Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena -Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos que luchan y resisten en las comunidades originarias de Puebla.

A todos aquellos que vemos al ejemplo zapatista el camino donde podemos caminar juntos

A la sexta nacional e internacional

A la Europa Insumisa

HECHOS

El día de hoy, 22 de julio del 2026 llegó un grupo de más de 100 personas con actitud violenta identificados varios de ellos con apariencias de policías vestidos de civiles, con armas blancas, además de palos, a las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación en Puebla, lugar donde se llevó a cabo la audiencia de los compañeros Renato Romero y Pascual Bermúdez criminalizados por defender el agua del pueblo de Xoxtla. Este grupo fue llevado por la patrulla de la policía estatal número 2148, claramente coordinados para amedrentar a los compañeros Renato y Pascual así como a los pueblos que les acompañan exigiendo libertad absoluta.

Las personas presentes amenazan a los compañeros y presionan para que salgan, portan pancartas con mensajes contra Renato Romero y a favor de los proyectos de muerte del gobierno estatal y federal, portan todos gorras blancas, lo cual es indicio claro de ser un grupo de choque enviado por el Estado para amedrentar a los compañeros.

ANTECEDENTES

Los antecedente de amenazas, acoso represión, y criminalizacion en contra de los pueblos empieza por las personas que son comprometidos y con voz firme en contra de la destrucción de la naturaleza y por tanto en contra de la destrucción de la vida.

    En la comunidad de San José Chiapa, donde pretenden imponer un mega basurero, mal llamado polo de desarrollo hay presencia contínua de policía y equipo táctico con tanquetas para amedrentar a la población que se organiza en contra de dicho proyecto de muerte.

    En la ciudad de Puebla, un grupo de golpeadores atacaron a manifestantes que se organizan en contra del cablebús, medios de comunicación alineados al gobierno difamaron a Renato Romero como dirigente de dicho grupo.

La violencia contra los pueblos y la guerra de exterminio se recrudece y se diversifica, los grupos de choque son parte de las estrategias para detener la lucha en defensa del agua, la vida y el territorio.

Cómo Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hemos denunciado las mecánicas de guerra en dónde los programas sociales son la moneda de cambio para capacitar, formar y movilizar grupos paramilitares violentos muchas veces armados en diferentes territorios como Querétaro, Guerrero, Puebla, Xochimilco. Son movilizados para simular asambleas amañadas que avalen megaproyectos de muerte, también son movilizados para trasgredir el derecho legítimo a la protesta como son los halconazos, ahora son movilizados para amenazar la integridad física de nuestros compañeros Pascual y Renato.

EXIGIMOS

El cierte total de los procesos judiciales fabricados en contra de Renato Romero y Pascual Bermúdez defensores del agua en Xoxtla y San José Chiapa.

Exigimos garantías de seguridad de nuestros compañeros, quienes se encuentran en un grave riesgo a su integridad física por la presencia del grupo de choque con más de 100 personas en la audiencia que criminaliza su labor en la defensa territorial.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado mexicano:

Alejandro Armenta Mier gobernador del estado de Puebla por la intimidación , acoso, hostigamiento permanente criminalizacion y movilizacion de grupos de chique para violentar la integridad física, psicológica y labor de nuestos compañeros.

 Al Sistema de injusticia de Puebla (Poder Judicial de la Federación en Puebla) que ejecuta crímenes de Estado en contra de defensores del agua de pueblos originarios y adultos mayores, para favorecer la imposición de megaproyectos de muerte, la contaminación, sobreexplotacion , despojo y saqueo del agua en Xoxtla. Con todo un aparato de Estado.

A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por pretender imponer proyectos altamente lucrativos a costa de la vida y la salud de poblaciones enteras, como lo es el mal llamado polo de desarrollo en San José Chiapa. El lucro con la muerte de nuestros pueblos es ya la estrategia política del presente gobierno.

LLAMAMOS

A los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos a estar atentos y pronunciarse en contra de estos actos violentos en contra de quienes defienden la vida.

Hoy la guerra de exterminio se recrudece de manera importante, la violencia armada , psicológica y criminal se generaliza en nuestros pueblos, hoy el llamado es a mantenernos unidos a seguir organizandonos, a seguir convirtiendo la digna rabia en digna acción y enfrentar este sistema de muerte con movilización , con la palabra para que no nos encarcelen, nos violenten, amenazen, despojen, desaparezcan, torturen y/o asesinen.

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡El agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

¡NO AL MEGABASURERO EN SAN JOSÉ CHIAPA!

¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA QUIENES DEFIENDEN LA VIDA!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE NUESTROS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

«Nos sumamos a la exigencia de liberación inmediata e incondicional del compañero, exigimos que cese la persecución contra las comunidades del CIPOG-EZ»

Mensaje de solidaridad de la comunidad indigena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán ante la injusta detención y fabricación de delitos en contra del compañero Jesús Plácido Galindo #LibertadInmediataparaJesusPlacidohttps://t.co/whbNm0goQQ pic.twitter.com/xz7nWp1OMr

— CNI México (@CNI_Mexico) July 23, 2026

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Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

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• La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018.
• La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada.
• Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas.

Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.

La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.

Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.

Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento.

Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.

Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.

Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas.

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Y QUE MIS VENAS NO TERMINAN EN MI SINO EN LA SANGRE UNÁNIME DE LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, EL AMOR ,LAS COSAS, EL PAISAJE Y EL PAN.

ROQUE DALTON.

MASACRE DE AGUAS BLANCAS
31 AÑOS DE IMPUNIDAD

En enero de 1994 nació la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S).

Para su nacimiento buscamos un lugar donde con calma y sin interrupciones indeseables pudiéramos trabajar sobre ello.

El parto fue en “Las Palmitas”, a unas tres horas caminando desde Tepetixtla en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Bajo frondosos encinos.

Por la experiencia de las luchas contra los abusos de los caciques priistas, políticos, talamontes y los fraudes electorales, conocimos a diferentes personas que nos ofrecieron ayuda para nuestro desarrollo político. De unos ubicamos su actitud de usarnos para sus planes particulares, de otros, reconocimos su actitud solidaria y respetuosa, en estos nos apoyamos.

Desde el 1 de enero nos concentramos. Nueve fuimos convocados para discutir, aprender, enseñar y planificar. Todos éramos de Tepetixtla.

La mayoría ya había estado en otros dos esfuerzos parecidos y otros más pequeños. Para nosotros era una escuela política que nos permitía entender con más claridad lo que en esos días vivíamos. Siempre buscando el desarrollo político, el esclarecimiento de la conciencia. Pero ahora además formaríamos una organización.

Como nos convencimos que también era importante el método, pues discutimos y discutimos, aun a oscuras, hasta tener bien claritas las ideas, los objetivos, los principios, los métodos, las tareas y lo que nos parecía un tanto pomposo cuando lo decíamos, nuestra plataforma política.

Fue muy importante establecer entre nuestros principios la honestidad, la combatividad y la solidaridad.

Todos nos conocíamos de las faenas del campo. De sembrar y cosechar. De tratar de vender lo cosechado, de la búsqueda de semillas y fertilizantes, de resistir la pobreza, las enfermedades, los abusos de los caciques y de las autoridades civiles y militares, de enfrentar juntos diversos problemas de la vida.

Todavía teníamos muy fresco el recuerdo del rechazo al fraude electoral de 1988. Aquellas jornadas en que nos volvimos ríos de combativo esfuerzo, alegría y sudor que bajamos de la sierra en diferentes jornadas de lucha, desafiando a los priistas que siempre habían sido “los de arriba”, los que oprimían, robaban, reprimían, asesinaban impunemente. Cuando marcamos con nuestros huaraches y chanclas, calles, aceras, carreteras pavimentadas o de terracería y oficinas gubernamentales. Pero sobre todo nos atrevimos a tratar de ser hacedores de nuestra historia.

Mas lejano, pero también como un eco importante, resonaban en nuestro corazón y nuestra conciencia otras jornadas de lucha, como la del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Días de represión y de esperanza.

En que fuerzas federales y algunas oficinas gubernamentales repartían prebendas y hasta las semillas de mariguana y amapola para “paliar” la pobreza y restarle base social al maestro Cabañas.

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Santa Ana Zegache, Oaxaca.

La Asamblea General de Ciudadanas y Ciudadanos de Santa Ana Zegache, máxima autoridad de decisión de nuestra comunidad conforme a nuestra asamblea , así como a los principios de libre determinación reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, manifiesta a la opinión pública, a los gobiernos federal y estatal y a la sociedad en general lo siguiente:

Nuestro territorio representa mucho más que una extensión de tierra. Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida comunitaria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras actividades agrícolas, nuestros bienes naturales y el legado que habremos de dejar a las futuras generaciones. Su protección constituye un deber colectivo y un derecho irrenunciable.

Ante la intención de construir el proyecto carretero denominado Corredor Vial Zapoteco, anteriormente conocido como Libramiento Sur, expresamos nuestro firme rechazo debido a las afectaciones ambientales, sociales, culturales y patrimoniales que implicaría para nuestra comunidad y para los pueblos de los Valles Centrales.

Durante la Asamblea General convocada legalmente en la comunidad de Santa Ana Zegache, las y los ciudadanos, mediante un proceso de deliberación libre, democrático y comunitario, acordamos de manera expresa no aprobar ni otorgar consentimiento para la ejecución de dicho proyecto dentro del territorio de nuestra comunidad. Este acuerdo representa la voluntad soberana de la Asamblea General y deberá ser respetado por todas las autoridades e instituciones públicas.

Recordamos que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a decidir sus formas internas de organización y a ser consultados previamente respecto de cualquier medida administrativa o proyecto susceptible de afectar directamente su territorio.

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A los pueblos y gobiernos de México
A la sociedad civil consciente y solidaria
A las organizaciones de derechos humanos
A los medios de comunicación

Denunciamos el clima de máxima tensión que enfrenta nuestra comunidad.

Una persona que se ha dedicado a lucrar mediante la renta y venta de terrenos comunales, de nombre Fabián Reyes Márquez, llegó acompañado de otras personas al predio comunal denominado La Peña Blanca, el cual históricamente ha pertenecido a nuestra comunidad y donde se encontraban trabajando comuneros wixaritari y tepehuanos de Azqueltán.

Durante estos hechos, quienes acompañaban a Fabián Reyes Márquez manifestaron actuar por «indicaciones» del Gobierno del Estado, particularmente de la Dirección de Asuntos Agrarios. En ese contexto, amenazaron a los comuneros diciéndoles que serían llevados a la cárcel «porque ya el Gobierno del Estado había dicho», y que llamarían a la policía «para que los levantaran». Sus amenazas se materializaron el día de ayer, 25 de junio, cuando llegaron las mismas personas a robar postes y alambres de los comuneros, para consolidar el crimen.

Ante estos hechos, y dado que Fabián Reyes Márquez amenazó de manera directa al comunero Flavio Quiñones Aguilar y a quienes trabajaban en el predio, lo hacemos responsable de cualquier acto que atente contra la integridad, la libertad o la vida de las y los comuneros que se encuentren en posesión legítima y legal del predio La Peña Blanca.

Asimismo, responsabilizamos al Gobierno del Estado de Jalisco por la falta de acciones eficaces para prevenir y detener la violencia que enfrenta nuestra comunidad y, por el contrario, promover la confrontación; situación que podría derivar en nuevos hechos de agresión, como los que han ocurrido de manera sistemática debido a la inacción y la impunidad institucional.

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25 de junio de 2026

Desde el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestra solidaridad a los Pobladores Soberanos de San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, Tlaxcala, frente a la violencia que vivieron el día de ayer 24 de junio de 2026, debida a la intención gubernamental de instalar un Polo de Desarrollo de Economía Circular (PODECIBI) en su territorio.

Condenamos enérgicamente la violencia estatal ejercida por policías armados que lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y reprimieron a mujeres, jóvenes y hombres que en su derecho a la libre manifestación y a la libre determinación de cuidar su territorio y decidir sobre el, se organizan para resguardar sus tierras ante las pretensiones del Gobierno de Tlaxcala encabezado por la Morenista Lorena Cuéllar Cisneros de hacer un basurero.

Saludamos su resistencia ante los intentos de imposición de los PODECIBI en diferentes estados, incluido Puebla, de los cuales no existe información sobre su funcionamiento e impacto, y que reproducen la lógica del racismo ambiental de los rellenos sanitarios y tiraderos de basura.Nos mantenemos atentos a la situación, y exigimos el cese a la criminalización de la defensa del territorio y el uso de la violencia estatal.

