Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Pobladores de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

Mediante pronunciamiento difundido este sábado (15), la población nahua de Santa María Ostula denuncia nuevas agresiones contra su comunidad, en una escalada de violencia que registra ataques armados y asesinatos ocurridos, desde el año 2023, y que se ha prolongado hasta la actualidad sin la actuación de las autoridades estatales ni federales.

En esta ocasión, el pasado jueves (13) un comando integrado por 30 sujetos fuertemente armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacaron a un comunero de la Encargatura de la Cofradía -una de las 23 poblaciones que conforman Ostula-, en el municipio de Aquila, región costa sierra de Michoacán.

En esta ocasión, el comando armado disparó contra un comunero que se encontraba en sus labores agrícolas, quien reportan, pudo salvar su vida al refugiarse en un puesto de vigilancia instalado por la Guardia Comunal de Ostula debido a los constantes ataques del CJNG.

Dicho retén opera después que, el pasado 6 de febrero, esta misma población sufrió un ataque violento por parte del grupo criminal, lo que obligó a sus habitantes a suspender actividades laborales y educativas durante semanas debido a la gravedad de las agresiones armadas.

A esta situación, se sumaron los ataques que, durante los últimos días de marzo y principios de abril se perpeturaron contra comunidades vecinas de los municipios de Coahuayana y Chinicuila. En dicha ocasión, cientos de sicarios provenientes del estado de Colima utilizaron armas de alto calibre, además de explosivos y drones con el objetivo de conseguir el control de estos territorios.

Fue debido a la reacción de grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila, que consiguieron frenar el avance del grupo criminal. No obstante, reportes periodísticos dieron cuenta del control que el CJNG retomó en las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotan, “causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares”, señalan medios locales.

Asesinatos, desapariciones

La agresiones armadas no se detuvieron ahí. Para el mes de mayo, pobladores de Ostula denunciaron el asesinato, a manos de sicarios del CJNG, del comunero Antonio Regis Nicolás, mientras viajaba con su familia a la Encargatura de la Mina de La Providencia. 

En ese momento, señalaron que los gobiernos, federales y estatal, tienen pleno conocimiento de la violencia en la región y de las agresiones que la comunidad de Ostula está siendo objeto. “Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”, sostuvieron en comunicado.

Por esta situación, demandaron el desmantelamiento del CJNG, así como “el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos policiales corruptos”. También recordaron los asesinatos de Lorenzo Forylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de su Guardia Comunal asesinados durante el 2023.

Los pobladores nahuas también exigieron la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Díaz, profesor y líder de la comunidad de San Miguel de Aquila y Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, permanecen desaparecidos desde el 15 de enero del 2023, cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima después de participar en una asamblea comunitaria.

Ambos sostenían la defensa legal de la población de Aquila para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Los acontecimientos violentos suceden a escasos días de que la comunidad nahua celebre el 15 aniversario de la recuperación de más de 1000 hectáreas de tierras comunales en lo que actualmente se erige la Encargatura de San Diego Xayacalán. 

Fue en el año 2009 cuando los indígenas nahuas se  organizaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios originarios de Colima, quienes se encontraban aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios. Debido a su lucha, sólo entre los años 2008 al 2014, 32 comuneros fueron asesinados, además de registrarse la desaparición forzada de otras seis personas.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Solicitamos que no sea aprobada y que se abra un debate amplio, con colsulta a pueblos y barrios, ejidos y comunidades sobre una ley que afecta a sus territorios.

El pasado 15 de marzo Martí Batres presentó una iniciativa de nueva Ley Ambiental (Ley Batres) misma que llegó al Congreso de la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

La ley fue aprobada el dia de ayer 11 de junio en comisiones por diputados de todos los partidos políticos y podría ser aprobada el dia de mañana 13 de junio por el pleno del Congreso.

Mediante este comunicado queremos reiterar nuevamente los retrocesos y problemáticas que surgen de esta Ley.

Mostramos principal preocupaciónpor el capítulo de “actos administrativos traducidos en permisos”, el cual permite la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos (la ley dice económicos) “asignados” a la Secretaria de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

La ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación (artículo 96).

Elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en ese suelo.

Borra por completo la normativa que protege a la Tierra. La protección de la Tierra en la legislación vigente es un avance hacia la protección de los llamados derechos de la naturaleza. Incluso, la Constitución de la Ciudad de México obliga a que se genere una ley que reconozca a la naturaleza conformada por los ecosistemas y especies como un ente colectivo de derechos, por lo que la eliminación de los derechos de la Tierra representa un retroceso en la protección medioambiental.

Por otra parte, la iniciativa legaliza la simulación del llamado “proceso de consulta vecinal para grandes construcciones” que en realidad consiste en la realización de estudios de impacto social. La demanda siempre ha sido la de la participación real, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta. No olvidamos, además, qu e con ese mecanismo se pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios.

En el mismo sentido, la Ley Batres plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.

Por último, nunca se plantea la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios pese a que se trata de una Ley que incide en los territorios.

Respecto a la “prohibición de la privatización del agua”, que fue un tema comunicado en la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, es una medida demagógica por tres razones. Primero, estaría fuera de la competencia del Gobierno de la Ciudad prohibir la privatización del agua, la cual, constitucionalmente, ya es propiedad de la nación. Una medida de ese tipo tendría que realizarse dentro de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas. Segundo, porque la Constitución de la Ciudad de México ya prohibe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje. Tercero, porque la privatización, no es el principal mecanismo con el que el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad. En Ciudad de México los grandes desarrolladores acceden al agua no a través de concesiones o “privatizaciones” sino a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les otorga el dictamen de fatibilidad hidráulica. Cualquier restricción con el uso del agua por parte de privados tendría que pasar por límites al sector inmobiliario y no por la creación de normas que carecen de efectos prácticos.

En todo caso, sería bueno que el gobierno aclare qué entiende por privatización. Si Batres entiende que es la transferencia de la propiedad pública o de la nación a la privada, o si es el uso exclusivo y lucrativo por parte de un privado de un bien público, ya que, si se trata de lo segundo, una vez aprobada su reforma quisiéramos ver que se cancelen todas las concesiones vigentes en la ciudad de México y se prohiba la mercantilización del líquido a través de empresas trasnacionales que embotellan el agua, por ejemplo.

Por lo anterior, consideramos ecesario enfatizar que si no se quieren conflictos, se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la ciudad. En consecuencia, convocamos a los pueblos y barrios y ciudadanía en general a conocer el contenido de la Ley Batres y a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación.

A las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, les solicitamos rechazar la Ley y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que nos pueda afectar a todos.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente de Anáhuac)

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquean avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar la operación del relleno sanitario en la región choluteca de Puebla. Foto: Noticias de abajo ML.}

Habitantes de 27 pueblos de la región de los volcanes, en Puebla, se manifestaron este martes (11) ante las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicadas en la Ciudad de México, para exigir la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula.

Con pancartas y altavoces, integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquearon avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar que la operación del relleno sanitario, durante 16 años, ha contaminado el aire, la tierra y el agua de la región.

Resaltan que, además de haber demostrado mediante análisis científicos los “brutales” niveles de contaminación en fuentes de agua cercanas al basurero, se registra un incremento en enfermedades como leucemia en municipios de Puebla, en los que destacan Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo.

Los manifestantes se refieren a lo difundido los primeros días de abril mediante un informe elaborado por académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se dio a conocer que estos municipios poblanos, ubicados en la Cuenca del Río Atoyac, cuentan con las tasas más altas de mortalidad por leucemias agudas del país.

Por esta situación es que los manifestantes exigen a las autoridades ambientales el cierre definitivo del basurero en aras de proteger la salud de los habitantes, así como las fuentes de agua de la región.

Resistencia

Desde el 21 de marzo pasado, los pobladores organizados mantienen un campamento en el lugar de acceso al basurero, por lo que desde ese día han presionado para detener sus operaciones. Resaltan que, debido a las acciones de protesta han resguardado el lugar de ser contaminado por las más de 680 toneladas de basura que ingresaban diariamente, provenientes de lugares tan lejanos como Oaxaca y la CDMX.

Operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, pobladores argumentan que sus actividades son permitidas debido a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, recientemente electo como senador por Hidalgo con el cobijo del partido Morena, y a quien señalan como el dueño de dichas instalaciones.

Para el 10 de abril, después de difundir los altos niveles de contaminación mediante resultados del análisis de agua realizados por la Universidad Autónoma de México, elementos de la Profepa clausuraron temporalmente el relleno sanitario. No obstante, la noche del 30 de abril, autoridades locales intentaron reabrir el basurero. Elementos policiacos de los municipios de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno. 

