San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de abril 2022
Acción Urgente No. 05

El Estado mexicano debe garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población

• Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia 170 familias en la comunidad  Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de integrantes de la organización Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), con sede en el municipio de Las Margaritas, Chiapas; que el día 11 de abril de 2022, autoridades locales de la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, privaron de la libertad y golpearon a hombres y mujeres por declararse integrantes de ASSI.

A raíz de diversas violencias por usos y costumbres y violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la asamblea y autoridades comunitarias de Amparo Agua Tinta, 170 familias se declararon integrantes de la organización ASSI, esto por invitación del presidente municipal de Las Margaritas Bladimir Hernández Álvarez, para que el problema se resolviera de manera pronta. El presidente municipal los invitó a ser parte de la organización ASSI.

La situación de abuso y violencia perpetradas por las autoridades locales adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), habría comenzado desde marzo de 2021, ya que las 170 familias se manifestaron en contra de la retención del personal del Hospital Rural en Amparo Agua Tinta. Las 170 familias argumentaron que “…cansados de tanto abuso, hartos de como se comporta las autoridades locales, con mucha corrupción y violencia, multas excesivas…. es mucha la injusticia y el abuso de poder…” decidieron afiliarse a la ASSI para buscar una protección. El 8 de abril de 2022, las 170 familias dieron a conocer en redes sociales su afiliación, por lo que el 11 de abril de 2022, a las 14.00 hrs., estas familias fueron agredidas y privadas de su libertad, entre ellas se encuentran mujeres ancianas y embarazadas. Las mujeres, hombres y adolescentes fueron obligadas a salir de sus casas, fueron amarradas, golpeadas y castigadas, refieren haber sido torturadas, así como obligadas a firmar un documento donde asumen una sanción correspondiente a trabajos comunitarios y a pagar una multa por la cantidad de 20 mil pesos cada persona. El resultado hasta hoy es que 70 mujeres pagarán una multa de 20 mil pesos cada una y 15 días de trabajo comunitario.

Frente a los hechos de violencia y el abuso de poder hacia estas familias, el Frayba manifiesta su preocupación por la privación arbitraria de libertad y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a hombres, mujeres y jóvenes en la comunidad de Amparo Agua Tinta, por lo que exigimos al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos de las 170 familias, de manera puntual a las 70 mujeres en riesgo, así como la libertad inmediata de quienes aún se encuentran privadas de la libertad, implemente medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población; así como investigar los hechos y entablar un diálogo para devolver la paz y tranquilidad a las familias agredidas, anulando las sanciones injustas hacia ellas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

Teopisca, Chiapas, México

6 de abril de 2022

Hermanas y hermanos,

El Comité de Derechos Humanos “Jcanan Lum” El Cuidador del Pueblo de la Parroquia de San Agustín de Hipona, municipio de Teopisca, nos unimos al Viacrusis por la vida, la justicia, la unidad y la dignidad para nuestra madre tierra y expresamos nuestra solidaridad a nuestras hermanas y hermanos del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón, Chiapas. Especialmente al Pueblo Creyente del Centro Pastoral Jet Ha’ en el municipio de Chilón.

Hacemos nuestra la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros defensores del territorio CÉSAR HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS GUTIERREZ, por la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos y nos unimos a la lucha contra la militarización en nuestros pueblos.

CÉSAR HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS GUTIERREZ son defensores comunitarios que se encuentran criminalizados por defender su territorio contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Fueron detenidos arbitrariamente en octubre del 2020, actualmente se encuentran libres pero enfrentan un proceso penal con graves violaciones a derechos humanos, lo que demuestra la represión del Estado contra los pueblos indígenas.

Nos unimos a la exigencia de nuestras hermanas y hermanos defensores de Derechos humanos del municipio de Chilón y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para unir nuestras voces de libertad y justicia.

Fraternalmente,

Comité de Derechos Humanos “Jcanan Lum” El Cuidador del Pueblo

EL ESTADO MEXICANO LE MIENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. MIENTRAS TANTO LAS DESAPARICIONES Y LA MUERTE SE MANTIENEN EN GUERRERO Y EN TODO EL PAÍS. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?

11 de abril de 2022
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.

1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:

a) El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
b) Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
c) Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
d) Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.

Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.

¡BASTA DE SIMULACIÓN!
¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2022
Boletín No. 13

Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

• En el mes de marzo se registraron 437 reportes de ataques armados contra las comunidades.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.

Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.

El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.

Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.

El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.

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