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Avispa Midia

Institucionalización de la militarización sigue marcha acelerada en México

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Estudiosos y defensores de derechos humanos coinciden que en los últimos años se ha acelerado la militarización en México y su proceso de institucionalización por medio de reformas constitucionales, leyes y decretos presidenciales.

La medida más reciente se dio el miércoles (9) con el Senado de México emitiendo la declaratoria de aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La reforma modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guarda Nacional, y que determinaba la militarización hasta 2024.

En una de las conferencias de prensa que realiza todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a los críticos de la medida, “no quieran los autoritarios pasar como defensores de Derechos Humanos. Utilizaban al Ejército para tareas de seguridad nacional sin fundamento constitucional. Son unos reverendos hipócritas”.

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Por ser una reforma constitucional, el proyecto necesitó, además de la aprobación del Congreso de la Unión, ser avalado, mínimamente, por la mitad de los 32 congresos estatales; 20 lo aprobaron. Ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Anteriormente, en septiembre de 2022, el Congreso había aprobado la propuesta del presidente de transferir a la Guardia Nacional, que por la Constitución debería tener un carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su campaña electoral AMLO hizo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad llevada a cabo por sus antecesores, justamente porque desplegaron a las fuerzas armadas en tareas policiales. Ahora niega que las acciones de su gobierno están militarizando el país.

“Una de las narrativas que hemos escuchado es que las fuerzas armadas han cambiado y que, por eso, seria excesiva nuestra preocupación [de los organismos de Derechos Humanos]”, sostuvo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante conversatorio sobre militarización en México promovido por el Diálogo Interamericano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Aguirre enmarcó algunos cambios y también continuidades en relación a gobiernos pasados. Un primer dato es que el número de efectivos desplegados en el territorio nacional es mucho mayor en el presente. “En la administración de Felipe Calderón eran alrededor de 50 mil efectivos militares desplegados y hoy son alrededor de 90 mil”, sostiene.

Miembros de la Guardia Nacional de México marchan en el desfile militar del Día de la Independencia, en el Zócalo de Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2019.

Además, el actual gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones del Ejecutivo, como responsabilidades en obras públicas y en proyectos de políticas públicas.

La continuidad destacada como más relevante por Aguirre es la ausencia de controles civiles externos que aseguren la rendición de cuentas de los militares. De hecho, “eso se ha profundizado”, dijo.

Cuando hay una violación de derechos humanos cometida por el Ejército, la Marina y, ahora, por la Guardia Nacional, deben entrar en escena varios controles para investigar estos hechos, de manera que los responsables rindan cuentas.

Por un lado, están los controles internos de las propias instituciones castrenses. “Estos nunca han funcionado en México, porque hay un espíritu de cuerpo que propende a la impunidad”, sostuvo.

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La Guardia Nacional, por ejemplo, creada en el sexenio de López Obrador, como menciona Aguirre, incluyó un área de asuntos internos “muy fuerte en el diseño legal, incluso la Ley de la Guardia Nacional dice que el nombramiento de la cabeza de esta área le corresponde al presidente”. Sin embargo, cuenta, se puso en la mano de un ex general con antecedentes de haber participado de casos de tortura. “Desde luego nada bueno iba a ocurrir con esta unidad”.

Por otro lado, están los controles externos civiles. “Estos son débiles”, califica. Uno de ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró entre 2019 y agosto 2022, 1,560 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 308 contra la Secretaría de Marina (Semar) y 1,613 contra la Guardia Nacional. “Pero solo ha emitido 15 recomendaciones en estos años sobre las fuerzas federales”.

En relación a otros controles, como la Fiscalía General de la República o el poder judicial, “todos se auto inhiben cuando se trata de las Fuerzas Armadas”. Al día de hoy hay alrededor de “28 sentencias condenatorias federales por eventos de violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas, cuando hay mas de 10,700 quejas en los últimos años”, sostiene.

Lo que Aguirre llama de auto inhibición también “la podemos ver con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diez asuntos muy importantes sobre estos cambios legales recientes relacionados con la militarización, sin resolverse”.

Los controles parlamentarios tampoco están funcionando, según su evaluación. Para citar un episodio reciente, tenían que comparecer ante el poder legislativo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para explicar la reciente vulneración de la seguridad digital del Ejército y no lo hicieron. “Se negaron a comparecer ante el poder legislativo y llamaron a los diputados a comparecer en privado en las instalaciones de la secretaria de la defensa”.

Más violencia

La investigadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sara Velázquez, sostiene, con base en investigaciones desarrolladas por su programa, que cuando el Ejército ejerce funciones de seguridad pública, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en hasta 9%. “Hay una correlación entre despliegue militar y aumento de homicidios”, explicó la investigadora durante el conversatorio.

