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Avispa Midia

Fidencio Aldama, preso político yaqui, recibe condena de 14 años

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.

Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.

En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.

“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).

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Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.

Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Simón Pedro Pérez López defensor de derechos humanos. Ahora comienza el juicio oral en que se decidirá si la persona acusada de asesinarlo es culpable o inocente

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de octubre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se acerca la temporada más importante del año para nosotros, los días que compartimos alimento, palabra y vida con nuestros seres queridos ya fallecidos, que vienen a reunirse con nosotros y nos escuchan de cerca en lo que les pedimos y les contamos. Por eso, empezamos a preparar nuestro corazón y nuestras ofrendas. Especialmente a nuestros 45 hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas mártires, más los cuatro bebés que no los dejaron nacer, queremos ofrecerles lo que tenemos y que hemos ido juntando en el año: la esperanza de justicia y la convicción de que seguimos en el camino que nos abrieron para luchar por la paz y en la cual ofrendaron su vida. A nuestros mártires queremos agradecerles que nos hayan mostrado este camino, porque hay muchos cruceros en donde el mal gobierno ha querido perdernos, pero no ha podido extraviar nuestras almas, porque nuestros mártires son quienes nos guían y le cierran el paso a las desviaciones que nos ofrecen, como abandonar la organización, vendernos o aliarnos con criminales.

Hoy más que nunca necesitamos cosechar los frutos de la semilla que nuestros mártires sembraron entre nosotras y nosotros, para ser capaces de organizar una alternativa no violenta a los principales problemas que vivimos en nuestras comunidades, como la toma de las armas para resolver conflictos y la búsqueda de dinero fácil, caiga quien caiga.

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CDH Fray Bartolmé de las Casas

(Español) Pueblo Creyente de Chicomuselo denuncia reactivación minera, estado de sitio y amenazas a personas defensoras

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Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

(Español) Provocaciones e intento de privatización de las Tierras de Uso Común de “El Pitayal”

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MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

(Español) Llamamos a dar seguimiento a la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) en su paso por las comunidades del CIPOG-EZ

LLAMAMOS A DAR SEGUMIENTO A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA (MCO-S) EN SU PASO POR LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

21 de octubre de 2022
Hermanos, hermanas de México y del mundo, como es de su conocimiento las comunidades del CIPOG-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI), viven la violencia de los grupos delincuenciales, aunado al silencio del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ese sentido, colectivos y organizaciones varias de la Sexta, hemos dado acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

En esta ocasión, estaremos yendo a las comunidades del CIPOG-EZ a partir del día 22 de octubre de 2022, por lo que les pedimos estar atentos y atentas a cualquier situación, pues como saben, en nuestras últimas visitas se presentaron situaciones irregulares, pero gracias a la amplia difusión hemos salido avante. Además, vamos en el contexto de la reciente desaparición de Celso Cocotzin Tolentino de 24 años, de la comunidad de Alcozacán, desaparecido por el grupo narco-paramilitar el pasado 18 de octubre en el municipio de Chilapa gobernado por Aldy Esteban Román.

Es por eso que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del Mundo, a que a través de cartas, correos, carteles u otra cosa, cada quien de acuerdo a su creatividad, modos y formas, llamen a los 3 niveles de gobierno a cumplir con su deber de brindar seguridad y proteger a quienes acompañamos a nuestros hermanos y hermanas. Los llamamos a que le digan al mal gobierno que no estamos solos, solas.

Sin más, les agradecemos a quienes han acompañado nuestro paso.

ATENTAMENTE: MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA.

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Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.EC.S.M.) y ESCUELA NORMAL RURAL 2LIC. BENITO JUÁREZ"

(Español) Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen

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                                                                           Foto de portada: Cuarto de Guerra

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A las organizaciones sociales y estudiantiles

Al pueblo en general

“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”.

Las escuelas normales rurales se crearon con la finalidad de formar docentes que impartan clases en los lugares más marginados del país; combatiendo la ignorancia y luchando contra el analfabetismo, para obtener un cambio social y cultural.

