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Cassandra es desaparecida en Chiapas por grupo armado durante la boda de su madre
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.
En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.
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A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.
El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.
Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.
Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.
Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.
Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.
En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.
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Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.
“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.
De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.
Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.
Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.
Información oculta
El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.
Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.
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Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.
De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.
A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.
“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.
Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.
Las madres que resisten
En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.
Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.
Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.
El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.
De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.
“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.
En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.
Hasta el último día
Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.
El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.
“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.
Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.
Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.
Silenciamiento de la solidaridad con Palestina provoca boicot contra empresas
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
Mientras que Israel endurece el bombardeo hacia la Franja de Gaza asegurando que ha realizado al menos 320 ataques a objetivos militares del grupo armado Hamás, los medios y periodistas locales aseguran que la mayoría de los ataques han sido dirigidos hacia casas-habitación, escuelas, hospitales y centros civiles.
Los ataques de Israel han dejado al menos 5 mil muertos y, de ellos, se contabilizan 2 mil niños y niñas, según los medios palestinos. Solo en las últimas 24 horas se han reportado más de medio millar de personas muertas. Suman también 21 periodistas perecidos mientras cubrían los hechos según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
La solidaridad hacia el pueblo palestino va en aumento. Estallan cientos de protestas en diversas partes del mundo exigiendo que se detenga el bombardeo israelí.
Desde los Estados Unidos, donde su gobierno ha respaldado políticamente y con armas a Israel, diversas colectividades han convocado a realizar múltiples acciones organizadas para exigir un alto al fuego hacia Gaza. Hacen un llamado a boicotear a empresas que apoyan a Israel como Amazon, Google, entre otros, además de medios de comunicación masivos.
Desde Washington D.C., la organización La Mayoría Creciente (The Rising Majority) ha exigido que el presidente Joe Biden y el Congreso de EEUU pidan un alto al fuego inmediato en Gaza.
“Somos personas de conciencia, que nos unimos por encima de credos, razas y generaciones, para decirle al presidente Biden y al Congreso que tienen que tomar una decisión: defender el valor de la vida humana y reducir la violencia o seguir apoyando la masacre del pueblo palestino por parte del gobierno israelí”, ha expresado la organización.
De la misma forma, La Red Media Justice ha emitido una declaración en solidaridad con la resistencia palestina y ha denunciado la complicidad de las grandes empresas tecnológicas con lo que llaman “el apartheid israelí”.
Denuncian los cortes de internet, la desinformación, la tecnología de vigilancia utilizada por Amazon y la policía desplegada en Gaza y el silenciamiento de la disidencia. “Estamos viendo en tiempo real los peligros de un entorno mediático y tecnológico que funciona con impunidad en nombre del interés del colonialismo”, puntualiza la Red.
Esta organización va más allá al señalar a las corporaciones de los medios de comunicación que vinculan a todo el pueblo Palestino con los actos realizados por Hamás, creando una narrativa que desinforma.
“Existe un largo historial de medios de comunicación que han fallado a comunidades históricamente marginadas, comunidades de color y a sus historias de resistencia. Las narrativas raciales del colonialismo justifican la violencia infligida a los palestinos. Sabemos que los medios de comunicación y la tecnología son así. Los grandes medios de comunicación representan al poder, eligen quién puede contar sus historias y quién puede representar sus intereses”, asevera la La Red Media Justice.
Así mismo, otras colectividades relacionadas con el uso de diversas tecnologías, como La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), el Centro de Derechos Constitucionales y diversas organizaciones de la sociedad Civil exigen a las empresas tecnológicas, sobre todo a las de redes sociales, que respeten los derechos básicos de la información.
La APC cita al Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, quién documentó en días pasados que al menos 19 mil tuits, de un total de 23 mil mensajes en hebreo de la plataforma “X”, incluía, entre otras cosas, “incitación al odio y racismo contra los palestinos. Por otra parte, diferentes plataformas de medios sociales están inundadas de desinformación, lo que contribuye a etiquetar, deshumanizar y estereotipar a los palestinos”, dice APC.
La Red Media Justice ha registrado que, Amazon Web Services (AWS) y Google, firmaron desde 2021 un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel para un proyecto emblemático llamado “Proyecto Nimbus”, con el fin de proporcionar un “ecosistema” de servicios en la nube para el gobierno israelí.
Los dos gigantes tecnológicos ganaron, en el año 2021, los concursos públicos para construir y proporcionar a Israel sus centros de datos y servicios regionales basados en la nube. Este proyecto permitirá a los órganos de gobierno israelíes transferir sus datos alojados la nube proporcionados por Google y AWS en Irlanda, Holanda y Fráncfort. Este proyecto esta pensado a gran escala, dirigida conjuntamente por la Administración de Contratación Pública de la División del Contable General y la Agencia Digital Nacional, junto con la Dirección Nacional Cibernética de Israel, el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Gobernanza y Asuntos Sociales de la Oficina del Primer Ministro.
Para los activistas de la Red Media Justice, Nimbus está diseñado para ampliar las capacidades de inteligencia artificial de Israel, “incluidas las utilizadas para vigilar a los activistas palestinos, vigilar la frontera de Gaza, obligar a los palestinos a abandonar sus tierras y operar el sistema de seguridad Cúpula de Hierro de Israel”.
Tras la firma de este convenio surgió en EEUU el movimiento #NoTechForApartheid, quienes han logrado recabar más 40 mil firmas de ciudadanos estadounidenses, a través del cual exige a Google y Amazon que “dejen de tratar con el régimen de apartheid israelí y se retiren del proyecto Nimbus”, señalan los integrantes de esta campaña.
“Por eso nos solidarizamos con nuestros compañeros de Mpower Change y Jewish Voices for Peace en la campaña #NoTechforApartheid, que ha organizado a cientos de estudiantes, trabajadores tecnológicos y activistas para que las empresas tecnológicas rindan cuentas por suministrar tecnología para la guerra y la violencia de Estado”, puntualiza la Red.
Esta Red ha trabajado en el informe Open for Business del Departamento de Seguridad Nacional, que pone de relieve la inversión de las grandes empresas tecnológicas en la potenciación de la policía local. “Utilizan el reconocimiento facial, las cámaras corporales y otras formas de vigilancia tecnológica”, denuncia el colectivo.
En las multitudinarias protestas se han sumado las voces de miles de personas desde Francia, Chile, Filipinas, Egipto, Sarajevo, Herzegovina, Uruguay, Irlanda a Escocia, del Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia a Polonia, de Rumanía a Bosnia, de Dinamarca a Bélgica, Australia, Canadá, EEUU y México, donde se han movilizado miles de personas que exigen un alto a los ataques contra Palestina.
Los activistas advierten que hay personas que están siendo intimidadas en línea para reducir el apoyo público a Palestina, incluso, usando el llamado “doxxing” que es una forma de acoso en línea que consiste en exponer públicamente el nombre real, la dirección, el trabajo y otras informaciones personales.
“La solidaridad pro-palestina está siendo activamente silenciada a través de algoritmos de redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación, la magnificación de la retórica racista y el doxxing activo de individuos y organizaciones que se atreven a hablar”, arremete La Red Media Justice
La Red apela al derecho a la información y a la libertad de expresión como algo fundamental y básico para la dignidad de todas las personas.