^{En portada: Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias. Foto: Aldo Santiago}

El pasado 20 de abril se hicieron públicas las más recientes reformas a la ley Minera en México, las cuales se centraron en colocar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio para ser realizada de manera exclusiva por el Estado.

En un contexto de disputa entre la inversión privada y estatal por el aprovechamiento del mineral, la discusión para cambiar la ley minera dejó a un lado los daños sociales y ambientales de dicha industria que han sido denunciados por organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

“La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país”, enfatiza la REMA mediante comunicado difundido este viernes (29).

En México, actualmente existen más de 24 mil concesiones vigentes para la extracción minera, las cuales cubren una superficie de más de 17 millones de hectáreas y pese al discurso oficial de no otorgar más concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha continuado con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

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De acuerdo a la REMA, sólo en los últimos tres meses de este 2022, el valor del litio se ha incrementado en un 250%. Esto se debe a que este mineral es considerado fundamental para la denominada transición energética.

“Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación”, remarca la red en el documento.

Reforma

Pese a la propaganda oficial, la REMA asegura que con la reforma a la ley minera aún existe la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para la explotación del litio se pueda asociar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.

“Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado”, advierte la red.

A esto, se suma la preocupación por el anuncio del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que llevará a cabo trabajos de prospección para identificar posibles yacimientos de litio en 82 localidades de 18 estados de la república: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.

“¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya”, cuestiona la REMA.

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También, la red añade que existe el riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, con el pretexto de “utilidad pública” y bajo el discurso de la soberanía energética nacional.

Estrés hídrico

Según la REMA, en los estados donde el SGM llevará cabo los trabajos de prospección para extraer litio ya sufren estrés hídrico, así como problemas de escasez y contaminación del agua.

Por ello, enfatizan su preocupación frente a la explotación del mineral, dado que uno de los principales impactos denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos en Sudamérica es la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación, ligado a la extracción de litio en salares o salmueras.

“Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que ‘Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular’”, detalla REMA.

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Otra de las consecuencias de la extracción del litio, son las graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas. “¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestiona la red.

Demandas

Aunque el discurso oficial menciona que se cancelaran los permisos para privados en la explotación del litio, la REMA aclara que esto no es sencillo, pues existen mecanismos para que las empresas recurran a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, mediante los cuales pueden exigir una indemnización por la cancelación de sus proyectos en México.

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Un ejemplo de esto es el caso del proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio, “y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio”, remarca REMA.

“Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional”, afirma el comunicado.

^{En portada: Mujeres buscadoras participan de las movilizaciones en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Agosto, 2020. Foto: Centro Prodh}

Es urgente que el Estado mexicano adopte una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos en el país, coincidieron organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil que esperan una respuesta del ejecutivo federal en los siguientes días.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 80 organizaciones, dijo que la grave situación de desapariciones es reiterada en el reciente informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, resultado de la primera visita que hizo a México desde su conformación.

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Los grupos de familiares de víctimas de desaparición se reunieron con el Comité e hicieron propuestas que fueron retomadas por la ONU en la emisión de las recomendaciones para el Estado mexicano.

“Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”, enfatizó el Movimiento respecto a la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones que permanecen en la impunidad, contexto que, de acuerdo a la ONU, debe ser reconocido y atendido con una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. 

“Para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad”, como el abandono del enfoque de militarización y hacer visible la información sobre los casi 100,000 desaparecidos.

Una década sin acciones

En este tenor, las organizaciones coinciden en la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país. Sobre la petición de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité priorizó valorar antes las observaciones del gobierno de México.

Humberto Guerrero, del Centro Fundar y parte del Movimiento, dijo que se puede reevaluar y de ser necesario solicitarán la revisión de esa decisión del Comité de la ONU.

Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México, pidió congruencia al gobierno de México, “porque en teoría los desaparecidos son prioridad y no estamos dispuestas a esperar otros 10 años para que haya un cambio”. Parafraseando al presidente, recordó que la historia también los juzgará.

Hace una década, en la visita de otro grupo de la ONU, el organismo también alertó sobre el inicio de una crisis de desapariciones. Entonces no hubo respuesta del gobierno en turno y ahora 95 mil 121 personas están desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Para Adela Alvarado de la Fundación Mónica Alejandrina es preocupante porque hasta los periodistas dejaron de informar sobre estos temas porque existe temor. Además, recordó un caso de desaparición en un reclusorio.

La mujer acudió a visitar a su pareja, su madre la acompañó y esperó afuera del penal. La madre de la mujer dice que nunca la vio salir y cuando preguntó con los encargados dijeron que no había registro de la entrada de su hija.

“Son situaciones verdaderamente alarmantes porque tenemos desapariciones en diferentes formas, de diferentes grupos, incluso podemos ver que hay en las desapariciones los migrantes, aquí se desaparecen en grupos bastantes grandes y no hay información ni una búsqueda ni nada”. Alvarado mencionó que, en el caso de las personas migrantes, las familias se enteran años después de la desaparición a pesar de que las Fiscalías tienen información.

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Son responsables las autoridades si no buscan y no localizan a las personas desaparecidas y en caso de muerte si no se devuelven los cuerpos a los familiares y allegados de forma digna y más general, cuando incumplen con sus obligaciones con las víctimas, añadió Grace Fernández.

En la actualidad, está en discusión en la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma constitucional para establecer el derecho de toda persona a ser buscada sin importar la fecha de su desaparición.

Resguardo genético 

Las dilaciones injustificadas para iniciar las búsquedas y la falta de presupuesto se suman a las recomendaciones que hizo la ONU. Las comisiones estatales solo cuentan con el presupuesto federal y la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una reducción del presupuesto de 2020-2021: el 29% destinado para gastos operativos en el 2021 se redujo al 12%.

En este contexto, existe preocupación del Comité por el manejo y resguardo del material genético que las familias entregan a las autoridades, es decir, no sólo las donaciones de sangre para los perfiles genéticos sino también los indicios recuperados en las búsquedas de los colectivos y familias en campo.

“México debe cerrar la brecha que hay entre la Ley y los hechos, porque el problema no es de leyes si no de prácticas”, dijo Humberto Guerrero de Fundar.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense, “exhortamos al Senado de la República a que apruebe el dictamen en el presente periodo de sesiones a efecto de que la ley se promulgue y el Centro Nacional de Identificación Humana entre en funcionamiento a la brevedad posible”, publicó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en redes sociales.

La niñez 

A estas exigencias se unió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), pues dijo que se debe combatir la impunidad y prevenir, sin militarización, la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Desde que empezó el sexenio de López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos; de éstos, 5,102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo 2,232 de ellas mujeres y 1,797 hombres.

Los números proporcionados por Redim muestran que las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

Los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son el Estado de México con 3,740 casos, Tamaulipas con 1,704 y Jalisco con 1,231 casos. En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de abril de 2022.

De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.

La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Chiapas, por ejemplo, el número de fichas de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes es 12 veces mayor que en el Registro Nacional; de acuerdo a organizaciones esta ausencia de información dificulta el combate y la atención a las causas.

En 2021, la Fiscalía de Chiapas subió a su plataforma 625 fichas de menores con reporte de desaparición, pero en el registro nacional sólo aparecieron 51 casos, “y esto seguramente se repite en otros estados del país”.

En la participación de Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal con sede en San Cristóbal de Las Casas, destacó que la tendencia en la geografía chiapaneca va al alza desde el año pasado con un registro de 625 menores desaparecidos; tres veces más que en 2019 cuando se documentaron 183 casos.

En términos de estrategias de prevención, dijo que no se tiene información pública de qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “si son reclutados por el crimen, si son víctimas de trata, si están muertos o si están vivos.

Esta información nos tendría que permitir estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención y construir estrategias de prevención”, dijo Haza, pero con los factores preexistentes de desigualdad y de exclusión social la tarea se vuelve más compleja.

La entidad tampoco cuenta un registro electrónico de las huellas dactilares a partir de las actas, inclusive cuatro de cada 10 menores no tienen acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, “entonces necesitamos valorar todos los hechos, estos factores existentes en torno a la desaparición”.

En este contexto, Haza destacó también los casos de los huérfanos de los hijos de las personas desaparecidas y parafraseando a los familiares de las víctimas, dijo “son los olvidados del sistema”.

“No tienen ningún programa social destinado de forma específica y aquí hemos identificado casos que pueden resultar anecdóticos pero que si llevaran registros podríamos tener más información”, además de menores que quedaron a cargo de otros familiares cuando su padre o madre desaparecieron.

De enero al 13 de marzo de 2022 tienen documentada la desaparición de 112 menores en Chiapas, el 52 por ciento fueron localizados: ocho sin vida, entre ellos dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Haití. Del total, el 75% son mujeres, “de todos esos datos que tenemos de las propias fichas no están en el registro nacional”, dijo Jennifer Haza y se unió a la exigencia de la atención a las recomendaciones de la ONU.

El Estado mexicano tiene cuatro meses para emitir las observaciones sobre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU que, a partir de entonces, deberá realizar el seguimiento. Pero las madres buscadoras esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador de respuestas el próximo 10 de mayo cuando se realice la “Marcha por la Dignidad Nacional. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos”.

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Las 80 organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos esperan la aceptación del Estado en conjunto y una propuesta de egresos de la federación que refleje la importancia a las recomendaciones que hizo el Comité.

Asimismo, la presentación de un plan de trabajo de la Fiscalía General de la República sobre cómo cumplirá con el Banco Nacional de Datos Forense y la base genética, pues incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene un litigio sobre el tema.

^{Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal}

Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.

En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.

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Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.

“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.

Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.

Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.

Otras luchas

Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.

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La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.

Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad.  A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

“Nos están matando, violando, mutilando, torturando, empalando, embolsando, desapareciendo, ‘suicidando’, enterrando vivas, vendiendo, y que la Justicia no llega, que la Justicia no se ve, que la Justicia no existe”.

Lo anterior es parte de un comunicado difundido por las redes, colectivas y organizaciones que el domingo (24) salieron a las calles de diferentes entidades para alertar sobre la imparable violencia feminicida que enfrentan en las mujeres en México.

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En las protestas de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nuevo León, por mencionar solo algunos estados, las cartulinas y lonas mostraron nuevamente los nombres y rostros de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. Miles de casos que permanecen en la impunidad.

La movilización fue convocada a nivel nacional por la indignación derivada del caso de Debanhi y el hallazgo de más víctimas de feminicidio en Nuevo Léon, al norte del país. “La desolación, inseguridad y violencia va en aumento”, reclamaron las mujeres.

“El panorama es desolador”

De enero a marzo de 2022, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el registro de 229 casos de feminicidios: 78 en enero, 81 en febrero y 70 en marzo. Según la dependencia federal estos números reflejan una disminución de 34%.

La lista la encabeza el Estado de México con 39 feminicidios, Nuevo León con 21 y Veracruz 21; le siguen la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco. El riesgo feminicida en el Estado de México es tan grave que Amnistía Internacional mantiene una petición en su plataforma por cuatro feminicidios, “la mayoría de los asesinatos quedan impunes”, recalca.

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En cada demarcación la petición es una sola: justicia. Las mujeres solicitaron a las Fiscalías del país, así como al Poder Judicial atender la situación jurídica de las mujeres, incluso las que están privadas de su libertad injustamente.

En las pancartas demandaron que feminicidas, golpeadores, violadores, acosadores, pedófilos y hostigadores sexuales dejen de pisar las calles y se les dicte auto de formal prisión.

Nadie volvió a pronunciar su nombre 

“La Fiscalía de Chiapas no hace su trabajo”, dijo Margarita Zenteno, mamá de Paulina Gómez Zenteno, asesinada en Tuxtla Gutiérrez, al tomar el micrófono en el mítin frente a Palacio de Gobierno de Chiapas. Desde entonces, la búsqueda de justicia de Margarita se convirtió en un calvario por la falta de perspectiva de género en las Fiscalías y discriminación por parte de derechos humanos.

“Hace seis años mataron a mi hermana Yuri Lisseth Méndez Trejo, enfermera de 21 años. Necesitamos que el Estado haga su trabajo, hoy la Alerta de Género nos sigue debiendo”, dijo Itzel Molina Trejo.

El 24 de noviembre de 2016, Yuri fue hallada sin vida en el interior de una bolsa negra. Uno de los feminicidas fue detenido por la lucha incansable de la familia que acompaña todas las marchas contra la violencia hacia las mujeres que se realizan en la capital de Chiapas.

El 27 de agosto de 2021, la activista animalista Adriana Vera, fue asesinada a golpes por su pareja en Chiapa de Corzo. Compañeras activistas de Adriana señalaron que la Fiscalía General de Chiapas dio carpetazo a la investigación por posible “suicidio”.

“Nadie volvió a pronunciar su nombre. Exigimos que la recuerden porque ese tipo (el feminicida de Adriana) está con su nueva novia por ahí y ella puede ser la siguiente”.

La movilización a nivel nacional se dio a partir de los seis hallazgos en Nuevo León y la presentación del informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas. El estudio dice que uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer.

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La media nacional de 25% de desaparición de mujeres es superada por Campeche con 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría, casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años.

^{En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.}

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

^{Fotos por Futuros Indígenas}

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.