Derivado de la represión sufrida el dia de ayer, por parte de las fuerzas policiacas, una compañera que forma parte de la Normal Rural “Lic. Beniro Juparez” desafortunadamente se encuentra en estado crítico de salud, puesto que las agresiones de golpes con macanas y gas lacrimógeno han llevado a debatir entre la vida y la muerte.

Asimismo, se desmiente toda aquella nota periodística amarillista que en su momento se encuentra procesando, ya que la alumna fue agredida y violentada por los actos cometidos por las fuerzas policiacas, aunado, aún no existe una declaración por los padres de familia, debido al temor y a las represalias que el Estado pueda tomar en contra de su integridad.

Ante esto se responsabilia al gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por la GOBERNADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS y al Secretario de Educación Terminal y director general de la SEPE-USET, HOMERO MENESES HERNÁNDEZ, en conjunto con el GENERAL RAÚL RUÍZ GARCÍA por la salud física, moral y psicológica de la estudiante de la institución, así como de la integridad de su familia.

POR LO ANTERIOR SE EXIGE:

-BRINDAR LAS ATENCIONES MÉDICAS OPORTUNAS CON CARÁCTER ÉTICO PROFESIONAL

-ALTO A LAS NOTAS AMARILLISTAS

-ALTO A LA REPRESIÓN ESTUDIANTIL EN CONTRA DE LA NORMAL RURAL “LIC. BENITO JUÁREZ” DE PANOTLA, TLAXCALA

¡PANOTLA NO SE VENDE, PANOTLA NO SE DA, PORQUE TIENE ESTUDIANTES CON MUCHA DIGNIDAD!

¡¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!!

¡¡VENCEREMOS!!

OCTUBRE COMBATIVO

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de Chicomuselo denuncia reactivación minera, estado de sitio y amenazas a personas defensoras

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Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

20 de Octubre de 2022.

 

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO CREYENTE

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

 

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

Ya el papa Francisco ha señalado en la encíclica Laudato Si, que existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo, no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los pueblos estamos llamados a aclamar, a movilizarnos, a exigir pacíficamente pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas

El 26 de septiembre de este año el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denuncio públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin el estudio de impacto ambiental, estamos claros que hasta ahorita no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, seguiremos defendiendo nuestro territorio.

El día 16 de Octubre ingresaron a la cabecera municipal de Chicomuselo diversos camiones de carga para trasportar material minero y el día 17 de octubre los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de “barita”; material minero que se usa para perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal.

Desde 2007 nos percatamos del ingreso de extranjeros al territorio del municipio con el objetivo de hacer estudios antropológicos de la región, a partir de ahí el pueblo creyente como custodias y custodios de la creación de Dios que se nos ha encomendado y desde nuestras opciones diocesanas de pastoral nos pusimos en alerta y comenzamos hacer un fuerte proceso de concientización en cuidado y defensa de la tierra y el territorio como parte de nuestra espiritualidad enraizada en la Madre Tierra como nuestra casa común.

Durante nuestro proceso de concientización y resistencias descubrimos que en el municipio habían ya 14 concesiones mineras en diferentes puntos de nuestro territorio con un permiso de 50 años, fortalecimos nuestra forma organizativa propia desde las comunidades y nuestras luchas legales siempre por la vía pacífica a través de peregrinaciones, foros informativos, denuncias públicas, diálogos con las autoridades de gobierno en los tres niveles.

A pesar de nuestras luchas y resistencias la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd inicio la explotación minera en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, sin una consulta previa e informada como lo señala el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones.

Actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas; como Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) mantenemos nuestras luchas y resistencias por cuidar y defender la vida de todas y todos. En estos últimos meses se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra Madre Tierra, reafirmada desde 2014 en el congreso teológico sobre la madre tierra en nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Como Pueblo Creyente y MODEVITE hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo.

De manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región. Esta omisión de PROFEPA y demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio. Hasta el momento se ha dialogado con algunas autoridades solicitando dialogo con instancias de las secretarias responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen.

Como Pueblo Creyente y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hemos marcado un camino de lucha y resistencia ante el proyecto minero por la vía pacifica sin violentarnos contra nadie. Nuestra lucha es por la vida, la paz y la justicia desde la dignidad de hijas e hijos de Dios; reconocemos que el Evangelio reclama al Cristiano y Cristiana de hoy más compromiso con la historia como lo ha señalado San Romero de America y así seguiremos asumiendo nuestra corresponsablidad en cuidar y defender la Vida.

 

Denunciamos:

 

  • La omisión y la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomuselo que vulnera nuestros derechos humanos y colectivos.
  • Las amenazas, intimidación y hostigamiento a nuestras comunidades y a quienes resistimos a la explotación de nuestra Madre Tierra.

 

Exigimos:

 

  • Que PROFEPA realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas.
  • Al gobierno estatal y federal la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por cuidar y defender la vida y nuestro territorio.

 

POR UN PUEBLO DONDE HAYA PAZ Y JUSTICIA:

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS MINEROS!

¡ALTO A LA EXPLOTACION MINERA EN CHICOMUSELO!

¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!

¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO!

¡NO MAS CONCESIONES MINERAS¡

¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!

¡ALTO A LA INTIMIDACION, AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES!

Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias porque será grande la recompensa. (San Mateo 5, 11-12).

Atentamente

Pueblo Creyente de la Parroquia San pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

El prófeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios.

(San Romero de America).

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Avispa Midia

(Español) Jueza ordena audiencia privada en caso de Claudia Uruchurtu

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Fuente: Avispa Midia

Por Rafael E. Lozano

En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

(Español) ¡¡¡DENUNCIA URGENTE!!! LOS ARDILLOS SECUESTRAN A COMPAÑERO DEL CIPOG-EZ

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18 DE OCTUBRE DE 2022.

HERMANOS Y HERMANAS DEL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO:

LA TARDE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 APROXIMADAMENTE A LAS 19:40 HORAS EN CHILAPA, NUESTRO COMPAÑERO CELSO COCOTZIN TOLENTINO, DE 24 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE ALCOZACÁN, FUE SECUESTRADO, LLEVADO POR LA FUERZA CON SU AUTOMOVIL TSURU BLANCO. A LAS 9:34 DE LA NOCHE, SU FAMILIA RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL TELÉFONO DE CELSO, EN LA QUE SUS SECUESTRADORES PIDEN 300 MIL PESOS A SU FAMILIA Y DAN UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ENTREGA, DE NO SER ASÍ, AMENAZARON CON DESCUARTIZARLO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO YA TIENE CONOCIMIENTO, COMO DE POR SÍ SABE QUE EL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS ASESINA, SECUESTRA, TORTURA Y NO HACE NADA POR DETENERLOS. ES POR ESO QUE DE NO DEVOLVER A NUESTRO HERMANO CELSO CON VIDA EN 24 HORAS, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALCOZACÁN Y ALREDEDORES VAMOS A ENTRAR AL MUNICIPIO DE CHILAPA POR NUESTRO COMPAÑERO, PUES NO ES UN CASO AISLADO, MUCHOS HERMANOS Y HERMANAS HAN SIDO ASESINADOS, DESAPARECIDOS Y TORTURADOS POR ESTE MISMO GRUPO DELINCUENCIAL CON LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

RESPONSABILIZAMOS A LA POLICÍA MUNICIPAL, ESTATAL, AL
EJÉRCITO Y PRINCIPALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILAPA ALDY ESTEBAN ROMÁN, CÓMPLICE DE LA DELINCUENCIA

¡EXIGIMOS LA APARICIÓN DE CELSO CON VIDA DE INMEDIATO!

ATENTAMENTE: CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

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Avispa Midia

(Español) México: Patrimonio del Corredor Interoceánico es transferido a la Marina

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Por disposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de este mes de septiembre, la Secretaría de Marina (SEMAR) ya no solo brindará seguridad en las áreas de influencia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), también absorberá la coordinación y administración de la entidad paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT).

