[:es]

Se cumplieron 12 horas del encapsulamiento ( 11 de la mañana) por parte de los granaderos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que impidieron la llegada de la “Faena internacionalista por el FIN a la criminalización” convocada por las Mujeres mazatecas por la Libertad. Está jornada de protesta y difusión fue convocada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siendo esta la primera Faena Internacionalista realizada en la Ciudad de México con el fin de demandar justicia frente a las 200 ordenes de aprehensión fabricadas en contra de mas de 56 integrantes de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, anunciadas a principios de año. No fue hasta las 9 de la mañana que el paso de la calle Pino Suárez fue liberado por los granaderos gracias a la presión realizada por los pueblos organizados de la Ciudad de México, activistas y medios libres que se hicieron presentes en respuesta a la represión.

Los cuerpos de granaderos ahora llamados Agrupamientos de Tareas Especiales que participaron en esta jornada represiva son: Centauros, Marcopolos, Faunos y Ateneas, los cuales se mantuvieron realizando amenazas y hostigamiento en contra de activistas y periodistas durante el encapsulamiento a la vez de que ocultaron los nombres que deben portar en el chaleco para evitar ser denunciados por las recurrentes faltas al protocolo de actuación.

El programa de la Faena Internacionalista continúa frente a la puerta de la SCJN, se les invita a asistir a las actividades de hoy a partir de las 16:00 hrs y a las de mañana 4 de diciembre a partir de las 12:00 hrs; se llevarán a cabo foros, presentaciones gráficas, proyección de documentales, presentaciones musicales, entre otras. El programa completo se encuentra en las redes de las Mujeres Mazatecas por la Libertad y de Presos políticos Eloxochitlan de Flores Magón.

[:en]

Twelve hours passed (11 a.m.) since the containment carried out by the riot police under Mexico City Head of Government Clara Brugada, who prevented the arrival of the “Internationalist Faena for the End of Criminalization,” convened by the Mazatec Women for Freedom. This day of protest and outreach had been called in front of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN). This is the first Internationalist Faena held in Mexico City to demand justice in response to the 200 fabricated arrest warrants issued earlier this year against more than 56 members of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. It was not until 9 a.m. that Pino Suárez Street was cleared by the riot police, thanks to the pressure exerted by organized communities in Mexico City, activists, and independent media who mobilized in response to the repression.

The riot police units—now called Special Task Groupings—that participated in this repressive operation were: Centauros, Marcopolos, Faunos, and Ateneas. Throughout the containment, they continued issuing threats and harassment against activists and journalists, while also hiding the identifying name tags they are required to wear on their vests to avoid being reported for their repeated violations of operational protocol.

The program of the Internationalist Faena continues in front of the SCJN entrance. The public is invited to attend today’s activities starting at 4:00 p.m., and tomorrow, December 4, starting at 12:00 p.m.; forums, graphic presentations, documentary screenings, musical performances, and more will take place. The full program can be found on the social media pages of Mazatec Women for Freedom and the Eloxochitlán de Flores Magón political prisoners.

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[:es]

A los pueblos indígenas de México y del mundo
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los colectivos, organizaciones y redes de resistencia de todos los continentes
A la sociedad civil solidaria con la vida de nuestro pueblo

Desde la Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, hacemos un llamado urgente, nacido del dolor, de la rabia y de la memoria viva de nuestro hermano y autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas, asesinado el 26 de noviembre de 2025, y de nuestro compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravemente herido en la misma agresión.

Considerando:

Que nuestra palabra nace en un tiempo oscuro. El ataque que arrebató la vida de Marcos no fue un hecho aislado: es la consecuencia directa de décadas de agresiones armadas, invasiones de nuestras tierras comunales, ataques paramilitares, amenazas y una estructura completa de complicidad e impunidad, tal como lo demuestra el documento que hemos hecho público.

 Que la comunidad enfrenta hoy un peligro extremo. Los caciques y sus grupos de agresores —los pistoleros de antes y los pistoleros de ahora— se siguen reuniendo, patrullan nuestros caminos con total impunidad, protegidos por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones, encubren crímenes y garantizan la continuidad de las agresiones.