 Como bien dicen los y las compañeras de San Pedro Ecatepec, “La lucha no es solo de San Pedro Ecatepec, es de todas las comunidades que dependen del Alto Atoyac”, desde los pueblos que integramos el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestro apoyo y solidaridad reiterando que no están solos y solas en esta lucha contra la basura del capital.

.“Que cada quien se haga responsable de su consumo y de sus desechos”

  ATENTAMENTE

 ¡LOS PUEBLOS NO SOMOS BASUREROS!

Fuente: CDH FrayBa

Denuncia pública

24 de junio de 2026.

A la opinión pública
A las organizaciones de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A los medios de comunicación libres y alternativos
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Al pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Hermanos y hermanas de México y del mundo, nosotros y nosotras familias pertenecientes al grupo autónomo en resistencia desde 1994 de la Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas, y también creyentes de la parroquia de San Andrés Apóstol, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunciamos el corte del servicio de luz eléctrica a 5 familias nuestras por parte de personas pertenecientes a diferentes partidos de la calle Morelos, colonia Centro de la Cabecera municipal, acompañados por la policía municipal y con conocimiento pleno de las autoridades oficiales del municipio. Los hechos surgieron a raíz de nuestra resistencia, quienes desde 1994 nos hemos mantenido en este proceso organizativo, y como tal nos hemos negado al pago de las tarifas de la luz eléctrica ya que es un derecho humano que hemos ejercido, y aunado a que es un bien común, propiedad del pueblo de México.

Hechos

Primero: El día domingo 13 de junio de este año, hubo un fallo en un transformador instalado en la calle Morelos de la Cabecera municipal, los usuarios de la luz eléctrica en dicha calle procedieron a buscar alternativas para solucionarlo. Entre las opciones, plantearon solicitar ante la CFE el arreglo del mismo, y en ese contexto, se obligaron entre todos los usuarios a presentar copia de los recibos de luz para ver si todos estaban al corriente de los pagos. Sin embargo, de todos los usuarios afectados estaban las 5 familias pertenecientes a este grupo autónomo. Les obligaron a presentar copia de sus recibos, pero como no lo tienen les dijeron que si quisieran tener el servicio, les pidieron un pago de $150.00 pesos cada dos meses. Nuestros compañeros se negaron a dicho acuerdo ya que la cooperación no aplica para todos sino solamente a ellos. También les dijeron que si no quieren pagar, mejor instalen su propio transformador o que compren paneles solares.Ante tal situación, el agente municipal autónomo procedió a hablar con el agente municipal del PRI para mediar el asunto; sin embargo, se negaron a abordar el tema, justificando que es un asunto del barrio y de la calle Morelos.

Segundo: El asunto había quedado en suspenso, ya que por acuerdo de todos los usuarios afectados decidieron buscar un técnico para arreglarlo, para ello, cooperaron $100.00 pesos para el pago del mismo. Esa cantidad fue insuficiente, por lo que optaron por juntar $50.00 pesos más por cada usuario afectado. Nuestros compañeros cumplieron en tiempo y forma a dicha cooperación.

Tercero: El día domingo 21 de junio, nuevamente las personas de la calle Morelos pidieron copia del recibo y plantearon que a quién no lo tenga, asumirá las consecuencias. Como nuestros 5 compañeros no lo tienen, les pidieron nuevamente pagar los $150.00 pesos cada 2 meses, como no aceptaron les volvieron a amenazar, incluyendo colgarlos en el árbol, acto seguido, subieron en el poste de luz y les cortaron los bajantes de la luz eléctrica, lo dejaron en varios pedazos para que no pudieran reconectarlo. Durante el corte de servicio estuvo acompañado por la policía municipal.

Cuarto: Después de lo sucedido, las autoridades autónomas solicitaron a las autoridades oficiales del municipio establecer diálogo para solucionarlo y que se reconecte el servicio de luz. En un inicio, las autoridades mostraron voluntad para hacerlo, pero después de varios intentos, solo avisaron que ya no van a intervenir porque no es de su competencia y que se remita a los agentes municipales. En atención a ello, los agentes autónomos volvieron a solicitar una reunión con los agentes oficiales de la Cabecera municipal, a lo cual accedieron; sin embargo, no quisieron dialogar sobre el asunto, solamente les dijeron que no van a reconectar el servicio de luz a las cinco familias y que lo sucedido solo era el comienzo porque irán aplicando barrio por barrio. Las autoridades autónomas buscaron vías alternas para solucionarlo, pero no hubo respuesta positiva. En ese acto arbitrario, participaron personas pertenecientes a diversos partidos políticos, principalmente del PRI, así también de los integrantes del agente oficial de la Cabecera municipal y de personas creyentes de diferentes iglesias, como el C. Francisco Leonardo Hernández Díaz, ministro de la comunión de la parroquia de San Andrés Apóstol.

