¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!
18 de mayo de 2017
Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.
Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.
Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.
Por Desinformemonos.- El 6 de marzo de 2016, la comunidad indígena de Amilcingo, cansada de los partidos políticos y los caciques que más de diez años los usaron al pueblo para conservar el poder,decidió en asamblea general comunitaria,regresar al sistema de elección y gobierno por usos y costumbres.
En el sistema de usos y costumbres no hay campañas políticas, la comunidad es quien discute y analiza quien puede ser su próxima autoridad porque haya demostrado honestidad, trabajo y vocación de servicio al pueblo.
El municipio de Temoac, Morelos pretendió hacer caso omiso de la decisión de la Asamblea general comunitaria y,aunque es un derecho reconocido en el Artículo 2 Constitucional “elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno”.Con el argumento de “que los usos y costumbre son cosa del pasado y solo se usan para el día de muertos”, intentó instalar urnas en la comunidad el 18 de marzo de 2016.La comunidad se reunió para impedir la violación de sus derechos.
Después de un año de conflicto, represión y violencia, finalmente,el sábado 20 de mayo a las 9 horas, la población indígena de Amilcingo realizó su Asamblea general para elegir a sus autoridades por usos y costumbres y defender así su derecho a la libre autodeterminación. Las presiones a través de la imposición de la presencia de policía en el lugar no se hizo esperar.
Los resultados de la Asamblea fueron contundentes, en Amilcingo ganó la dignidad: 651 votos del pueblo contra 350 del cacicazgo político. En tierras zapatistas el pueblo manda señaló la comunidad de Amilcingo
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Amilcingo exige respeto a sus usos y costumbres
Por Agencia SubVersiones.- El pasado martes 16 de mayo de 2017, habitantes de Amilcingo, Morelos dieron una conferencia de prensa para denunciar las imposiciones en la elección de ayudantes municipales que ha cometido el ayuntamiento priista de Temoac y las autoridades electorales, faltando al respeto de los usos y costumbres de esta comunidad indígena.
Para los pueblos indígenas que conforman el municipio de Temoac —Amilcingo, Huazulco, Popotlán y Temoac—, la autonomía municipal y la libre determinación están ligadas a las luchas sociales que sucedieron en la región en la década de 1970, impulsadas por un joven maestro normalista de Amilcingo llamado Vinh Flores Laureano, que resultaron en la creación de la Normal Rural para mujeres en Amilcingo, el Centro de Estudios Técnico Agropecuarios 39 en Temoac y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. En 1976, ante el cacicazgo económico y político que ejercía el PRI desde la cabecera municipal, dichos pueblos decidieron separarse del municipio de Zacualpan de Amilpas y conformar el municipio libre de Temoac en asamblea general por usos y costumbres, que fue reconocido oficialmente el 17 de marzo de 1977.
Con el paso de los años, los partidos y las elecciones por urnas fueron entrando de nuevo al municipio. Ahora, la lucha de resistencia y rebeldía que Amilcingo ha emprendido llevó a la comunidad a regresar, hace más de un año, a la elección de sus autoridades por usos y costumbres mediante asamblea general comunitaria. Sin embargo, la alcaldesa priista del municipio de Temoac, Edith Cornejo Barreto, y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), avalados por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), pretenden imponer condiciones en la elección de ayudantes municipales, como el uso de credenciales de elector y la presencia de la fuerza pública en el pueblo durante la asamblea, violentando la libre determinación y los usos y costumbres de la comunidad indígena de Amilcingo. Eliezer Zamora, habitante de Amilcingo, durante la conferencia de prensa expresó:
Queremos el respeto del IMPEPAC, que nos respete como pueblo indígena que somos; que nos respete el Tribunal Electoral, como pueblo indígena que somos, como así la Secretaría de Gobierno también queremos que nos respete, que no pretenda mandar fuerza pública, ya que en nuestros nombramientos de ayudantes municipales nunca hemos requerido del IMPEPAC, del Tribunal o de la fuerza pública. Siempre que hemos nombrado, lo hemos hecho de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
En Amilcingo los partidos políticos no tienen credibilidad, por eso el pueblo ha decidido que sea la asamblea comunitaria quien decida sobre el modo de elección y el nombramiento de autoridades y representantes. El pasado 5 de marzo, el pueblo de Amilcingo eligió a sus ayudantes municipales por usos y costumbres en asamblea comunitaria, escogiendo a un hombre y dos mujeres, con sus respectivos suplentes, para ejercer el cargo un año cada uno. Ya desde el 29 de febrero habían entregado un documento con más de 700 firmas al IMPEPAC, donde advertían que la elección se realizaría por usos y costumbres; sin embargo, el ayuntamiento de Temoac emitió una convocatoria para realizar la elección por medio de urnas y votos el 18 de marzo.
Ante esto, la comunidad de Amilcingo presentó una controversia ante el TEE, el cual terminó reconociendo —después de un peritaje antropológico realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)— su derecho como pueblo indígena a elegir autoridades por usos y costumbres, en asamblea comunitaria, a mano alzada, sin intervención de las autoridades del ayuntamiento de Temoac, aunque determinó que éste tendría que convocar de nuevo a la elección de ayudantes municipales.
Aunque el dictamen otorgaba 20 días hábiles al gobierno municipal para emitir la convocatoria, el ayuntamiento de Temoac no lo hizo sino hasta el 3 de abril, cuando anunciaron que la elección sería el 6 de abril y contaría con la presencia de la policía municipal. Durante ese tiempo, la alcaldesa priista Edith Cornejo utilizó la estructura municipal para repartir apoyos, programas y promesas a cambio del voto por su grupo.
El peritaje antropológico del INAH, además de confirmar los derechos de libre determinación del pueblo indígena de Amilcingo, demostró también que existe un cacicazgo vinculado al PRI y dirigido por Humberto Sandoval, secretario general de la Central Campesina Cardenista que ha impedido por más de cuatro años que la comunidad tenga reconocida su autoridad por usos y costumbres. Ahora que por fin hay posibilidad de llevar a cabo la elección, la comunidad de Amilcingo pide las garantías de que no vaya a haber fuerza pública o agresiones.
La comunidad sólo quiere ejercer su libre determinación para elegir a sus autoridades en paz, pero el ayuntamiento está imponiendo la policía en la elección para defender sus propios intereses, dicen los habitantes de Amilcingo. Nunca se ha visto eso en la comunidad, nunca se ha necesitado el uso de la fuerza pública en las elecciones por usos y costumbres. La policía sólo va a provocar, quieren meter la fuerza pública sólo para intimidarnos, comentan pobladores. Por eso, la comunidad exigió condiciones para la asamblea general comunitaria que se llevará a cabo hoy sábado 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, y en la que habrá observadores tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que será transmitida en vivo por el Frente de Pueblos Morelos-Puebla-Tlaxcala, por la Radio Comunitaria Amiltzinko y otros medios libres.
(Videos vía Cholollan Radio Comunitaria y Agencia SubVersiones)
Por Mario Marlo.- Pobladores de Tepoztlán expulsaron a trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), quienes el pasado viernes talaron ilegalmente más de 2000 árboles durante las obras de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla.
En decisión tomada en asamblea, los pobladores se organizaron para expulsar a los taladores e instalaron un plantón frente a la glorieta en la gasolinera. “Decidimos instalar un plantón para hacer presente nuestra digna rabia ante la tala ilegal e indiscriminada de cientos de árboles que nos daban agua. aire, sombra, belleza, frescura y vida”. Explicaron en un comunicado.
Al plantón llegó el edil de Tepoztlán, Lauro Salazar Garrido y parte de su cabildo quien se comprometió a realizar una sesión extraordinaria de Cabildo Abierto el próximo lunes 22 de mayo para analizar el daño ecológico causado por la ampliación La Pera-Cuautla y convocar a todas las autoridades federales para que muestren la autorización con las que cuentan para realizar la obra.
El Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán explicó que desde el 2013 la comunidad inició una batalla legal donde interpusieron un amparo en contra de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla que se construye en el Parque Nacional El Tepozteco, Área Natural Protegida resultando a favor de la SCT.
Actualmente el Frente por Tepoztlán mantienen dos amparos que buscan detener la construcción de la obra y la destrucción de sus bosques.