El FIT es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida el 19 de octubre de 1999 por el Gobierno Federal mediante un decreto, para operar y explotar esta vía férrea identificada como línea “Z” que abarca una extensión de 207.376 Km, que conecta los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

La principal actividad de la empresa está orientada a la conservación y mantenimiento de la vía férrea, así como a otorgar y recibir derechos de paso con los ferrocarriles con los cuales conecta: FERROSUR, S. A. de C. V. y Cía. de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V.

El FIT y las entidades paraestatales – Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. – eran consideradas como parte del patrimonio del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, creado mediante decreto presidencial en junio del 2019. Estas tres instancias estratégicas serán coordinadas por la Secretaría de Marina.

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De acuerdo con la disposición del presidente, es necesario que estas instancias queden agrupadas en el sector coordinado por la Marina, a fin de cumplir con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “el cual impulsa el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, siendo su eje el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”, reza el documento.

Por tanto, se establece que estos sectores “dejan de formar parte del patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en términos de las disposiciones aplicables”.

El nuevo teatro de operaciones

La participación de las fuerzas armadas de México se va ampliando, además de acciones y tareas de seguridad, también van asumiendo responsabilidades y actividades administrativas económicas y migratorias.

Desde octubre del año 2021 la SEMAR asumió la seguridad y vigilancia de las instalaciones, trenes y vía férrea del área de influencia del Corredor Interoceánico.

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Así mismo el Ejecutivo Federal designó a este organismo llevar a cabo acciones de protección y seguridad de los puertos nacionales, “con la finalidad de evitar que sean empleados para realizar actividades ilícitas al interior de las 17 aduanas marítimas y 2 interiores, para lo cual se creó la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas”, según el informe de labores de SEMAR de año 2021-2022.

Desde noviembre del 2021, a través del Acuerdo Secretarial no. 347/2021, fue creada la Unidad Coordinadora con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya misión es realizar y coordinar las acciones y actos en materia de seguridad, servicios portuarios principales, auxiliares y conexos, que requieran el Corredor y las empresas de participación Estatal.

Posteriormente, el 16 de abril de 2022, se crea la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas, cuya misión “es coordinar los compromisos de apoyos y acciones necesarias entre las áreas de la Marina y las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así́ como con diversas autoridades que convergen en los recintos portuarios y aduanas coordinadas por esta Institución, en las materias de protección marítima”, puntualiza el informe de SEMAR.

Hasta el 31 de agosto de 2022 se mantiene un despliegue de 1,400 militares, que realizan operaciones permanentes de seguridad y vigilancia a lo largo del Corredor Interoceánico. Entre sus actividades se contempla el establecimiento de dos Estaciones Navales y tres Destacamentos de Seguridad, localizados en cinco municipios intermedios entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el empleo de dos Batallones de Infantería de Marina.

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SEMAR también ha participado en la contención del flujo migratorio que por lo regular cruzan por áreas de influencia del Corredor Interoceánico. Del 1 septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, “el personal naval en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y en apego al Plan Estratégico del INM, llevó a cabo diversos operativos para poder desarrollar el Programa de Repatriación en los diferentes puntos establecidos (…), las jurisdicciones de mayor flujo migratorio corresponden a la frontera sur: Tapachula y Tonalá, Chiapas, en el Pacifico: Salina Cruz, Oaxaca, y en el Golfo: Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz”.

Según los reportes de la Marina, en lo que va del año 2022, ha apoyado a las acciones del INM, sobre todo en el “rescate humanitario” de 31,060 migrantes de diferentes nacionalidades. También realizó el traslado de 580 migrantes a la sala de última espera del INM y otros 8,822 no fueron admitidos por diversas irregularidades en su documentación oficial.

Mientras tanto, Rafael Marín Mollinedo, director del CIIT, asegura que al menos once parques industriales ya han sido proyectados para ser construidos en esta región y el gobierno ha invertido más de 80 mil millones de pesos en infraestructura y programas sociales. Se tiene programado finalizar la rehabilitación del FIT “hasta finales de este año 2022 y se tiene proyectado su funcionamiento para el año 2023”, puntualizó el director.