También identificaron la correlación entre militarización y letalidad. Las Fuerzas Armadas tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. El Ejército suele matar mas personas que hieren o detiene, relata.

“En 2021, el Ejército reportó matar a 5 civiles por cada uno que detenía. Es un índice de letalidad muy preocupante. Los militares actúan con la lógica de guerra, cuando en labores de seguridad pública se espera que las instituciones detengan o inhabiliten sin matar a las personas, de manera que sea el poder judicial quien determine si son o no ‘criminales’”, señala Velázquez.

Para Aguirre, el opuesto a la militarización es el fortalecimiento de la perspectiva civil en seguridad, pero sobre todo el opuesto a la militarización es la justicia. “Tener fiscalías y, sobre todo, una fiscalía federal capaz de desestructurar redes criminales”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Masacre de Viejo Velasco. Lejos de la justicia ante la Masacre, desapariciones y desplazamiento forzado, continúa la impunidad

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento Conjunto
16 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

•    A 16 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores. 

•    Lejos de la justicia, éste es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles., algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo a investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 16 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.

Durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

La FGE nunca contó  con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años-  continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.

Cabe señalar que esta sangrienta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

En este 16° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, la organización XINICH, recuerda y conmemora a las compañeras y compañeros que fueron asesinados en esta masacre, reiterando que están vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan; son ellos-as quienes nos empujan día a día a seguir luchando por la autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia.

No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

¡Viejo Velasco no se olvida!

Suscriben en apoyo y solidaridad (por orden alfabético):

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Salud y Desarrollo Comunitario A. C.

Ver:

 

y

 

38 indígenas –mayoría mujeres y niñas- desplazados refugiándose en la montaña y muestras de la violencia y saña del ataque de corte paramilitar

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

16 Aniversario de la masacre de Viejo Velasco. La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento.
XVI Aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco
La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla

Desde hace dieciséis años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia.

Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso.

Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, ANTONIO PEÑATE Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevo.

Recordamos a nuestra compañera MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, PETRONA NÚÑEZ GONZÁLEZ, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

La masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanja Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

Estas personas iban acompañadas de 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. Así también, hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos Peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedara en el olvido.

Hoy, a los 16 años nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo.

No olvidamos que el único delito de nuestros hermanas y hermanos masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y territorio para el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha han tenido un paso más; queremos informar públicamente que el pasado 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20, de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México, en donde señalamos claramente la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta a nuestra comunidad Viejo Velasco.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo enfrentada a una agresiva política del Estado Mexicano ejercida sobre dichos poblados ubicados dentro y en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, una de las más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país.

Desde la ciudad de Palenque Chiapas México, reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez; la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González; así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la organización social CDLI-XINICH, a quienes el estado mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD
CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!

ATENTAMENTE
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas-CDLI-XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Maderas del Pueblo del Sureste- MPS
Salud y Desarrollo Comunitario- SADEC
Casa de la Mujer Ixim Antsetic

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana)

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Avispa Midia

Estados promueven militarización verde frente a crisis climática

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

 

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

En estos tiempos, los partidistas de varias comunidades del municipio oficial de Chenalhó, violan flagrantemente los derechos humanos de varias familias miembros de nuestra Organización Las Abejas de Acteal

  Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal


Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

10 de noviembre de 2022

 

 

 

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

 

Hermanas y hermanos:

 

Hace 25 años una comisión de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, en el mes de octubre de 1997, vino a advertirle al presidente municipal priista de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que hablara con su gente armada o sea el grupo paramilitar que cesaran las agresiones, las quemas de casas, robo de pertenencias y amenazas de muerte hacia los miembros de Las Abejas. Sin embargo, en lugar de escucharnos con respeto y entablar una plática seria, nos acusó de “provocadores y de ser zapatistas”. Y después, 5 días antes de la masacre de Acteal, se intentó hacer un diálogo en la comunidad Las Limas, son testigos los gobiernos de Chiapas y federal, además de varias organizaciones de derechos humanos y la misma CONAI, y este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró.

 

Hoy, al igual que hace 25 años, a pocos días de cumplirse 25 años de la cruel masacre de Acteal, venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez (familiar y vecino de Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla) y a todo su ayuntamiento, que, no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997.

 

En estos tiempos, los partidistas de varias comunidades del municipio oficial de Chenalhó, violan flagrantemente los derechos humanos de varias familias miembros de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, las causas son; porque seguimos señalando que la Masacre de Acteal es un crimen de Estado y que los paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros.

