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A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos o como se llamen
1 de junio de 2025.
Hermanos y hermanas de México y del mundo, desde 2015 a la fecha, contabilizamos a 63 hermanos de nuestras comunidades asesinados de las formas más brutales que se puedan imaginar: decapitados, descuartizados, incinerados, baleados, emboscados, torturados, etc. Aunado a esto, se agregan a 22 compañeros más desaparecidos. Por si esto fuera poco, se agregan las ordenes de aprensión en contra de comunidades enteras, la miseria y el hambre que recorren a las comunidades, la falta de oportunidades para vivir dignamente que es negada por el Estado al despreciar nuestras demandas y sufrimientos, así como la persecución de grupos delincuenciales y narco-paramilitares como los Ardillos en contra nuestra; grupos que en total contubernio con el estado de Guerrero (desde la gobernadora Evelyn Salgado, hasta los presidentes municipales, fiscales, jueces, Marinos, militares, guardias nacionales, etc.,) pretenden apropiarse del territorio de nuestras comunidades en la Montaña Baja de Guerrero y para eso nos asesinan.
Todo lo arriba descrito es la forma de vida de todos los pueblos de Guerrero y de los pueblos de México, que viven la misma dinámica: una alianza de quienes gobiernan al país, con el crimen organizado hoy en forma de grupos narco-paramilitres y con los capitalistas que buscan apropiarse de todo lo que hay en el mundo.
Repetimos, lo arriba descrito, se da con todo y la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada de México, desplegadas en el territorio de Guerrero, los narco-paramilitares siguen operando libremente, controlando el territorio.; los capitalistas siguen despojando a los pueblos del territorio. Entonces ¿De qué sirve tanta fuerza del estado si nos siguen asesinando, ejecutando?
Por eso nos preguntamos y le preguntamos, presidenta Sheinbaum ¿A qué viene a Guerrero, a celebrar el “día de la Marina” que hará maniobras en el mar para impresionarla y no maniobras para detener a los criminales? o ¿viene a promover el voto por algún candidato al poder judicial en un país en el que la verdad y la justicia son una simulación? o ¿a caso cree que de nuestros 63 hermanos asesinados se ha detenido a algún responsable, se le ha dado alguna información a su familia, a sus viudas e hijos huérfanos sobre el proceso judicial, por el estatus de la investigación o algo por el estilo? lLe exigimos a Claudia Sheinbaum que escuche el dolor del pueblo en cada muerte, en cada desaparición y no las voces mentirosas de Evelyn Salgado y demás funcionarios criminales de nuestro estado!
Es por todo lo anterior, que en nuestro estado y en el país, nos ha tocado a los mismos pueblos, defendernos y hemos forzado al Estado a brindar ciertas medidas de protección que hoy nos son negadas. Baste decir que a nuestro hermano Jesús Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ, se le ha negado en muchas ocasiones en Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos en múltiples ocasiones, a pesar del riesgo que corre su vida, por exigir los derechos humanos más básicos tales como educación, salud, alimentación, en las comunidades más abandonadas en el estado de Guerrero en las que por muchos años, partido tras partido, han tenido en la marginación. En ese defendernos a nosotros y nosotras mismas, exigimos el alto al despojo de nuestros recursos, tal como lo hizo Marco Suástegui baleado y asesinado el 25 de abril de 2025; exigimos la salida de los grupos narco-paramilitares de nuestros territorios, tal como lo hizo Adán Linares y Guillermo Morales, asesinados en 2022; exigimos el derecho de construir un mundo en el que no seamos excluidos, con autonomía y paz, tal como lo hacemos muchos otros y otras a diario, pero esas demandas tan justas, ponen en riesgo nuestras vida y no hay Marina ni Poder Judicial que nos salve.
Ustedes, Claudia Sheinbaum ganadora por Morena y la 4t, tal como los priistas, panistas, verdes y demás, viven de discursos y obvio de saquear al país; pero a nosotros y nosotras no nos engañan, como no engañan al magisterio de la CNTE que hoy está en las calles exigiendo echar atrás las reformas neoliberales tal como la ley del ISSSTE 2007 que un día usted presidenta prometió abrogar, pero hoy que está en el poder, se olvida de las palabras enunciadas al pueblo y se alinea con los banqueros que hoy controlan las pensiones de los maestros y demás trabajadores y trabajadoras del Estado. Dicen las maestras y maestros del país !Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden! y nosotros agregamos !gobierne quien gobierne, sabemos que todos mienten!
Entonces nos preguntamos ¿hay cambio entre los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN y el neoliberal de Morena? ¿o hay dudas de que Morena y la 4T siguen en la lógica neoliberal? Y lo decimos claro, desde lo que somos como CIPOG-EZ no nos vamos a callar. Llamamos al mal gobierno a cumplir con las demandas de los pueblos. Llamamos a los pueblos de Guerrero y de México a organizarse, a seguir exigiendo y construyendo el otro mundo que queremos. Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo, a estar atentas y atentos a lo que pueda pasar en nuestro estado y a exigir al Estado mexicano frenar la violencia en este país.
Atentamente:
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka’apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileña
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
Del 15 de mayo hasta el 11 de junio de 2024 mantuve mi puesto de libros día y noche en el plantón magisterial del zócalo de la ciudad de Oaxaca. Este texto es resultado de un conjunto de impresiones, diálogos y vivencias recuperadas desde hace un año durante la toma del zócalo hasta el Operativo Pescador efectuado recientemente en la Central de Abasto, pero también de la necesidad de hablar respecto al tema de las adicciones, las drogas, la criminalización, el despojo, la gentrificación y la turistificación que en su conjunto no es más que hablar de lo que significa vivir en esta ciudad capital.
El año pasado dos vecinos cercanos, uno de 17 y otro de 34 años, se suicidaron en sus hogares. Ambos estaban desempleados y fueron consumidores de cristal hasta sus últimos días.
Es importante hablar de esta guerra social en la cual la droga y la miseria conviven a diario, y en la que una es utilizada como justificación para criminalizar a la otra.
