Miércoles 6 de septiembre de 2017
Isaí Lara Bermúdez

El Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República llega teñido de sangre como ningún otro. Su gobierno terminará como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de México. Con la extradición de “El Chapo” Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del CJNG 2017 será el año con el mayor número de ejecuciones.

Uno de cada cuatro homicidios en México registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón, quien declaró la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales en el país.

Miles de familias desgarradas por el homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y hasta el 31 de julio del presente año.

Esta es la cifra más actual y más cercana en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.

Los asesinatos durante la era peñanietista representan el 25 por ciento del total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La violencia reflejada en la privación de la vida explotó con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante el gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan el 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón y Peña.

16 mil 152 muertos en el transcurso de 2017

Si la tendencia en ejecuciones continúa tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.

El número por sí mismo escalofriante cobra mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).

Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.

BC supera a Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua

En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.

Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:

Estado de México, 2 mil 256.
Guerrero, 2 mil 213.
Veracruz, mil 522.
Michoacán, mil 477.
Jalisco, mil 470.
Baja California, mil 258.
Sinaloa, mil 161.
Guanajuato, mil 110.
Ciudad de México, mil 035.
Oaxaca, mil 013.

En comparación a 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.

Solo por debajo de Guerrero y Estado de México, se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.

De enero a julio del2017, según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.

Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:

Tasa de homicidios

Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada Estado (según el Consejo Nacional de Población), estas serían las entidades más violentas. Resalta que el Estado de México, que generalmente encabeza el top, pierde espacios frente a otros lugares.

Reacomodo de Cártel de Sinaloa, poderío del CJNG

Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.

Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.

En entrevista con ZETA, el también maestro en Relaciones Internaciones admite que “el crecimiento de CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los (Caballeros) Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.

Shirk declara: “La primera captura que realizó el gobierno de Peña a ‘El Chapo’ no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar del juego a ‘El Chapo’ -prosigue el profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.

Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.

“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.

Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”.

Es por eso que el margen para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.

“Gobierno ataca síntomas, no causas”: Semáforo Delictivo

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.

El fundador de Semáforo Delictivo define que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la violencia es un costo”.

En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa de violencia en México.

“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.

Además, no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.

Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.

Y agrega: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.

Roel sabe que ni un solo partido político ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.

La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.

Cifras maquilladas

Jimena David es investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.

“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA

Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos, “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, anota.

La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al Secretariado: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.

Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.

Según lo que la investigadora ha recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.

Una de las formas que propone para mejorar las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.

MOVIMIENTO REGIONAL INDIGENA EN DEFENSA Y RESPETO POR LA VIDA

PRIMERA ASAMBLEA REGIONAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA DE SANTA MARTA

Soteapan, Veracruz, a 27 de Agosto 2017

COMUNICADO

Los pueblos popolucas, nahuas y mestizos de la sierra de Santa Marta, nos reunimos el día de hoy 27 de Agosto del 2017 en la cabecera municipal de Soteapan, con la participación de cerca de 400 personas de 50 comunidades de los municipios de Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, además de visitantes de los municipios de Chinameca, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Acayucan, Chinameca, Minatitlan, Zaragoza, AguaDulce, Las Choapas y Sayula del Sur de Veracruz, de Xalapa y de una representación del pueblo zoque del Norte de Chiapas, en lucha contra el fracking.

Con la coordinación de nuestros concejales popolucas y nahuas del Concejo Indígena de Gobierno, nombrado a nivel nacional por los pueblos integrados en el Congreso Nacional Indígena, realizamos nuestra primera asamblea regional para tomar acuerdos en el seguimiento al proceso iniciado años atrás para la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios frente a la embestida del gran capital trasnacional respaldado por los corruptos y mafiosos que caracterizan la clase política y los gobiernos de nuestro país.

Con su reforma energética y demás reformas estructurales, con la violencia a manos de la delincuencia organizada que han sembrado a lo largo y ancho del país y de nuestra región, están violentando todos nuestros derechos y queriendo despojar y destruir nuestros territorios: entre otras cosas, nos referimos a su negación de reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, a su intento por despojarnos y contaminar nuestros territorios y nuestras aguas con parques eólicos empresariales, con actividad minera, con explotación de petróleo y gas natural convencional y mediante la tecnología mortífera del fracking.

El día de hoy tomamos acuerdos internos para seguir con nuestra lucha;

Declaramos que seguiremos con firmeza nuestro movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de luz y exigiremos a la CFE el cumplimiento de los acuerdos firmados a nivel regional y nacional.

También seguiremos fortaleciendo nuestro movimiento por la defensa territorial y exigiremos el reconocimiento de nuestras actas de asamblea comunitarias que constituyen acciones de autoconsulta como pueblos indígenas. No permitiremos otras supuestas consultas impulsadas por los malos gobiernos y sus dependencias.

En coordinación con otros muchos movimientos a nivel nacional, no permitiremos la entrada de empresas eólicas y extractivistas en nuestros territorios ni ofreceremos nuestros territorios al gran capital extranjero como lo pretenden hacer los malos gobiernos con su Ley de Zona Económica Especial y tampoco permitiremos la privatización del agua.

Con el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno para México, haremos valer nuestro derecho a la autodeterminación y reconstruiremos nuestra autonomía que los malos gobiernos nos han robado desde décadas atrás, es decir que reconstruiremos nuestra capacidad de autogobernarnos para implementar un buen sistema de vida para nosotros los pueblos.

Además denunciamos los asesinatos de defensores de derechos humanos y la criminalización de la lucha social, exigimos la aparición con vida de todos los desaparecidos y desaparecidas y la libertad de los presos y presas políticas.

¡NO NOS DEJAREMOS!

¡YA LLEGO LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!

Texto y Audio por Fo Gacho.

Chilpancingo, Guerrero Agosto 2017; Entrevista con Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino de Atoyac Guerrero, quien fue desaparecido por el estado el 25 de agosto hace 43 años. Ella nos comenta sobre la  discución en torno a la Ley contra las desapariciones forzadas quese da en México y la justicia en México.

Rosendo Radilla componía corridos y apoyaba las luchas campesinas de guerrero fue detenido en un retén militar, pues para esos años, toda la costa montaña de atoyac era un gran cerco militar que impedía el paso de personas, de alimento, de semillas y labores para el campo, la estrategia era cercar a la guerrilla, pero sobre todo desarticular el tejido social, fracturar y despoblar aquellos territorios.

Los familiares de atoyac por mas de 40 años han buscado a sus familiares, al paso del tiempo esta búsqueda es por la verdad, saber que les hicieron, y el castigo de responsables, por la justicia como garantía de que no se repita. En 2009 la corte interamericana sentencia al estado mexicano por el delito de desaparición forzada para el caso Rosendo, pero junto a una lista de mas de 400 personas desaparecidas en solo ese municipio, entre 1972 y 1979, en los aun no se reconoce la responsabilidad del estado. En 2013 el gobierno mexicano hace un acto de perdon publico como parte de la sentencia, este acto tiene lugar en gobernación ya entrado Osorio chong, 3 días antes de la desaparición de Teodulfo Torres soriano, testigo ocular de las represión en la toma de protesta del 1 de Diciembre de Peña.

Otra parte de la sentencia es cumplir con las excavaciones que durante estos años han sido dirigidas por el estado en observación de organismos internacionales de derechos humanos, pero que hasta el momento siguen siendo parte del control burocrático de administración de justicia, pues muchas de aquellas familias como los Cabañas, no solo fueron desaparecidos, asesinados y encarcelados, sino que a estas alturas podemos ver como el despojo generacional de territorio y tejido social esta muy lejos de la reparación u indemnización que les ofrecen a las familias. Más aun en los últimos años estas familias siguen perseguidas tal como el asesinato de Isabel Ayala esposa de Lucio Cabañas en 2011, el asesinato de Rocio Mesino en 2013 y la misma desaparición del estudiante normalista de ayotzinapa Cutberto Ortiz, en 2014, sobrino de la familia cabañas.

Los desaparecidos nos faltan a Todas y Todos.

Por Noticias de Abajo ML.- >>Detenido sin pruebas en su contra, acusado por  una okupación en la que ya no participaba, rehén de la politica represiva del mal gobierno del la Ciudad con Mancera y las inmobiliarias.

Escucha la entrevista con Rogelio Leon Fortanel “Aaron Tzin” preso en el Reclusorio Sur acusado falsamente de despojo agravado, por la okupación en el inmueble de Melchor Ocampo 424 donde se albergaba el Chanti Ollin, proyecto de okupación que fue desalojado en un acto de abuso policial y fuera de norma el pasado 22 de Noviembre de 2016.

Libertad para Aron tzin

(Sigue este link para escuchar y descargar el audio)

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