Por Diego Ancalao Gavilán
La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.
Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.
Protestas en Santiago de Chile. Foto: Reuters.
Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.
También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.
Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.
“Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel.”
Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.
Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.
Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.
Las protestas en Chile dejaron en evidencia que su sistema político-económico que por años fue considerado como el modelo exitoso a seguir, pero excluye a la mayor parte de la población, principalmente a los indígenas. Foto: Leandro Crovetto.
El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.
Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.
“Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. El camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.”
Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.
Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.
Chile despertó y en ese despertar se ve flamear la Wenufoye, la bandera Mapuche, símbolo de un pueblo expulsado y estigmatizado que hoy se vuelve estandarte de rebeldía y resistencia al modelo neoliberal. Foto: Leandro Crovetto.
Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.
El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.
“El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas.”
Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.
Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
Autor: gtawcomunicaciones
GTANW, 2/12/20.- Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez, Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.
Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera[1] por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco del derecho al uso sostenible, ordenado y legal de cualquier bondad de la naturaleza[2]. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto[3] y exigió a las autoridades a nivel nacional abordar el problema; sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora.
ACTUALIZACIÓN (2/12/20 22:00)
Según comunicación con una de las autoridades Wampís secuestradas, la delegación Wampís fue liberada al promediar las 21:30 horas. La liberación se dio tras la decisión de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas de dar un plazo de dos días más a los madereros ilegales y dejar ir las embarcaciones que habían sido incautadas.
Desde el GTANW expresamos nuestro alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra preocupación porque la problemática de la tala ilegal en nuestro territorio hasta ahora no recibe la atención pertinente de las autoridades nacionales.
Desde el GTANW queremos proteger nuestro territorio y apostar por vías de desarrollo sostenibles, con formalidad y regulación ambiental.
[1] https://nacionwampis.com/gtanw-determina-cese-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-santiago-ante-inaccion-del-estado/
[2] https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Extraordinaria-del-Gobierno-Territorial-Aut%C3%B3nomo-de-la-Naci%C3%B3n-Wampis.pdf
[3] https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/318361-defensoria-del-pueblo-urge-intervencion-eficiente-frente-a-tala-ilegal-y-amenazas-que-afectan-derechos-de-comunidades-indigenas
Por: Red de la Diversidad
En esta segunda Columna de Maristella Svampa, ella comparte con nosotras algunas impresiones y apreciaciones sobre un tema muy estratégico para los países de Bolivia, Argentina y chile: El Litio, que es considerado como la llave maestra para la transición energética rumbo a una sociedad que se necesariamente tiene que abandonar el uso de combustibles fósiles sea el carbón, petróleo o gas, para encaminarse hacia una sociedad basada en el uso de energías limpias.
En esa línea el Litio aparece como crucial en este tránsito, sobre todo porque este mineral es utilizado principalmente en la fabricación de baterías para computadoras, teléfonos móviles, reproductores de música, etc y muy fundamentalmente como baterías almacenadoras de energía para ser utilizados en automóviles eléctricos. Esta es la principal razón: A través de la generación de baterías de litio, se podría abandonar los automóviles basados en el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la construcción y uso de autos que consumen energía limpia. Este no es el único uso, además de las baterías de computadoras personales, teléfonos móviles, y también la industria farmacéutica, entre otros usos.
En los últimos años la demanda del litio se ha incrementado, sobretodo ha introducido el rol del litio en la transición, algo que comienza a tener gran impacto en América Latina en el llamado triángulo del Litio situado entre los Salares de: Atacama en el Norte de Chile, el Salar de Uyuni en Bolivia y los Salares de las salinas Grandes Polanski Chauri y Hombre Muerto en Argentina. Zona en las que se concentra entre el 60% a 80% de las reservas probadas de litio a nivel mundial…..
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La Radio Anarquista de Berlín habló con Richard ODianna Roca, abogado y defensor de derechos humanos del Perú sobre la reciente ola de protestas masivas en torno al cambio de presidentes en este país suramericano que fueron acompañadas por una masiva represión estatal. El compañero, que coopera con el proyecto de medios alternativo Tomate Colectivo de Lima, explica brevemente el trasfondo de la situación política y de estas novedosas protestas.
Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.
Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.
Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.
Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.
Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.
Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.
Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.
La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Apatlaco, Morelos, 28 de Noviembre 2020.- Dicen nuestrxs abuelxs zapatistas que en estas tierras es necesario volver a derramar sangre cada 100 años para ganarse el derecho a vivir en paz y tranquilidad. Y sí: la historia, la ahora guardia nacional acaso deshaciendo más que nunca, el poder revestido con sus mentiras y traiciones, y la gente de abajo arriesgándolo todo confirman éstas palabras. En estas tierras que fimaron el Plan de Ayala en 1911 y con ello dieron inicio a la revolución zapatista del sur, algunxs piden perdón a Miliano por no poder o no saber cómo defender el agua y la tierra que él y nuestrxs abuelxs nos legaron con su fuerza y con su sangre, pero también hay pueblos, ejidos y comunidades dispuestos a seguir transformando la tristeza,el duelo y el desconcierto en unión y lucha legal, legítima y comunitaria. De hecho apuntan que ya están curadxs de espanto y que ahora la lucha podrá escalar a otros niveles. “Vamos a seguir adelante hasta que este proyecto se venga abajo”, afirman. Y recalcan además que la lucha zapatista no es de uno, diez o ni siquiera cien años. Si apenas ayer, en 1911, retumbó aquí el grito de “abajo las haciendas, arriba los pueblos”, ahora resuena desde el 2011 el “abajo los megaproyectos, arriba los pueblos”. Aquí la lucha zapatista sigue.
(Descarga aquí)Carta al General Zapata a los 109 años de la firma del Plan de Ayala
(Descarga aquí)Palabras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala a los pies del plantón de Apatlaco desalojado por la Guardia Nacional
Abajo los megaproyectos, arriba los pueblos
Con motivo del desalojo al plantón zapatista de Apatlaco para concretar el acueducto y Proyecto Integral Morelos, los ejidos de Ayala han decidido movilizarse de manera pacífica este 28 de noviembre del plantón de ASURCO a la Plaza de la Revolución del Sur y hacia el Río Cuautla, donde de manera vil y traicionera, la Guardia Nacional esta custodiando la terminación de obras del acueducto.
Por lo que, como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala nos sumamos a esta jornada de lucha que iniciará este 28 de noviembre y hacemos un llamado solidario y hermano a todas las luchas, pueblos, colectivos y personas a realizar acciones dislocadas contra los megaproyectos y por la libre determinación de nuestros pueblos.
Hacemos un llamado de atención y alerta a los organismos de derechos humanos y medios de comunicación libres, independientes, masivos y periodistas a que acompañen la marcha “Por la Defensa de Nuestras Aguas” para procurar una protección a todas las personas que vamos a manifestarnos en defensa de nuestros derechos.
A todas nuestras hermanas y hermanos de organizaciones, pueblos, colectivos e individuos, los invitamos a discutir, suscribir y actualizar el Plan de Ayala en defensa de la vida y contra los megaproyectos, para caminar juntos hacia el destierro de los opresores del gran capital sobre nuestros territorios.
T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Traducione Italiano
Deutsch Übersetzung
Español
For Life and Against Money
The CNI-CIG and the EZLN Call for Solidarity with the People’s Front in Defense of the Land and Water of Morelos, Puebla, and Tlaxcala
November 2020.
To the people of Mexico:
To the peoples of the world:
To the Sixth in Mexico and abroad:
To the media:
The National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council [CNI-CIG] and the Zapatista Army for National Liberation [EZLN] denounce the National Guard’s cowardly eviction of the compañeros maintaining the resistance camp in San Pedro Apatlaco, Morelos, on November 23, 2020. This eviction was carried out in order to resume the illegal construction of the aqueduct that carries water from the Cuautla River to the Huexca thermoelectric plant.
With utter cynicism the neoliberal government says it governs this country while actually just obeying its real bosses—big capital. With utter cynicism the armed forces, under their overseer’s orders, violate the rights of our peoples, stealing water from the Cuautla River from the peasant communities of Ayala and turning it over to the corporations that will profit from the Integrated Morelos Project: Elecnor and Enagasa, who were awarded the contract for the gas pipeline; Bonatti and Abengoa, who will build the gas pipeline and the thermoelectric plant in Huexca; and Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, and Northeast Natural Gas, who will profit from gas sales.
The armed forces and the neoliberal government use the Integrated Morelos Project to justify military flyovers to exercise repression and advance the development of energy infrastructure, which is based on the destruction and dispossession of the originary peoples’ territories. Over the spilled blood of our people, like our compañero Samir Flores Soberanes, they exploit nature, allowing the owners of transnational capital to destroy the mountains through mining concessions and ceding the region’s water to the industrial corridors in Cuautla, Yecapixtla, Cuernavaca, and elsewhere in the states of Morelos, Puebla, and Tlaxcala. The overseer who claims to govern this country ordered, with total cynicism and impunity, the trampling of the supposed rule of law, violating eight court-ordered suspensions of the aqueduct project, which would divert and contaminate the region’s water through the construction of the Huexca thermoelectric plant. This is also a violation of two other court-ordered suspensions regarding gas pipeline construction within the periphery of the sacred Popocatepetl volcano and contamination of the Cuautla River, both part of the Integrated Morelos Project.
Given the above and faced with increasing tensions and violations of the rule of law, we hold the bad governments of the state of Morelos and the nation responsible for any repression or attacks against our compañeros and compañeras in struggle who resist these megaprojects of death. In particular we call for solidarity with the People’s Front in Defense of the Land and Water of Morelos, Puebla, and Tlaxcala.
Sincerely
November 2020
For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council [CNI-CIG]
Zapatista Army for National Liberation
Mexico, November of 2020.
Por Daliri Oropeza
El gobierno de la autonombrada 4T cree que con madruguetes y con la imposición de la termoeléctrica de Huexca a través de una serie de traiciones va a activar el Proyecto Integral Morelos, que abarca Puebla y Tlaxcala también.
Un megaproyecto meramente energético. Justifican la entrada de la Guardia Nacional en pos de resguardar la soberanía energética. No hablan que detrás hay empresas extranjeras. No hablan del gasoducto y las zonas industriales proyectadas alrededor del Volcán Popocatépetl.
Ignoran que las y los ejidatarios de Cuautla, activistas y pueblos afectados están reorganizando su lucha contra este megaproyecto industrial. Los ejidatarios tomaron las oficinas de la asociación civil Asurco (concesionaria del río Cuautla cuyo presidente firmó a favor del acueducto) y ahí colocaron el plantón desde donde tuvieron una asamblea en la cual invocaron al Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata.
Una ejidataria de Ayala invitó a sus compañeros a tomar acción ante el atropello. No faltaron los “Zapata vive la lucha sigue”. Ya tienen próxima fecha de asamblea. Hoy aplaudieron después de que un ejidatario dijera que llegarán hasta las últimas consecuencias. Que la historia se repite, y no durarán en repetir lo qu sucedió en 1911, enunció otro ejidatario.
La llegada de la Guardia Nacional a las dos de la mañana al plantón que impedía la terminación del acueducto que conecta el agua con la central termoeléctrica de Huexca —desde hace 4 años en Apatlaco, Ayala, orillas del río Cuautla— es solo un atropello más derivado de y traiciones en tiempos de la autonombrada 4T.
El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su propia palabra. En Yecapixtla, un mitin en mayo del 2014, prometio cancelarlo:
“Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo el político en su caminar por la presidencia.
Ahora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que se inaugura a finales de año.
No importa que haya 19 amparos vigentes contra el Proyecto Integral Morelos: 9 por el agua del río Cuautla y contra el acueducto —que con el madruguete entraron a terminar— el cual conecta el agua con la termoeléctrica. 3 son contra el gasoducto, incluidos los de 2 pueblos nahuas: Amilcingo y Atlixco. Uno es contra la termoeléctrica, interpuesto desde 2014 por Huexca.
Primero, Olga Sánchez Cordero titular de Segob mintió desde la mañanera que habían resuelto los amparos vigentes y lo único que hicieron fue sobreseer un amparo negándoles el derecho a los ejidatarios de defender su derecho al agua y canalizar todos los expedientes abiertos sobre el PIM.
Luego, el vocero de la CFE, Luis Bravo, aseguró que no existe ningún impedimento legal para el inicio de las obras ni para el inicio de operaciones “ya que no existe ninguna orden alguna de jueces que lo impida”. Destacó que la obra fue aprobada en una consulta y puso por delante el acuerdo con Asurco.
La 4T se está brincando por completo el derecho de los pueblos en su extensión dimensional.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo
.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad
contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias
. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
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