GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes
Los diez decretos de reservas de agua de 2018, se basan en una nueva regionalización hidrológica del país decretada en 2016, que reconoce 757 cuencas hidrológicas comprendidas por 37 regiones hidrológicas, frente a las 731 cuencas reconocidas entre 2010 y 2013.
Estos decretos suprimen 30 vedas decretadas sobre 99 cuencas hidrológicas entre 1931 y 1954 (además de una veda de 2012 sobre la Presa La Concordia) pertenecientes a diez regiones hidrológicas, y establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales sobre 194 cuencas.
Un estudio detallado de estos decretos requiere el análisis por cuenca del volumen de agua considerado como reserva (flujo mínimo ecológico) y el volumen de agua destinado para aprovechamientos y concesiones.
Por lo pronto, este mapa muestra las diez regiones hidrológicas comprendidas por los decretos y las 194 cuencas sobre las que se establecieron las zonas de reservas de agua, en relación con actividades extractivas y productivas y las áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales.
Análisis de Dr. Rodrigo Gutiérrez, IIJ-UNAM:
Análisis sobre los decretos de reserva de agua. Rodrigo Gutiérrez
El 5 de junio de 2018 el presidente de la República firmó 10 decretos con los que se modificó el régimen de veda de 289 cuencas hidrológicas del país. Lo que presentamos es un análisis de la situación jurídica de dichos decretos, así como de algunas posibles consecuencias derivadas de los mismos que han generado preocupación entre la sociedad civil y la academia.
Conviene comenzar señalando que en el país existían miles de millones de metros cúbicos de agua en las 289 cuencas a debate que, antes de que se firmaran los decretos, se encontraban bajo el régimen de veda. Ello implicaba que no podían ser utilizados ni aprovechados por ningún actor en tanto que dicho régimen impedía a la Conagua otorgar concesiones. Por lo tanto, toda esa agua quedaba intocada y era para uso exclusivo de la naturaleza. Las vedas son instrumentos jurídicos que buscan evitar que las actividades humanas afecten bienes comunes que tienen problemas de escasez o sobreexplotación.
Los decretos de la Conagua cambiaron ese régimen restrictivo del agua por uno más laxo, denominado régimen de reserva que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, permite concesionar y asignar el agua para tres usos distintos: a) uso doméstico o público urbano; b) generación de energía eléctrica para servicio público; c) garantizar flujos mínimos para la protección ecológica.
Los decretos en cuestión fueron firmados el “Día Mundial del Medio Ambiente” y publicitados por parte del gobierno como una medida para garantizarle en el futuro agua a la naturaleza. Ello no deja de ser paradójico si se toma en cuenta que la veda es el instrumento que protege con mayor rotundidad los flujos del líquido para el medio ambiente. También es verdad que otro porcentaje mucho menor del agua se reservó para uso público urbano, bajo el argumento de que la población crecerá en el futuro y requerirá acudir a estos cuerpos de agua. Esto último generó las primeras preocupaciones debido a que bajo el rubro de uso público urbano se podría otorgar agua a actores privados que desarrollan sus actividades en las ciudades.
Sin embargo, lo que más preocupó a la ciudadanía es que el volumen de agua decretado bajo el régimen de reserva es menor que el volumen total liberado. En otras palabras, los decretos liberaron más agua de la que se reservó. Ello significa que un porcentaje del agua liberado de la veda entra en el régimen ordinario de concesiones y, por lo tanto, la Conagua puede entregar enormes volúmenes del líquido a actores privados que lo soliciten.
Por esta razón es que la palabra “privatización” apareció en el debate público. Y si bien es cierto que el decreto en sí mismo no privatiza al agua, sí permite que la Conagua lo entregue a privados que hacen negocio directa o indirectamente con el líquido.
La suspicacia y preocupación que ha manifestado la comunidad académica y la sociedad civil encuentra parte de su explicación en el hecho de que la Conagua es el órgano administrativo que concentra, sin contrapesos ni participación, la mayor capacidad de decisión sobre toda el agua en el territorio nacional. Se trata de una institución altamente centralizada que por ello ha sido fuertemente cuestionada (Sánchez Meza, 2010), incluso por la Auditoría Superior de la Federación que ha subrayado el deficiente funcionamiento de los Consejos de Cuenca que son los únicos espacios formales de participación.
Además de ello, la Ley de Aguas Nacionales reconoce al agua como un bien de seguridad nacional, por lo que toda la información relativa a ella puede ser reservada (como de hecho ocurre).
Ambos elementos dan como resultado una estructura de gestión centralizada y sin transparencia del agua a nivel nacional, lo que es un terreno fértil para la corrupción. Esto último ha sido denunciado desde múltiples espacios, subrayando el otorgamiento privilegiado de concesiones de agua a industrias, embotelladoras, mineras, inmobiliarias y otros grandes usuarios, poniendo en riesgo el derecho humano al agua.
La suspicacia aumenta si se toma en cuenta que el actual gobierno, desde el inicio de su gestión, construyó jurídicamente, a través de las reformas estructurales, importantes acuerdos y alianzas con el sector empresarial nacional y transnacional de los hidrocarburos convencionales y no convencionales (fracking), la electricidad y otros. El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder fructificar.
En conclusión, si bien es cierto que los decretos en cuestión son legales y en estricto sentido no privatizan el agua, también es cierto que dicha decisión, que afecta a la mitad de las cuencas en el país, se realizó sin contrapesos, sin consulta, bajo un régimen centralizado, de nula transparencia y que además le permiten a la Conagua disponer de millones de metros cúbicos que podría entregar al actor que ella decida.
Ciudad de México 28 de junio de 2018-A dos meses de la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, familiares, organizaciones civiles de derechos humano y el abogado de la familia, convocaron a una rueda de prensa el día de ayer en el local Café Zapata Vive, en donde dieron a conocer los pormenores sobre el caso de la estudiante.
Mencionaron que a dos meses de la desaparición de Mariela Vanessa, que la Carpeta de investigación solamente esta integrada por los informes escritos de las autoridades y de personas cercanas a la estudiante desaparecida, los cuales no han abonado nada a la posible localización de Mariela Vanessa, dicha investigación se esta llevando a cabo, únicamente, conforme a disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGJCDMX, y no así conforme a la Ley de General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y mucho menos con perspectiva de genero.
El Ministerio Público ha sido omiso en solicitar los vídeos a los sistemas de transporte, tanto metro como metrubus, en donde posiblemente exista la posibilidad en la Mariela Vanessa salga en los vídeos, dentro de sus omisiones el MP no ha recabado información de la línea telefónica de Mariela, sobre todo porque la familia le informo al Ministerio Público en su debido tiempo que el número telefónico de Mariela seguía repicando línea, los familiares mencionaron que esta información, la del teléfono, es de vital importancia para conocer la llamadas hechas y recibidas en el teléfono de Mariela antes y en los momentos posteriores a su desaparición.
Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, desapareció el día 27 de abril de este año, en donde según la localización del teléfono indicaron que se encontraba en los alrededores del Cerro de la Estrella, en la Delegación Iztapalapa.
El dia 24 de Junio en Café Zapata CDMX-MEX se llevo a cabo el Foro y Tianguis de Medios Libres en Memoria de Salvador Olmos, joven libertario y radialista que fue asesinado por el mal gobierno, en el marco de la lucha magisterial y popular en 2016 en Huajuapan, Oaxaca. El foro tuvo como objetivo recordar la trayectoria de nuestro compañero y abrazar la lucha y resistencia de los proyectos que ayudo a construir como la Radio Ñu Dee resultado del trabajo libertario en Ñu Savii la radio magisterial. Y tambien tuvo como objetivo darnos espacios de encuentro y díalogo fraterno entre las y los comunicadores de abajo.
El pasado 22 de junio de 2018, familiares y compañerxs de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón comunidad indígena mazateca del estado de Oaxaca estuvieron presentes en el plantón en Defensa del Agua, en Avenida Aztecas # 215 de la Ciudad de México, ahí compartieron sus experiencias de resistencia y lucha. Compartieron con los asistentes, reflexiones sobre los efectos que han tenido la evasión de la justicia y la represión por parte de aquellos que concentran el poder en su comunidad y por parte de los representantes de la justicia en el Estado de Oaxaca. Finalmente dieron a conocer la situación jurídica actual de los compañeros encarcelados injustificadamente en diferentes penales del Estado. ¡Xitā’ra titsaya ndā ya kata bitjoni! ¡Presos políticos libertad!
Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González
El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.
El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.
Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.
Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.
El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.
Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.
Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.
A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.
