En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.
Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.
El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.
Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.
Infiltrado
El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.
Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.
López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.
“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.
Jueces, obstáculo
Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.
Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.
Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.
“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.
El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.
Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
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A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.
“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.
Foto: CDH Frayba
La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.
También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.
Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.
Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.
Lucha por justicia
Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.
La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.
Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.
Foto: CDH Frayba
Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.
Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.
La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.
Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.
En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.
César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.
Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.
La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.
Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.
César Benedict nos recibe en tierras recuperadas por la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Foto: Juliana BittencourtEn las tierras en disputa existen construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país”, refiere César. Foto: Aldo Santiago
En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.
Invasión
“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.
En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.
Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.
Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.
Cartografía elaborada por el INA donde se reconoce la extensión del territorio ancestral perteneciente a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz.
Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.
“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.
Complejos hoteleros de lujo se erigen dentro y en los alrededores de las comunidades garífunas, quienes rechazan su imposición.
En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.
Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.
Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi
“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.
Recuperaciones
Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.
“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.
Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.
Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.
Lxs garífunas siembran en las tierras recuperadas. Plantas de yuca se intercalan con cocoteros en los trabajaderos. Foto: Juliana BittencourtFamilia garífuna recorre parte de las tierras recuperadas donde se realizan trabajos de siembra. Foto: Juliana BittencourtUn casquillo de revólver dentro del área recuperada por los habitantes de Triunfo de la Cruz. Foto: Aldo Santiago“Aquí trabajaban nuestros ancestros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César. Foto: Juliana Bittencourt
Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.
“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.
Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.
Dos años sin respuesta
De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.
El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.
César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.
“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.
Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.
Racismo institucional
El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.
Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.
Manifestación pacífica en las instalaciones del MP en Tegucigalpa. 9 de agosto 2022. Foto: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narcoempresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.
Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.
En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.
Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.
Territorios de lucha
“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.
“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.
Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.
or Carolina Elizabeth Díaz Iñigo* y Francisco De Parres Gómez** / Foto de portada Santiago Navarro F.
Avispa Midia comparte el siguiente texto que aborda la relación entre la pedagogía crítica zapatista y la resistencia epistémica y emocional que la hacen posible.
En el artículo, lxs autores desarrollan la relevancia de las emociones como parte concomitante de la colonialidad de la afectividad, en el marco de la colonialidad del poder. Además, analizan tres ejemplos de la resistencia epistémica y emocional de las comunidades zapatistas: 1) La educación autónoma zapatista; 2) la participación de las mujeres bases de apoyo; y finalmente, 3) los eventos públicos convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Todo ello, como parte de la construcción de otros significados en torno a la educación, no solo al interior del movimiento zapatista, sino también al exterior de las comunidades.
“Se trata de que usted se dé cuenta de que lo que les interesa a l@s zapatistas no son las certezas, sino las dudas. Porque pensamos que las certezas inmovilizan, o sea que un@ queda tranquil@, content@, sentad@ y no se mueve, como que ya llegó o ya supo. En cambio, las dudas, las preguntas hacen que un@ se mueva, que busque, que no esté tranquil@, que esté como inconforme, como que no le pasa el día o la noche. Y las luchas de abajo y a la izquierda, compas, nacen de las inconformidades, de las dudas, de la intranquilidad. Si un@ se conforma es porque está esperando que le digan qué hacer o ya le dijeron qué hacer. Si un@ está inconforme, está buscando qué hacer”.
(Subcomandante Insurgente Moisés, director de la Escuelita. Subcomandante Insurgente Galeano, Conserje de la Escuelita, México, Julio del 2015)
El presente texto surge de la experiencia de dos antropólogos sociales que han acompañado de manera presencial, como activistas Adherentes a la Declaración Por La Vida (2021) las actividades de las comunidades zapatistas desde hace por lo menos 10 años. Nos posicionamos desde el pensamiento crítico en lo que Sol Hurtado (2016) define como una Antropología Enraizada o en una línea similar, lo que Alberto Arribas (2015) propone como Antropología Colaborativa, mismas que hacen explícita la propia experiencia transubjetiva de quienes investigan, reconociendo que nos identificamos ideológicamente con los fenómenos que trabajamos. Ello, más allá de ser un filtro de valencia negativa, es una explicitación que se potencia de forma positiva, ya que pone en relevancia la dialéctica al situar a los investigadores en continua interacción con una realidad compleja en constante dinamismo. En otras palabras, las interacciones al hacer trabajo académico-militante afectan a quien lo realiza y, al mismo tiempo, quien investiga tiene efectos sobre lo que se intenta observar. Lo que predomina desde estos posicionamientos, es el hecho de que quienes escriben, se identifican desde su subjetividad epistémica-ideológica-política, con las ideas de transformación social y proyectos de construcción autonómica planteados por el EZLN.
