La noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se suscitó el inicio de una sublevación que tuvo lugar en la colonia francesa en Santo Domingo, actualmente República de Haití. Este levantamiento fue determinante en la construcción de la independencia del país y la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Con ello, Haití fue la primera nación de América Latina y el Caribe en declarar su independencia y liberarse de la esclavitud.

Tras la sublevación, el 23 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Este día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998 y en la Isla de Gorea, en Senegal, el 23 de agosto de 1999.

Como respuesta a la revolución, el capitalismo colonial impuso un bloqueo cultural, económico y político a esta república para impedir que su ejemplo no se expandiera en la región.

Esta sublevación es considerada como la única revolución de esclavos y esclavas, liderados por Toussaint Louverture y otros rebeldes, la cual permitió en 1794 que la Asamblea Nacional francesa suprimiera la esclavitud en los territorios de soberanía francesa. Ya en 1804 se erige la primera República Negra del Mundo y la primera nación independiente de América Latina en el territorio hoy conocido como Haití.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos y Alemania se disputaron su influencia en este país. Se suscita así la ocupación estadounidense de Haití el 28 de julio de 1915, con el pretexto de salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses. Supuestamente esta ocupación terminó el 1 de agosto de 1934, después de que Franklin D. Roosevelt reafirmara un acuerdo de separación en agosto de 1933.

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Durante los últimos años esta república ha sido golpeada por contextos políticos y económicos, pero también por catástrofes naturales con diversos sismos que han vulnerado la vida de los haitianos y haitianas.

En reportajes anteriores Avispa Midia ha documentado lo que los propios haitianos llaman como “Rebelión en Haití: Lo que estamos viviendo es una crisis del capitalismo y del imperialismo estadounidense”, que permite percibir parte del contexto de constantes crisis que viene sufriendo este pueblo.

Entre enero a junio del año 2022 se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que representa un ataque contra la prensa cada 14 horas.

Así lo informó la organización Article 19 en el reporte “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, mediante el cual destacan el incremento de las agresiones además de la gravedad de ellas que se manifiestan con violencia letal, desplazamientos, estigmatización y violencia en línea.

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El documento reporta 12 asesinatos de periodistas, de los cuales en 9 casos se identificaron indicios que vinculan la labor periodística como móvil del crimen.

La organización también realizó una comparación del número de agresiones durante el primer semestre del 2016, cuando registró 218 agresiones contra la prensa, con el mismo periodo de 2021, lo cual señala un incremento del 51.83% de agresiones contra lxs periodistas en México.

Desplazamiento

Una de las consecuencias de las agresiones es el desplazamiento interno forzado (DIF) y el exilio de periodistas, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares al no contar con la garantía de seguridad para ejercer sus labores. Durante el primer semestre del 2022, Article 19 documentó cuatro casos de DIF y dos casos de exilio.

Destaca la Ciudad de México, con 49 ataques, como el lugar con mayor número de eventos violentos. Le siguen Yucatán y Michoacán donde se documentaron 30 agresiones y donde el aumento de la violencia, en comparación con el mismo periodo del 2021, es hasta 9 veces mayor. Tamaulipas se ubicó en la tercera posición, con 21 agresiones documentadas.

Las principales agresiones en este periodo fueron intimidaciones y hostigamientos en 101 casos, seguido por las amenazas registradas en 66 casos, así como los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público documentado en 45 ataques.

Article 19 registró que, del total de las agresiones, 219 casos fueron perpetrados contra hombres periodistas y 88 ataques contra mujeres. Además, la prensa nacional contabilizó 24 ataques, es decir, el 7.65% y el rubro de violencia en línea contabilizó 105 ataques, lo cual indica que una de cada tres agresiones ocurre en la esfera digital.

Estigmatización

La organización promotora de la libertad de expresión enfatiza que, durante el primer semestre del 2022, se documentó la persistencia de discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, “que buscan convertir al mensajero en el mensaje, desvirtuando las investigaciones o reportes originales de la prensa”.

Entre los principales ejecutores de la estrategia de estigmatización señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con lo que se genera un “efecto cascada” donde, sin importar el nivel de gobierno, o el partido, “las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida, o adversaria, entre otros”, señala Article 19.