Los intereses del capital prevalecen ante la vida, un discurso desarrollista cimentado en la mercantilización cultural y territorial es impulsado por los gobiernos, el despojo sigue avanzando tanto como las problemáticas que de él derivan, sembrando impotencia y dolor en una colectividad que se niega a mirar su propio reflejo.
El plantón no sólo es una cuestión gremial. Una economía subterránea se inaugura en cada temporada de protestas y los beneficiados no sólo son los militantes de las organizaciones sociales aliadas o del sindicato de maestros, sino también artesanos, artistas independientes, pequeños comerciantes, desempleados, campesinos, obreros, gente sin hogar, migrantes, viajeros sin presupuesto y los yonquis de la Central de Abasto.
Lo que aparentemente constituye un golpe para la industria turística en cada temporada de protestas, por otro lado, es un respiro económico para la fauna que no encaja en el Oaxaca de moda.
Hay ecosistemas que florecen y desaparecen casi al instante. El plantón, por ejemplo, es un hábitat efímero en donde confluyen personalidades y situaciones que superan cualquier discurso o propaganda mediática.
Ni el más encumbrado intelectual ni el periodista o escritor más progre, ni la tesis estudiantil más refinada ni este texto, engloban o definen la vida que se desarrolla en las entrañas del centro de Oaxaca cuando es tomado por las bases del magisterio oaxaqueño y sus aliados.
Aquí la resistencia no está en lo visible y evidente, sino en las múltiples posibilidades que germinan cuando el espacio público es tomado por el pueblo oaxaqueño y sus diversos rostros interactúan abiertamente.
Mientras escribo un par de apuntes, el Profe irrumpe recitando un fragmento de su último poema: “Porque cada piedra es una sílaba del inmenso nombre que entre todos deletreamos”. Me mira fijamente gesticulando un rostro irónico y sombrío, como si fuera el mismísimo diablo jugando con mi mente: “¿qué pedo, sigues fumando cristal a escondidas?”, me vacila, llamando la atención de un par de lectores despistados que buscan algún título en la mesa de libros que he montado.
La primera vez que conocí al Profe fue en el festival independiente Lux Vocis de 2021 durante el Oaxaca pandémico de “la sana distancia” y la psicosis colectiva. Coincidimos por un amigo en común al que apoyamos en un proyecto artístico comunitario de intervención lumínica urbana. En aquella ocasión el Profe presentó un performance inspirado en el teatro independiente del finado Enrique Cisneros, aquel Llanero Solitito que fundó en 1973, junto con otros estudiantes de teatro, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).
“La contracultura es esto: la toma del espacio. Aquí es como un charco al que llegan zancudos, libélulas, ranas, sapos y hasta nacen peces. Sólo es por temporadas, cuando cae la lluvia. La gente es culera, cree que nos conoce, pero no es así. A los de la Central los estatales nos ubican y no nos dejan subir al centro, si nos ven por aquí nos basculean en corto. Lo loco del ambiente es que te vuelves amoral, no antisocial, dejamos la moral preestablecida y construimos otra cosa. Tenemos nuestros propios códigos. No cagamos donde comemos, pero al mismo tiempo la necesidad pone a prueba nuestro ingenio, pues tenemos que generar entre 300 y mil pesos diarios mínimo, claro, eso dependiendo de lo que consumas y cuánto consumas. No siempre es posible robar. Los que roban de verdad están bien vestidos, los yonquis requieren pensar más pues tienen en su contra a la sociedad y sus etiquetas morales de por sí”.
El Profe comparte su visión mientras prepara la próxima dosis de negra (heroína) que le calmará la última malilla (síndrome de abstinencia) del día.
“La malilla de negra está de la verga. Te cala hasta los huesos”, advierte el Profe mientras se limpia el sudor de la frente. Cierra los ojos, inhala y exhala. Saca un pedazo de aluminio. Corta un poco de goma y la coloca encima. Prende fuego por debajo y en breve aspira el humo por un tubo de vidrio delgado que lo conduce hasta los pulmones, para después salir en bocanada como vapor caliente. No hay testigos: ni policía estatal ni profesores ni ciudadanos ni clérigos, sólo un círculo de adictos en relativa igualdad de condiciones. No hay palabras, sólo un tibio silencio que aparenta calma.
El Profe enciende un cigarro y retoma el diálogo: “No busco felicidad, busco paz y se llama heroína. Me detectaron un tumor en la cabeza hace poco. Yo no me aferro a la vida, asumo las cosas como vienen”. Le da un fume a su cigarro, cavila unos segundos y continúa hablando: “He caído bajo, lo sé, ¡bien bajo!, pero no tanto como un dirigente sindical o un gobernador. ¡Hay niveles de dignidad y eso no hay que olvidarlo!”, la efusividad del comentario provoca risas indiscretas y capta la atención de un grupo de profesoras.
El frío nocturno transcurre alrededor de una fogata común: la droga. De alguna forma los yonquis se sienten seguros en el centro del campamento, quizá es porque durante estos días el primer cuadro no le pertenece a la policía estatal ni a los inspectores, o quizá sea porque una librería ambulante es un refugio seguro para mimetizarse. Sólo requieren actuar con discreción y lo saben, no son estúpidos. La fórmula con el tubo de cristal la repiten otros tres adictos que a contraluz semejan rostros párvulos de mirada ansiosa y taciturna. Son poco más de las tres de la mañana y la madrugada se perfila en retirada hacia el alba.
La catedral barroca se impone a nuestras espaldas. Comienzan a pasar los primeros barrenderos municipales, casi amanece. Por un momento me imagino en la Oaxaca del siglo XIX, aquella en la que cada sábado el zócalo se convertía en un mar de gente que vendía y truequeaba por todos lados. Y en la que, parafraseando al historiador Juan Sánchez García, el mercado municipal y el espacio público eran literalmente subastados para ser subarrendados por el aristócrata prominente del momento.
Por ejemplo, cuenta que “una familia muy liberal”, la del político y militar José María Castellanos, un hombre cercano a Benito Juárez, encargado de suprimir la rebelión juchiteca de 1851 y alcalde del ayuntamiento de Oaxaca en 1832, durante casi un siglo fue la encargada de cobrarle a los campesinos y pequeños comerciantes por laborar en el mercado y en el tianguis de los sábados.
