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Pico de Oro: una isla cercada por agua y palma de aceite en Petén

Por Avispa

Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria

En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera

La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.

Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.

Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.

A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.

La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.

Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera

En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.

Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.

Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.

Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.

Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.

“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.

Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.

En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.

Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera

“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.

Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.

Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.

“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.

Diálogo de sordos con los palmeros

Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.

La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.

Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.

Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.

La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.

Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera

Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.

Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.

“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.

Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.

“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.

“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.

Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.

La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.

A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.

“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.

La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.

Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.

Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.

Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.

A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.

Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera

Tan lejos del Estado

Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.

Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.

El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.

“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.

“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.

El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.

Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.

“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.

La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.

Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.

El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.

Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.

En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.

Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera

La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.

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Medios Libres o como se llamen

Convocan a protestas ante consulados de Francia para recibir a la Fuerza Aérea Zapatista

París, 20 de julio de 2021. Una semana de acciones europeas inició hoy ante consulados y embajadas de Francia en distintas ciudades de Slumil K’ajxemk’op (antes llamada Europa). Exigen que el gobierno de Emmanuel Marcon permita que la Fuerza Aérea Zapatista ingrese al espacio aéreo del territorio francés a la brevedad.

En Alemania, colectivas que invitaron a delegaciones del Ejército Zapatista Nacional de Liberación Nacional (EZLN) se concentraron ante edificios diplomáticos de Wendland, Münster, Fráncfort, Leipzig, Weimar y Bremen. En Italia, la primera protesta se realizó en esta tarde ante el consulado de Génova. Mañana, activistas convocan ante la embajada gala en Bruselas, Bélgica a las 11 hrs. y, en el estado español, ante el consulado de Valencia a las 11:15 hrs.

El jueves a las 10 hrs., las danesas y los daneses se aglutinarán frente a la embajada francesa en Copenhague, mientras en París se concentrarán fuera del Ministerio de Gobernación (Ministère de l’Intérieur) en la Place Saint Augustin a las 17:30 hrs. con la consigna “traigan su avioncito de papel” en el cartel que aclara “que el racismo de Estado no impida que les zapatistas entrar en Europa”. Se organizarán estas concentraciones para exigir que el gobierno de Macron no se oponga a la entrada de la delegación rebelde en #slumilkajxemkop.

El viernes y sábado se multiplicarán las acciones de protesta ante la diplomacia del gobierno macronista en Bilbao, Euskal Herria, en Barcelona, Cataluña, en Granada, Andalucía, en Islas Baleares, en Helsinki, Finlandia, en Hannover y Hamburgo, Alemania. Más información en: https://viajezapatista.eu/es/

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Exigen paso libre en Europa a delegaciones Zapatistas que incomodan a Macron

París, Francia. 18 de julio de 2021. Cerca de mil organizaciones y personalidades europeas solicitan al gobierno francés responder expresamente a la solicitud que entregaron por oficio para dejar pasar a la delegación de la Fuerza Aérea Zapatista (FAZ) en S’lumil K’ajxemk’op (antes conocida como Europa). El espacio aéreo de Francia está gobernado por Emmanuel Macron, un presidente de la república antisocial y represivo, ex banquero de la casa Rothschild y que apenas tenía 16 años de edad cuando los pueblos campesinos mayas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantaron en armas el 1ero de Enero 1994 en Chiapas donde recuperaron grandes extensiones de tierras agrícolas en los valles de la selva lacandona y crearon los municipios autónomos en rebeldía.

La carta formal entregada al gobierno galo el 13 de julio pide explícitamente en su título “la entrada en el territorio francés de una delegación de las comunidades de pueblos originarios, en particular zapatistas de México”. Dirigida a los ministros franceses de gobernación (G. Darmanin, Place Beauveau) y de relaciones exteriores (Y. Le Drian, Quai d’Orsay), la misiva ha sido enviada en copia a J.-P. Asvazadourian, quien encabeza la Embajada de Francia en Polanco. Esta carta consta de un oficio de una cuartilla y de una lista impresionante de diecisiete páginas con nombres de individuos, colectivos, sindicatos y organizaciones regionales y nacionales que buscan asegurar el aterrizaje de la FAZ, tal vez en París, y garantizar la libre circulación de la delegación rebelde acompañada por representantes del Consejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI) y del Frente de Defensa de los Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala (FDPMPT).

Si bien el gobierno macronista se destaca por su capacidad rápida de reacción para reprimir protestas sindicalistas, de chalecos amarrillos o de black bloc, el puente vacacional de las fiestas patrias del 14 de julio parece haber distraído la tramitología de la administración francesa, cuyos funcionarios quizás están más preocupados por tomar el sol en la terraza de un café cerca del río Sena que por responder (rápida y positivamente) a la petición de grandes y pequeñas organizaciones, instituciones y personas que firmaron la declaración “Un Bateau pour la Vie” (En espera del Barco por la Vida), así como a quienes se sumaron después a las actividades de preparación de bienvenida del Escuadrón 421 y próximamente de la FAZ.

Pareciera que nadie les hace caso a las comunidades zapatistas cuando toman la iniciativa pacífica de viajar por la vida, pero bien que los de arriba se asustan cuando los pueblos indígenas toman las armas, las cabeceras municipales, las tierras y los edificios como el instituto nacional neoindigenista en la Ciudad de México. Pareciera que nadie les hace caso a los pueblos vivos de Mesoamérica, pero los de arriba se congratulan por llevar a Francia veinte toneladas de piedras labradas por los pueblos olmecas, actualmente exhibidas en el Museo del Quai Branly “Jacques Chirac”, situado enfrente del Musée du Louvre, a un costado de la secretaría francesa de relaciones exteriores. Pareciera que nadie hace caso a las demandas de los guardianes del territorio cuando, por ejemplo, denuncian a Saint-Gobain por acaparar el agua del río Cuautla en Morelos, o a Danone por robar con Bonafont el agua de Zacatepec en Puebla, pero bien que tiemblan cuando sus negocios pueden peligrar por las campañas de boicot a los productos industriales y la lucha tenaz contra los megaproyectos de las multinacionales.

Para más de 4000 organizaciones solidarias de todo el mundo que han firmado Una Declaración por la Vida, el hecho de que la delegación venga a luchar por la vida ante el desastre medioambiental y humano en el que vivimos demuestra la existencia de una razón de peso que debería permitir la entrada de la delegación. Las y los firmantes de la carta dirigida al gobierno francés exigen que este les asegure que “no se opondrá a esta lucha por la vida, que no habrá obstáculos, distancias o fronteras que impidan que la patria de la fraternidad, la libertad y la igualdad sea el puente natural de llegada de esta histórica delegación que, por primera vez, llevará la voz de los pueblos originarios a nuestras calles, nuestros teatros, nuestras universidades y nuestros corazones”.

En los próximos días, activistas de toda S’lumil K’ajxemk’op, y quizás de otras geografías que luchan abajo y a la izquierda, se concentrarán frente a los consulados y las embajadas francesas exigiendo paso libre a quienes representarán al EZLN, el CIG-CNI y el FDPMPT en los diálogos que llevarán a cabo con quienes les invitaron a compartir la palabra e intercambiar acerca de sus respectivas luchas.

¿Acaso tendrá libre paso el “Comando Palomitas”, integrado por seis niñas y niños del grupo “Juego y Travesura”, quienes se han preparado para andar en bicleta, pintar y jugar con la niñez de las tierras  insumisas? ¿Acaso el gobierno de Macron ignorará la petición de no oponerse al aterrizaje de la FAZ y a su libre circulación dentro de una Europa fortaleza que cierra sus fronteras a les migrantes, pero que impulsa la libre circulación del capital y el comercio inmoderado de armas a países del Sur como México? ¿Acaso a los gobernantes europeos les incomodan y asustan tanto los grupos de “Escucha y Palabra”? ¿Por qué  finalmente los indígenas en lucha representan una piedra en el zapato de Macron?

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Colaboración colectiva de Medios Libres, París.

Ofrecen en Francia flores de los Jardines a Defender a la delegación marítima del EZLN

París-Aubervilliers, 16 de julio de 2021. El Escuadrón 421 recibió el sábado pasado flores salvajes cultivadas en los Jardins À Défendre (JAD) d’Aubervilliers, un municipio conurbado de París administrado ahora por un partido derechista, después de ser un bastión comunista durante más de medio siglo en el cinturón rojo (banlieue rouge) que rodea las orillas del nordeste de la capital francesa. Estas flores simbolizan una invitación a tomar la palabra y a poner el cuerpo para defender un territorio insumiso ante las amenazas del capitalismo.

Los siete integrantes de la primera delegación zapatista escucharon en su acto público de bienvenida la intervención de María, una compañera franco-mexicana quien es profesora de español y defiende su huerto junto a su familia desde hace un año. “Somos parte del pueblo que lucha para la defensa de las tierras de cultivo en las zonas urbanas en Aubervilliers y Pantin, donde todavía hay siete hectáreas de huertos”. Cuatro hectáreas de parcelas familiares están siendo despojadas por los intereses de la industria cementera del país galo. Desde mayo, están ocupando el lugar con sus cuerpos y su inteligencia colectiva, “por lo que se ha creado una JAD, es decir, Jardines para Defender”. Estas siglas hacen eco a otras Zonas A Defender como la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Bretaña que invitó a finales de julio a las mujeres a reunirse entre ellas antes de la celebración anual de su encuentro intergaláctico.