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Para la organización de derechos humanos, preocupa que, al ser cuestionado sobre el crecimiento de la violencia letal contra periodistas en el país, la respuesta de AMLO se limita a desviar la responsabilizar al Estado, tanto como perpetrador de los asesinatos o para garantizar justicia en las investigaciones ante los ataques.

Article 19 señala que las indagatorias sobre los asesinatos de periodistas desestiman la labor periodística con los crímenes, revictimizan a las víctimas y niegan la obligación de las autoridades para proteger e investigar los homicidios, estén o no vinculados con el crimen organizado.

“Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente”, enfatiza el informe sobre el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales la prensa ejerce su labor y donde los tres niveles de gobierno han sido omisos e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia sistemática contra la prensa.

Mientras se elaboraba esta nota, alrededor de las 17:00 horas de este lunes (22), el periodista Fredid Román Román, editor en el semanario La realidad, fue asesinado dentro de su vehículo en Chilpancingo, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció que ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego.

^{En portada: Protesta por acceso a la vivienda y servicios básicos. São Paulo, 2014. Foto por Santiago Navarro F.}

El pasado mes de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que los siete países más poderosos del mundo corren el riesgo de entrar en una recesión económica que terminará golpeando a la economía global. Aunque el Banco de la Reserva Federal de Atlanta es menos optimista al anunciar que es posible que Estados Unidos ya haya entrado a lo que se conoce como una “recesión técnica”, es decir una desaceleración de dos trimestres consecutivos de su Producto Interno Bruto (PIB).

La “recesión técnica” que puntualizan los indicadores del modelo de pronóstico GDPNow de este banco, se traduce en un debilitamiento del empleo, aumento de precios, reducción del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

Este escenario es la continuidad de la crisis financiera que estalló en este país en los años 2007-2008, “de la cual Estados Unidos no se había recuperado y después, entramos a un contexto de pandemia inédito que prácticamente paralizó la economía mundial. Esto implicó el estancamiento en el crecimiento económico en este país”, dijo la Dra. Claudia Maya del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Dra. Maya, sostiene para Avispa Midia que todo este escenario se agudizó también por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los efectos de la crisis climática, “es obvio que va a afectar y va a interrumpir los procesos productivos normales. Por ello es muy probable que EEUU esté entrando a esta recesión”.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense, Joe Biden, desestimó que su país haya entrado a una recesión, no obstante, el Departamento de Comercio de EEUU reafirma que las inversiones en el sector inmobiliario y de construcción han caído drásticamente al igual que el gasto de los consumidores, impactados directamente por la inflación, la cual ha alcanzado el mayor incremento durante los últimos 40 años al llegar hasta 9,1% en el mes de junio y a 8,5% en julio.

Este proceso inflacionario esta determinado por la oferta, es decir, el número de consumidores siguen siendo los mismos, pero los mercados no tienen capacidad de cubrir la demanda de cada uno de ellos. Esto es lo que está pasando con la escasez de los energéticos, el trigo, el maíz y otras materias primas. Entonces, dice la investigadora Maya, “para enfrentar esta situación, la Reserva Federal (FED) de este país esta subiendo las tasas de interés para reducir el consumo mediante una política monetaria restrictiva. Porque no se esta produciendo ni abasteciendo con la rapidez que la economía esta demandando”.

La economista Maya, quien también es parte de la Iniciativa de Investigación de América del Norte con American University, Washington, asevera que el aumento de la tasa de interés se traduce “en mayores costos financieros para los productores. Entonces los productores de bienes y servicios transfieren estos costos al costo final que terminan pagando los consumidores. Por otra parte, los salarios de los trabajadores también se ven afectados al reducir el poder adquisitivo”.

Por tanto, remarca la investigadora que “vemos un proceso de recesión que se asoma. Aunque aún no tenemos los datos concretos del último trimestre de los EEUU, pero sí, tenemos un dato muy importante que es la desconfianza de los consumidores”, agrega Maya.