En un contexto más amplio que apela al compromiso ético de las ciencias, no podemos obviar que toda producción de conocimiento se encuentra entrecruzada por el poder de manera geopolítica. Al mismo tiempo, desde la Antropología Enraizada y Colaborativa, nos posicionamos como parte del pensamiento crítico que se produce desde los movimientos sociales, al participar de organizaciones como la Red Universitaria Anticapitalista (RUA), el Colectivo Paso Doble, el Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC) y el Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, agrupaciones principalmente de corte político, dedicadas al acompañamiento y vinculación entre las resistencias globales en reivindicación de las demandas zapatistas. De acuerdo a lo anterior, nuestra metodología se basa en el acompañamiento de las resistencias, predominando la observación participante y la recopilación de información principalmente cualitativa con la asistencia a la mayoría de los eventos mencionados en este escrito, lo que logra la compresión a profundidad de los procesos de construcción de epistemologías Otras y conocimientos, siendo un punto crucial, nuestra asistencia a la Escuelita Zapatista, ejercicio de enseñanza-aprendizaje realizado por las comunidades autónomas en el año 2013.
Fotos: Santiago Navarro F.
En primer lugar: analizaremos la educación autónoma zapatista y su función en la resistencia hacia el racismo y negación de las poblaciones originarias en México, en este proceso el arte de las comunidades es crucial; en segundo lugar, abordaremos la participación de las mujeres bases de apoyo como uno de los pilares que dan cuenta de la emergencia de emociones que desafían la colonialidad de la afectividad, lo que favorece la construcción de una política hecha desde las mujeres que se opone y cuestiona no solo el orden patriarcal, sino también el racista; y finalmente, los eventos públicos convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) donde la sociedad civil de México y el mundo, ha conocido la consolidación y el proceso de construcción de una pedagogía emancipatoria zapatista, la cual propicia el intercambio de saberes y el encuentro entre diversos. A partir de estos tres ejes, mostraremos el vínculo entre la pedagogía emancipatoria zapatista y la resistencia emocional y epistémica que la sustenta.
*Carolina Elizabeth Díaz Iñigo. Doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Maestra y licenciada en Antropología Social por el CIESAS y la UAM respectivamente. Investigadora en el Laboratorio sobre Activismos y Alternativas de Base LACAB, en la UNAM. Cofundadora del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)
**Francisco De Parres Gómez. Doctor y maestro en Antropología Social por la ENAH y la UV respectivamente. Licenciado en Comunicación Social por la UAM-X. Cofundador del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC).
Pueblos Originarios Wixarika de la Comunidad Tuapurie Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco.
Miembros del Centro Ceremonial Tutsita, de la localidad Xawepa-Pochotita, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco y familiares de los afectados, decretamos este
PRONUNCIAMIENTO
Donde denunciamos los hechos que ocurrieron en el lugar denominado Minillas, Mezquitic el día jueves 11 de agosto de 2022 a las 6:30 AM, se desaparecieron 3 compañeros de nombres: ROSENDO CARRILLO CARRILLO con edad de 52 años, AMADO CARRILLO MINJARES con 11 años de edad hijo de Rosendo, OSCAR TORRES GONZÁLEZ con edad de 37 años, donde viajaban en un vehículo FORD F-150 Lobo californiana de color blanco con tapa de color rojo, placas de Texas.
Esto con el fin del cumplimiento de las deidades de la cosmovisión Wixárika que nos heredaron los antepasados y estaban en la búsqueda del hermano mayor (venado) para asegurar la lluvia y la salud para el ser humano y la naturaleza del mundo.
Solicitamos, demandamos, exigimos a que liberen rescaten sanos y vivos a los compañeros extraviados, que lleguen con vida, le solicitamos a las autoridades competentes, instancias gubernamentales que nuestra petición, manifestación sea atendida lo más pronto posible.
Miembros del Grupo Centro Ceremonial XAWEPA, Autoridad Tradicional levantamos este documento para lo más pronto sea resuelto.
ATENTAMENTE
Grupo de Jicareros Centro Ceremonial XAWEPA
Tras supuestos indicios de un ataque inminente del grupo armado palestino Yihad Islámica (YIP), Israel sorprendió con un bombardeo militar hacia Gaza con su “Operación Alba”, que dejó un saldo de aproximadamente 43 palestinos muertos, casi la mitad de ellos eran niños y civiles, según información del Ministerio de Sanidad de Palestina.
Los múltiples ataques aéreos sobre Gaza, iniciados el pasado 5 de agosto, fueron justificados por Israel como “preventivo”, por temor a un ataque terrorista en respuesta a la negativa de Israel de aceptar las exigencias de este grupo armado, entre ellas la liberación de prisioneros y el cese de las redadas militares israelíes en el campo de refugiados de Yenín.
La batalla entre Israel y la Yihad Islámica duró 3 días y concluyó con un alto el fuego el domingo (7) por la noche. Esta tregua fue negociada tras la intervención de Egipto.
Israel sostuvo que la mayoría de los muertos fueron militantes de la Yihad Islámica, pero este grupo armado afirma que tan solo identificó nueve de los fallecidos como milicianos del grupo, entre ellos dos comandantes de su brazo armado: Taysir al Yabari y Jáled Mansur. Por parte de Israel no se registraron decesos.
En la Franja de Gaza hubo un registró de más de 400 personas heridas. A esto se suma la devastación deal menos 650 viviendas y la vulnerabilidad de los servicios más básicos, como el agua, ya que 97 % de este vital líquido en Gaza no es potable, mientras que este territorio de al menos 365 kilómetros tan solo recibe una media diaria de 12 horas de suministro eléctrico.
El medio Al Jazeera ha registrado que desde al año 2000 a la fecha al menos 2 mil 200 niños han sido asesinados por militares y colonos israelíes, principalmente en territorio palestino, desde que inició la segunda oleada de violencia de Israel hacia Palestina, conocida como la “segunda intifada”.
Por su parte el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Lynn Hastings, instó que se permita el suministro de “combustible, alimentos y material médico” a Gaza.
Estados Unidos
El Presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, sostuvo que su gobierno había trabajado con funcionarios de Israel, la Autoridad Palestina, Egipto, Qatar, Jordania y otros en toda la región para fomentar una rápida resolución del conflicto.
“Doy las gracias al presidente egipcio Abdel Fattah Al Sisi y a los altos funcionarios egipcios que han desempeñado un papel central en esta diplomacia, así como al emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani de Qatar y a su equipo por ayudar a poner fin a estas hostilidades”, dijo el mandatario estadounidense en un comunicado de la Casa Blanca.
Biden también reafirmó su apoyo a la seguridad de Israel, considerando que tiene derecho a defenderse de los ataques. “Durante estos últimos días, Israel ha defendido a su pueblo de los ataques indiscriminados con cohetes lanzados por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina, y Estados Unidos está orgulloso de nuestro apoyo a la Cúpula de Hierro de Israel, que interceptó cientos de cohetes y salvó innumerables vidas “, declaró el presidente de los EEUU.
En una declaración emitida por el Departamento de Estado de EEUU, el Secretario de Estado, Antony Blinken, también celebró el alto el fuego y declaró, “Estados Unidos sigue dedicado a nuestro férreo compromiso con la seguridad de Israel y seguirá plenamente comprometido en los próximos días para promover la calma. En los próximos meses seguiremos trabajando con nuestros socios para mejorar la calidad de vida de los palestinos en la Franja de Gaza”.
“Y una generación transmite a otras los códigos que le permiten comunicarse y entenderse entre sí: un idioma que expresa además la peculiar visión del mundo, el pensamiento creado por el grupo a lo largo de su historia; una manera de gestos, de tonos de voz, de miradas y actitudes que tienen significado para nosotros, y muchas veces sólo para nosotros. Y más en el fondo, se transmite también, como parte de la cultura, un abanico de sentimientos que nos hacen participar, aceptar, creer, sin el cual y por su correspondencia con el de los demás miembros del grupo, sería imposible la relación personal y el esfuerzo conjunto”.