John Gibler (Texas, 1973) coge el teléfono en la Librería Libre de Santander, donde presenta su libro Fue el Estado (Pepitas de Calabaza, 2016), sobre la matanza de Iguala. Gibler vive en DF y trabaja en México: es, a todos los efectos, un periodista mexicano. En 2012 escribió Morir en México, un libro en el que escribe sobre los reporteros que se juegan la vida en el país. Uno de los protagonistas de ese libro, amigo suyo, murió asesinado el lunes en su ciudad, Culiacán.
Pregunta. ¿Cuándo vio por última vez a Javier Valdez?
Respuesta. En febrero grabé con él un programa de Al Jazeera. Conversamos mucho, pasamos dos días juntos. Estaba preocupado, pero él era un hombre tan generoso, tan chistoso, tan vivo. Llevaba el peso: cargaba el dolor de los años, de los muertos. Y quizá también sentía otro peso: el de estar fuera del Distrito Federal. En México el centro de atención siempre es el DF, y los reporteros que más se juegan son los que viven en los Estados. Él amaba Culiacán y nunca dijo nada de irse, pero sentía el dolor de ver cómo la maquinaria de violencia e impunidad se hacía con la sociedad. Quería retratar la muerte en vida, el miedo, el terror que provoca la violencia sin castigo.
P. El 90% de delitos contra periodistas y medios no se resuelve. Un periodista vive sabiendo que si le matan, al asesino no le va a ocurrir nada.
R. En México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Publicar una nota sobre un asesinato que cometerlo. Hay más libertad de expresión para los asesinos que para los periodistas. Después de matar a Miroslava Breach [periodista asesinada delante de su casa en Chihuahua en marzo], su asesino siguió caminando por la calle tan tranquilo con un cartel debajo del brazo que era el supuesto narcomensaje.
La mañana del jueves 18 de mayo, integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla presentaron en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez una propuesta alternativa al proyecto carretero que Grupo Higa ha pretendido imponer ilegalmente en su Bosque Sagrado del Agua desde 2008.
Xochicuautla lleva casi diez años envuelta en un conflicto legal con el gobierno estatal y Grupo Higa ya que no están dispuestos a que el proyecto carretero privado Toluca–Naucalpan les separe de su bosque. Durante este tiempo, la comunidad se ha enfrentado a continuas amenazas, hostigamientos, a la tala ilegal, a la detención de 22 personas de la comunidad por obstrucción de las obras y a la violación constante de los derechos humanos y derechos indígenas de la comunidad.
En la actualidad, ante el proyecto que estaba previsto entrar en circulación en 2015 y con ocho amparos a su favor –tres de los cuales con suspensión definitiva del proyecto–, la comunidad presenta una propuesta para la carretera que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque:
“Porque no queremos que nuestro territorio quede confinado, sino que podamos permanecer junto a nuestro bosque y a nuestros lugares sagrados, en la comunidad hemos acordado un proyecto diferente; un proyecto alternativo de ingeniería ambiental –probado en otros países– basado en túneles y puentes” dice José Luis Fernández, vocero de la comunidad.
La apuesta de la comunidad trata de poner sobre la mesa un proyecto más acorde a su contexto y que sea verdaderamente de vanguardia, no como presume la empresa Autovan: autopistas de vanguardia; el proyecto alternativo sí contempla los impactos socioambientales: “Han presumido autonombrándose ser “autopistas de vanguardia”. De vanguardia nosotros no le vemos nada, son solo carreteras donde derriban árboles, derriban montes y rellenan barrancas”, expresó Armando García Salazar.
Ante el hostigamiento que han sufrido integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida durante las acciones llevadas a cabo hasta ahora en Coahuila, los colectivos de familias de personas desaparecidas, que estamos organizadas en este estado, EXIGIMOS a las autoridades correspondientes, brinden la SEGURIDAD INMEDIATA a nuestras compañeras y compañeros.
