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El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha
La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.
La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.
La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.
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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.
En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.
En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.
El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.
La cacería terrorista es racializada
Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.
Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.
“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.
Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.
El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.
Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.
El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.
En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.
La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.
Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes señalan responsabilidad de la minera Ternium y de instituciones agrarias
Convocan acciones descentralizadas nacionales e internacionales
Ciudad de México, 23 de enero de 2023
En conferencia de prensa, familiares y amigos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes reiteraron su exigencia a las instituciones de intensificar la búsqueda, respondieron el comunicado publicado por la empresa Ternium, y lanzaron una convocatoria nacional y global de acciones descentralizadas.
Ana Lucía Lagunes inició la conferencia de prensa subrayando la falta de resultados hasta ahora de la búsqueda. “Ya han pasado 8 noches de su desaparición. Seguimos exigiendo al Estado Mexicano que intensifique las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida.”
Michel Cervantes, de la organización civil de IDHEAS, declaró que “el 19 de enero, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó el mecanismo de Acciones Urgentes, haciéndole llegar a las autoridades del Estado Mexicano una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas la necesidad de implementar una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, eficiente, coordinada y que garantice el derecho a la participación conjunta de las familias. Asimismo, instó al Estado Mexicano a que la investigación tome en cuenta el contexto político en que ocurren los hechos, así como la actividad por la defensa de los derechos humanos en que se desempeñan Ricardo y Antonio.”
Comuneros de Aquila presentes en el plantón del puente de Coahuayana, que se sumaron a la conferencia de prensa por vía telefónica, se sumaron a la exigencia de liberación de los retenidos, señalando: “está muy floja la búsqueda, no vemos nada de avance. La gente ya se está exasperando, si esto se alarga tendremos que llevar otro tipo de acciones por parte de las comunidades, ya nos cansamos de esperar. No vamos a movernos hasta que aparezcan nuestros compañeros, vamos a luchar hombro con hombro con la familia”. El Comisariado de Ostula, comunidad vecina a Aquila, agregó: “venimos en apoyo por los compañeros desaparecidos, Toñito es conocido y querido en la región, nos unimos al dolor y a la lucha por que los regresen vivos.”
Respuesta al comunicado de la empresa Ternium y cierre de la mina por comuneros
Varios miembros de la familia respondieron al comunicado emitida por la empresa minera Ternium. Antoine Lagunes afirmó: “Representantes de la empresa empezaron a comunicarse con la familia un día después de haber sido nombrados ante los medios como actor importante en la zona. Seguimos apelando a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, debido a su gran influencia y poder en la zona con los grupos que allí conviven. Usen todos sus recursos para localizarlos con vida.”
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, añadió: “En nuestra región, el actor más importante es la empresa minera Ternium, ya que les toca relacionarse con la sociedad local, con los actores políticos, económicos y también con los poderes fácticos regionales. Si bien la empresa es un actor más en este tablero, reiteramos que quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte en el trabajo de mi esposo. Por esta razón, solicito que la empresa minera Ternium use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, para que si uno de ellos tiene a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, los regrese de inmediato.”
Alejandra Gonza, Directora de Global Rights Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos), subrayó: “De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, la empresa y sus inversionistas tienen el deber de debida diligencia en materia de derechos humanos, que le exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la denuncia de desaparición de los defensores que trabajan en su área, conversando con todos los actores con los que habitualmente trabaja para lograrlo. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó, en un documento emitido en 2021 (A/HRC/47/39/Add.2), la necesidad de abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de los derechos humanos. En su comunicado público, la empresa desconoce y se intenta deslindar de estas responsabilidades. En respuesta a su falta de diligencia que, en representación de las familias, además de las distintas acciones internacionales ya tomadas, y con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, como primer paso vamos a presentar una queja ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, particularmente, ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, para obligar a la empresa a que dé una respuesta seria en relación al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este caso.”
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, agregó que “el pasado sábado, un grupo de comuneros se presentó a la entrada de la mina, en el cerro El Tenamaxtle, Aquila, Michoacán, para impedir el cambio de turno de los trabajadores de la empresa. Solicitaron el apoyo de las fuerzas federales para que resguarden los explosivos que tienen en la mina. En este momento, si bien los comuneros no se encuentran al interior de la mina, sí permanecen en el plantón del puente Coahuayana, con la digna solidaridad de la comunidad indígena de Ostula.”
Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz, sumó la voz de la familia del profesor, demandando a la empresa que “haga todo lo que esté en su mano para obtener el rescate con vida y buen estado de los desaparecidos, utilizando sus vínculos institucionales y económicos con el grupo que pensamos ha perpetrado la desaparición.” María de Jesús Ramírez Magallón añadió “no queremos palmaditas en la espalda por parte de la empresa, sino que activen todos los mecanismos a su alcance para lograr la liberación de los desaparecidos”.