Que la violencia no es nueva ni aislada: es una estrategia de despojo territorial, que busca exterminar a la comunidad para apropiarse de miles de hectáreas comunales que, desde tiempos inmemoriales, pertenecen a nuestro pueblo.

CONVOCAMOS
a las
JORNADAS POR LA VIDA EN AZQUELTÁN
a realizarse del 6 al 10 de diciembre, con actividades en distintos territorios y geografías:

6 de diciembre

Rueda de prensa
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 12:00 horas

7 de diciembre

Velada por Azqueltán
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Concentración: 18:00 horas, llevar veladoras

10 de diciembre

Movilización en la Ciudad de México
Movilización para acompañar a la comunidad de Azqueltán
Concentración: Torre del caballito, 11:00 horas

10 de diciembre

Movilización en la ciudad de Guadalajara
Concentración: El Santuario, 11:00 horas.

Convocatoria a la Acción Global

Llamamos a los pueblos originarios conscientes, a los colectivos y organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil nacional e internacional, a realizar acciones dislocadas en sus territorios, plazas, centros comunitarios, universidades, embajadas o consulados, del 6 al 10 de diciembre, para hacer resonar nuestras exigencias fundamentales y registrando las acciones que se vayan a realizar, a través del correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com

Justicia para Marcos y Gabriel.

Castigo a los responsables materiales e intelectuales, y garantías de no repetición.

Seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, mediante la presencia permanente de cuerpos de seguridad federales que eviten nuevos ataques armados.

Urgente titulación de los Bienes Comunales, que el gobierno federal de México asuma su responsabilidad histórica y titule de forma definitiva los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán.

Desmantelamiento de la red de impunidad que protege a asesinos, invasores y caciques responsables del despojo, la violencia y la muerte.

Atentamente
Diciembre de 2025
Porque nuestra lucha es por la vida,
Por la memoria y por la tierra comunal.
Porque Marcos vive en cada paso que damos.
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán
Congreso Nacional Indígena

[:en]

To the Zapatista Army of National Liberation
To the collectives, organizations, and networks of resistance on all continents
To the civil society in solidarity with the life of our people

From the Autonomous Indigenous Wixárika and Tepehuana Community of San Lorenzo de Azqueltán, municipality of Villa Guerrero, Jalisco, we issue an urgent call, born from the pain, the rage, and the living memory of our brother and agrarian authority Marcos Aguilar Rojas, assassinated on November 26, 2025, and of our compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravely injured in the same attack.

Considering:

That our words arise in a dark time. The attack that took Marcos’s life was not an isolated incident: it is the direct consequence of decades of armed aggressions, invasions of our communal lands, paramilitary attacks, threats, and a full structure of complicity and impunity, as demonstrated in the document we have made public.

That the community faces extreme danger today. The caciques and their groups of aggressors —the gunmen of the past and the gunmen of the present— continue to gather, patrol our roads with total impunity, protected by judicial operators, police, and officials who block investigations, cover up crimes, and guarantee the continuation of the attacks.

That the violence is neither new nor isolated: it is a strategy of territorial dispossession, aiming to exterminate the community in order to seize thousands of hectares of communal lands that, since time immemorial, belong to our people.

WE CALL FOR
THE DAYS FOR LIFE IN AZQUELTÁN

to take place from December 6 to 10, with activities in different territories and geographies:

December 6

Press Conference
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 12:00 p.m.

December 7

Vigil for Azqueltán
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 6:00 p.m., bring candles

December 10

Mobilization in Mexico City
Mobilization in support of the Azqueltán community
Gathering: Torre del Caballito, 11:00 a.m.

December 10

Mobilization in the city of Guadalajara
Gathering: El Santuario, 11:00 a.m.

Call for Global Action

We call on conscious Indigenous peoples, human rights collectives and organizations, and national and international civil society to carry out decentralized actions in their territories, plazas, community centers, universities, embassies, or consulates from December 6 to 10, to amplify our fundamental demands.
Please register the actions to be carried out by writing to: cnicomunicacion@gmail.com

Justice for Marcos and Gabriel.