La Caravana, conformada por colectivos de 25 ciudades de 12 estados de México y de Estados Unidos, inició sus acciones de búsqueda el pasado 12 de mayo en Torreón, pasando por Saltillo, Monclova, Allende y que concluye en Piedras Negras, Coahuila el 22 de este mes. Durante su estancia tanto en Torreón, como en Saltillo y Monclova, han pasado diversos incidentes que a continuación expresamos:
1.- En Torreón, el 12 de mayo por la tarde, al realizar la marcha por las calles de la zona centro de esta ciudad, un hombre empezó a tomar fotografías a las personas que iban a este acto. Al pedirle su identificación, empezó a contradecirse con la información proporcionada hasta confesar que era militar activo. Una de las compañeras dialogó con él y se le pidió borrar el material y retirarse del lugar.
2.- En Saltillo, al término de la marcha efectuada el 14 de mayo, llegaron dos jóvenes con una de las participantes y directamente le preguntaron en qué lugar se hospedarían las familias; al cuestionarles quiénes eran, se identificaron como parte del CISEN, a lo que se les respondió que no se les iba a proporcionar la información que requerían. Enseguida se retiraron del lugar.
3.- En Monclova se sumaron tres jovenes a la marcha realizada por las calles del centro; y estuvieron tratando de intimidar tomando fotografias del rostro de las y los integrantes de la Caravana, al ser cuestionados uno de de ellos corrio, a otro se le logró quitar el “chip” de su teléfono y se le dejo ir, el tercero se identificó como reportero independiente, sin embargo, sus fotografías eran de la cara a cada persona participante en pleno desafío, lo que llamó la atención de las mismas; las participantes, molestas, lo cuestionaron hasta que el hombre se identificó como militar, Soldado de infantería. Las autoridades que estaban en la marcha, lo detuvieron y trasladaron a la Procuraduría y el coordinador de la caravana acudió en ese momento a levantar la denuncia correspondiente.
La Caravana todavía realizará acciones en Allende y Piedras Negras, dos ciudades marcadas por la violencia en los últimos años, por lo que pedimos a las autoridades:
a) Se Investigue a las personas que han estado hostigando a las personas que integran esta Caravana Internacional y se informe sobre las acciones realizadas.
b) Se garantice la seguridad de todas las personas que integran esta Caravana Internacional.
Los cuatro colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila y ONGs de Derechos Humanos que les acompañamos, seguiremos monitoreando las acciones de quienes se encuentran en estas ciudades y les decimos ¡NO ESTÁN SOLAS NI SOLOS.
Hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestras compañeras y compañeros al Gobierno Estatal y Federal por cualquier evento que atente contra sus Derechos Humanos, asimismo exigimos se faciliten las condiciones para que, ante la deplorable acción de búsqueda de parte de las autoridades, dejen que la sociedad civil haga lo que ustedes no han hecho.
¡Seguiremos buscando y no pararemos hasta encontrarles!
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A. C.
Grupo VI.DA Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción)
Alas de Esperanza Asociación Civil
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
(Miembros Movimiento por nuestros Desparecidos en México)
Que corran ríos de tinta no de sangre: periodistas protestan por el homicidio de Javier Valdez
Por Paris Martínez. Fotografía: Cuartoscuro
Minutos antes de las 19:30 horas de este martes, 16 de mayo de 2017, más de un centenar de periodistas, estudiantes, víctimas de la violencia y miembros de organizaciones ciudadanas se congregaron frente a la puerta trasera del Palacio de Covián, sede de la Secretaría de Gobernación, para montar una ofrenda de veladoras y pancartas en homenaje a Javier Valdez Cárdenas y los otros cinco periodistas asesinados en lo que va del año en México y para dar un mensaje: “En este país dolido, en donde lo que corre, en lugar de tinta, es sangre, hemos decidido protestar y decir ‘no’ al silencio”.
Teniendo de telón de fondo una bandera mexicana en la que los colores rojo y verde, así como la cromática del escudo, fueron teñidos de negro en señal de luto, y dando la espalda a la puerta que habitualmente usan para dar acceso a la prensa a las instalaciones de Gobernación, reporteros de la Ciudad de México y de otras partes del país se plantaron frente a las cámaras y micrófonos de sus mismos colegas, para clamar: “Hoy queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, porque en este país están matando a periodistas, a defensores de derechos humanos, y los ciudadanos ya no aguantamos más”.
