Chilón, Chiapas, a 16 febrero de 2018.

A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHILÓN Y SITALÁ.
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
AL PÚBLICO EN GENERAL

Desde el mes de octubre del año pasado, en los municipios de Chilón y Sitalá se ha desatado una serie de actos delictivos y violentos que han mantenido a las poblaciones en un estado de vulnerabilidad y miedo.

La Misión de Bachajón, preocupada por los sucesos acontecidos acudió al Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) para denunciar públicamente una serie de hechos delictivos:

1. El intento de robo a la cooperativa de mujeres “Luchiyej Nichimetic”, acontecido en fecha 11 de febrero del presente A este acto se suma al robo del mes pasado, donde un grupo de personas entró y robó bordados y productos en general con los cuales las compañeras se mantienen y apoyan a sus familias.

2. La amenaza hacia los promotores del gobierno comunitario. Las amenazas han sido expresas y abiertas diciendo que los matarán o secuestrarán. Tememos por su seguridad y por su vida.

Ante esto DECLARAMOS:

• SE EXIGE A LAS AUTORIDADES mantener la seguridad de los municipios y cumplir con su trabajo de garantizar una vida segura y en paz para todas las personas que los integran y para los trabajadores y servidores de la Misión de Bachajón.
• A LOS DELINCUENTES INVOLUCRADOS EN LOS SUCESOS DEL ROBO Y LAS AMENAZAS: los tenemos claramente identificados, sabemos quienes son y no dudaremos en llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para hacer justicia. Los hacemos responsables de lo que pueda suceder a los trabajadores o servidores de la Misión de Bachajón, ante cualquier cosa que pueda ocurrirles a ellos y sus familias.
• SE HACE UN LLAMADO A TODAS LAS COMUNIDADES a mantenerse unidas en este periodo electoral. Ta que los intereses partidistas buscan dividir a las comunidades.

Por lo demás, se hace clara la postura de que estamos a la observancia de todos los hechos que están sucediendo durante este periodo electoral e informaremos a las autoridades pertinentes a fin de exigir que cumplan con sus responsabilidades.

CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS, A.C.
CEDIAC.

Fuente: Chiapas Denuncia Pública

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

El pasado 12 de febrero tuvo lugar el encuentro  de Marichuy y el CIG con Universitarios . Este es el registro de audio ,  fotos y video  que da cuenta del histórico  encuentro del CIG y su vocera Marichuy  con la comunidad de la  UAM-Xochimilco.

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Por R. Aída Hernández Castillo*

El 19 de febrero finalizó el plazo de registro de los candidatos independientes a la Presidencia de la República. Sólo tres candidatos “independientes” lograron el registro, los tres con gastos diarios iguales o mayores a los que hicieron los candidatos partidistas. María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), no logró conseguir uno por ciento de las firmas de padrón electoral de 17 estados como se requería para que fuera candidata independiente. Desde el principio supimos que se trataba de una contienda muy desigual en un terreno profundamente marcado por las desigualdades que caracterizan a nuestro país. Mientras Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gastaba 58 mil pesos diarios y contaba con todo el aparato institucional del gobierno del estado de Nuevo León para juntar las firmas, María de Jesús Patricio gastaba 860 pesos que compartía con los concejales y concejalas que viajaban con ella. Las barreras tecnológicas se enfrentaron en todo el proceso: la necesidad de un dispositivo celular moderno que permitiera bajar la aplicación para juntar las firmas, la conectividad por Internet requerida, el dinero para la movilidad de los auxiliares; cada uno de los pasos representaba una lucha contra las desigualdades y exclusiones que Marichuy y el CIG están denunciando.

Tengo que reconocer que como integrante de la Asociación por el Florecimiento de los Pueblos AC, que apoya su registro, me siento frustrada por no haber logrado superar todas esas barreras y no haber podido hacer más por mover las conciencias de este país en torno a la urgencia de cambios profundos. Este sentimiento se agudiza porque el 19 de febrero estoy en Ahome, territorio yoreme, donde la violencia del crimen organizado coludido con las fuerzas de seguridad ha convertido al estado de Sinaloa en una gran fosa común. Los testimonios de las madres de los desaparecidos nos recuerdan una y otra vez que estamos en un momento de emergencia nacional, que no se soluciona con “capacitaciones” o “modernizaciones institucionales”. Requerimos un cambio profundo que ninguno de los candidatos que aparecerán en las boletas electorales está dispuesto a hacer.