Punishment for the material and intellectual perpetrators, and guarantees of non-repetition.

Safety for the community of San Lorenzo de Azqueltán, through the permanent presence of federal security forces to prevent new armed attacks.

Urgent titling of the Communal Lands, for the federal government of Mexico to assume its historic responsibility and definitively title the communal lands of San Lorenzo de Azqueltán.

Dismantling of the network of impunity that protects the murderers, invaders, and caciques responsible for dispossession, violence, and death.

Respectfully
December 2025

Because our struggle is for life,
For memory and for the communal land.
Because Marcos lives in every step we take.

Autonomous Indigenous Community of San Lorenzo de Azqueltán
National Indigenous Congress

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[:es]

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

[:en]

Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

(Continuar leyendo…)

PALESTINA: 29 de noviembre, Dia internacional de solidaridad con Palestina.  Una fecha marcada por la memoria, la resistencia y la solidaridad internacional. 

Noticias del 24 al 30 de noviembre de 2024

EUA y MEX:  9 de diciembre Jornada de movilizaciones en el aniversario de la prisión politica de Mumia Abu Jamal y Actividades en memoria de Carolina Saldaña. Amigos de Mumia.

Acto político-cultural por la libertad de Mumia Abu Jamal y por la organización del homenaje de Carolina Saldaña

MÉXICO OAXACA-CDMX: Informe de la Comisión Civil de Observación a Eloxochitlan y Faena Internacionalista frente a la Corte para demandar el fin de la represión y hostigamiento contra el pueblo mazateco por parte del cacicazgo local de la región. https://www.facebook.com/asambleacomunelox.floresmagon

PUEBLA AUTONOMÍA: Concluye primer ciclo el Centro de formación para la Autonomía Teocentli. Organizaciones, comunidades se reunierón este 29 de noviembre en las instalaciones del colectivo MAIZ para finalizar el proceso de auto formación que tuvo la escuelita de la autonomia Teocentli.  Fuente: Laboratorio Popular de Medios Libres

PUEBLA, XOSTLA: Extractivismo del agua en Puebla pone en alerta nuevamente a los pueblos Cholutecas. Entrevista con Alejandro Chocolatl del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre el conflicto hídrico en la región. Noticias de abajo.

CHIAPAS: Convocatoria Zapatista a Semillero en CIDECI y a celebrar el aniversario de su rebelión. Enlace Zapatista 

CONVOCATORIA AL SEMILLERO “DE PIRÁMIDES, DE HISTORIAS, DE AMORES Y, CLARO, DESAMORES”

JALISCO: PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Fuente: Congreso Nacional Indígena, Radio Zapatista

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán

[:es]

(Bagnolet, 2 de diciembre de 2025) El 1 de diciembre, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en las instalaciones de la organización miembro de La Vía Campesina en Ramala y Hebrón. Las unidades militares han acordonado toda la zona, bloqueando todas las carreteras que conducen a las oficinas e impiden cualquier movimiento hacia los lugares.

Las fuerzas han detenido a nuestros miembros dentro de los edificios, agrediéndoles y sometiéndolos a un trato duro y humillante, mientras realizaban registros violentos en todas las instalaciones. Varios miembros han sido detenidos y ahora se encuentran bajo arresto.

La redada incluyó la destrucción y confiscación de todo el contenido de las oficinas, incluidos ordenadores, discos duros, archivos administrativos, documentos financieros y equipo logístico. Los soldados también destruyeron deliberadamente el mobiliario de las oficinas, rompieron puertas y dañaron equipos como parte de un intento sistemático de paralizar las operaciones de la organización y silenciar su trabajo con las comunidades agrícolas palestinas.

La redada se centró específicamente en las infraestructuras del banco de semillas palestino en Hebrón, destruyendo las reservas de semillas que representan el patrimonio genético vegetal de Palestina.