 

Desde la Masacre de Acteal, el pueblo de San Pedro Chenalhó se dividió, los paramilitares y la guerra de contrainsurgencia producto del Plan de Campaña Chiapas 94, vino a romper el tejido social y el sentido de vida comunitaria que nos unía como hermanas y hermanos tsotsiles. El ayuntamiento de Chenalhó, que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte.

 

Y a pesar de tanta burla y desprecio que nos tienen nuestros propios hermanos que se han cegado por la ira del poder y del dinero, no nos cansamos en despertarles su conciencia y quitarles el velo de la mentira y de la simulación que los esclaviza.

 

Es entonces que este día venimos a recordarle al presidente y a todo su ayuntamiento de Chenalhó, que convoque de inmediato a sus agentes en las comunidades de Campo Los Toros y Bach’en para que de manera urgente reconecten los servicios de agua como derecho humano y la luz eléctrica a las 4 familias de Campo Los Toros que se les cortó dichos servicios desde hace 21 meses y a las 2 familias de Bach’en, que en el mes de agosto de este año también se les privó de dichos servicios.

 

El motivo del corte de agua y luz eléctrica de las familias Abejas de Campo Los Toros, fue porque una compañera nuestra se casó con un hombre de otra comunidad el cual decidió integrarse a nuestra Organización. Cinco días después de casarse, nuestra compañera y su esposo fueron a hablar con los representantes para pedir su incorporación a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y solicitarles que les apoyaran para pedir los servicios de agua y luz ante la comunidad, como se hace normalmente, pagando las cuotas necesarias de entrada. Pero, la envidia de la gente partidista decidió castigarlos sin ninguna razón, cortándoles dichos servicios, porque se molestaron de que el esposo de nuestra compañera haya decidido unirse a nuestra organización.

 

Y la razón de la suspensión de servicios de agua y luz eléctrica de nuestros dos compañeros de Bach’en, fue porque nuestro compañero Miguel Pérez Pérez quién actualmente es representante de Las Abejas de Acteal, no aceptó un cargo de comité de educación, porque tienen un acuerdo estipulado en un acta de acuerdo elaborado el día 5 de diciembre de 2014 ante la asamblea de dicha comunidad, que en una de sus cláusulas dice al pie de la letra, en el consejo parroquial, zonas y coordinadores de la religión católica fungirán tres años consecutivos como discípulos de nuestro dios todo poderoso, al dejar dicha encomienda, tendrá el derecho de descansar tres años consecutivos en la comunidad y en su posterioridad podrá ocupar cualquier cargo si la comunidad a si le ve conveniente. Nuestro compañero Miguel, se avaló de este acuerdo, porque lleva menos de un año haber dejado su cargo de Consejo Parroquial de Chenalhó. Pero, la asamblea violó su propio acuerdo. Y lo peor es que a dicho documento le cambiaron las cláusulas sin el consentimiento de toda la gente quiénes habían participado en ello desde el 2014. Queremos mencionar que el síndico municipal de Chenalhó, avaló este documento falsificado, concluyendo que nuestro compañero no tiene la razón.

 

Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia.

 

Otro caso que queremos hacerlo público es de un compañero de Las Abejas en la colonia Puebla de nombre Francisco Arias Cruz, el pasado 14 de octubre fue encarcelado por el agente y comisariado de dicho lugar por órdenes de la asamblea, porque dos de sus hijos no quieren estudiar la secundaria, según dicha comunidad tiene un acuerdo que todos los jóvenes deben de estudiar y, la familia que no cumpla con dicho acuerdo paga una multa de 5 mil pesos por cada hijo o hija que no quiera estudiar. Sin embargo, los hijos de nuestro compañero ni siquiera tienen certificado de primaria, ya que en tiempos de covid muchos de las y los niños no pudieron seguir estudiando, pero, el comité de la escuela secundaria, insiste en “que estudien los hijos de nuestro compañero, que no importa que no tengan certificado, el maestro de la secundaria lo va a aceptar”. Nuestro compañero estuvo 8 horas privado de su libertad y después se le dejó “libre”, con la condición de que pague los 10 mil pesos por sus dos hijos.

 

Y el último caso que queremos evidenciar, es de la comunidad Nuevo Yibeljoj, que en el año del 2000 se creó esta comunidad como reubicación de campamento de las familias de Las Abejas que estaban desplazadas en el Campamento X-oyep por la guerra de contrainsurgencia en Chiapas. Pero, las políticas de desgaste del mal gobierno cooptaron a un grupo de personas, para causar la división de en nuestra organización Las Abejas de Acteal en el año de 2008. Estas mismas personas, simularon hacer una asamblea para cambiar el nombre de la comunidad Nuevo Yibeljoj, sin consultar al resto de las y los fundadores de dicha comunidad. El mismo secretario municipal quien es actual síndico municipal de Chenalhó, avaló esta asamblea manipulada, pidiéndole al INE que haga cambio del nombre de dicha comunidad por “Centro Nuevo Yibeljoj”, aunque por la presión de las familias Abejas se recuperó el nombre original de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Ahora el grupo partidista “Centro Nuevo Yibeljoj”, niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas.

 

De los tres casos como de las comunidades: Campo Los Toros, Bach’en y Nuevo Yibeljoj, recurrimos al ayuntamiento de Chenalhó para que dichos problemas se resuelvan de manera dialogada y en base al respeto, sin embargo, tanto el presidente municipal y los agentes municipales correspondientes, se han negado a llegar a soluciones favorables y nosotros como organización hemos ofrecido propuestas para que dichos problemas se resuelvan de verdad.

 

Además, tanto el presidente municipal como sus agentes, usan estrategias para desgastarnos, por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó.

 

Le decimos al presidente municipal que estos hechos que viven nuestros compañeros ya mencionados, son casos de emergencia y de gravedad que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla.

Ante la cerrazón y falta de seriedad del ayuntamiento de Chenalhó, dijimos ¡Ya Basta! de tanta mentira y simulación de justicia, es la razón por la que estamos denunciando todo públicamente en este día.

 

Ante todo, lo anterior exigimos al presidente de Chenalhó y a su ayuntamiento:

 

  1. En el caso de las familias Abejas de Bach’en, se les restituya inmediatamente el servicio de agua y electricidad en un lapso de 11 días a partir de mañana.
  2. A las familias de Campo Los Toros también se les reconecte los servicios de agua y electricidad, del mismo modo dentro de 11 días a partir de mañana.
  3. A nuestro compañero de la colonia Puebla, se le retire la sanción impuesta con la cantidad de 10 mil pesos.
  4. Al agente de Centro Nuevo Yibeljoj y su gente, acudan a los citatorios que les hace su presidente municipal y que nuestros compañeros de Las Abejas de esa comunidad se les reconozcan sus derechos que les corresponden hacer uso de dicho campamento creado desde el 17 de octubre del 2000, ya que el conflicto que dio origen a la masacre de Acteal, sigue impune.
  5. Y, por último, pedimos al ayuntamiento de Chenalhó, reanude las pláticas de los casos correspondientes y que esta vez sean con seriedad y buena voluntad, ya estamos cansados de tantos engaños.

 

Hermanas y hermanos: les pedimos urgentemente exijan junto a nosotros enviando cartas y llamamientos a los tres niveles de gobierno a que nuestros compañeros y compañeras sean reconectados sus servicios de agua y luz eléctrica y se detenga toda la violencia en contra de nuestra lucha. En este 22 de noviembre en el marco de la conmemoración mensual de la Masacre de Acteal, haremos público los resultados de nuestras exigencias al ayuntamiento de Chenalhó.

 

Atentamente.

 

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

Manuel Pérez Jiménez                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                                  Secretario

 

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Tortura y detención arbitraria de parte de autoridades generan dilación procesal y sentencias a inocentes

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

 

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

 

ATENTAMENTE,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

radio
Camino al Andar

Notas provisionales sobre Estado plural y democracia según Luis Villoro.(borrador inconcluso)*

Publicado en Camino al Andar

09 de noviembre de 2022

Por Arturo Anguiano

1. En su libro, Estado plural, pluralidad de culturas (Paidós/UNAM, México, 1998), Luis Villoro llama la atención sobre la mundialización capitalista y la manera como ha puesto en crisis el orden mundial caracterizado por la existencia generalizada de los Estados-nación. Menciona “una radical transformación de las relaciones entre las naciones: la globalización de la economía, de las comunicaciones, de la ciencia y la tecnología e incluso, en gran medida, de las decisiones políticas” (p. 48). Un nuevo culto al mercado, unas cuantas grandes empresas transnacionales, capitales que se mueven sin que se les pueda controlar en ningún país. “Estamos, escribe Villoro, ante un nuevo poder mundial del que depende la suerte de una gran parte del mundo. Un poder sin fronteras, sin contrato social, sin leyes ni sanciones”. Los Estados nacionales disminuyen o pierden su capacidad de acción y de regulación, resulta imposible que en forma aislada puedan hacer frente a los “grandes desafíos que conciernen a todo el planeta” e incluso a sus economías internas. Ante el debilitamiento de los Estados-nación, la crisis se manifiesta en su incapacidad para “mantener un orden homogéneo en la sociedad y en la emergencia de reivindicaciones nacionales y étnicas”. Escribe: “los individuos buscan revivir sus vínculos personales en comunidades cercanas, capaces de ser vividas y no sólo pensadas, que puedan dar un nuevo sentido a sus vidas. La nostalgia del individuo por una comunidad perdida no se satisface en el Estado nacional, anhela formas de pertenencia a las que pueda integrarse su vida”. Así, cuando el mundo parece unificarse por la globalización, “asistimos al desmembramiento de países y a la formación de naciones nuevas”. La geografía del planeta y de numerosos Estados se trastoca y rehace.