La implicación para la región latinoamericana

La investigadora de la UNAM señala que Estados Unidos, para salir de la crisis del 2007-2008, implementó tasas de interés hasta el punto cero, “entonces ahora que la FED anuncia incrementos en las tasas de interés, pues pone a todos los mercados a temblar. Porque también se encarece la deuda externa”.

Los países emergentes como México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, son países altamente endeudados, “entonces un incremento de las tasas interés a nivel internacional, marcado por la FED, entre muchas otras cosas, esta generando un encarecimiento del endeudamiento. Por otro lado, esta obligando a los Bancos Centrales de los países latinoamericanos a seguir los lineamientos que marca la FED, como México, que subió entre dos y tres puntos su tasa de interés”.

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Pero aún puede ser peor. El FMI enfatiza en su informe llamado Perspectivas de la Economía Mundial, lanzado en julio pasado, que las principales economías que forman el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), destino de las principales exportaciones, también podrían entrar a una recesión económica global.

“Si siguen aumentando las tasas de interés y los procesos inflacionarios crean una resección global, seguramente los países de América Latina van a estar muy afectados, principalmente los jóvenes que buscan trabajo. El crecimiento estimado de la región con el cual puede terminar este año, pues es relativamente bajo, es inferior al 3%. Los países latinoamericanos deberían crecer por arriba del 5% para absorber toda la mano de obra que se genera cada año”, agrega la Dra. Maya.

El FMI alerta que existen varios riesgos e incertidumbres “que podrían materializarse plausiblemente a corto plazo”, refiriéndose a cualquier acontecimiento adicional que se agregue al contexto actual de la economía global, como las sequías o las inundaciones que implicarían perdidas de las cosechas.

Crisis alimentaria

Por otra parte, se suma la crisis del acceso a los alimentos. El mes pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que diversas poblaciones en América Latina y el Caribe se está enfrentando a condiciones de hambre y esto ha traído como consecuencia “una migración masiva hacia el norte del continente, especialmente hacia Estados Unidos”.

“Hoy me gustaría ponerles al día sobre la crisis de seguridad alimentaria que afecta a América Latina y el Caribe, ya que se avecina una crisis oculta que, sin duda, afectará a millones de personas en la región y fuera de ella”, declaró Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos durante una rueda de prensa en Ginebra.

En la misma sintonía el FMI argumenta que esta crisis alimentaria “se agrava” por “la inflación mundial de los precios de los alimentos, en particular los precios de los cereales, como el trigo y el maíz”.

La investigadora Maya puntualiza que el mayor problema de América Latina no tiene que ver con los escenarios que han derivado del conjunto de estas crisis, sino que “tiene un problema estructural y es que son altamente dependiente de sus importaciones. Con este modelo de crecimiento hacia afuera con exportaciones, se descuida el mercado interno y algunos sectores estratégicos como el campo, la producción de sus propios alimentos. Entonces esto nos hace sumamente dependientes tanto del financiamiento externo, que ahora se esta encareciendo, pero también de los alimentos y de los energéticos”.

La economista pone como de ejemplo a México, “nuestro país importa casi el 80% del maíz que consume para las tortillas, cuando debería ser el principal productor a nivel mundial”.

Maya advierte que “no se ve que estos procesos inflacionarios se corten en el corto plazo. Pareciera ser que la economía mundial camina por un laberinto muy escabroso y los países no tienen idea de lo que viene ni las herramientas políticas económicas para hacer frente, entonces se endeudaran mucho más”.

No solo es la guerra

El FMI justifica que el aumento del costo de los alimentos se debe a la guerra en Ucrania y específicamente a las restricciones impuestas a Rusia para la exportación de trigo hacia varios países. Esto ha golpeado aún más a “los países de bajos ingresos”, afirma la institución financiera.

Aunque el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, por su sigla en inglés) ya había documentado que los precios del trigo estaban aumentando a nivel mundial mucho antes del conflicto bélico, “los precios ya estaban elevados, influenciados por suministros relativamente escasos en países exportadores clave”, reza el informe Perspectivas de trigo: marzo de 2022, coordinado por Andrew Sowell.

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USDA sostiene que los precios del trigo han aumentado también por los efectos del cambio climático, “por las preocupaciones de sequía en las principales zonas productoras”. Entre los principales exportadores de trigo figuran: Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Kazajstán, Rusia y Estados Unidos.