Nuestra organización miembro opera en plena conformidad con el derecho internacional, su función principal es apoyar a lxs agricultorxs de Palestina. Este ataque se produce en medio de una escalada más amplia en toda Cisjordania, donde las fuerzas israelíes han intensificado sus acciones contra las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones agrícolas palestinas. Lxs agricultorxs, que cuidan de sus tierras y su territorio, han sido objeto de ataques sistemáticos en los últimos meses por parte de los colonos y las fuerzas de ocupación israelíes. Estos ataques contra una organización campesina tienen como objetivo destruir la Soberanía Alimentaria y contribuir a la empresa genocida contra el pueblo palestino.

Hacemos un llamamiento a todas nuestras organizaciones miembros y aliados para que se pongan en contacto con sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores con el fin de ejercer presión sobre el Gobierno israelí para que garantice la liberación de todas las personas detenidas.

Instamos a los gobiernos a que:

1. Exijan la liberación inmediata e incondicional de todos los miembros detenidos de La Vía Campesina en Palestina y de los trabajadores agrícolas aliados;

2. Busquen garantías para que tales personas no sean objeto de malos tratos, coacción o nuevas intimidaciones;

3. Soliciten una investigación independiente sobre la redada en tales oficinas y sobre la confiscación o destrucción de materiales; y

4. Comuniquen claramente, a través de los canales diplomáticos, que es inaceptable la represión de las organizaciones legítimas de la sociedad civil.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones campesinas y movimientos sociales del mundo para que condenen firmemente este ataque y el encarcelamiento del liderazgo campesinos. La Vía Campesina se solidariza con el campesinado palestino. Este ataque contra una de nuestras organizaciones miembro no hará más que reforzar nuestro compromiso con la autodeterminación del pueblo palestino.

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Esta entrada está disponible también en English y Français.

[:en]

(Bagnolet, December 2, 2025) On the first of December, the Israeli occupation forces raided the offices of La Via Campesina’s member organization in Ramallah and Hebron. Military units have sealed off the entire area, blocking all roads leading to the offices and preventing any movement toward the sites.
 
The forces have detained our members inside the buildings,  subjecting them to harsh and humiliating treatment, while conducting violent searches throughout the premises. Several of the members have been arrested and are now detained.
 
The raid included the destruction and confiscation of all office contents, including computers, hard drives, administrative files, financial documents, and logistical equipment. Soldiers have also deliberately destroyed office furniture, smashed doors, and damaged equipment as part of a systematic attempt to cripple the organization’s operations and silence its work with Palestinian farming communities.

The raid targeted specifically infrastructures of the Palestinian seeds bank in Hebron, destroying seed stocks that represent Palestine’s plant genetic heritage.  
 
Our member organisation operates in full accordance with international law ; its primary role is to support farmers in Palestine. This attack comes amid a broader escalation across the West Bank, where Israeli forces have intensified actions against Palestinian civil society organizations and agricultural institutions. Farmers, who take care of their land and territory, have been systematically targeted in recent months by settlers and Israeli occupation forces. These attacks against a peasant organisation aim to destroy food sovereignty and contribute to the genocidal enterprise against the Palestinian people.

We call upon all our member organisations and allies to contact their respective foreign ministries in order to exert pressure on the Israeli government to secure the release of all detainees.

We urge governments to:

• Call for the immediate and unconditional release of all detained members of La Via Campesina in Palestine and allied agricultural workers;
• Seek assurances that they will not be subject to ill-treatment, coercion, or further intimidation;
• Request an independent investigation into the raid on their offices and the confiscation or destruction of materials; and
• Communicate clearly, through diplomatic channels, that repression of lawful civil society organisations is unacceptable.

We call on all peasants’ organizations, social movements and allies worldwide to condemn firmly this attack and the imprisonment of peasant leaders and our members of a farmers organization.

La Via Campesina  stands firmly in solidarity with Palestinian farmers. This attack against one of our member will only strenghten our commitment towards the self-determination and the liberation of Palestinian people. 

This post is also available in Español and Français.

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¡MARCOS VIVE, LA LUCHA SIGUE!

