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Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

En contexto:Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

Var también: Colombia, el covid-19 es el menor de los problemas

Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

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Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Semana de solidaridad con Loma de Bácum y por la libertad de Fidencio Aldama del 21 al 27 de octubre de 2021

A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.

El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.

El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,

C O N V O C A M O S:

A UNA JORNADA  DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/

Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.

¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!

– Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Libertad a Fidencio Aldama

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Latinoamèrica Rompe el Cerco

TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍🏾 Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
📍 Bariloche, Octubre de 2021

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Colectivo Grieta

Del golfo de Finlandia al Círculo Polar Ártico, la Extemporánea zapatista se enlaza con las luchas de Finlandia

Por Colectivo Grieta

“La Extemporánea” en Finlandia. FOTO: Colectivo Armadillo Suomi

10 de octubre de 2021.- Recorriendo de extremo a extremo Finlandia, la delegación zapatista “La Extemporánea” se ha encontrado con colectivos, organizaciones e individuos conociendo de sus de sus luchas y resistencias, aprendiendo e intercambiando experiencias. El Colectivo Armadillo Suomi de Finlandia ha documentado y compartido distintos momentos de este recorrido que ha llevado a los indígenas mayas rebeldes desde Helsinki en las costas del Golfo de Finlandia hasta el territorio del pueblo Sami, dentro del círculo Polar Ártico, en la localidad de Ohcejohka, donde las fronteras del capital marcan el límite entre Finlandia y Noruega.

En Helsinki, las compañeras y compañeros zapatistas se reunieron para conocer las experiencias los inmigrantes en Finlandia. En ese encuentro la música se hizo presente a través de “Las Jaranas del Norte” y de un coro finlandés. También en Helsinki, activistas del “Free movement” y otros colectivos en defensa de los derechos de los migrantes compartieron con La Extemporánea sus experiencias de lucha.

Encuentro de zapatistas con colectivos de inmigrantes en Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

En el extremo norte de Finlandia, en territorio del pueblo Sami, “La Extemporánea” se reunió en una Lavvu, tienda tradicional de los pastores de renos con compañeras y compañeros de la comunidad de Ohcejohka. Allí, conocieron de cómo los proyectos extractivistas amenazan los territorios de pastoreo del pueblo Sami, afectando sus migraciones anuales a través de la taiga nórdica.

Encuentro con el pueblo Sápmi dentro de una gran tienda Lavvu. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

 

En la ciudad de Oulu, en las costas del extremo noreste del Golfo de Botnia,  160km al sur del Círculo Polar Ártico, la Travesía por la Vida incluyó un encuentro con colectivos como Elokapina Oulu, que lucha en defensa del medio ambiente y promueve la desobediencia civil pacífica; Oulutopia, colectivo que ha organizado todo un ciclo de proyecciones de video, pláticas y foros para difundir la lucha zapatista en esta ciudad de Finlandia. Los indígenas mexicanos también se encontraron con el grupo de Punk Paskakaupuni.

Encuentro dela delegación Extemporánea zapatista en la ciudad de Oulu, Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

A lo largo de su recorrido por Finlandia, “La Extemporánea” ha participado en diversos foros, simposios y conversatorios con colectivos ambientalistas y feministas intercambiando experiencias de lucha en defensa de la Madre Tierra y en contra del capitalismo que la destruye y amenaza con ello nuestra vida. De la selva a la taiga boreal, la delegación ha llevado a cabo su tarea de aprender e las luchas de otros pueblos y otras tierras.

Movilización en Helsnki el pasado 24 de septiembre, respondiendo al llamado del EZLN, contra las agresiones hacia las comunidades indígenas zapatistas. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

Comunidades que se dedican al pastoreo de renos, colectivas feministas, trabajadores migrantes en lucha, colectivos ambientalistas, un llamado a “no olvidar el espíritu de Yanga”, el grito de solidaridad frente a las agresiones del mal gobierno mexicano hacia los zapatistas, han sido algunos de los destellos el recorrido zapatista por tierras finlandesas. Destellos que apenas sugieren lo que, sin brillar, ilumina los pasos de esta delegación, su alegría, preparación y disposición para escuchar.

Con información de: https://m.facebook.com/colectivoarmadillosuomi/?ref=page_internal&mt_nav=0

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Avispa Midia

Victoria para el maíz nativo en México, niegan amparos a gigantes trasnacionales

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto por Santiago Navarro F

Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.

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Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).

Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.

La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.

La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).

Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.

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Avispa Midia

Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres

Por Ñani Pinto

Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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Avispa Midia y Prensa Comunitaria

“Para nosotros no es cansado estar aquí”: Resistencia antiminera en Guatemala

Por Avispa

Fotos e información de Prensa Comunitaria

En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Plantón permanente antiminero en el municipio de Izabal.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

Elementos de la PNC argumentan a favor de la empresa minera entre los participantes del plantón antiminero.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

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La Zarzamora

12 de Octubre 2021: Piñera decreta Estado de Excepción Constitucional en Wall Mapu, Territorio Mapuche

Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

A 99 días del cobarde asesinato de Simón Pedro, denunciamos negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

11 de octubre de 2021.

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                 sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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