Habría que ponerse en el lugar del magisterio para poder entender la fuerza de su movimiento y para comprender, y sobre todo valorar, la resistencia de su lucha. Desde las grandes jornadas de movilizaciones en el ya lejano 2013, surgidas frente a la imposición de la llamada “Reforma Educativa”, pasando por el prolongado plantón de 124 días en el 2016 y hasta nuestros días, una larga cadena de historias y batallas ha ido forjando el carácter de la resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a 38 años de haber nacido en estas tierras del sureste mexicano. La historia, la memoria y la experiencia acumulada en esas casi cuatro décadas han sido, con seguridad, un elemento clave para sostener su resistencia frente a los reiterados, y de diversa naturaleza, ataques de las oligarquías que mueven los hilos del Estado mexicano. Ataques que van desde el desprestigio mediático, la presión económica, la represión policíaca, hasta la infiltración de grupos afines al gobierno al interior del movimiento.
Llegados a este momento histórico del capitalismo, la crisis del valor de este sistema se ha ido expandiendo hacia esos espacios que el capital había dejado relativamente “libres” pero que ahora necesita para valorizarse. Y la educación es uno de esos espacios. Para lograr esa valorización, los intereses económicos de las oligarquías nacionales y extranjeras, de la mano con la clase política nacional, promueven la mercantilización a toda costa de lo que hasta ahora ha permanecido fuera de esa categoría capitalista. La educación y los derechos laborales del magisterio, en tanto bienes comunes -no mercantiles-, son, así, un obstáculo para la acumulación y para librar esos obstáculos se han impuesto las reformas estructurales.
Es, pues, contra esos intereses que amenazan el empleo del maestro, en particular, y a la educación pública, en general, que el magisterio resiste y lucha. Y es también, por esa razón, que la lucha magisterial se agiganta ante nuestra vista porque es el único gremio de la clase trabajadora, a lo largo de la geografía nacional, que de forma organizada y con una estructura consolidada a nivel nacional, ha sido capaz de sostener una lucha contra los tentáculos del capital.
El paro indefinido
El actual paro indefinido de la CNTE vino precedido por marchas y paros nacionales de 24, 48 y 72 horas, en los cuales la Coordinadora salió a las calles en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca para exigir un diálogo con el gobierno. En Chiapas, la Sección 7 mostró una y otra vez la fuerza de su organización con multitudinarias marchas que abarrotaron las principales avenidas de la capital con cientos de miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones civiles con la demanda de reinstalar la Mesa Nacional Única de Negociación con la Secretaría de Gobierno (Segob), como principal demanda. Las movilizaciones estatales tuvieron sus réplicas en el corazón político del país donde una comisión negociadora conformada solicitó audiencia en la Segob para reinstalar la mesa de negociación suspendida por el gobierno desde 2016.
Esas movilizaciones fueron, sin embargo, insuficientes, para que la Segob recibiera a la comisión de maestros y, en el colmo del absurdo se negó, incluso, a recibir el pliego petitorio de la Coordinadora. Más allá de lo ofensivo e indignante que esto debe resultar para los maestros, supondría un motivo más para que la indignación fuera generalizada en toda la clase trabajadora puesto que, si una organización de cientos de miles de trabajadores con capacidad de movilización nacional como lo es la CNTE no es atendida después de movilizaciones de carácter nacional, ¿qué se puede esperar para el resto de trabajadores, desorganizados o con organizaciones débiles, que protesten frente a una injusticia? Esta razón tendría que ser un motivo más para mostrar simpatía por el movimiento magisterial.
Una clase política en descomposición
Resulta increíble que esa cerrazón al diálogo y la negociación por parte del gobierno se sostenga en un escenario donde la imagen de la clase política y empresarial del país está más desgastada que nunca. Cabe hacer algunas precisiones:
En la escena electoral, mientras que, por un lado, la división de la derecha se hace patente mediante el intercambio público de acusaciones de delitos graves que desenmascaran lo que tras bambalinas es moneda corriente en el mundo de la clase política, a su vez la izquierda institucional termina por disolver sus fronteras que lo separan de la derecha y se encamina, así desorientada, hacia la silla presidencial. En esta época de crisis generalizada, en la pasarela electoral los políticos del viejo y nuevo régimen se desnudan y sacan a la luz la podredumbre de un sistema político que ya no es sensible a sus formas de más denigrante autohumillación ya que esa sensibilidad se subsume al hambre del poder a toda costa.