El Banco Mundial en su informe de Seguridad Alimentaria que ha lanzado este mes de agosto, asegura que los precios de los alimentos han alcanzado un nivel récord y esto es lo que “ha desencadenado una crisis mundial que llevará a millones de personas más a la pobreza extrema”.

El Banco también informa que el acceso a los alimentos a corto plazo se ha restringido hasta el punto en que las vidas de las personas de bajos recursos están en peligro. Esta “inseguridad alimentaria”, como lo define, ha alcanzado a 345 millones de personas en al menos 82 países, según las Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos del Banco Mundial. Además, advierten que la situación podría empeorar “en 20 países o zonas entre los meses de junio a septiembre de 2022”.

Aunque las Naciones Unidas, desde antes de la pandemia ya registraban a 2300 millones de personas que viven en condiciones de hambre, lo que indica que las políticas contra la pobreza han quedado solo en el discurso. De esta cantidad de personas en situación de pobreza, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe.

Este contexto no solo deriva de la guerra y la pandemia dice la Dra. Maya, sino que se ha agudizado con le conjunto de todas las crisis, “con los múltiples fenómenos climáticos, la crisis energética y financiera vinculada a la guerra”.

El hambre como oportunidad

Hasta el 11 de agosto, al menos 23 países han aplicado 33 prohibiciones a la exportación de alimentos, y al menos siete han aplicado 11 medidas de limitación de las exportaciones. Tras estas medidas el Banco Mundial afirma que está desplegando nuevas políticas económicas a corto y largo plazo “para impulsar la seguridad alimentaria”.

Parece ser que tanto el BM, el FMI y el G7 se han puesto de acuerdo en lo que ha denominado como “crisis alimentaria” para seguir incentivado a las corporaciones que dominan la agricultura industrial. Desde el mes de mayo convocaron conjuntamente a la llamada Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, de donde se desprende su nueva estrategia a través de mas deuda para los países pobres, con un crédito de hasta 30 mil millones de dólares para fortalecer proyectos ya existentes y nuevos “en áreas como la agricultura, la nutrición, la protección social, el agua y el riego”.

En medio de las altas tasas de interés, el Banco Mundial esta ofreciendo más deuda, justificando también la “innovación para desarrollar mejores prácticas y nuevas tecnologías que puedan ayudar a aumentar la producción de fertilizantes”.

Este órgano financiero está abriendo estas líneas de crédito hacia diversos países, entre ellos, figuran diversos países latinoamericanos, como Bolivia, quien adquirirá una deuda de 300 millones de dólares para “contribuir a aumentar la seguridad alimentaria, el acceso a los mercados y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes”, según el Banco Mundial.

Bolivia es unos de los países de América Latina que recurre en menor medida a los agroquímicos o fertilizantes para su agricultura. Siguiendo la perspectiva de recuperación económica prevista por el Banco Mundial y el FMI, es que se incluye el uso de fertilizantes en el Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal 2019-2025, con el Plan General de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

El BM encamina al menos tres propuestas de política económica claves, sobre todo para incentivar el mercado de los fertilizantes y granos que cotizan en las bolsas de valores, como el trigo y el maíz. Para ello exige que “los países deben levantar las restricciones comerciales o las prohibiciones de exportación de fertilizantes; el uso de los fertilizantes debe ser más eficiente, por ejemplo, proporcionando a los agricultores un sistema de control de calidad”, puntualiza el informe de Seguridad Alimentaria.

Junto a este paquete de políticas económicas, el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, ha enfatizado que para “estabilizar los mercados, es fundamental que los países hagan declaraciones claras ahora sobre futuros aumentos de producción en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los países deben hacer esfuerzos concertados para aumentar el suministro de energía y fertilizantes, ayudar a los agricultores a aumentar las plantaciones y los rendimientos de los cultivos, y eliminar las políticas que bloquean las exportaciones e importaciones”.

^{En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago}

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

^{Foto de portada: CDH Frayba}

A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.

“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.

La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.

También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.

Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.

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Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.

Lucha por justicia

Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.

La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.

Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.

Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.

Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.

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La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.

Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.