• La comunidad recupera el predio en conflicto El Caracol
• Marcos fue asesinado por órdenes de caciques regionales para arrebatarnos el territorio.

COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN, ANTE LAS COMPLICIDADES, LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL Y LOS OBJETIVOS DEL ASESINATO DE MARCOS AGUILAR ROJAS

A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios libres y honestos de comunicación
A las organizaciones solidarias con los pueblos originarios

Nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal de El Caracol.

Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera, por lo que decimos, con humildad, con dignidad y con respeto que:

1. Es un crimen político y territorial, no un hecho aislado

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.

El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado:

fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.

Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena.

Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.

2. Hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales

Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.

Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente”, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.

Acción hecha para favorecer directamente al pistolero Manuel Aguilar Herrera, y nuevamente garantizarle impunidad, luego de los múltiples antecedentes conocidos y documentados: como golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que también ha protegido a Favio Flores Sánchez “La Polla”, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado por el mismo Juzgado penal de Colotlán a simples “lesiones” con una reparación ridícula, torciendo la ley para garantizar la impunidad de quienes buscan exterminarnos y arrebatarnos el territorio.

El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad.

Todo está documentado
Todo está en las carpetas de investigación
Todo está en los testimonios

3. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos”

Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos.

Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron:

que les “vale madre el juicio agrario”,
que si corremos “nos quiebran”,
que van a entrar con policías y con armas.

El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan.

4. La responsabilidad histórica es del Estado mexicano

El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica.

Es responsable porque:

No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas.
Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación.
Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada.

La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costándolas.

5. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal

La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.

El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa.

No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo.

Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales.

6. Para que no quede duda

Nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques.

 Anunciamos a los pueblos y gobiernos de México y fuera de estas fronteras que el día de hoy, y tras el artero ataque armado, la comunidad recuperó, mediante movilización, el predio El Caracol, ambicionado por personas ajenas a la comunidad, y sitio donde fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas.

Estamos dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, así que, por primera vez escuchen bien quienes gobiernan:

Sobre la responsabilidad de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad.

El Estado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta guerra o de profundizarla y será su decisión de qué lado de la historia quieren estar. Esa no la olvidamos ni olvidaremos, así pasen mil años.

7. Hacemos un llamado a los pueblos y a las conciencias de esta humanidad.

Llamamos a los pueblos del mundo a mantenerse alertas, a las organizaciones de derechos humanos a vigilar y acompañar a la comunidad, haciendo eco de nuestras exigencias.

Llamamos a los medios honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables.

Nosotras y nosotros, como pueblo, hemos resistido cientos de años y resistiremos cientos más si es necesario.

Pero que quede claro:

No nos rendiremos
No nos venderemos
No claudicaremos

Porque Marcos Vive y La Lucha Sigue
Desde el fondo del cañón de Bolaños
Comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

Foto de portada: CELEBRACIÓN. Participantes de una ceremonia nocturna en San Lorenzo Azqueltán, durante el 5º aniversario del nombramiento de autoridades tradicionales en 2018. ©ScottBrennanphoto.

La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque armado en el predio comunal El Caracol. Marcos Aguilar Rojas fue asesinado y Gabriel Aguilar resultó herido mientras realizaban labores comunitarias. Organizaciones exigen protección urgente y justicia para la comunidad tepehuana–wixárika.

Por Mario Marlo | Somos el Medio

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025.— La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que el 26 de noviembre se registró un ataque armado en el predio comunal El Caracol, en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. El hecho dejó como saldo el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y heridas de gravedad en su familiar y compañero de comunidad, Gabriel Aguilar Rojas.

De acuerdo con testimonios, ambos comuneros se encontraban retirando ganado que había invadido territorio comunal cuando fueron atacados a balazos. Las personas responsables fueron identificadas como parte de un grupo que ha mantenido conflictos con la comunidad por la posesión del predio. Marcos murió en el lugar y Gabriel fue trasladado para recibir atención médica urgente.

