Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.}

Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas. 

El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación. 

Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo. 

Te puede interesar – Pueblos tzeltales denuncian “falsa consulta” para imponer proyecto carretero en Chiapas

Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas. 

En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.}

Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana. 

De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.

“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.  

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Felipe Correia}

En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York. 

Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.

No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando. 

Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos. 

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.

La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región. 

Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.

De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México. 

Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking. 

En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.

Fuente: El SurAcapulco
Por Tryno Maldonado

Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.

El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.

La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.

Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.

No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.

Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.

Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López}

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.

Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.

México, 18 de marzo de 2025

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos

Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación.

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país.
Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado.

2. Reformas legislativas.

Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar.
Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo.

3. Nuevos protocolos.

Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro.

Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta.

5. Estadística mensual.

Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable.

6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo.

Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema.

Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo.

La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano.

Atentamente
¡Hasta encontrarles!
Familiares de personas desaparecidas en México

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.

El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.

Te puede interesar – Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada. 

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finaliza el próximo 31 de marzo. 

De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, la empresa ha empleado diversas estrategias para que la comunidad renueve el contrato que ha permitido la extracción de 607 mil 259 onzas de oro solo entre los años 2021 y 2024, con un valor aproximado de 1,765 dólares por onza.

En un boletín de prensa lanzado este 16 de marzo, los ejidatarios de Carrizalillo denuncian que la canadiense “Equinox incrementa su campaña de agresiones sistemáticas en contra de nosotros”, señalando a uno de los actores, al ingeniero Hugo Vergara, a quien acusan de fabricar un conflicto entre la comunidad de Carrizalillo, La Mezcala y Xixhilapa.

Entre las represalias de la empresa a los ejidatarios está el despido del 90% de los trabajadores locales, mujeres y hombres de Carrizarillo. “Representa un acto de agresión y presión contra nuestra comunidad”, sostienen los inconformes.

Incluso, la comunidad de Carrizalillo advierte que la campaña se ha expandido hacia la difamación a través de las redes sociales de la empresa.