De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.
Habitantes del municipio de San Juan Cancuc denunciaron que mediante condicionamientos, funcionarios del gobierno del estado de Chiapas pretenden reactivar el proyecto de autopista para conectar a las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque, carretera que en su trayecto afectaría a comunidades de una docena de municipios indígenas.
Durante asamblea realizada el 24 de marzo, campesinos tzeltales denunciaron que el pasado 13 del mismo mes el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se reunió con autoridades de las localidades por donde pretende atravesar la autopista.
“Asistieron los presidentes municipales de Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Chilón entre otros. Sólo el presidente de Chamula manifestó su apoyo al proyecto carretero. Los demás no estaban de acuerdo y a nuestras autoridades los obligaron a visitar las dos comunidades donde necesitan las firmas para la liberación del derecho de vía de la autopistaˮ, informaron los comuneros en la reunión realizada en la cabecera del municipio de Cancuc.
De acuerdo a los testimonios, se le exigió al regidor de Cancuc conseguir la aprobación de las autoridades de las comunidades de Yaxnail y Crusiljá para el 1 de abril o de lo contrario se detendría el financiamiento asignado al municipio.
El secretario de gobierno, cuentan los comuneros, demandó la renovación de un acta de acuerdo del año de 2014 donde se aprobaba el paso de la carretera. Sin embargo, los asistentes a la asamblea rechazaron el haber otorgado el permiso para el derecho de vía en aquel año y denunciaron la ilegalidad de dicha acta pues “fue un pacto entre las autoridades locales y estatales. Sí hicieron asamblea general en las dos comunidades de Yaxnail y Crusiljá, pero nunca dieron acuerdo que va a pasar la autopistaˮ.
