17 de mayo del 2019.

Diferentes redes de organizaciones civiles de la Región y personas individuales en defensoría de derechos para la población que migra expresamos nuestra indignación, repudio y preocupación sobre las diferentes muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Los casos no son aislados, sino hechos continuos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos y, por ende, visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen estos países, imposibilitando así, el derecho universal a la vida.

Algunos de estos casos que podemos mencionar son:

• Jackeline Caal – niña Maya Q’eqchi’ de 7 años de edad, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México, Estados Unidos;.

• Felipe Gómez Alonzo- niño Maya Chuj de 8 años de edad, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango, falleció el 25 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, Estados Unidos;

• Juan de León Gutiérrez, Adolescente Maya Chorti, de 16 años de edad, originario de Chiquimula, falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niño Maya Chortí, de dos años y medio, originario de Chiquimula, falleció el 14 de mayo de 2019, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niña de 10 años, originaria de Guatemala, falleció el 15 de mayo de 2019 en la estación migratoria de Iztapalapa, México.

A los Gobiernos de Estados Unidos y México

1. Incorporar el principio fundamental del interés superior de la infancia en todo proceso migratorio y de asilo. Poner un alto a las detenciones de niños, niñas o adolescentes, acompañados y no acompañados, por su condición migratoria.
2. Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) de México, para que se base en la seguridad de las personas y en el respeto de sus derechos, reconociendo que hay violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen.
3. Garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que son responsables, de manera directa e indirecta, de estos lamentables hechos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección

Al Gobierno de Guatemala 

4. Ampliar la cobertura consular en México, Estados Unidos y Canadá, Fortalecer los mecanismos con relación a la documentación, protección, asistencia y atención consular de acuerdo a las necesidades de las nuevas dinámicas migratorias y perfiles de las y los guatemaltecos, para que no aumenten sus condiciones de vulnerabilidad y
5. Una política de protección consular con estándares mínimos, como la atención integral que incluya representación jurídica, psicosocial, laboral, de sensibilización e información, así como diferenciada, incluyendo perspectiva de género, etérea, con pertinencia
6. Atender las causas raíces de las migraciones forzadas en Guatemala que no sólo son económicas, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión, violencia ni mucho menos la muerte.

RESPETO A LA VIDA Y DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES.

Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

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El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!

La cárcel no sólo castiga a quien la habita, también dentro de su perverso mecanismo de dolor hay madres, esposas, hijas, hermanas que tienen que ver como toda la vida que conocián hasta ese momento cambia de manera drástica para luchar y acompañar la vida de un ser querido privado de libertad.

Ésta es la historia de la madre y la hermana de uno de los compañeros que el 15 de marzo pasado decidió emprender una huelga de hambre, junto con 5 compañeros más, en la lucha por su libertad. Es también la historia de su propia lucha desde fuera de los muros en contra de la injustica del encierro. Una historia de fuerza y de dignidad que rompe con el estigma de la prisión y con el papel de víctima que la sociedad espera para una mujer presa. O para las familiares, principalmente mujeres, de una persona presa.

Fortaleza, coraje dignidad y valentía contra los grises muros de las prisiones.

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Estamos aquí «para que no se pierdan en la soledad del olvido, ni sus sueños, ni sus cuerpos. Sin nada que festejar porque no les hemos recuperado» afirman las madres de las víctimas de desaparición forzada en un mitin realizado al pie del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, después de marchar desde el Monumento a la Madre.

«Hijo, escucha, tu madre está en la lucha» se escucha mientras caminan. Con lágrimas en los ojos, flores en las manos, un bebé en la espalda, una fotografía que cargan en un viaje de más de 24 horas, un bordado que cuenta una historia, una manta con características físicas y la esperanza de encontrar, mujeres de diferentes puntos del país claman el regreso de sus hijos: algunas los esperan con vida, otras exigen, al menos el cuerpo para velarlo con dignidad.

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Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)