Las cuotas dependían de la extensión ocupada y la unidad de medida para determinarlas era el petate. Los comerciantes pudientes rentaban las “tareas”, que equivalían a más de un petate, y los menos pudientes sólo rentaban “la sombra sencilla común y corriente de un petate”.
Los vendedores ambulantes más pobres ofertaban sus productos a salto de mata, cuidándose de que los inspectores y la policía no los arrestaran, situación que no ha cambiado mucho hoy en día en el primer cuadro del Oaxaca turístificado.
Un Oaxaca en el que la burocratización del espacio y el cobro abusivo por parte de organizaciones sociales y el gobierno municipal, prevalece.
Erick Yurem o el Profe, como lo nombra el escuadrón yonqui, tiene un rostro cavernario que no aparenta más de cuarenta años. Su abismal mirada refleja los andenes nocturnos del Oaxaca invisibilizado que el Estado pretende encubrir con el Oaxaca de moda, esa mezcla de mercantilización cultural, paraíso turístico, segregación racial y explotación laboral. Su trayectoria como Asesor Técnico Pedagógico (ATP), performer, artesano, profesor, pintor, políglota, poeta, lector asiduo y hoy un disciplinado consumidor de heroína que hasta hace poco desconocía estar en la antesala de las quimioterapias, es insospechada ante ojos ciudadanos.
Actualmente, Yurem asegura estar trabajando en una novela sobre la Central de Abasto, un espacio que sus pies reconocen más que él mismo y “al que tarde o temprano la sed [de droga] te hace volver”.
El vínculo entre los yonquis y el movimiento social oaxaqueño existió en el 2006. Tras la derrota de la policía estatal en su burdo intento por desalojar el plantón magisterial el 14 de junio de ese año, ordenado por el entonces gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, por más de nueve meses estalló una revuelta popular generalizada en la que florecieron barricadas en la mayoría de barrios y colonias populares de la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños, ya no sólo en apoyo al movimiento magisterial, sino abanderando demandas propias, dando cimientos a expresiones espontáneas y organizativas más allá de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Más de una barricada, por ejemplo la de Cinco Señores, fue sostenida desde el principio y hasta el último momento por los yonquis y la fauna callejera que coincidió en los espacios tomados.
“La toma de Ciudad Universitaria en Todos los Santos”, crónica escrita por Alejandro Guzmán que describe la batalla del 2 de noviembre de 2006 entre el pueblo insurrecto y la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), menciona:
“…Ya son más: los de la APPO, los vecinos, los chismosos siempre presentes en las aglomeraciones urbanas, estudiantes parásitos e indiferenciados, los rockers y punketos, los maestros con sus hijos, los rojillos, los universitarios que defienden a su ‘Alma Mater’, ‘ciudadanos conscientes’ o medianamente informados, los belicistas y belicosos que además odian a los uniformados, los chilangos y extranjeros ‘wanna be’s’, los yonquis sin remedio… El pueblo, pronto a la crueldad y a la cobardía, inhumano e irreflexivo, encuentra su lado generoso y valiente: se halla a sí mismo, en cantera transformado. Su apatía gatuna mutada en una solidaridad que se sabe única”.
El relato de Guzmán coincide con las reflexiones de Marco Espíndola, quien en su más reciente libro, ‘Ingobernables: apuntes sobre la juventud antiautoritaria oaxaqueña’ (2024), expone: “De quien venimos hablando es de un actor no tan nuevo, rezagado, mutilado, adormilado pero vivo: la comunidad espontánea. La masa marginal, el lumpen-proletario, noción ambigua que en nuestro país fue referido con el término ‘nini’ (ni estudia ni trabaja), como parte de una estrategia publicitaria del calderonato (ante la que se respondió con la campaña “¡ninis ni madres!”) para referirse a los excluidos, al ejército de reserva, a los que no tienen otra forma de vivir que, en los umbrales del terror, la barbarie, el silencio”.
Espíndola reivindica a las voces relegadas e invisibilizadas de una lucha social en donde la creatividad y la autodefensa popular puso en jaque al autoritarismo político tradicional y sentó un precedente de insurrección analizado hasta la fecha.
Y remarca específicamente a esta juventud marginal, a la masa anónima que sostuvo las barricadas, como “el último bastión”, como el primer frente en poner la carne y el alma ante la violencia estatal directa. Al mismo tiempo denuncia la politiquería y el aspiracionismo mezquino, corporativista y burocrático que cultivan las izquierdas y sus múltiples expresiones. Esa tendencia a priorizar una política formulada sobre dogmas, tradicionalismos y negociaciones infinitas, se queda corta ante un contexto que demanda la construcción de nuevos puentes de entendimiento y acción, aunque también menciona: “los que vivieron de forma directa o cercana el 2006, han ido construyendo una sensibilidad compartida desde una ética de resistencia y rebeldía” en que “el Estado, sus esbirros y la gente que responde por éstos” sigue siendo el enemigo común como en aquellos días.
El futuro político del país en aquel entonces tenía su mirada en el otrora Distrito Federal y en el sur de México. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador convocaba a sus seguidores a tomar el zócalo capitalino para denunciar el fraude electoral que posicionaría al panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República de 2006 a 2012.
Más al sur, la rabia oaxaqueña y sus múltiples rostros, gestionaba sus utopías, sueños y realidades al calor de las barricadas y la lucha popular.
De igual forma, como una respuesta a la contienda electoral del Estado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaba un comunicado para anunciar “La otra campaña”, en la que el Subcomandante Marcos recorrería con una delegación rebelde los 32 estados del país.
La transición hacia un nuevo rostro político se dibujaba como algo inminente a nivel nacional. Aún no surgía el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ni iniciaba el periodo más cruel y sangriento de “la guerra contra el narcotráfico” impulsada por el calderonismo y el gobierno norteamericano, una guerra que de 2007 a 2023 contabilizaba más de 420 mil personas asesinadas, de las cuales el 36 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años (153 mil, según cifras del INEGI).
Hoy gobierna Morena, pero el reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, destapó la continuidad de esta lógica de exterminio y desaparición que prevalece en México.