Quinto: Al no encontrar otra alternativa y por acuerdo del grupo autónomo, se procederá a reconectar el servicio de luz a las 5 familias afectadas con nuestros propios recursos, ya que dicho servicio es un derecho humano y no podrán negarnos, menos a miembros del partido político que se oponen a nuestra resistencia, que también sufren y están en las mismas condiciones económicas adversas que nosotros.

Por lo anterior, hacemos responsable al ayuntamiento municipal de San Andrés Larrainzar y a todas las autoridades oficiales de la Cabecera y del municipio, al gobierno estatal y federal de cualquier agravio a nuestra integridad física que derive de la reconexión de la luz y posterior a ésta.

Asimismo, exigimos:

Primero: La intervención del gobierno estatal y federal para que controle a su gente y a sus instituciones para que no se repitan estos actos violatorios a los derechos humanos y se garantice el ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la luz eléctrica.

Segundo: Garantías para que no se vulnere la integridad física a las 5 familias afectadas y a todos los miembros del grupo autónomo en resistencia de San Andrés Sakamch´en, Chiapas.

¡Exigimos el respeto de nuestra autonomía y dignidad como pueblos originarios!
¡Alto al hostigamiento y a las amenazas, porque nosotros no queremos confrontarnos con nuestros propios hermanos!
¡Alto a la exigencia del pago de las tarifas de la luz eléctrica a las comunidades autónomas en resistencia!
¡Alto a la guerra en contra de los pueblos organizados en resistencia!

Atentamente,

Comunidad autónoma en resistencia, Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas

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A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 24 de junio de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Para los pueblos originarios, defender el territorio, resguardar los bosques y cuidar los lagos y ríos ha tenido un precio de sangre, durante más de una década las comunidades hemos denunciado sistemáticamente el cambio ilegal de uso de suelo, el robo de agua, la tala inmoderada y los ataques del crimen organizado. Tan solo en los últimos cuatro años, 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional, las Rondas Comunales, han sido asesinados. El crimen organizado es el brazo armado de la deforestación, las organizaciones criminales atacan a las comunidades porque quieren controlar los recursos naturales, administrar el robo de agua, dirigir la tala irracional de bosques e iniciar la habilitación de nuevas tierras para el aguacate.

Son las comunidades, no la industria rapaz, las que conservan lo que aún nos queda de bosques, es en nuestros territorios donde respiran los ecosistemas, en contra parte, la industria exportadora continúa sin pagar el costo ambiental, ni mucho menos social que ha impuesto desde hace décadas, grandes empresarios estatales y trasnacionales compraron extensiones forestales a precios muy por debajo de su valor real, las deforestaron ilegalmente y han quedado impunes.

En este contexto, el Gobierno Federal estableció el pasado 26 de mayo un Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) donde crea el llamado “Certificado de Libre Deforestación”, el cual es totalmente una contradicción, toda vez que la propia SEMARNAT ha reconocido públicamente que en los últimos 20 años no ha otorgado ninguna autorización de cambio de uso de suelo de forestal a frutícola en la entidad. Esto significa en términos prácticos que todo lo deforestado antes de 2019 queda automáticamente absuelto y lo que se taló después podrá regularizarse administrativamente sin resarcir ningún tipo de recuperación de ecosistemas dañados. No hay restauración ambiental, no hay reparación a las comunidades y no hay rendición de cuentas, únicamente impera un proceso administrativo que legaliza años de impunidad ambiental.

Por estas graves transgresiones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos reservamos el derecho de presentar los recursos jurídicos que consideremos necesarios, para evitar que la legalización del aguacate no sea un instrumento para olvidar los crímenes y abusos cometidos en nuestros territorios, así como la impunidad ambiental.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM