “ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha política y el crecimiento paralelo de los cárteles criminales por toda la geografía nacional”.

La convocatoria del CNI enfatiza la exigencia de un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos de México a traves de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucción de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres.

Llamado

El pasado lunes (10), diversas organizaciones pertenecientes al CNI realizaron el llamado a sumarse a la jornada de acciones globales. Desde el edificio que anteriormente albergara al Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y que ahora se conoce como la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, se realizó una conferencia de prensa con diversas organizaciones que difundieron la convocatoria.

Son 530 años de la llamada “conquista de América”, dijo Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno y perteneciente a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, quienes en voz de Margarito no dudan que han sido mas de cinco siglos en que como pueblos originarios “han resistido el genocidio, el despojo y la discriminación que imponen los dueños del poder y del dinero”.

Como parte del CNI, del cual forman parte estos pueblos, anunciaron su preocupación por el avance de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, continúan amedrentando, despojando y asesinando a quienes se oponen.

Prueba de esto es la insistente militarización de México que vela por intereses del capital nacional y transnacional, quienes pretenden, “desarticular a las policías comunitarias y guardias comunales (…) para garantizar el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobiliarias y de los carteles (de la droga)”, comparte una integrante de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, quienes han resistido al saqueo de los mantos acuíferos por parte la transnacional Bonafont Danone.

Lxs integrantes del CNI también agregaron que existe una gran preocupación por “el espionaje y la vigilancia constante que se realiza a activistas, periodistas, a los pueblos y a todos los defensores de derechos humanos que defendemos la vida”.

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Entre las exigencias está el cese a la vigilancia y el espionaje. Así como a la presentación de los miles de desaparecidos en el país y el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, quienes han sido asesinadas. “Exigimos que se detenga la guerra en contra los pueblos zapatistas y en contra de todos los pueblos”, puntualizaron en la conferencia.

Acciones              

La respuesta al llamado del CNI se ha nutrido de diferentes convocatorias, en diversas partes de la geografía mexicana y mundial, para la realización de movilizaciones, así como de eventos culturales y políticos.

En México, hasta la mañana de este miércoles, se registran actividades en Estados como Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México. A estas acciones se suman eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y EEUU.

En la Ciudad de México se realizará una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la cual enarbola la demanda de un alto a la militarización de los territorios indígenas.

El protagonismo del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en temas internos como seguridad, migración y “desarrollo” persiste con más fuerza en México. La semana pasada, en una rueda de prensa, el embajador estadunidense y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunciaron un convenio para “regresar la paz” en esta entidad, “porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones”, dijo Salazar.

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La reunión se dio luego de la alerta de viaje a Zacatecas que emitió el gobierno de Estados Unidos. “De ambas partes hemos coincidido que a través de la cooperación logaremos que esta situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y, con ello, generar un mayor desarrollo económico”, señalo Monreal.

Salazar estuvo en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración Antidrogas (DEA), de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Las agencias también participaron de la reunión de trabajo, que ocurrió antes de la rueda de prensa.

Los organismos de seguridad de los Estados Unidos intervendrán en acciones como la dotación de equipo de alta tecnología, en la capacitación a policías y funcionarios locales de las áreas de seguridad pública, y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario y fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

Para ello, “el embajador ha planteado un plan de acción”, sostuvo el gobernador sin dar detalles de las acciones que se llevarán a cabo.

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La paz para los inversionistas

Uno de los objetivos del acuerdo es que Zacatecas se convierta en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México. “Contamos con una posición geográfica propicia para fortalecer la cadena de suministros en tiempos económicamente complejos”, mencionó Monreal.

La presencia del sector minero en las negociaciones fue subrayada por Salazar durante la rueda de prensa. Dijo que dicho sector tiene “interés” en fortalecer estas cadenas de suministros. “[Tienen interés en] la inversión que se pueda hacer aquí en Zacatecas. Eso será otro tema que seguiremos trabajando de forma muy cercana con el gobernador”.

El embajador mencionó que “afortunadamente tenemos el T-MEC [Tratado México-Estados Unidos-Canadá]”, que ofrece las condiciones “para crear la potencia más grande del mundo, aquí en Norteamérica”.

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“Ni modo que vamos a hacer un escándalo”

Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha pronunciado frente a otras intervenciones de Salazar, no dejó pasar la acción del embajador en los asuntos internos de México.

En la mañanera de este lunes (10), Obrador dijo que el acuerdo es inconstitucional. Según el mandatario, los Estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Lo que significa que, tanto Estados Unidos, como el gobernador zacatecano, están incurriendo en una ilegalidad según las leyes mexicanas.

Pero su tono amenizó la situación. “(…) Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de EEUU. No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento. Ni modo que vamos a hacer un escándalo. Este es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos”.

¿Qué sigue?

El embajador de Estados Unidos aclaró que “estaremos muy pronto en Washington D.C., para el diálogo de alto nivel de la seguridad”, donde se definirá la especificidad de las acciones en Zacatecas y los recursos que se utilizará.

^{Foto de portada: Santiago Navarro F.}

Archivos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo Guacamaya dan cuenta de un permanente seguimiento de los militares hacia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de organizaciones afines al movimiento zapatista.

Una de las actuales preocupaciones de la Sedena, evidentes en sus informes, es la acción del EZLN en relación al Tren Maya y otros megaproyectos en el sur-sureste de México.

El documento Postura del EZLN por la construcción del Tren Maya, clasificado como confidencial, de enero del 2020, menciona las condiciones de los zapatistas en la zona chiapaneca, las razones por las que se oponen al Tren Maya y otros megaproyectos, así como la forma en que actuarían en contra de dichas obras y del mismo gobierno federal.

Sedena estima que el EZLN podría volver a armarse y sostiene que “el riesgo del resurgimiento del movimiento rebelde sigue latente”, debido a la construcción de megaproyectos en el sureste del país.

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También se afirma que “el grupo EZLNrepresenta un posible factor adverso a la seguridad interior del Estado mexicano”.

El Ejército recomienda en un análisis con fecha del 20 de enero de 2019 que “el seguimiento de inteligencia a este grupo requiere el trabajo de la inteligencia civil y militar en seguridad nacional, dados sus antecedentes”.

Además, Sedena considera necesario generar “inteligencia” sobre grupos cristianos de base de la Iglesia Católica, que serían cercanos a los zapatistas, y también sobre su postura con respecto al gobierno de Andrés López Obrador.

Galeano

Respecto al subcomandante Galeano, la Sedena considera que “no se puede subestimar”.

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En el pasado logró levantar en armas a cientos de pobladores, “¿por qué hoy no podría volver a realizar la hazaña? Ya lo dijo el comandante Ernesto Che Guevara: ‘No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados”.

Gira

Entre el 2 de mayo y el 12 de septiembre de 2021, miembros del EZLN hicieron una gira por 30 países de Europa denominada “Travesía por la Vida”.

Los informes generados demuestran que el Ejército le dio seguimiento a las actividades que realizaron las y los zapatistas antes, durante y después de su gira por Europa, con reportes semanales. Los militares estuvieron pendientes del tipo de cobertura e impactos que generarían la visita de las delegaciones zapatistas en Europa y en los medios internacionales.

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“De igual manera, no se observa de primera instancia que sus actividades tengan alguna repercusión negativa para el gobierno de México”, detallan en uno de los informes.

Militarización

Los militares relatan que en los informes que los zapatistas “dieron a conocer la conformación de 4 nuevos municipios autónomos (…) lo que podría representar una expansión de su área de influencia en el área limítrofe con Guatemala”.

También registran que “actualmente el Caracol II (Oventic) es el que representa mayor relevancia debido a los eventos que han realizado y actividades de adoctrinamiento al que asiste regularmente Rafael Sebastián Guillen Vicente (a) ‘Galeano’”.

Considerando también los hechos mencionados, “esta SDN ha mantenido un despliegue operativo acorde con la situación social y delictiva en el estado de Chiapas con tropas jurisdiccionadas a la VII R.M. (Tuxtla GTZ, Chis.), actualmente con el apoyo de la Guardia Nacional”.

El pleno del Senado mexicano aprobó en la noche del martes (4) un nuevo dictamen de la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. En 2019, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad que el Ejército realizara dichas tareas hasta 2024.

La votación había sido cancelada el 21 de septiembre en una maniobra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque no había alcanzado la mayoría de los diputados para su aprobación.

La aprobación ocurre en un escenario donde en México se ha denunciado una serie de crímenes perpetrados por el Ejército. Un ejemplo es el caso de los 43 de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que el Ejército sostenía un sistema de monitoreo de los estudiantes, incluso en la noche de su desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014.

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El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, fue modificado por los senadores. Entre los cambios está el que plantea que el Ejecutivo tendrá que presentar al Congreso un informe semestral, en lugar de anual, como ya establece la reforma de 2019 en el artículo 76.

También se añadió en el quinto transitorio que en el primer semestre de 2023 y hasta 2028, se creará una comisión bicameral en el Congreso de la Unión, que citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina.

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación y una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal.

Además, el Ejecutivo establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Señala que un 25% de dicho fondo se asignaría a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen tendrá que volver a la Cámara de Diputados debido a los cambios que sufrió. Si los diputados aprueban las modificaciones, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su publicación. Si las rechaza, regresa al Senado para otra revisión.

Una investigación  llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela tres nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre los años 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionados con violaciones a Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

“No son los únicos casos (…). Hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay el consentimiento de las víctimas”, sostuvo Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La empresa comercializadora Antsua SA de CV hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. “Recibió información por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre marzo de 2018 y, al menos, diciembre de 2019”, dijo Leonardo Maldonado, de la organización Artículo 19.

La Sedena contrató de la empresa Antsua un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. “La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a información”, informa Maldonado.

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“El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal”, alerta el integrante de Artículo 19.

¿Sabe o no sabe?

Los hallazgos revelan contradicciones en las reiteradas promesas de López Obrador en las cuales señala que, en su gobierno, no se usaría el sistema de espionaje contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Lo anterior, evalúa Maldonado, implica la posibilidad de dos escenarios. “Primero es que el presidente mintió al pueblo mexicano. Segundo, que las Fuerzas Armadas espía a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.

De todos modos, en México, “las Fuerzas Armadas continúan violando derechos humanos ya sea por orden o desobediencia prevaleciendo la impunidad”, dijo.

Inteligencia en México es militar

Mucho se ha hablado sobre la concentración de actividades del Ejército en temas como la repartición de vacunas, la construcción de obras públicas, en funciones de policía, pero de acuerdo con una de las víctimas de Pegasus, el periodista Ricardo Raphael, existe un punto fundamental que es la concentración de actividades de inteligencia gubernamental en las manos de las Fuerzas Armadas.

“No hay órganos de inteligencia civil en nuestro país. El propio CNI [Centro Nacional de Inteligencia] está gobernado por una voz y un mando militar. Sabemos que hay áreas de inteligencia en la Guardia Nacional y suponemos que hay distintas áreas de inteligencia en el Ejército”, sostuvo el periodista.

A las “distintas áreas de inteligencia”, Raphael se refiere a las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en la semana pasada, sobre la existencia de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, concentró todo el acopio de información, incluso monitoreo en tiempo real, de lo que pasaba con los normalistas.

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“Me pregunto si no será otro Centro Regional de Función de Inteligencia que tuvo acceso a estas licencias de Pegasus justamente para infectar nuestros dispositivos”, indaga el periodista.

Uso privado de las grabaciones

En el caso específico de Ricardo Raphael, se descubrió que la información obtenida se compartió con agentes privados.

“Durante las distintas intercepciones se obtuvo por lo menos una conversación que sostuve con el secretario Técnico de Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública donde nos referimos a dos casos y esta información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia en la FGR. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia hayan proporcionado esta grabación que después se usó en mi contra”, explicó el periodista.

“No somos personas que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. (…) ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal, en nuestra actividad pública (…)?”.

Nuevas formas de infectar

De acuerdo con Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, en los últimos años se ha invertido millones de dólares para sofisticar el software espía y sus principales inversionistas son los gobiernos.

Antes se identificaban solamente “métodos de infección muy tradicionales, aunque efectivos, que son los engaños a través de links que, si uno hace click, tiene el dispositivo infectado”, explica.

Sin embargo, en las últimas generaciones de Pegasus hay algo que se llama “cero click”, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos ingresar a los dispositivos.

NSO ha utilizado vulnerabilidades de plataformas utilizadas cotidianamente para infectar los teléfonos. Un ejemplo es que se identificó que a través de una simple llamada de Whatsapp se podría intervenir en los dispositivos.

Según García, Citizen Lab y las mismas plataformas como Apple y Facebook han detectado vulnerabilidades en sus sistemas que han sido explotadas por NSO Group para infectar dispositivos con Pegasus.

Apertura de archivos

El integrante de Artículo 19 resalta que es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.

Las organizaciones de Derechos Humanos demandan que se investigue y se abran los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder como se ha demostrado en el caso Ayotzinapa.

Como el GIEI ha demostrado, “en los archivos de inteligencia militar, naval y civil se esconde la verdad sobre miles de violaciones de Derechos Humanos. (…) necesitamos abrir estos archivos”, sostuvo Fernando García.

Denuncia

Las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las intervenciones ilegales de comunicaciones privadas sin autorización judicial.

Sin embargo, García sostiene que “no hay condiciones” y “no hay confianza en ninguna institución en México para llevar a cabo esta investigación”. El director de R3D defiende la necesidad de crear “un mecanismo independiente que nos provea la oportunidad de conocer la verdad”.

Recado

Si este espionaje es “un intento de inhibir nuestro trabajo, por supuesto, nuestra respuesta es exactamente la contraria; nosotros seguiremos investigando este tipo de violaciones [perpetradas por las Fuerzas Armadas] que es información vital para que la conozcan nuestros lectores”, dijo Daniel Moreno, del medio Animal Político.

Las organizaciones involucradas en la investigación invitan a periodistas y defensores de derechos humanos que sospechan haber sido objeto de medidas de vigilancia a que escriban al correo contacto@ejercitoespia.mx. Las investigaciones van a continuar.