En la pasada serie de reportajes “Guerrero, el laboratorio del miedo” analizamos ligeramente algunas aristas de los efectos sociales del miedo provocados por el terrorismo de estado, llamado por los medios masivos de comunicación “fenómeno de lanarcoviolencia”. Vimos los terribles efectos que causa en la población, la inminente y necesaria vinculación con el estado-capitalista mexicano, así como el uso contrainsurgente que se despliega por parte de las fuerzas armadas mexicanas.
Esta nueva serie periodística busca ser un puente para comenzar a entender la pobreza y sus efectos sociales, como parte de un entramado complejo de ingeniería del conflicto y el control social que se ejerce en contra de las clases subalternas. En especifico nos dimos a la tarea de ir a Oaxaca, el estado más pobre de México, para poder compartir testimonios reveladores e impactantes de este país donde nuestros gobernantes mienten públicamente, diciéndole al mundo que el rezago social se está abatiendo.
También analizaremos los efectos psicológicos de la pobreza en la población y el uso de estos para incrementar aún más las obscenas ganancias económicas de la reducida elite empresarial mexicana y transnacional. Inherente al control social que significa limitar o direccionar la educación, la economía, la movilidad y la salud de la población, a través de la pobreza y su desmedido incremento, en conjunto con la híper violencia propiciada en el país, son rasgos -que es necesario evidenciar- de una contrainsurgencia cada vez más especializada no sólo en la “neutralización de sus objetivos“ sino también en el “camuflaje social“.
Es fundamental entender el papel de la pobreza en México, no como institucionalmente se utiliza por todos los gobiernos y supuestas tendencias ideologías. Ni siquiera los autoproclamados partidos de izquierda proponen apuntar a la raíz fundamental del problema, porque también viven y se nutren de los pobres, ya sea como eslogan, cuota o “capital social”. Es necesario que desde el pensamiento crítico se puedan analizar y divulgar las más novedosas formas que implementa el terrorismo de Estado para mantener su poder político y económico a nivel global.
Oaxaca, el precio de ser pobre, indígena y mujer.
A partir de la medición en 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estado de Oaxaca se situó en el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Rezago Social. Este indicador representa cuatro dimensiones asociadas al fenómeno de pobreza en México. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el estado con más población indígena en el país, lo que representa, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que en México y especialmente ahí, la población indígena es la más pobre entre los pobres. La misma fuente oficial confirma que no existe más vulnerabilidad que ser mujer, indígena y pobre en este país que esa entidad. Estas características son muy similares en Chiapas, Guerrero y Veracruz.
Pasar de las fuentes gubernamentales a la realidad es aún más terrible si a todas las carencias le sumamos la cuota de violencia desmedida que se centra principalmente en las zonas con más pobreza y marginación del país. Para marzo de este 2018 ya se contabilizaban 143 feminicidios en el gobierno de Alejandro Murat. De acuerdo a las estadísticas oficiales 527 fueron en el periodo de Gabino Cué, 283 con Ulises Ruiz Ortiz y 429 con José Murat. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado la urgencia de declarar la alerta de género para la entidad.
Una de las zonas recorridas para este reportaje fue la Selva Chinateca, en la región de la Chinantla. En el municipio de Santiago Jocotepec se encuentra la comunidad de Cerro Caliente. Ahí platicamos con Victoria Jiménez Mendoza, indígena que nació y creció en esta región, donde ahora sus hijos y su familia luchan día a día por sobrevivir y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Victoria nos cuenta cómo se vive en este municipio donde el 99,68% de la población es indígena y es considerado alta marginación.
Los paisajes son impresionantes. El agua es abundante, los ríos que vienen desde Veracruz y prosiguen su paso hacia la costa, son majestuosos. Para llegar a algunas comunidades hay que pasar por los puentes colgantes de hasta 150 metros de longitud. En medio de esta gran belleza de la selva Chinanteca las comunidades indígenas sobreviven entre condiciones lacerantes que distan mucho del Oaxaca que presento el Gobernador Alejandro Murat en su primer informe de gobierno.
Ese Oaxaca moderno del siglo XXI está muy lejos de estos hermosos parajes y no es una lejanía que sólo pueda medirse en kilómetros, hablamos del hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables, condiciones de vida en indigencia y marginación. La entrevista con Victoria es amena. Ella no pierde la sonrisa a pesar de que los temas de los que platicamos no son fáciles, estamos en el patio de la escuela primaria de la comunidad e iniciamos el diálogo sobre tres puntos fundamentales para cualquier población: la salud, el trabajo y la educación.