El reclutamiento forzado de jóvenes y la eterna lucha de las madres buscadoras es un tema recurrente, siendo la droga uno de los pilares que sostienen está economía de exterminio y dolor, más no el único.
En múltiples reportajes de diarios internacionales se ha evidenciado la red que existe entre la política oficial, el crimen organizado y la inversión de capital en todo tipo de negocios legales e ilegales, que van desde la esclavitud sexual y el cobro de piso hasta la industria restaurantera, ganadera y agrícola.
La rotación semanal de profesores ha dejado un espacio vacío de casas de campaña entre los merolicos y mi puesto de libros.
Los yonquis aprovechan y montan su base temporal aquí. Arman un tendido colectivo de pinturas enmarcadas, plumones, cofres de madera con acabados de repujado y artesanías de reciclaje. Todo hecho por ellos. Cada uno comparte su visión y cómo se gana la vida en el Oaxaca actual. Comparten alimento, agua y ropa si es necesario. Establecen relaciones económicas, afectivas y de apoyo mutuo. A veces liman asperezas con un tiro limpio o cuando todo se sale de control es posible recurrir al filero. Arman grupúsculos con sus iguales. De cierta forma intuyen que en un contexto hostil sólo se tienen a sí mismos, y entre ellos se reconocen e identifican porque comparten una geografía existencial común. Aquí la necesidad y la malilla ponen a prueba su destreza para generar dinero y relaciones sociales de supervivencia.
“La mejor hora para atrapar palomas es entre las 6 y las 8 de la mañana”, asegura el Platanito mientras teje con destreza un chapulín de palma. “El lance tiene que ser certero. Caminas tranquilamente y esperas a que estén en grupo, así se confían. Lanzas el manotazo y ¡mocos!, la atrapas. Mi récord son 15 en un día. Me las pagan en la central de a 60 cada una, las ocupan para comida, brujería y como mascotas. Desde hace cinco años llevo mis gastos entre la palma y las palomas, principalmente, pero ahora que tengo morra estoy generando menos. Ya sabes, el tiempo, y uno se reporta”.
¿Cómo se te ocurrió lo de las palomas?, lo interrumpo. “La creatividad es hija de la necesidad. Nosotros somos la economía de aquí, nos toca la chamba dura. Un día en la Central de Abasto es un día de trabajo. Hay que vivir”.
Alfredo, mejor conocido como el Platanito, es enfático: “la droga de moda es el cristal, pero no se compara con la heroína, aunque en ambos casos la malilla sólo descansa cuando descansamos”.
Las casas de campaña son golpeadas por la ventisca nocturna. Entre ronquidos y murmullos los yonquis se recuestan sobre cartones. Es momento de recuperar energía. El Platanito permanece despierto. En ningún momento deja de tejer sus chapulines y rosas de palma. Los primeros rayos de sol alumbran la plaza.
Es 4 de junio de 2024, han pasado dos días desde la jornada electoral municipal en la que ganaría el empresario mezcalero Ray Chagoya.
Su presencia pasaría inadvertida para los profesores: su pose actuada, con sonrisa relajada y bigotes a lo Mario Bros, la misma con la cual en múltiples ocasiones ha remarcado con entusiasmo su admiración y servilismo al actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por supuesto, a su hermano, el secretario de gobierno de su administración, Noé Jara Cruz.
Más tarde, los profesores harían una denuncia pública contra el gobierno estatal por enviar a un grupo de choque del sindicato Confederación Joven de México a San Juan Bautista, la Raya, donde reportaron cinco profesores heridos y al menos 20 vehículos destrozados, durante una protesta en el aeropuerto.
Desalojo del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia.
La organización se desmarcó, pero lo cierto es que en lo que va del año 2025 se han registrado más denuncias similares, siendo la última la del ataque contra los artesanos del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, en pleno centro histórico de Oaxaca.
Estamos en 2025. “Bienvenidos a Oaxaca, esto es Oaxaca. Jodete Salomon Jara”, reclama Antonio a bordo de una patrulla estatal mientras se dirige a la cámara de un medio digital, el video se viraliza rápidamente por redes sociales.
Minutos antes, un oficial lo obliga a sacar sus pertenencias de la mochila, pero no encuentra nada, “¿Cómo ve jefe, nos lo llevamos?”, valoran la situación; “déjalo, vamos por otros”.
Antonio se confía porque no trae ninguna droga ni sustancia de ningún tipo, tan sólo una mochila con sus pertenencias y su guitarra, la herramienta de trabajo con la que labora todos los días tocando en los camiones, y con la que practica los cóvers y canciones de su autoría que toca con su banda de ska Los Meskalez.
Camina tranquilamente con rumbo a su segundo trabajo de obrero de la construcción, hasta que otro grupo de policías lo increpa y lo sube por la fuerza a una patrulla, sin mayor razón ni motivo que su aspecto físico.
Es un acto que recuerda las redadas de la policía de Estados Unidos promovidas por Donald Trump contra la población inmigrante e indocumentada, pero esto es una acción dirigida por un gobierno que se dice de izquierda y de la lucha social.
Estamos en la ciudad de Oaxaca, en la Central de Abasto, el corazón comercial que sostiene la economía popular oaxaqueña.
“Nos llevaron a San Bartolo, ahí adentro éramos como 200. Nos separaron en grupos y nos pidieron nuestros datos. De pronto todos se alocaron y empezaron a correr por todos lados, pero la policía los agarró de nuevo. Si mi jefa no hubiera visto el video ahí estaría. No sé qué situación ocurra con los otros, muchos de ellos eran malillas y yonquis, pero no había ningún ‘dealer’ ni nadie de los puntos.
“Todo mundo los conoce, los puntos de droga siguen funcionando como si nada. Son unos fascistas, a mí me detuvieron sólo por mi aspecto. Es que quieren inaugurar el nuevo mercado de la Central. Todo tiene sentido, no nos quieren en la foto”, asegura Antonio Ramírez, cantautor de la agencia de Santa Rosa.
Rememorando, en mayo de 2020, la Central de Abasto sufrió un incendio “accidental” que afectó al menos a 100 locatarios.
En aquella ocasión el cabildo municipal otorgó un apoyo simbólico a los afectados y el gobernador Salomón Jara anunció una inversión de 100 millones de pesos como parte del Proyecto de Rehabilitación de la Central de Abasto. El 9 de febrero de 2023 Jara hizo público un convenio con la firma de 35 líderes del mercado y aseguró una inversión de 218 millones de pesos para la reconstrucción de la zona de expendios de comida y pan.
También dijo: “no nos importa el color ni la religión, nos interesa Oaxaca, el pueblo”, y “los tres niveles de gobierno generarán alternativas para las personas con problemas de adicciones”.
Se aproxima la Guelaguetza 2025 y al parecer al gobierno le preocupa dar una imagen repleta de folclore y sonrisas en la que los yonquis y la gente pobre no entra en el concepto escénico. Es por eso que el pasado 16 de mayo inició el Operativo Pescador, en el que bajo el argumento del combate al crimen y la droga, más de mil elementos policiacos de los tres niveles de gobierno se dedicaron a perseguir a más de 400 personas, entre migrantes, gente sin hogar, yonquis y transeúntes.
Quizá se aproxime la inauguración del nuevo mercado en el que la inversión millonaria promete un espacio de acuerdo con los estándares que demanda la industria turística y las élites empresariales de Oaxaca.
La conexión entre el Oaxaca turistificado del primer cuadro del centro y la Central de Abasto avanza con la pretensión de construir una ruta ‘ad hoc’ a los intereses del Oaxaca Disney que satisfaga las necesidades del turismo de masas.
No es casualidad la remodelación que ocurre en el mercado 20 de Noviembre y por la cual fueron desplazadas las cenadurías históricas de alrededor.
Palabras como reordenamiento espacial, higiene visual, rehabilitación y mobiliario urbano son eufemismos que pretenden encubrir el despojo y el desplazamiento de los sectores más oprimidos.
Las imágenes de los detenidos fueron banalizadas en redes sociales mediante burlas y notas amarillistas, dando pie a narrativas de criminalización que el propio Estado utiliza para justificar sus actos contra los sectores más vulnerables o para justificar el asesinato de defensoras del territorio como sucedió recientemente con la activista mixe Sandra Domínguez.
No hay una reflexión respecto al tema, no se cuestiona el trasfondo de esta lógica persecutoria que usó de telón un operativo contra narcomenudistas y criminales que operan en la Central de Abasto.
La droga ha sido vinculada a estrategias de control social y financiamiento de grupos armados. En los años setenta la guerra contra las drogas sirvió para criminalizar a comunidades de negros, chicanos y comunistas en Estados Unidos. También ha sido utilizada como un mecanismo de contrainsurgencia por parte de la CIA, como en el caso de Nicaragua en los años ochenta.
En esa línea, los operativos de la Central de Abasto se presentan como combate al narcomenudeo, pero colectivos y organizaciones señalan una estrategia de control territorial contra vendedores ambulantes, migrantes y disidentes, así como una lógica de “limpieza social” para desplazar a poblaciones marginales y reconfigurar el espacio urbano, acelerando con ello un proceso de gentrificación y turistificación que beneficia a las élites de Oaxaca.
La droga consiste en el álgebra de la necesidad, una ecuación en la que el único elemento insustituible es el adicto, y mientras haya adictos habrá un mercado para la droga como establece el escritor norteamericano William Burroughs.
Bajo esta perspectiva, cualquier operativo que pretenda el Estado es contradictorio en sí mismo, si antes no se piensa en cuál es la condición social y psicológica que atraviesa el adicto y por qué existen cientos de jóvenes en condiciones de este tipo, es decir, cuáles son las condiciones generales que generan adicción en las calles y qué relación hay entre la miseria, la pobreza y la violencia económica que perpetúa el Estado.
Lo más fácil es atrapar adictos y abandonarlos a su suerte en la carretera, pero qué programas o políticas públicas hay en torno a este problema más allá de detenciones masivas, cuánto presupuesto es destinado a programas de acompañamiento y desintoxicación por parte de los gobiernos, sin que este sea un mecanismo de desvíos de recursos, claro.
La recuperación hoy es un jugoso negocio y hay clínicas que cobran entre 4 mil y 15 mil pesos mensuales, cifra que no todos pueden costear. Aunado a eso es importante remarcar que hay establecimientos en los que prácticamente se deja a la intemperie al adicto.
No son pocos los casos de denuncia en contra de establecimientos en los que se han documentado casos de tortura, violencia física e incluso violaciones. ¿Qué propuestas tienen los gobiernos ante una problemática que han permitido que crezca en la entidad?
Sea la administración de los Murat, los Jara o los Chagoya, Oaxaca está sumergido en una podredumbre social en donde el racismo, el clasismo y la violencia policial en contubernio con el crimen organizado sigue azotando a los sectores más vulnerables y precarizados de Oaxaca.
Con malos salarios, criminalizados y desesperanzados, miles de jóvenes oaxaqueños se han acostumbrado a la desesperación y la precariedad cotidiana. ¿Qué o quiénes somos responsables ante dicha condición? ¿Cómo estamos abordando está problemática como comunidad? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y las élites que explotan Oaxaca? No hay respuestas, sólo prejuicios e indiferencia.
En una sociedad domesticada por el capital y en palpable decadencia que enaltece la violencia irracional y la indiferencia, lo más contracultural que puede haber hoy en día es cuidar de la vida. Y cuidar de ella implica mirarla tal cual es, sin prejuicios. Criminalizar y evidenciar a quienes viven en las calles o padecen de alguna adicción es un discurso clasista y fascista promovido por el Estado, no una solución a la problemática de la droga, la adicción y la violencia criminal que hay en Oaxaca.
En las fotos que han circulado en redes observo un rostro similar al de Platanito. La última vez que lo vi fue hace un año sobre García Vigil y Murguía. Eran las 8 de la mañana. Llevaba el rostro ensangrentado y me pidió dinero prestado para el aliviane. Dos palomas asomaban sus ojos negros y redondos al pie del cuello de su camisa. Tenía el rostro helado y una respiración agitada brotaba de su voz. “Me tumbaron los estatales. No soy inocente ni víctima, tampoco soy lo que cree la sociedad que soy. Está cabrón vivir así… Para mí por ahora no hay otra, no tengo a donde ir.”
Desde esa fecha no le he vuelto a ver, ni a él ni al Profe ni al escuadrón yonqui de la Central de Abasto.
por Efraín Tzuc, Andrés de la Peña y Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab
Diseño de portada: Omar Bobadilla
Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad presentan, por primera vez, el compendio de las empresas fantasma contratadas por el gobierno mexicano en las dos últimas décadas, con datos obtenidos de CompraNet y el listado 69-B del SAT. La información se ha integrado en una plataforma de consulta pública, accesible para cualquier persona interesada.
En la serie de reportajes Fantasmas del erario, Quinto Elemento Lab reveló cómo han operado las empresas fantasma dentro del sistema de contrataciones públicas en México a lo largo de los cuatro últimos sexenios.
Para lograrlo, se construyó una base de datos con registros públicos que permitió detectar más de 3,500 contratos otorgados entre 2002 y 2022 por dependencias o entidades que manejan recursos federales a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Este conjunto de datos se pone a disposición para que periodistas, activistas, investigadores y cualquier persona interesada pueda explorarlo, replicar hallazgos o descubrir nuevas historias.
Una base para seguir el rastro de los fantasmas
Los investigadores Issa Luna Pla, José R. Nicolás Carlock y colaboradores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI), un grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que estuvo en activo hasta septiembre de 2024, y periodistas de Quinto Elemento Lab conformaron una base de datos de personas físicas y morales calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 y que obtuvieron contratos con del gobierno —a nivel federal, estatal o municipal— registrados en la plataforma CompraNet en las últimas dos décadas.
Debido a las modificaciones periódicas, EFOS consideradas definitivas en el corte de tiempo de esta investigación podrían quedar excluidas en registros posteriores. Una facturera puede dejar sin efecto la resolución del SAT tras interponer y ganar una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque la empresa consiga salir de la lista de definitivas, según la autoridad fiscal no se libera de la responsabilidad de haber emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o la entrega de los bienes.
A continuación se publican dos versiones de esta base de datos.
En esta herramienta interactiva se muestra la versión simplificada compuesta por 11 variables de CompraNet, una variable de la Lista de EFOS definitivas del SAT y dos variables generadas por este equipo periodístico.
También se pone a disposición la versión completa de la base de datos con 43 variables: 27 que originalmente se encontraban en la base de CompraNet, tres de la Lista de EFOS definitivas del SAT y 13 variables que generó el equipo de Quinto Elemento Lab.
Las bases están acompañadas de una metodología, donde se explican las modificaciones que se realizaron a los archivos originales y los motivos de éstas. Igualmente se recomienda consultar el diccionario de datos incluido en el mismo archivo de las bases.
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
En la República Democrática del Congo las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones coloniales de palma aceitera.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
En la aldea de Apouh, en el municipio de Edéa, al suroeste de Camerún, un grupo de mujeres se mantiene firme en su lucha contra el gigante del aceite de palma Socapalm.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma. En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes. Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Monocultivos de palma aceitera en Camerún.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades. En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Llegó el tiempo de sembrar nuestro maíz y frijol, con la poca lluvia que cayó, se regó nuestra milpa. También es tiempo de sembrar la palabra hecha historia de nuestros Mártires, porque mientras ellos oraban y ayunaban un grupo de violentos paramilitares les dispararon con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, donde se encontraban desplazados labrando la paz, que acabó siendo regada con su propia sangre.
A propósito de la violencia de los años 1997-1998, supimos que Ernesto Zedillo Ponce de León está en México, ¿Nos preguntamos a qué vino con las manos manchadas de sangre? ¿A cosechar lo que sembróde los crímenes que cometió: 11 campesinos desarmados, asesinados en la comunidad del Charco, 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas, los 8 campesinos del Bosque y la masacre de Acteal cometida en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94? La presencia de Zedillo en México es una burla a la justicia y a las víctimas y sobrevivientes de los crímenes cometidos durante su gobierno.
La impunidad en el Caso Acteal, está causando burlas y amenazas de muerte, tal, así que antier 20 de mayo un paramilitar autor material confeso de la Masacre de Acteal, liberado en el año de 2010 por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazó de muerte a una sobreviviente de Acteal, porque le molesta que Las Abejas de Acteal no se han olvidado y que sigan denunciando y exigiendo verdad y justicia de la Masacre de Acteal.
Ante esta intimidación, responsabilizamos directamente a este paramilitar y al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de nuestra compañera, junto con su familia, como la de todas y todos los sobrevivientes de Acteal.
Esta nueva agresión paramilitar es consecuencia directa de la impunidad que prevalece en el caso Acteal. A pesar de esta realidad, no nos callaremos, no vamos a detenernos en decir la verdad y exigir la justicia verdadera como ya lo dijeron nuestras niñas y niños y jóvenes en su carta leída antes de este comunicado. Del mismo modo volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).
La realidad que hoy vivimos es más peligroso que como en el año de 1997, porque los paramilitares se convirtieron en sicarios, por ejemplo, hay más drogas y alcohol. En algunas comunidades, llegan hombres armados, juegan en la cancha, convirtiéndolas en refugio de sicarios, pues todavía hay comunidades que se llaman zonas neutrales o campamentos de paz.
También sabemos que las familias desplazadas en la cabecera de Chenalhó, sufren y lloran por falta de alimentos y sin condiciones de retornar a sus casas.
Por otra parte, el gobernador afirma “Sin educación no hay transformación” “¡Chiapas sí puede!” Pero la realidad es otra, hay comunidades en donde los niños y las niñas no llegan a la escuela. Desde 2023, los maestros salieron por miedo y no regresaron, pensamos que, mientras no se acabe la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, y sin verdadera seguridad ¡Chiapas no puede!
En algunos lugares se escuchan disparos, aunque no todo el tiempo, quiere decir, que no hubo desarmepor parte de las Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (Pakales). Los campamentos de los militares, de la Guardia Nacional, y de los policías, no garantizan la tranquilidad de las comunidades, algunas y algunos han visto señales de complicidad con los que maltratan, y amenazan con enfrentamientos. Los operativos de los Pakales, fueron espectáculos aplaudidos, los sicarios se escondieron, ahora caminan a cualquier hora del día, y nada pasa. Estamos viviendo en una violenta normalidad disfrazada de paz.
Recordamos que en tiempos de los gobiernos priistas en el año de 1997, durante los hechos previos a la Masacre de Acteal, los policías de la Seguridad Pública del Estado de Chiapas, robaban junto a los paramilitares, saqueando casas y tiendas de miembros de Las Abejas de Acteal y de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), delitos que hasta la fecha siguen impunes. Ahora, en tiempos del gobierno morenista, sucedió que el pasado 24 de abril, el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Pakales, Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, detuvieron sin órdenes de aprehención a dos bases del EZLN de la comunidad San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas; además de esta detención arbitraria dichas fuerzas de seguridad y los militares robaron un automóvil, una motocicleta y fuerte cantidad de dinero en efectivo.
Mientras tanto, nosotros hemos aprendido que hay otra justicia, que tarda, pero llega: “El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando produjo grano, apareció la cizaña. Y los siervos del dueño le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, que vayamos a cortarla? Él dijo: No, no sea que, al cortar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que los dos crezcan juntos; Cuando llegue el tiempo de la cosecha diré a los sembradores: Recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo guárdenlo en mi granero.” (Cfr. Mt. 13, 24-30)
Hermanas y hermanos, de nueva cuenta les compartimos el dolor que tenemos, sabiendo que el pueblo de Palestina, está siendo asesinado por Israel, de muchas formas: bombardeada, con desalojos masivos, prisioneros en su propia tierra convertida en campo de concentración, con hambre y enfermedades usadas como armas que aumentan los miles de muertos que parecen no importar al mundo, ni algunos medios de comunicación que no respetan la verdad, ya que todos los días justifican las acciones genocidas de Israel, aunque los muertos, sean niños, niñas. Ante tal infamia, ¡Unamos nuestra voz, a las voces que gritan la Urgencia de parar el genocidio en Gaza!
Por eso exigimos
· A la Presidenta Claudia Sheinbaum, que considere romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, hasta que pare el fuego y se rompa el cerco que impide entrar la ayuda humanitaria.
· Al gobierno de Chiapas, dé garantías reales de seguridad, para establecer el estado de derecho y que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, no actúe como un grupo criminal que roba a los pueblos originarios y a cualquier ciudadano en Chiapas.
No olvidamos a nuestro hermano Simón Pedro y Padre Marcelo, ahora unidos a nuestros mártires, también sembraron con su vida el camino de la resistencia no violenta y: TRABAJEMOS JUNTOS POR UNA PAZ DESARMADA Y DESARMANTE (Cfr. Papa León XIV)
Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Victorio Santiz Gómez Juan Gabriel Vázquez Vázquez
Presidente Secretario
__________________
Manuel Gómez Ruiz
Tesorero
Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal,
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
22 de Mayo de 2025
Para: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
De: Las niñas, los niños y jóvenes de Las Abejas de Acteal, hijas e hijos de sobrevivientes.
Por este medio nos dirijimos a ustedes con el debido respeto que se merecen, con la finalidad de
hacer de su conocimiento nuestros sentires, pensamientos y exigencias por la Masacre de Acteal, nos referimos al caso 12.790 Manuel Santis Culebra y otros (Masacre de Acteal).
Nosotras y nosotros, las niñas, niños y jóvenes de la organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, queremos expresar nuestros pensamientos, pues somos el fruto de una extinción fallida del Estado Mexicano, lo que tambien nos convierte en sobrevivientes. La masacre fue cometida durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien nuestros padres y madres han señalado durante mas de 27 años su responsabilidad, sin ser escuchados en ninguna instancia. Es por ello que nosotras y nosotros en este día hemos decidido levantar la voz junto a nuestros padres, porque nos duele lo que el estado y los grandes empresarios nos han hecho con tal de obtener mas riquezas. No les importa la vida de los pueblos originarios, ni la de los niños y las niñas, para ellos no somos más que basura, no les importa nuestro dolor, pues hemos sufrido la ausencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de quienes jamás llegamos a conocer sus rostros, nunca pudimos sentir su cariño.
Muchas y muchos de nosotras y nosotros este pasado 10 de mayo día de las madres visitamos el panteón, lloramos en una tumba porque es todo lo que tenemos de ellos, una tumba. Nos duele mucho no poder abrazarlos, no poder escucharlos. Algunos de nosotros llevamos el nombre de ellos por que eso es lo que nos queda, sus nombres, sus historias, el recuerdo que nos cuentan nuestros padres.
Sabemos que el día que fueron masacrados se encontraban en el segundo día de ayuno y oración, no estaban haciendo nada malo sólo querian la paz en nuestro pueblo de Chenalhó frente a la guerra de baja intensidad que se desarrollaba en el Plan Campaña Chiapas 94.
En el año de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a los paramilitares confesos de la masacre de Acteal, ahi le demostró al pueblo mexicano su complicidad y su incapacidad de impartir justicia. Es por ello que en 2005, nuestros padres mandaron el caso a la Comision Interamericana de Derechos Humanos , el cual fue admitido en el año de 2010. Se entregaron pruebas y hemos entendido que el informe está listo.
Queremos saber hasta cuándo van a dictar dicho informe, pues ya han pasado muchos años. Nosotros queremos que se castigue a los responsables intelectuales porque no han sido investigados y la violencia ha vuelto en nuestras comunidades. Nos cuentan nuestros padres que los disparos, enfrentamientos y desplazamientos que vemos y escuchamos hoy en día es el mismo que se vivía en los años 90.
Por todo lo que ya hemos expresado exigimos:
• Dicten ya el informe de fondo
• Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de Leon, principal autor intgelectual de la Masacre de Acteal.
• No mas violencia en Chiapas.
Desde Acteal Casa de la memoria y de la Esperanza.
Atentamente.
Las niñas, los niños y jóvenes de la Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal.
Región del Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblana-Oaxaqueña Zapotitlán Salinas 31 de mayo 10:00 a.m.