“Compas Zapatistas, nos encontramos con su presencia frente a un espejo de esperanza, que refleja sus luchas y las nuestras. ¡Viva S’lumil K’ajxemk’op!”, declaró María ante el Escuadrón 421. Los jardineros parisinos afirman que no son los únicos defensores de los huertos urbanos en la región de París. Desde su creación, estos jardines se han distribuido entre las familias de la clase trabajadora, y desde entonces tienen una función alimentaria. Después de haber alimentado decenas de generaciones de parisinos desde hace muchos siglos, las tierras de la Plaine des Vertus han sido gradualmente absorbidas por una urbanización indecente y sin sentido. Durante casi cien años, los Huerto Obreros (Jardins Ouvriers) de Aubervilliers han prolongado siglos de historia campesina de la horticultura en el departamento suburbano de Seine-Saint-Denis (93) donde se encuentran los barrios más pobres del país.

Actualmente, más de 10.000 m² de parcelas de jardines están amenazadas en Aubervilliers. Un megaproyecto inútil para los preparativos de los Juegos Olímpicos de 2024. Precisamente una piscina de entrenamiento para nadadores profesionales además de un solárium, con baño turco y sauna, lo cual amenaza con destruir gran parte de esta inmensa zona verde ubicada al pie del Fuerte d’Aubervilliers. Esta fortificación defensiva fue construida en los años 1840 alrededor de París por Adolphe Thiers, un conservador monarquista quien luego fue el jefe de gobierno que reprimió de manera sangrienta a la Comuna de París en la primavera de 1871.

Quienes heredan hoy el espíritu de rebeldía de las mujeres communardes que fueron asesinadas y encarceladas hace 150 años, tienen el rostro de jardineras insumisas que se volvieron defensoras tenaces de hortalizas, flores y árboles, al organizarse en el Colectivo de defensa de los jardines obreros de Aubervilliers (Collectif de défense des jardins ouvriers d’Aubervilliers). “Cultivar es resistir” (Jardiner c’est résister) indica una pintura sobre la pared de una cabaña de un huerto amenazado de destrucción total. Los huertos obreros están preparándose también para resistir a un proyecto de complejo hotelero y a una nueva estación de transporte urbano.

Los vecinos y las personas que se solidarizan con las causas de las mujeres y hombres « jardinières et jardiniers » han decidido resistir activamente construyendo cabañas para cultivar y pernoctar para vigilar y defender día y noche este oasis en medio de los edificios austeros y del tráfico capitalino. De acuerdo con una compañera fotógrafa que ocupa el sitio de la JAD, “esta semana es muy crítica para los jardines, la amenaza de expulsión es más palpable, desde un correo que envió un agente judicial para decir que nos teníamos que mover de ahí a partir de este fin de semana. Es por eso que convocamos a todos para movilizarse, a venir físicamente, con vuestros cuerpos defender esas tierras, donde hemos creado lindas cosas desde que ocupamos esos jardines.”

Ante riesgos severos de una expulsión violenta por parte de la fuerza policiaca, el jardinero Hugo nos confiesa su tristeza ante una probable e inminente destrucción de sus verduras y árboles, como el gran ciruelo lleno de frutas rojinegras deliciosas que probaron los Medios Libres con deleite. En entrevista, Hugo comenta con orgullo que es albañil y padre de una familia franco-portuguesa, y que llega de repente a las seis de la mañana a su cabaña en medio de su huerto que le sirve también como oficina donde trae su laptop y prepara cotizaciones de obras para sus clientes parisinos. Para el jardinero Hugo, su pequeño huerto representa un espacio íntimo de trabajo, muy personal y amoroso, pero también una zona de respiro y de diversión, tejiendo lazos de ayuda mutua en el corazón de un hermoso patrimonio de biodiversidad y humanidad.

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Medios Libres o como se llamen

Ante la delegación zapatista, se denuncia la brutalidad policiaca y crímenes de Estado en Francia

Por Medios Libres o como se llamen.
Publicado en Camino al Andar.
16 de julio de 2021.

París, 16 de julio de 2021. En entrevista con Medios Libres en la región parisina, la activista Fatou Dieng declaró que espera que el Réseau d’Entraide Vérité et Justice (Red de Ayuda Mutua Verdad y Justicia) pueda tener pronto un “encuentro más en la intimidad” con la próxima delegación zapatista que estará de gira en Europa para intercambiar en torno a la lucha contra las violencias perpetradas por la fuerza pública y en las cárceles. Fatou es hermana de Lamine Dieng, un joven franco-senegalés asesinado el 17 de junio de 2007 durante un arresto en el cual lo sometieron contra el piso de un vehículo y murió por un estrangulamiento usado por la policía francesa llamado enganche de sofocación (clé d’étranglement), la misma técnica letal del tacleo que usó la policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 cuando asfixió a George Floyd.