¿Podrías presentarte y platicarnos cómo se vive en esta región?
Manuel Gaspar Rodriguez. Exigencia de justicia por su asesinato en Cuetzalan, Puebla.
En el marco de la “Jornada por la Vida, la Justicia, la Libertad y el Territorio” convocado por el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) el pasado domingo, 10 de junio, en la ciudad de puebla se realizó una marcha-mitin por la Defensa de la madre tierra, los bienes comunes, el agua, el territorio y la vida. En ella también se reivindicó y exigió el esclarecimiento del asesinato al dirigente Manuel Gaspar Rodríguez sucedido el pasado 14 de mayo en el municipio de Cuetzalan, Puebla
Manuel Gaspar Rodríguez era activista del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), defensor del agua y el territorio; integraba, además, la comisión de desarrollo sustentable del Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”. Su lucha era contra el Fracking, la minería a cielo abierto y la instalación de una hidroeléctrica por parte de la CFE en Cuetzalan
Numerosas organizaciones que integran la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN), entre ellas el FICAM y el MIOCUP se dieron cita este domingo frente a la Fiscalía del Estado para que de ese punto se diera comienzo la marcha, que culmino en el zócalo de Puebla. Entre las pancartas y consignas se hizo notar la exigencia por la no instauración de proyectos de muerte en la cuenca de Cuetzalan.
En la región de la sierra norte de puebla se han dado diversos intentos por implantar proyectos extractivistas o “de muerte” como señalan los mismos pobladores. Cabe mencionar que en la región de Cuetzalan ya hubo una batalla ganada al cancelar el basurero a cielo abierto en la comunidad de Cohuatichan. Sin embargo, estas luchas han costado la vida de varios activistas entre ellos Gaspar rodríguez o el mismo Antonio Esteban Cruz, de quien toma el nombre el centro de derechos humanos que acompaña a estas comunidades.
A 8 días de iniciar el plantón indefinido en SEGOB, la CNTE convocó a otra movilización denominada “Movilización por la Dignidad Magisterial y Popular, que partió de la Victoria Alada (Ángel de la Independencia) que convocó, no solo a las secciones de la Coordinadora, sino además a organizaciones sociales que se han integrado a la defensa de la educación pública y contra la reforma laboral, mal llamada educativa.
Dentro de las participaciones, se recalcó que el objetivo de las movilizaciones, la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de docentes cesados por negarse a realizar la evaluación punitiva que implementaron con la reforma, y la reinstalación de la mesa única nacional de negociación. Los principales argumentos contra la reforma, fueron que esta no cumple con las necesidades educativas en el país, entre ellas, falta una estrategia contra el rezago educativo, contemplar la seguridad del alumnado debido a los daños de las aulas y escuelas, provocado por los sismos desde el 7 y 19 de septiembre, que han estado ocurriendo y que provocaron numerosos daños en los planteles educativos.
Señalaron la violencia a la que ha recurrido el gobierno federal hacia el magisterio, antes del diálogo, desde que llegaron al DF-CDMX y que mientras el gobierno “mantenga una política de cerrazón” la Coordinadora no dará un paso atrás, en la jornada de lucha, que actualmente llevan a cabo.
Al llegar la marcha a la altura de Bellas Artes, el contingente se encontró nuevamente con un bloqueo de tanquetas y granaderos, que impedían el paso hacia el Zócalo capitalino, después de dialogar con representantes de gobierno central, lograron llegar al acuerdo de poder continuar, esto sin que dejaran de ser custodiados todo el camino hacia el Zócalo, por un cuantioso número de policías de la CDMX.
11 de Junio 2018, Guadalajara, Jalisco; Al menos 8 detenidos y decenas de personas heridas es el saldo de la represión en el Bosque Urbano de Arboledas del Sur, donde los vecinos demandan la No Construccion de una plancha de cemento al interior del bosque. El uso de la fuerza es y ha sido desproporcional y violento. Mientras que legalmente el municipio esta violando acuerdos de proteccion ambiental y mandatos legales que ha omitido.
“…Aqui una muestra mas que lo que importa es el dinero, sobre todas las cosas, la policía está para proteger la propiedad privada y el capital. ¿como actuar si nos están quitando nuestras ultimas zonas de vida?, Si es que la legalidad existiese, ¿por que no se cumple?y si no se cumple que nos queda por hacer?, Nos falta lo que nos han venido quitando desde hace tiempo, se llama la comunidad, la dignidad y la rebeldía…”