A los medios de comunicación, A la opinión pública nacional e internacional, A las organizaciones sociales, solidarias y democráticas en lucha, Al Congreso Nacional Indígena, Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, A los pueblos en resistencia, A las comunidades que cuidan la tierra, A las mujeres y hombres que sueñan un mundo más justo, A los corazones dignos que no se venden ni se rinden:
Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), hoy el T-MEC, el modelo extractivista minero se ha impuesto en México como una forma sistemática de despojo y destrucción. Desde los gobiernos neoliberales de Calderón hasta el actual, este saqueo se ha intensificado bajo nuevos disfraces: progreso, desarrollo, inversión. Pero los hechos hablan claro. Casos como el del Río Sonora, Ocotlán en Oaxaca o Carrizalillo en Guerrero nos muestran el rostro verdadero de este modelo: ríos contaminados, tierras envenenadas, tejidos comunitarios rotos y territorios controlados por el crimen organizado.
La región de Puebla no está exenta. El neoextractivismo ha puesto su mirada sobre nuestros cerros, nuestros minerales, nuestras aguas y nuestras vidas. En el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, día con día se intensifica el saqueo: litio, sílice y manganeso son extraídos sin regulación ni consulta, con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Más de 50 góndolas salen diariamente hacia Monterrey y otras ciudades industriales, comprando nuestras tierras a tres pesos el kilo para generar millones en ganancias, mientras los pueblos reciben miseria, contaminación y muerte.
Pero frente a esta guerra contra la vida, los pueblos no callamos. Nos organizamos. Nos convocamos. Nos defendemos.
Por eso, les llamamos al Segundo Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería, donde compartiremos la palabra, la experiencia, la lucha legal y comunitaria, y seguiremos tejiendo redes de resistencia desde abajo, con autonomía y dignidad.
¡No al despojo! ¡La tierra no se vende, se cuida y se defiende! ¡Porque resistir es sembrar futuro! ¡Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece!
Convocan: Movimiento Agrario Indígena Zapatista Radio Ecos de la Sal Centro de Formación para la Autonomía Teocentli Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y globalizacio’n» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red Mexicana de Accio’n frente al Libre Comercio; Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Centro de formación para la autonomía Teocentli. Servicio para una educación alternativa. Laboratorio Popular de Medios Libres e Hijos de la Tierra. Jna Tsjo- Cerro de la Flor Colectivx. Ollin Quetza, UCIZONI El CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec. Colectivo Huitzil Urbano. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Radio zacatepec. unión de pueblos y fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca. Cooperativa Nutze
Pueblos y comunidades del Valle de Tehuacán y la Mixteca Colectivos en defensa del territorio Organizaciones aliadas desde abajo
En portada: La resistencia en Carrizalillo ha perdurado por dos décadas. Foto: Cristian Leyva
Mientras el gobierno de Guerrero, México, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará acabo los días 27 y 28 de mayo, la comunidad de Carrizalillo exige la devolución de sus tierras y denuncia abandono de responsabilidades ambientales por parte de la minera canadiense Equinox Gold.
Un campamento integrado por 2 mil 800 ejidatarias, ejidatarios y ciudadanos se mantiene en resistencia en las afueras de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold, en Carrizarillo, Guerrero, desde el 1 de abril de 2025, justo cuando venció el contrato que le permitía el uso del suelo a la minera.
Desde este contexto, la empresa, con respaldo de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, ha intentado renovar los acuerdos por diversas vías y minimizando este proceso organizativo.
Los comunitarios han refutado recientes declaraciones del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien insinuó que “algunas personas del ejido” aceptarían los acuerdos impuestos por la empresa.
“El subsecretario actúa como vocero de Equinox, no como servidor público”, denunciaron los inconformes a través de sus representantes, constituidos en la llamada Mesa Agraria de Carrizalillo. En un comunicado emitido el 12 de mayo se denuncia al funcionario por intentar ignorar el proceso de resistencia.
Mina Los Filos en Carrizalillo.
Equinox Gold anunció formalmente a sus inversionistas que el 31 de marzo de 2025 se ejecutaba la suspensión indefinida de sus operaciones en su mina Los Filos, tras el vencimiento del acuerdo de acceso a estas tierras que pertenencen a los ejidatarios. No obstante, la comunidad señala que la empresa incumplió obligaciones legales, como la falta de rehabilitación de las tierras contaminadas con residuos tóxicos, exponiendo a la población a riesgos ambientales.
Los inconformes destacan que la empresa les ofreció una fianza irrisoria de $1.58 pesos que recibiría cada ejidatario al mes, en un intento de obtener medidas cautelares. Solo en 2024 la empresa canadiense extrajo 170 mil 369 onzas de oro de estas tierras, lo que equivale a más de 500 millones de dólares , de acuerdo con los costos promedio en el mercado de futuros.
“La empresa decidió irse, pero quiere dejar atrás un pasivo ambiental y social. Exigimos que nos devuelvan las tierras en condiciones habitables”, puntualiza la comunidad en su comunicado.
La otra cara de la moneda
Mientras que el subsecretario Rodríguez Cisneros pide “cordura” a esta comunidad, el gobierno estatal, al mismo tiempo, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará en Chilpancingo, la capital de esta entidad. Lo más resaltante es que este evento se realiza con respaldo y participación directa de Equinox Gold y otras mineras, para promover la “prosperidad compartida”, comunicó el gobierno de Guerrero.
El evento ha recibido todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien incluso agradeció la titular de la instancia estatal Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega: “Gracias al respaldo de la gobernadora al sector minero se han logrado importantes acciones conjuntas, en bienestar de las comunidades y pobladores que se dedican a esta actividad económica que genera empleos en la entidad”, dijo la funcionaria.
Para el evento, se espera la participación de autoridades a nivel federal, de las cámaras empresariales y hasta de la academia de las Ciencias de la Tierra, vinculada a la industria minera. Además de las transnacionales mineras Torex Gold, Luca Mining y Heliostar Metals y la empresa mexicana Industrias Peñoles.
También se ha lanzado la convocatoria a la XXXVI Convención Internacional de Minería, que se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre, en esta misma entidad mexicana, donde se presentarán proyectos mineros en diversas etapas. Este evento es promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