Desde el Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng y el colectivo Vies Volées (Vidas Robadas) que reúne familias víctimas de violencias policiacas, Fatou Dieng expresó que en las luchas contra la brutalidad policiaca “siempre he escuchado hablar de las zapatistas, pero sin conocerlas físicamente y pienso que vamos a tener un encuentro enriquecedor a nivel de la lucha. Con la próxima delegación, se espera tener un encuentro más íntimo en torno a cómo se organizan a nivel de la lucha, tanto contra las brutalidades policiacas, los crímenes de Estado, como acerca de las muertes sospechosas en las prisiones. “Estamos en contacto con familias de detenidos que fueron asesinadas en cárceles y trabajamos con familias de víctimas asesinadas por la fuerza pública, mutilados y heridos por la violencia de Estado”.

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viajezapatista.eu

Solicitud De Entrada en Territorio Francés De Una Delegación De Comunidades De Pueblos Autóctonos De México, Principalmente Zapatistas

Solicitud de entrada en territorio francés de una delegación de comunidades de pueblos autóctonos de México, principalmente zapatistas

Paris, 13 de julio de 2021

A la atención de M. Darmanin

Ministro de Interior

Place Beauvau 75008 Paris

M. Le Drian

Ministro de Europa y Asuntos Internacionales

37 Quai d’Orsay, 75007 Paris

Copie a M. Jean-Pierre Asvazadourian

Embajador de Francia en Mexico

El 13 de julio de 2021

Señor,

Una delegación de ciento sesenta nacionales de México, principalmente de comunidades de pueblos indígenas autóctonos zapatistas de Chiapas, se ha estado preparando durante meses para venir a Europa y reunirse con colectivos solidarios, asociaciones culturales, grupos artísticos, sindicatos, ONGs, y entidades de defensa de los Derechos humanos.

Entre julio y septiembre están previstos numerosos eventos en los que su presencia es fundamental para intercambiar sobre temas de salud, educación, ecología, justicia, derechos sociales y derechos humanos.

Más de 800 organizaciones, instituciones y personalidades, han firmado la declaración Esperando al Barco por la Vida (https://viajezapatista.eu/es/esperando-al-barco-por-la-vida/) en la que puede leerse: “Desde nuestras geografías, territorios y espacios, les reiteramos la invitación a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional, sino que es el lugar desde donde luchamos para conseguir que la vida, y por lo tanto, el mundo, sea un lugar digno donde vivir”.

Ante la actual situación de shock planetario, las comunidades originarias y en especial el movimiento zapatista, viene a Europa a “Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida”, como se señala en el texto titulado o Una Declaración por la Vida.

Quienes les hemos invitado a venir para realizar esos encuentros e intercambios, consideramos que la lucha por la vida es un asunto de vital importancia, un asunto imperioso; si no luchamos por la vida, no habrá futuro.

Y como consideramos que para el Gobierno Francés, esta lucha por la vida también debiera ser prioritaria, entendemos que la administración pública francesa debería admitir este motivo como uno de los motivos imperiosos para entrar en el país, porque el viaje es para la reconstrucción de un tejido de esperanza y libertad.

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Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

 Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 16 de julio del 2021

 

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

 

 

Hermanas y hermanos:

La organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedió en nuestro municipio de san pedro Chenalhó. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas para realizar la jornada de oración para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la mañana la guardia nacional y el ejército mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la búsqueda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk’um, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opinión pública que la actuación de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el año de 1997, que los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública del estado.

Este día queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pacífica y no violenta. También queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalhó y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalhó. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal ukúm, Yabteclum y cabecera Chenalhó porque muchos hombres, mujeres niños e niñas y más a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.

Si los soldados entran a catear personas en las casas están violando la ley de la seguridad nacional, además es una violación de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andrés Manuel López obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.

 

ATENTAMENTE

La mesa directiva de la organización sociedad civil de las abejas de Acteal

 

 

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

 

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                       sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Avispa Midia

Chiapas: Continúa desplazamiento forzado en los Altos por violencia e inseguridad

Por Sare Frabes

En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

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Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Actividades del crimen organizado orillaron a la creación de autodefensas. Foto- Cuartoscuro

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

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Avispa Midia

Costa Rica: casi un centenar de agresiones contra recuperador@s de tierras en 2020

Por Sare Frabes

En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

Recuperador@s en la tierra Cabécar de China Kichá.

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

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Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Incendio de casas en la recuperación de Kerpego, territorio China Kichá, uno de os ataques mas graves en la escalada de violencia contra recuperador@s ocurridos entre febrero y marzo del 2020.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

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Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

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En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

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