El ataque se registró en El Caracol, un predio comunal que la comunidad ha defendido colectivamente durante décadas ante múltiples intentos de despojo. Azqueltán sostiene un proceso de autonomía y un sistema propio de justicia y seguridad que, pese a su reconocimiento oficial, ha sido reiteradamente vulnerado por agresiones armadas, amenazas y la invasión ganadera realizada por actores externos.

La Red TDT y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) señalaron que estos hechos forman parte de un patrón prolongado de violencia contra la comunidad tepehuana–wixárika. Enfatizaron que el Estado mexicano debe garantizar la vida de las personas defensoras del territorio y asumir su responsabilidad en la protección del pueblo de Azqueltán, que enfrenta un riesgo permanente.

Las organizaciones demandaron que las autoridades del estado de Jalisco investiguen los hechos de manera inmediata y sancionen penalmente a los perpetradores. También insistieron en que se brinde atención médica especializada a Gabriel Aguilar y que el cuerpo de Marcos Aguilar sea entregado dignamente a su familia. Asimismo, exigieron medidas colectivas de protección y acciones concretas que avancen hacia el reconocimiento y titulación definitiva de los bienes comunales.

San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena conformada por pueblos tepehuanos y wixáritari que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. Con base en un título virreinal de 1733, la comunidad reclama la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen. Durante más de dos siglos han enfrentado procesos de invasión de tierras, presencia de ganaderos mestizos, amenazas, violencia y desapariciones.

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El problema se agravó con la creación de ejidos que fragmentaron el territorio comunal y permitieron el avance de actores que buscaron apropiarse de las tierras. Sin embargo, la comunidad ha sostenido su proceso organizativo y en 2013 declaró su autonomía, reconocimiento que fue validado por el Estado de Jalisco en 2015. Desde entonces, tepehuanos y wixáritari han reforzado la defensa de su territorio y sus prácticas culturales.

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas y la agresión contra Gabriel Aguilar representan un nuevo episodio de violencia en una larga historia de despojo. Las organizaciones alertan que la situación exige una intervención urgente y eficaz para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad de la comunidad.

[:es]

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.

El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.

Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.

Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.

Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.

Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.

¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena

[:en]

November 26, 2025

We denounce with indignation, rage, and deep concern the murder of our comrade Marcos Aguilar Rojas, agrarian representative of the community of San Lorenzo de Azqueltán, as well as the gunshot wounds inflicted on his brother Gabriel Aguilar Rojas, delegate of the National Indigenous Congress.

The attack was carried out on November 26, 2025, by the assailants Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez, and Abraham Pérez, all of whom are linked to the local caciques–or political bosses–and small landowners of the municipality of Villa Guerrero, Jalisco. They fled in a gray car toward either Villa Guerrero or Mezquitic.

The cowardly attack occurred on the communal land of El Caracol, a territory that the Azqueltán community has collectively defended against previous attempts at dispossession by these same individuals, who have acted under the protection of the systematic impunity granted to them by the Jalisco State Judiciary and Prosecutor’s Office. These institutions have repeatedly protected those who violate, threaten, and attack the Indigenous community, deepening the violence through their omission, silence, and complicity.

We hold the federal government responsible for denying agrarian recognition to the Indigenous community of Azqueltán; the government of the state of Jalisco for the impunity it guarantees to the criminals who have historically attacked the community; and we hold directly responsible the murderers Manuel and Esteban Aguilar Herrera and Victor Hugo Pérez, whose acts form part of a permanent strategy of dispossession and aggression against native peoples.

Today, as the National Indigenous Congress, we declare loud and clear: the violence against Azqueltán is not an isolated incident, but part of a national pattern in which power—whether governmental, economic, or criminal—attacks Indigenous communities when they defend their territory and their lives. We will not accept that the murder of our comrade goes unpunished, nor will we allow the dignity of Azqueltán to be trampled upon by the interests of local bosses, corporations, governments, or organized crime.

We demand full justice, immediate punishment for those materially and intellectually responsible, and a real guarantee of security for the community of San Lorenzo de Azqueltán.

From the rage and pain that we make our own, we embrace the community and its family.

Never again a Mexico without us!

National Indigenous Congress

[:]

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

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