Sin embargo, los manifestantes de Pueblos Unidos consiguieron repeler la agresión y detener la reapertura de las instalaciones. Durante el operativo fueron víctimas de disparos con arma de fuego.

Te puede interesar – Violencia y tensión en la región de Cholula, Puebla, tras imposición de basurero

Ante la alerta por mayores represiones y debido a la inacción de los tres niveles de gobierno, en mayo, pueblos y autoridades, agrarias y tradicionales, de 34 comunidades convocaron a la “Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del basurero asesino y los Megaproyectos de Muerte”.

Celebrada el 14 de mayo, las y los asistentes catalogaron al relleno como “un ecocidio que no merece quedar impune” por lo que decretaron su clausura definitiva. Además, prohibieron cualquier proyecto extractivo en la zona, particularmente los relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Promesas

Pasadas las 15 horas de este martes (11), al salir de la reunión con las autoridades ambientales, el abogado Juan Carlos Flores de la Unión de Pueblos comunicó que la Profepa prometió realizar esta semana una inspección de verificación al relleno sanitario.

La visita, de acuerdo al compromiso de la dependencia federal, es para cerciorarse de dos puntos que denuncian los pobladores de la región choluteca. Primero, que no se han cumplido las medidas correctivas ante la contaminación derivada de sus operaciones y, sobre todo, que el relleno sanitario ya ha cumplido su vida útil.

Flores comunicó que, tras la visita de la Profepa, los pobladores esperan la recolocación de los sellos que marquen la clausura definitiva del basurero y la elaboración de un plan de abandono.

Sin embargo, el abogado detalló que los funcionarios federales no se comprometieron a la clausura, aún a pesar de que, argumenta el litigante, se han mostrado las pruebas del saturamiento del relleno sanitario, por lo que solicitó mantener a la población atenta por cualquier acción de represión.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Brigadas para colaborar en Palo Gordo, San José Tenango, 6 de junio del 2024. Imágenes de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia.}

Por Sarai Piña Alcántara* y Federico Valdés Bize** 

Mujeres, hombres, jóvenes y niñxs. Con azadón, machete, palas y picos en mano, con botes de agua a ras del cuerpo, enfundados con paliacates y cubrebocas. Con viandas de tacos de frijol y agua de masa, algunos ayudados de caballos, burros y mulas. Auto organizadas y organizados en brigadas vecinales y con el trabajo comunitario, se han enfrentado por casi 30 días a numerosos e intensos incendios forestales, en la denominada Sierra de Flores Magón o Sierra Mazateca en el noroeste del Estado de Oaxaca. 

En esta región, distintos naxi nandá (pueblos) están siendo impactados ante la ferocidad del fuego en aproximadamente 20 incendios activos. En muy pocos casos los fuegos logran ser controlados, y vuelven a activarse como consecuencia de las altas temperaturas que van de los 30 a 36 grados celsius. Temperaturas nunca antes vividas en la región, como consecuencia del calentamiento global. 

Lamentablemente, aún con la organización comunitaria, la colaboración de diversas organizaciones y la ayuda civil, no se ha logrado sofocar los fuegos más intensos desplegados en los municipios de San José Tenango (Cerro liquidámbar, Palo Gordo, Mina de Arena, Agua de la Flor, Agua de Limón, Llano de Árnica, Cerro Izote, Cerro de Trueno, Agua Fría, Agua Tinta, San Martín Caballero); Huautla de Jiménez (Río Santiago, Agua de Lluvia, La Providencia, Xochitonalco); Santa María la Asunción (San Agustín Nuevo), Santa María Chilchotla, Mazatlán de Flores y Ayautla, entre otras localidades y municipios.

Las consecuencias han sido la muerte de especies vegetales, árboles, flores y la fauna. A través del xa bazen (trabajo de en medio), varias mazatecas y mazatecos han encontrado cuerpos carbonizados de jabalíes, ardillas, aves y temazates (venado endémico). Algunos animales asustados han huido hacia donde hay población humana para pedir auxilio. Cientos de aves y mariposas se están refugiando en otros hábitats, lo cual traerá como consecuencia un impacto ecológico y por ende humano. En algunos pueblos como en Palo Gordo de San José Tenango, se inició con la evacuación de habitantes, el fuego está más cerca de los hogares, así como en Mina de Arena. 

Los impactos del sufrimiento ambiental están afectando en los cuerpos de los habitantes humanos: tos, problemas respiratorios, resequedad en los ojos, quemaduras de piel, y algunos sobrevivientes del virus Covid-19 están teniendo recaídas. El cansancio físico, emocional y mental está haciendo estragos en toda la población mazateca, sobre todo ante la impotencia de no ser tomados en cuenta por las autoridades locales, estatales y federales para que se declare como zona de desastre. 

Exigencias

Desde manifestaciones fuera del Senado por parte de mazatecos en la Ciudad de México, exigencias a las autoridades locales, peticiones desde las redes sociales, las y los mazatecos piden apoyo y ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en su calidad de servidor público, más allá de mandar al personal a hacer diagnósticos y recomendaciones, ordene a los organismos públicos que pongan manos a la obra ante el estado de emergencia, eso implicaría sumar más manos con palas, azadones. 

Dentro de las peticiones se destaca el envío de helicópteros con cargas de agua, que incluso podrían salir de la Presa Miguel Alemán, la cual se construyó en un inicio bajo el discurso de disfrute de los pueblos del Papaloapan, ubicados al norte de Oaxaca, sur de Puebla y centro de Veracruz, de entre ellos los mazatecos. 

La Sierra Mazateca es un pulmón muy importante para el Estado de Oaxaca y para el país, ya que alberga hábitats de gran biodiversidad y es la entrada de los vientos y aguas del Golfo de México. De acuerdo a lo investigado por el antropólogo Eckart Boege, la Mazateca la comprenden 67,128 hectáreas de selva alta perennifolia; 22,035 hectáreas de selva caducifolia; 37,469 hectáreas de bosque mesófilo de montaña; 3,478 hectáreas de bosque de encino; 673 hectáreas de bosque de encino-pino. Es un total de 130,783 hectáreas, del cual 48,602 hectáreas son de vegetación primaria, que presentan buen estado de conservación. Acorde a Boege, aquí se encuentran algunos de los mayores macizos de selva alta perennifolia de todo México.

Según el biólogo Arturo Huerta, al albergar estos ecosistemas destaca una amplia y diversa fauna: jaguar, ocelote, tigrillo, pecarí, temazate, tejón, armadillo, oso hormiguero, martucha, tucán, boa constrictor, entre otros especímenes. Es una de las regiones con mayor índice anual de precipitación pluvial en todo México con más o menos 5 mil milímetros por año. Su importancia para la captación del  agua yace en que es un territorio integrado a su vez por profundas cuevas y sótanos, espacios sagrados para los mazatecos, porque de ahí emana la vida, nandá (la madre agua). Además esta serranía es cabeza de las cuencas de diversos ríos como el Papaloapan, el Tonto y el Santo Domingo. La densa vegetación de estas serranías amortigua los impactos de los huracanes que cada año entran al continente.

Los impactos a futuro es que las tierras carbonizadas destinadas para el cultivo de la milpa y el cafetal tardarán años en recuperarse, lo cual abonará a la condición de vulnerabilidad económica en la que se encuentran miles de familias mazatecas. La total pérdida de vegetación impactará erosionando los delgados suelos orgánicos y disminuyendo la capacidad de captación, almacenamiento, retención e infiltración del agua de lluvia, acelerando el flujo de las aguas, ser vital para la vida. 

Las afectaciones serán para la Sierra Mazateca y también para toda la cuenca del río Papaloapan, históricamente afectada por grandes inundaciones. De esta cuenca dependen otros territorios como la Sierra Norte de Oaxaca y el Estado de Veracruz, siendo así millones los impactados entre humanos y no humanos. Estamos frente a un desastre socioambiental. Cabe destacar que estos desastres socioambientales no solo están en la Sierra Mazateca, sino también en la Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Norte de Puebla, Sierra Zongolica en Veracruz y la selva de los Chimalapas en Oaxaca, zonas que llevan semanas siendo olvidadas por las autoridades. 

Los habitantes y demás personas que hemos tejido relaciones diversas y de cuidado con el territorio mazateco, exigimos ayuda gubernamental para que nanguí (la madre tierra) deje de arder y seguir tejiendo la vida.

^{*Antropóloga social CIESAS-CDMX. **Antropólogo social ENAH. Ambos autores llevan 20 y 15 años haciendo investigación social en la región mazateca.} 

¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: Avispa Midia

Por Josefa Sánchez Contreras

La selva de los Chimalapas se quema y ante un escenario electoral no hay oídos que escuchen las luchas de los pueblos quienes siguen apostando por la vida, por los bosques, los ríos, las montañas y los animales, aun cuando sentimos que la Tierra arde. 

Las olas de calor, los incendios, los ríos secos y las inundaciones no son más que expresiones de un fenómeno que en los últimos años se ha nombrado emergencia climática, pero sus causas son de mucho más tiempo y están asociadas a largos siglos de colonialismos, genocidios, ecocidios y despojos. 

Desde hace décadas los pueblos indígenas vienen advirtiendo de la catástrofe ambiental a la que nos dirige el extractivismo minero muy vinculado al régimen de combustibles fósiles. Es innegable que ambas actividades productivas están acelerando el aumento de la temperatura en el planeta; nos están llevando a alcanzar el incremento de 1,5ºC que advirtió en el 2019 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) cuyos efectos serían irreversibles para la agricultura y para la vida humana sobre la Tierra.

No obstante, este sector energético fósil y extractivista fueron pilares en los programas políticos y económicos de las candidaturas presidenciales de este 2024. La emergencia climática y los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios albergan entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa, según datos del Registro Agrario Nacional, no caben en las urnas electorales. 

Es así como el pueblo zoque de Santa María Chimalapa está ahora mismo combatiendo una serie de incendios que atestan a una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica: la selva de los Chimalapas. Llevan más de una semana en llamas y las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva para mitigar el fuego. Son las brigadas de comuneros encabezadas por sus comisariados de bienes comunales las que están combatiendo la emergencia climática.

Al mismo tiempo la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa está exigiendo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador estatal de Oaxaca, Salomón Jara, a que cumplan con un trámite de peritaje que les corresponde realizar para que el Tribunal Unitario Agrario emita un resolutivo sobre los juicios de nulidad que ha interpuesto San Miguel Chimalapa para delimitar sus tierras comunales. 

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La demanda de la asamblea de San Miguel Chimalapa tiene lógica cuando constatamos que los incendios en toda Chimalapas se ven alimentados por los conflictos agrarios que sostienen con los ejidos colindantes. Son 26.000 hectáreas las que se encuentran en litigio en la colindancia entre San Miguel Chimalapa con Niltepec y Zanatepec, y son 160.000 hectáreas de tierras comunales las que están en disputa entre Chimalapa, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas. Pese a que la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo a favor de Oaxaca en el año 2023, no ha logrado ejecutarse y, por el contrario, el saqueo de los bosques continúa al igual que los incendios suscitados desde el mes pasado. 

Al calor de estos problemas el gobierno de la cuarta transformación parece más ocupado en promover a la sucesora, antes que atender las demandas de los siempre despojados de sus tierras, los pueblos indígenas y campesinos. 

Los conflictos agrarios en todo México no son menores, por el contrario, existen alrededor de 500 conflictos agrarios a nivel nacional. La existencia de los conflictos agrarios exhibe el racismo con el que históricamente la procuraduría agraria ha tratado a los pueblos indígenas y campesinos. Trámites muy lentos, arbitrariedades en los juicios, ocultamiento de información, menosprecio a las autoridades comunales y consejos de vigilancia son algunas de las características más comunes. 

En Chimalapas como en otras comunidades los conflictos agrarios se agudizan en la medida que los megaproyectos extractivos, energéticos e industriales promueven el despliegue de sus infraestructuras sobre las tierras en litigio, y con esto generan la confrontación entre comunidades agrarias vecinas. 

Muchas veces son mal llamados conflictos intercomunitarios soslayando con ello la responsabilidad que las corporaciones trasnacionales y la procuraduría agraria suelen tener en los desafortunados desenlaces de estos conflictos que muchas veces detonan en violencias, asesinatos y desaparición. 

Los incendios, los conflictos agrarios, los megaproyectos extractivos asociados al régimen fósil, los racismos institucionales y las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas están profundamente relacionados. La apuesta para solucionarlos no está en la agenda electoral. 

La lucha del pueblo zoque de Chimalapa por apagar los incendios y por resolver los conflictos agrarios es una acción concreta, urgente y necesaria en tiempos de catástrofe climática. Ante los oídos ensordecidos por el ruido electoral escuchemos los gritos de la selva y el correr del río. Ahora más que nunca se requiere de la solidaridad entre pueblos y ciudades para sofocar el fuego que nos alcanza. 

Tzimalapa atzpa, bi nax atzpa, bi copaknax atzpa, dex atzpa, mix atzpa

(Chimalapa arde, la tierra arde, el planeta arde, yo ardo, tú ardés).