Guillermos Bonfil Batalla
Como era de esperarse, el mal Gobierno de la 4T ha acelerado la implementación de legislaciones que usan la fuerza por derecho contra quienes resguardamos y defendemos los bienes naturales, culturales y territorios de los intereses mezquinos de la clase política y empresarial; estos grupos de poder pretenden depredar y saquear aquello que todavía no han convertido en mercancía. Y donde lo han hecho, las crisis ambientales, sociales y políticas, son evidentes, por ejemplo, la crisis por el agua, que se agudiza en el mundo, y México no es la excepción. El saqueo del agua por los grandes consorcios industriales e inmobiliarios, está dejando sin acceso al vital líquido, a millones de personas en el norte de este territorio, y se acrecienta a cada hora en el centro y sur sureste del país.
En tan solo un par de décadas, el discurso del cambio climático pasó de ser una discusión a una realidad. La Crisis Climática está impactando de manera irreversible el planeta. Las lluvias torrenciales y las largas sequías, son sólo dos de los principales efectos de está crisis que afecta directamente a los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, quienes sostenemos la alimentación de millones de personas, haciendo cada vez más inminente un desabasto alimentario ligado a la sobre explotación de la tierra por monocultivos. El uso intensivo de agroquímicos y el uso de semillas genéticamente modificadas han suplido los cultivos locales y en algunos casos exterminado las variedades nativas de semillas que son el legado biocultural de nuestrxs ancestrxs.
Por si fuera poco, sobrevivir a una pandemia sanitaria, bajo la agudización de las crisis del agua y de los alimentos, se suma a los conflictos sociales y políticos, que son cada vez más violentos. Esta consecuencia histórica, deviene de los impactos acumulados perpetrados por los poderes mundiales, que mediante la guerra continúan disputando territorios. Algunos de ellos están ya destruídos y otros son ambicionados. La palabra Geoestratégico y Geopolítica no se habían mencionado tantas veces y con tanta voracidad como hoy en día. Eso es claro, la disputa es por el trono en la que todos quieren su propia corona, como símbolo del norte global.
Es innegable la guerra de exterminio hacia el sur global, lugar en donde vivimos pueblos indígenas, campesinos, proletarios, mujeres y disidencias sexo-genéricas. Nosotrxs luchamos por el respeto a nuestras identidades y espacios, lugares en donde sufrimos la crisis cotidianamente.
Por todo esto, y por lo que haga falta decir, gritar y cantar. Convocamos a la Organización y Resistencia del Sureste Mexicano. No podemos seguir esperando soluciones de arriba, tenemos que construirlas desde abajo. Este llamado es urgente, debido al avance agigantado que destruye la cultura social y ambiental; cuyos bienes no solo han sostenido a los pueblos que habitamos este territorio, sino que también son parte del legado ecosistémico del planeta, que permite la sobrevivencia de la humanidad.
Y estos son nuestros primeros pasos…
Del 13 al 29 de agosto en conjunto con la Asociación Ya Basta!Êdî Bese! y los Centros Sociales del Nordeste de Italia, realizaremos un recorrido en caravana por algunos lugares del sureste mexicano. Con el objetivo de articular las luchas, resistencias y alternativas. Queremos compartir saberes, haceres, sentires y tejer vínculos entre comunidades, organizaciones, colectivxs e individuxs, quienes resistimos y nos organizamos frente al patriarcado, los malos gobiernos, las grandes empresas y los megaproyectos de muerte que amenazan nuestros territorios, bienes naturales y la vida.
Invitamos a escuchar, compartir y construir colectivamente rumbo a la Caravana y Encuentro Internacional “EL SUR RESISTE” para la primavera 2023, sigan atentos de los susurros.
Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPINH, comparte sobre las acciones legales contra el banco de desarrollo holandés FMO por su apoyo financiero a la empresa DESA, a pesar de las reiteradas advertencias de violación de derechos humanos en la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg
El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.
Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.
En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.
Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.
Foto: Jaime Gustavo Carriqueo
Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).
En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.
El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.
Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.
Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.
María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.
Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.
Foto: Hernán Vitenberg
Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.