La crisis del Estado-nación, para Villoro, no significa su inminente desaparición que puede todavía mantenerse largo tiempo, pues no hay poder político que lo reemplace. En cambio, sí puede facilitar la posibilidad de su reforma.
2. Luis Villoro teoriza sobre los diversos tipos de nación, sobre la etnia y los pueblos, vinculándolos de diversas maneras al Estado, que si bien revisa en sus distintas configuraciones durante el largo recorrido de la historia, se centra sobre todo en el Estado-nación como figura contemporánea del occidente capitalista. Desde su surgimiento, el Estado-nación es un poder que se sobrepone a la sociedad. Los pueblos, naciones, etnias, lenguas, culturas, grupos de distinta naturaleza que pudieran existir desaparecen tras el ciudadano en que devienen todos; la sociedad se fragmenta, se individualiza en ciudadanos abstractos que resultan iguales, idénticos a sí mismos. “Ante la ley, escribe Villoro, todos los individuos se uniforman. Nadie tiene derecho a ser diferente. El nuevo Estado establece la homogeneidad en una sociedad heterogénea”. Al final de cuentas, se impone una lengua única. “La unidad de los distintos niveles, económico, administrativo, jurídico, constituye una nueva uniformidad de cultura. Y frente a esta uniformización, se establece igualmente un mercado uniforme que abre paso al desarrollo de la sociedad industrial y mercantil. No hay, entonces, una convergencia de modos de vida y de culturas, ninguna síntesis, en cambio “el Estado-nación nace de la imposición de los intereses de un grupo sobre los múltiples pueblos y asociaciones que coexisten en un territorio”.

Un Estado soberano, una única nación, el Estado-nación centraliza su poder e impone su dominio político. El nacionalismo se vuelve la ideología dominante que integra hacia el interior y excluye lo que aparece ajeno, extraño, posible enemigo.

Es muy rica la visión de Villoro, que aquí simplifico en extremo. En América hispana, como la llama, se desarrolla un proceso similar del cual nos habla. En especial sobre México, después del fin de la larga colonización y luego de la derrota de las rebeliones de Hidalgo y Morelos, serán los criollos y mestizos quienes tratarán de crear el “nuevo Estado homogéneo e individualista”, imponiéndose a la multiplicidad de etnias y regiones del país. De entrada, “los pueblos indios no son reconocidos en la estructura política y legal de la nueva nación”. Pero Villoro observa desde el inicio una situación peculiar: “los dos siglos de vida independiente pueden verse, desde entonces, bajo una luz: la contraposición de dos corrientes que responden a ideas distintas de la nación. Por un lado, la construcción del Estado-nación moderno, que había imaginado el grupo fundador; por el otro, la resistencia de las comunidades que no encajan en ese proyecto” (p. 42).

Sin antecedentes históricos, nos dice, la nueva nación debió ser construida a partir del propio Estado en ciernes, lo que va cobrando forma con la República Restaurada que comienza el proceso de modernización del país. Se echa mano de las experiencia de la Europa y Estados Unidos y constitucionalmente se crea una República sostenida en la democracia representativa y una Federación que no reafirma la diversidad real de pueblos y regiones que integran, sino que se impone en forma arbitraria conforme a intereses políticos y materiales particulares. Villoro abunda en las peripecias y concepciones cambiantes de los liberales de los distintos momentos del tiempo histórico mexicano, que asumen la tarea de construir un Estado homogéneo que choca con el comportamiento y las necesidades de las comunidades y pueblos diversos de la mayor parte del país real. Los pueblos originarios sufrirán no solamente el desprecio de los liberales empeñados en individualizar al país, sino también el acoso y el despojo que solamente cambiarán un tanto luego de la llamada Revolución mexicana de 1910-1920, que en realidad fue un trance que combinó al menos tres revoluciones y una muy cruenta guerra civil.

Frente a los pretendidos valores de la libertad individual y la igualdad formal ante la ley, que parecen orientar al nuevo Estado que emerge en el fondo como una salida contrarrevolucionaria, se confrontan la comunidad, la solidaridad y la justicia de esos campesinos y plebeyos de Zapata y Villa que a pesar de su fuerza devastadora fueron derrotados como Hidalgo y Morelos. Nuestro autor se pregunta si “¿No empezará a revivir actualmente esa idea otra de nación?”. El Estado no muy cambió con la Constitución de 1917 y reafirmó de nuevo una suerte de Estado liberal (con matices entonces inéditos) y una Federación que tardaron en unificar a la nación toda, centralizar el poder y reproducir la homogeneidad en una sociedad en extremo diversificada y desigual, que no dejó de transformarse en el transcurso de los años. Villoro concluye que el proyecto liberal que “respondía al reto de unificar a la nación” en realidad conduce a “aumentar la escisión entre estos dos México”.

3. Tardó décadas en articularse y lograr su consolidación un Estado unitario y fuerte que en verdad poco tenía que ver con el viejo liberalismo (o con ningún otro). Aunque se construyó un mercado que permitió modernizar y semi-industrializar al país bajo la batuta del Estado interventor (no muy liberal), la sociedad no asumió la forma de una maraña de ciudadanos titulares de derechos, más que individuos aislados fueron corporativizados, al menos en sus sectores fundamentales. Esto es, sus organizaciones y asociaciones, sus comunidades perdieron cualquier tipo de autonomía y fueron encuadradas como parte del aparato estatal a través del partido de Estado, del PRI. En tanto que la mayoría de la población no organizada, reducida a la pobreza y la pobreza extrema, fue sometida por medio de relaciones clientelares o la violencia, por el ogro filantrópico (como lo llamó Octavio Paz) en que devino el poder central encarnado en el presidente. De manera que lo colectivo fue desnaturalizado y las comunidades y pueblos tampoco dejaron de sufrir el acoso, el despojo y su desnaturalización. El Estado homogéneo, como lo llama Villoro, se impuso en forma autoritaria a la sociedad, asentado en la dominación corporativa y la ausencia de procesos democráticos efectivos. Hay que precisar que los titulares de la riqueza material y los capitales fueron favorecidos a pesar de también haber sido encuadrados en corporaciones que, empero, no perdieron su autonomía y vivieron un tiempo bajo la sombra de Estado y siempre bajo su protección.

Pero las propias transformaciones materiales y sociales a que dio lugar el desarrollo del propio Estado-nación aunados a los grandes cambios acarreados por la mundialización del capital, también desgastaron y luego lanzaron a la crisis al Estado-nación mexicano, la cual se anuncia en forma reveladora durante el movimiento estudiantil-popular de 1968, cuando la sociedad irrumpe en el ámbito resguardado de la política. Hoy parece obvio que la República ilusoria y la Federación ficticia que los liberales mexicanos imaginaron y que disimulaban la dictadura encubierta y la estatización de la sociedad que denunció José Revueltas, no han logrado encontrar una solución de continuidad a la crisis estatal interminable que nos aqueja.

Luis Villoro encuentra una posibilidad en el reconocimiento de una realidad en extremo compleja, caracterizada por la multiplicidad de culturas diversas que no han dejado de resistir a los intentos de aplastamiento y uniformización e incluso no dejan de renovarse, enriquecerse y fraguar incluso su autonomía. “Frente al Estado-nación homogéneo, explica, se abre ahora la posibilidad de un Estado plural que se adecue a la realidad social, constituida por una multiplicidad de etnias, culturas, comunidades” (p. 47). La reforma del Estado-nación permitiría superar a través de una suerte de síntesis las dos ideas de nación que chocaron en México desde la Independencia. “Tenemos que diseñar un nuevo tipo de Estado, escribe, que respete nuestra realidad y termine con el intento alocado de imponerle por la violencia un esquema pretendidamente racional. Tendría que ser un Estado respetuoso de todas las diferencias. Sería un Estado en que ningún pueblo, ni siquiera el mayoritario, impondría a otros su idea de nación. El Estado plural no renunciará a la modernización de país, si por ella se entiende progreso hacia una sociedad más próspera y más democrática. Pero la modernidad deseada no consistiría en la destrucción de las estructuras locales y su supeditación a las fuerza ciegas de un mercado mundial, sino en la participación activa de todas las identidades sociales en un proyecto común de cambio. El Estado se reduciría a coordinar, en este proceso, los proyectos diferentes de las comunidades reales y a proponerles una orientación común. La sede del poder real se acercaría cada vez más a las comunidades autónomas que constituyen la sociedad real. El adelanto hacia un Estado plural es, así, una vía hacia una democracia radical” (pp. 47-48).

4. Aunque lo ve como un proceso que tendría que irse desplegando y dibujando con el tiempo, Luis Villoro propone varias ideas articuladoras: una soberanía parcialmente compartida, la integración de un Estado múltiple, la democracia participativa y el Estado equitativo.