El país está plagado de Ayotzinapas anónimas donde las fuerzas de seguridad coludidas con el crimen organizado están perpetrando un juvenicidio delante de nuestra mirada y con la complicidad de nuestro silencio. Los estudiantes de Conalep masacrados en Juan José Ríos por no acatar el toque de queda establecido por el crimen organizado que controla el ejido más grande de México; la joven yoreme estudiante de la Universidad Intercultural de Sinaloa, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en Capomos; los 117 cuerpos encontrados por Las Buscadoras, madres de desaparecidos que con picos y palas buscan a sus “tesoros”, no parecen propiciar ya marchas ni protestas. Nos hemos acostumbrado a esta política de muerte.

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A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

Noticias de Abajo ML emisión 19 de febrero de 2018

— PALESTINA 113 Bebés En Hospitales De Gaza Al Borde De La Muerte por restricciones de Israel. Sp.truthngo
— PALESTINA: Soy la prima de Ahed Tamimi. Israel tiene que parar de meter en la cárcel a niñas/os como ella.
mariaenpalestina wordpress
—- CHILE Comunicado de Familiares, Amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdova. Radio Kurruf
— CHILE WALLMAPU (AUDIO) La lucha de las comunidades Lickan-antay por el agua en el norte grande. radio Kurruf
—- BRASIL Sobre la intervencion militar en Río de Janeiro
— HONDURAS: CUÑA_ Acción Nacional y Global en memoria de Berta Casares. COPINH
— EUA: Black Lives Matter: acabar con la violencia estatal contra los negros. Desinformemonos

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
COLUMNA— MEXICO: Comemoracion de las victimas de Pasta de Conchos y colocacion del Antimonumento por los 65 mineros sepulatados. Noticias de abajo ML
— CDMX: Carnaval por Marichuy y su Alegre Rebeldía. Radio Zapatista
—GUERRERO: Las mujeres de Ayotzinapa, Minerva Bello. Ke huelga
— OAXACA: Sismos en Mexico Entrevista Sobre Afectaciones Al Presidente Municipal De Santiago Jamiltepec. Radio Zapote
— MEXICO: NotiCencos: Investigan a 19 exmandos y policías, ligados a Javier Duarte, por desaparición forzada; gobierno despoja a comunidad Wirárika de su centro ceremonial; Ulises Cardona fue visto por última vez en manos de la Marina.
— MEXICO: Embajada canadiense en la mira por asesinato del activista Mariano Abarca: ONG´s. Surco Informativo

La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) expresamos profundo dolor y repudio por el asesinato del joven Luis Fernando Ayala de 16 años, quien participó en acciones por la defensa de la tierra, así como en protestas post electotares en el nor occidente del país.

El cadaver de Luis Ayala fue encontrado hoy en la mañana en la aldea Concepción Sur en el departamento de Santa Barbara, sin manos y con otros signos de tortura. Según integrantes de su organización Luis Ayala fue visto por última vez con vida el día anterior.

Ayala y su familia han sido miembros activos del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, donde hace más de tres años se lucha contra la concesión minera para la extracción de yeso otorgada por un período indefinido y que amenaza con desaparecer la comunidad de Arenales en ese municipio.

Es importante recalcar que desde el proceso de elecciones fraudulentas realizado en Honduras en noviembre del año pasado, se han registrado más de 40 asesinatos a hombre y mujeres que se han opuesto al continuismo y proyectos extractivos.

Como articulación nacional, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras nos solidarizamos con el MAS, organización que integra este espacio, condenamos enérgicamente el asesinado de Luis Ayala y exigimos una investigación exhaustiva y castigo a los responsables de este brutal crimen.

Demandamos la desmilitazicación inmediata del país, alto a la persecusión y asesinato a lideres y liderezas que se oponen a los proyectos del capital transnacional.

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
20 de Febrero de 2018