Dando cobertura y participando del acto a la vez, de los mismos reporteros, fotógrafos y camarógrafos salieron esta vez las consignas: “¡Fue el Estado!”, “¡Gobierno facista, que mata periodistas!”, “¡Ni uno más!” y “¡Justicia!”, aunque la más fuerte fue una en particular, repetida a lo largo de toda la protesta: “¡No al silencio! ¡No al silencio!”.
Fue con palabras del mismo Javier Valdez Cárdenas, asesinado el pasado lunes, que inició formalmente el acto de protesta, leídas de su más reciente libro, “Narcoperiodismo”, por su amiga y colega, Lydia Cacho: “Podría pensarse, ¿para qué escribir, para qué salir a buscar la nota, a exponer la vida, si todos tenemos familia, hijos, padres?”, y la respuesta del mismo Javier es: porque es necesario “escribir un reportaje, correr por la nota, decir con miedo la verdad, sí aunque nos acompañe la angustia; decir el nombre y la locación, la hora y el motivo; reportear en el abismo; tener un pedazo de voz, la suficiente, para decirle al lector o la lectora que también esto es la vida”.
Hace mucho que nuestro país es un infierno en cuanto a libertad de expresión, un derecho que nos corresponde a todas y todos. El asesinato de Javier Valdez, perpetrado este 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, nos confirma esta triste realidad.
México es un de los países mas mortíferos para la prensa.
A partir de la mal llamada «transición democrática» han sido asesinadas y asesinados 125 periodistas [1, 2], pero la tendencia viene de muy atrás.
Según el Centro de Periodismo y Ética Pública, durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fueron asesinados 33, 46 y 24 periodistas respectivamente.
No hay espacio para el periodismo crítico. Lo que sí hay es mucha impunidad.
Las autoridades han demostrado una y otra vez su incompetencia, e incluso su complicidad, no esperamos nada de ellas. Hacemos un llamado a todas las comunicadoras y comunicadores comprometidos con la construcción de nuevos horizontes, a fortalecer redes de apoyo que nos den mayor seguridad y certidumbre en nuestro trabajo.
—Lanzamiento virtual de la Acción global #NosDuelen56
— 15 de mayo Dia de lucha magisterial en México
INTERNACIONAL
—Reducen Arresto Domiciliar a Machi Francisca Linconao.
—Virus malicioso ha paralizado hospitales y otros centros fue fabricado secretamente por la Agencia de Seguridad de EEUU
—Articulo de Raul Zibechi.
NACIONAL
-Chiapas: En “aislamiento prácticamente total”, indígena tsotsil a 18 años de prisión injusta
-Cese la criminalización a pueblos en defensa de la vida y el territorio
-Chiapas: Despojo y violencia a Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales
-“Nos preocupa aumento de agresiones hacía nuestro trabajo”: EDUCA OaxacaPublicado por Ke Huelga Radio, el 13-05-2017
-Colecta para publicar libro Mesoamérica se Levanta: Un libro desde las resistencias y para las resistenciasPublicado por Hijos de la tierra, el 13-05-2017
Autoridades y empresa minera FSM criminalizan la defensa de derechos humanos en Oaxaca
ANTECEDENTES
La organización Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. ha trabajado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, principalmente ante la preocupación de comunidades y pueblos por la autorización de concesiones mineras por parte de autoridades federales. Además hemos acompañado de manera cercana a la comunidad de San José del Progreso, quien ha sufrido una violación sistemática a sus derechos humanos a partir de los trabajos de exploración y explotación minera por parte de la empresa Fortuna Silver Mines (FSM). Esta violación ha sido constatada a partir de diferentes informes, misiones civiles de observación e investigaciones académicas realizadas en la comunidad. Como parte de nuestro trabajo también fuimos invitados a participar en el “Foro del Cuidado y Defensa del Agua”, realizado el 23 de noviembre de 2016 en la explanada del Municipio de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán con la conferencia “La consulta a los pueblos indígenas y otros riesgos en la región de Valles Centrales”, donde se compartió información relacionada al tema de la minería en la región.
CRIMINALIZACION DE NUESTRA LABOR
En los últimos seis meses hemos sido objeto de una serie de difamaciones, agresiones y criminalización de nuestro trabajo, principalmente por autoridades federales, municipales y la empresa minera Fortuna Silver Mines.
Derivado de nuestras investigaciones, hemos compartido con las comunidades información en reuniones y foros públicos motivo por el cual hemos recibido comentarios dolosos, tratando de descalificarnos. Entre las agresiones destacan difamaciones por parte de personal de la CONAGUA y el representante de la empresa minera Fortuna Silver Mines, el Ing. Javier Castañeda Pedraza, quienes argumentaron que EDUCA “realiza reuniones en lo oscuro” (29 de noviembre de 2016, Magdalena Ocotlán). En una reunión anterior, representantes de la CONAGUA y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) argumentaron que EDUCA “mal informa a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca” (23 de noviembre de 2016).
El hecho más preocupante, sucedió desde inicios de mayo del año en curso, cuando las autoridades municipales de San José del Progreso iniciaron una campaña de difamación, además de amenazar públicamente a nuestra organización, exigiendo a las autoridades del estado de Oaxaca que:
“…manden seguridad para poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que esté próximo siete de mayo impidan el ingreso de integrantes de la organización del Frente Popular Revolucionario (FPR), Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), porque a ocho años estos grupos antiminas vienen a la población a instalar un Foro que lo convierten en una campaña campal.” (sic). (CIO Información, 1 de mayo de 2017).
En estas fechas se publicaron varios artículos en el mismo tono y se difundió el siguiente mensaje en redes sociales: “Seguidores de los grupos opositores a TODO…insisten en imponer a la Población de San José del Progreso y a su Presidente Municipal la cede para sus festejos contra la minería, la declaratoria de territorios libres de minería y liberar el manejo del agua en el valle… convocando a que asistan a su reunión y ofreciendo el transporte, los alimentos y el pago de $500.00 pesos por persona asistente”. También se publicó un video con pobladores y trabajadores de la mina de San José del Progreso, exigiendo que se impidiera una reunión de comunidades aledañas con la COPUVO en su comunidad.
Es importante destacar que ante estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos que asistirían a dicha reunión, garantizando su integridad y capacidad de ejercer su derecho a la reunión, manifestación, libre expresión y libre tránsito (4 de mayo de 2017). Por su parte, la COPUVO condenó la actuación de las autoridades locales y la empresa minera, ya que esta campaña generó un clima de hostilidad y división en toda la región (Denuncia COPUVO 9 de mayo de 2017).
MANIFESTACIONES
1. La información que ha sido difundida y compartida en la región, en relación a las concesiones mineras, las características e impactos del proyecto “San José”, ha sido construida a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido hemos expresado los argumentos e información que fue entregada por las propias autoridades federales, estatales y municipales. Dicha información puede ser consultada en nuestra página electrónica, EDUCA no difunde información que no haya sido constatada previamente.
2. Nuestra presencia en la región también responde a solicitudes o invitaciones de las y los ciudadanos, autoridades agrarias, municipales y comunitarias de la región, estas reuniones han tenido en todo momento un carácter pacífico, respetuoso de los derechos de las y los ciudadanos de la región, además de realizarse en espacios públicos: corredores y palacios municipales, oficinas de Comisariados Ejidales o Comunales, entre otros. De igual forma las decisiones tomadas en dichos espacios han sido avaladas por las asambleas de las comunidades de la región, expresadas a través de sus autoridades municipales o agrarias.
3. EDUCA condena toda acción de agresión hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, en consecuencia exige a las autoridades garanticen las condiciones de seguridad en las labores de promoción y defensa de Derechos Humanos.
4. EDUCA ratifica su compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más democráticas. Reiteramos nuestro acompañamiento a pueblos de la región en su lucha por la defensa de la vida y el territorio.
Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública, a comunidades y pueblos, organizaciones, redes, movimientos y organismos de derechos humanos a mantenerse alertas ante cualquier amenaza o agresión que pueda suceder en el territorio estatal, ya que las agresiones hacia personas defensoras se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años en Oaxaca.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 12 de mayo de 2017. http://www.educaoaxaca.org/2266