Una soberanía que no excluya ni aísle, que sea compatible con la interdependencia pero que igualmente posibilite la defensa frente las grandes empresas mundiales y los Estados hegemónicos en el planeta. Volver a controlar la política económica y los recursos internos y relanzar la regulaciones necesarias en defensa del aparato productivo y la desigual competencia de capitales. También implicaría la posibilidad de avanzar en regulaciones y acuerdos de integración con otros Estados-nación, sin perder la autodeterminación. Incluso Villoro plantea la urgencia de “un poder político mundial con facultades coercitivas, restringidas a asuntos específicos de interés general y encargado de tomar decisiones y emprender acciones en esos asuntos que afectan la vida de todos” (Los retos de la sociedad por venir, FCE, México, 2007, pp. 178-179).

El Estado tendría que partir de la diversidad real del país, de la existencia de numerosas etnias, culturas, regiones distintas -y yo añadiría clases- que tendrían que encontrar vínculos, una forma de asociación plural. De esta forma, las comunidades reales participarían en el poder a la vez que reafirmarían su autonomía específica. La autodeterminación de los pueblos se combinaría con la adhesión libre al Estado nacional. “Formar la patria, escribe nuestro autor, no sería tratar de uniformar a todos los componentes del país en un solo molde, sino desarrollar en un acuerdo superior la riqueza de una multiplicidad de expresiones y de formas de vida” (ídem, p.180).

La democracia participativa (que en otros textos denomina radical) parte, según Villoro, de la lucha por la autonomía, la cual se puede realizar en todos los ámbitos y por todos los núcleos sociales (lo mismo en comunidades y pueblos que en sindicatos, centros de trabajo, escuelas, colectivos de todo tipo), cada uno según su modo, sus prácticas sociales y sus tradiciones dentro de sus circunstancias sin duda singulares. Este es un “movimiento de difusión del poder hacia la base de la sociedad [que] puede aprovechar las estructuras de las instituciones democráticas de los Estados ya existentes” (ídem, p.180). El municipio podría desempeñar un papel fundamental como correa de transmisión del Estado pero igualmente en tanto ”la estructura política del Estado para la transferencia del poder a las comunidades locales”. Es la instancia territorial donde la gente vive su vida en común, aunque la herencia española no es muy buena, incluso ahora no contamos siquiera con tres mil municipios, mientras en Francia, por ejemplo, se organizan alrededor de 35 mil comunas. Habría que recuperar la experiencia de pueblos y comunidades que han sobrevivido a pesar de despojos, acosos y cercos múltiples que el Estado les ha impuesto a lo largo de la historia. Por lo demás, los municipios formales se organizan arbitrariamente, sin criterios claros y cambiantes, sin respetar a los pueblos y comunidades, las demarcaciones verdaderas. Por algo los zapatistas del EZLN plantearon desde el inicio de su rebelión la necesidad de una reorganización de los municipios en Chiapas y al final lo hicieron a su modo en su zona de influencia. Lo mismo la federación que también nació artificialmente y no corresponde a las comunidades reales, según apunta Villoro. Tendría que organizarse un federalismo radical que “corrigiera las divisiones geopolíticas” existentes, situándose bajo el signo de la descentralización de recursos y poderes, para “acercar las decisiones colectivas a los lugares en que pueda ejercerse una participación real del pueblo”.

Luis Villoro teoriza ampliamente sobre las distintas figuras de la democracia en varios de sus textos, en los que regresa a la democracia participativa una y otra vez, a la que entiende como “el tránsito del Estado homogéneo a una nueva forma de Estado múltiple, respetuoso de la diversidad interna”. En especial vuelve de tiempo en tiempo a la experiencia que realizan en la actualidad las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas, que recuperan las tradiciones ancestrales de organización, autogobierno y autogestión pero renovándolas imaginativamente, y donde se ensaya una democracia directa y se atisba el germen de una sociedad futura. Por lo demás, nos dice: “El Estado plural no nacería de una repentina destrucción del Estado actual, sino de un lento proceso de reforma de las instituciones existentes” ( Los retos…, cit.,p. 183)

En fin, el Estado plural, múltiple, lo concibe Villoro asentado no solo en la tolerancia, sino sobre todo en la cooperación. No se trata de tolerar al otro, sino de compartir con él, con todas, con todos los diferentes, colaborar activamente en un propósito común. “El Estado tendría que disminuir y eliminar la marginación o discriminación que impida alcanzar la igualdad de oportunidades y consenso entre todas las comunidades e individuos que componen la nación. Ésa es la equidad, otro nombre de la justicia” (p. 184).

5. Todavía en su libro póstumo, La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio (FCE, México, 2025), Luis Villoro ataca duramente al Estado-nación homogéneo, lo considera un artificio que se rige por la simulación de una voluntad del pueblo que decide el sector hegemónico de la sociedad y lo confronta con el Estado plural multicultural. En cambio, considera que el Estado plural “daría lugar a una nueva forma de comunidad”; esa sería la alternativa frente a la sociedad excluyente que genera el Estado homogéneo.

Cuando trata de definir un nuevo proyecto, esto es, de buscar una alternativa, rechaza toda dominación y plantea “la resistencia que podría llegar hasta la eventual reconciliación con el dominador”. Repasa y recapitula la historia de México a través de varios conceptos fundamentales como revolución, democracia y pluralidad, polemizando con el liberalismo realmente existente que nos tocó, sus contradicciones y la alternativa de la democracia que ahora desemboca en la democracia comunitaria.

Sin duda, Luis Villoro ve la urgencia de “transitar hacia otro tipo de Estado, un Estado que reconociera un pluralismo jurídico y social, con la existencia de derechos, no sólo individuales sino también colectivos, los que podrían ejercer los pueblos indígenas del país. Este sería el paso de la actual ‘partidocracia’ a una democracia auténtica. Solo ésta podría resolver la llamada ‘cuestión indígena’. En la Constitución tendría que haber explícitamente el reconocimiento de los derechos de las culturas indígenas. Esto fue, en gran medida, el resultado del alzamiento zapatista, en el estado de Chiapas. Una de sus acciones fue establecer las Juntas de Buen Gobierno en las comunidades chiapanecas. ¿No fue ésta la mejor respuesta al capitalismo?”, se pregunta y concluye Luis Villoro. (La alternativa…, cit., p. 58).

Hay mucho que reflexionar sobre cuestiones claves que aborda Luis Villoro, como el Estado, el poder, la dominación, la igualdad y la emancipación. En realidad, percibo en muchas de sus consideraciones una vena utópica, pues concibe un Estado que pueda coordinar sin dominar, un poder que no oprima, un cambio sin ruptura, una igualdad que puede resultar del establecimiento formal de la igualdad de oportunidades. En fin, un pensamiento muy rico, abierto, inacabado e inagotable. Luis Villoro, cien años. Irreductible, disruptivo. Seguiremos compartiendo mucho con él.

Tlalpan, Ciudad de México, 6 de noviembre 2022

radio
Noticias de abajo

Noticias de abajo 9 Noviembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS
—-KURDISTÁN: Campaña internacional contra el uso de armas químicas de Turquía en Kurdistán.
—-HONDURAS: Violento desalojo contra la comunidad garífuna más antigua de Honduras. Fuente_Avispa Midia, Copinh y Contracorriente
—-CHILE: -Coordinadora Arauco Malleco se adjudica 15 sabotajes y se opone al TPP11. Fuente_ContraApra
-Palabras de Emilio Berkhoff ante la reciente condena en su contra. Fuetes: anticarcelaria
—-MUNDO: COP 27 reclamos urgentes ante una crisis climática que no da tregua. Radio Temblor y Nodal

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–GUERRERO: -Frente a la vida, los ardillos y los malos gobiernos imponen la muerte. Asesinan a 3 compañeros del CIPOG-EZ. -Comunicado del #CIPOGEZ, Se lo dijimos al presidente, ¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!. Fuente_RadioZapote y Cipog
—–CDMX: La lucha contra la ciudad mercancía y sus proyectos ecocidas en el PGD Y PGOT. Información sobre el recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo a favor del humedal de Xochimilco. Fuente: Pueblos, barrios y colonias de Xochimilco.
—–CHIAPAS:
Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro. De Sare Frabes
Fuente: Avispa Midia
—–Música
Evelyn Cornejo – Sacrificados
Sampedro- Una “Llorona” dedicada a Samir Flores y a quienes luchan por la vida

radio
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal: Convocamos a los medios de comunicación nacional e internacional, a una conferencia de prensa

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 

Convocamos: A los medios de comunicación nacional e internacional, a una conferencia de prensa.

Fecha: Este 10 de noviembre del presente año.

 

Lugar: En el parque central de municipio de Chenalhó Chiapas.

 

Hora: A las 10:00 de la mañana en dicho lugar.

 

Objetivo: Denunciar públicamente que, a 25 años de impunidad de la Masacre de Acteal, los partidistas de varios parajes del municipio oficial de Chenalhó en connivencia con su ayuntamiento violan en flagrancia nuestros derechos humanos y la construcción de nuestra autonomía

¡Ante la violencia que señorea en este municipio oficial, ondeamos siempre la bandera de la paz.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

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Avispa Midia

Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

Refugiados en el campamento de Polhó, Chenalhó. Foto: CDH Frayba

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.