Relación de desaparición con Tribunal Superior Agrario e instituciones agrarias
Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal Sureste, señaló que “Ricardo Lagunes trabaja para hacer valer los derechos del pueblo Nahua de San Miguel Aquila. Durante varios años el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima lleva reconociendo a un grupo de personas que se ostentaron ser representantes de comuneros, de manera ilegal sin contar con las facultades que señala la ley agraria. Los últimos cuatro años los comuneros de San Miguel Aquila Michoacán, están sin representación que pueda defender los derechos e intereses de los comuneros, todo esto por la dilación y tolerancia del Magistrado del Tribunal Unitario agrario distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no ha sometido a la elección de los órganos de presentación común quien pueda defender y representar legalmente a los comuneros. El magistrado está actuando con total dilación y aquiescencia de lo que este grupo de personas quienes ostentan una representación, están realizando en contra de los derechos de la comunidad indígena Nahua. El Tribunal ha sido negligente en velar por los derechos de la comunidad indígena Nahua, y ha dado ventajas procesales a un grupo de personas que no tienen autoridad legal.”
Sergio Oceransky de Fundación Yansa agregó: “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria. La Procuraduría Agraria tampoco ha cumplido su función, al dilatar innecesariamente la elección democrática de representantes comunales. Estas graves omisiones se repiten a lo largo de todo el país, donde multitud de defensores de tierras ejidales y comunales enfrentan instituciones y tribunales negligentes y corruptos, lo que pone a las comunidades y sus abogados en una situación terrible de indefensión y vulnerabilidad a la hora de intentar que se haga justicia. Para evitar que se repitan estas situaciones resulta fundamental la reforma y fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar la protección de las tierras de propiedad colectiva y de los territorios de pueblos y comunidades indígenas”.
El Comisario de Ostula, desde el plantón, agregó: “En Ostula tenemos también caídos, hace días asesinaron a 3 miembros de la comunidad, que se suman a otros cerca de 40 asesinados previamente. Hemos sentido la tristeza, la injusticia y la indefensión en la defensa de nuestro territorio comunal. Exigimos el castigo a los culpables, y no bajaremos la guardia hasta que haya justicia.”
Convocatoria de acciones
Ana Lucía Lagunes anunció una convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Invitó a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. Estas acciones pueden incluir protestas en sedes que la empresa minera tiene en varias partes del mundo, acciones ante consulados y embajadas mexicanas, protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, así como marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Se adjunta el texto de la convocatoria a este comunicado.
María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, cerró la conferencia de prensa deseando que estas acciones abonen a la reconstrucción del tejido social de Aquila y otras comunidades en la costa de Michoacán, y al inicio de procesos de paz y reconciliación.
Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com
Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero:
Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero:
Convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz
El pasado domingo 15 de enero de 2023 el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, ubicada en el Estado de Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital del Estado Colima, comunicándose por última vez con sus familias a las 18:50. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y los comuneros de Aquila han realizado diversas acciones, que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina perteneciente a la empresa Ternium.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa minera del grupo Ternium ha explotado desde hace dos décadas la mina extrayendo enormes cantidades de minerales, especialmente de hierro, oro, plata y cobre además de generar una gran división al interior de la comunidad.
El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.
En virtud de que hasta el momento no se cuenta con información de su paradero, las familias de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La forma de acción y el objetivo de cada acción se decidirá localmente. Aquí incluimos algunos ejemplos de acciones que se podrían llevar a cabo:
- Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace:
https://chng.it/NcKBVyY9XS - Protestas ante las representaciones de la empresa minera Ternium, la cual cuenta con instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices)
- Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y recuperación con vida de Ricardo y Antonio.
- Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
- Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.
Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:
- A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
- A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa ha tenido fuertes vínculos desde hace años.
- Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.
Las familias de Ricardo y Antonio agradecemos las muestras de solidaridad que puedan llevar a cabo y dejamos aquí una serie de recursos que pueden utilizar para llevar a cabo las acciones así como para tener más información sobre el caso.
Les pedimos por favor nos informen de sus planes de acciones descentralizadas al correo: todxsconricardoyantonio@gmail.com
Materiales:
- Acción Urgente: https://chng.it/NcKBVyY9XS (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
- Fotografías: En breve tendremos un drive con fotografías y materiales para su reproducción
Más Información sobre el caso:
- Reportan desaparición de activista y de profesor en Michoacán
- Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán
- El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, México, el pasado domingo 15.
- CIDH condena la desaparición de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz el 15 de enero en el municipio de Tecomán, Colima.
- Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero
- Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero