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Avispa Midia

Cerrando el Puerto de Tacoma: No more weapons to Israel

Fuente: Avispa Midia

por CrimethInc

Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 10.000 personas en Palestina, casi la mitad de las cuales eran niños y niñas. En respuesta, personas de todo el mundo se han movilizado en solidaridad. Muchas personas están buscando formas de proceder, desde exigir un alto el fuego hasta utilizar la acción directa para impedir que el gobierno de Estados Unidos canalice armas a Israel. A pesar del frío reinante el lunes 6 de noviembre, varios centenares de personas se presentaron en el puerto de Tacoma, en el estado de Washington, para bloquear el acceso a un buque de transporte marítimo que tenía previsto entregar material al ejército israelí.

En el siguiente texto, los y las participantes repasan la historia de los bloqueos portuarios en el estrecho de Puget, comparten su experiencia en la protesta y tratan de ofrecer inspiración para continuar la solidaridad transoceánica.

Aumento de la resistencia

El jueves 2 de noviembre, manifestantes que protestaban contra los bombardeos y la invasión de Gaza bloquearon una autopista en Durham (Carolina del Norte) y cerraron la 30th Street Station de Filadelfia. A primera hora del viernes 3 de noviembre, en el puerto de Oakland (California), los y las manifestantes consiguieron embarcar en el buque de la Flota de Reserva de Estados Unidos Cape Orlando, que tenía previsto partir hacia Tacoma para recoger material militar con destino a Israel. El Cape Orlando es propiedad del Departamento de Transporte, está dirigido por el Departamento de Defensa y es gestionado y tripulado por marinos comerciales. Tras un enfrentamiento que duró horas, los guardacostas consiguieron finalmente sacar a los y las manifestantes del barco.

Después se corrió la voz de que habría otra protesta cuando el barco llegara a Tacoma. El acto fue anunciado por una coalición de organizaciones nacionales y sus secciones locales: Falastiniyat (colectivo feminista palestino de la diáspora), Samidoun (red nacional de apoyo a presos y presas palestinas) y el Arab Resource & Organizing Center, que también había participado en la organización de la protesta de Oakland.

La movilización de Tacoma estaba prevista inicialmente para las 14.30 horas del domingo 5 de noviembre, pero las personas organizadoras cambiaron la hora debido a la información actualizada sobre la llegada del barco, pidiendo que la gente se presentara a las 5 de la mañana del lunes. A pesar del temor a que el cambio de última hora restara ímpetu a la manifestación, varios centenares de manifestantes acudieron esa mañana. El bloqueo en sí consistió en un piquete continuo en múltiples puntos, reforzado por bastantes conductores que estaban dispuestos a arriesgarse a que las autoridades confiscaran sus coches.

Se impidió a todos los trabajadores que el ILWU había desplegado para el turno de día cargar el buque. Impedir que los trabajadores portuarios lo cargaran era el objetivo del bloqueo; sin embargo, desgraciadamente, esto no impidió que la carga militar llegara al barco. Actuando como esquiroles, los militares estadounidenses intervinieron para cargarlo, aparentemente habiendo sido introducidos a hurtadillas en el puerto en buques de la Guardia Costera.

Ahora que la niebla de la guerra se disipa, podemos repasar en detalle los acontecimientos del día.

“Ningún genocidio en nuestro nombre: salvemos Gaza.”

Aprovechando décadas de bloqueos portuarios

El noroeste del Pacífico tiene una larga historia de paros portuarios.

En 1984, los trabajadores portuarios del sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se coordinaron con activistas antiapartheid y se negaron a descargar buques de carga procedentes de Sudáfrica. Entre 2006 y 2009, el movimiento Port Militarization Resistance bloqueó en repetidas ocasiones los puertos de Olympia y Tacoma para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán. En 2011 y 2012, los participantes en Occupy/Decolonize Seattle se organizaron en solidaridad con los trabajadores portuarios del ILWU en Longview y cerraron [el puerto de Seattle], entre otros puertos.

En 2014, los y las manifestantes bloquearon el puerto de Tacoma utilizando el lema Block the Boat, cantando “Our ports will be blocked to Israel’s ships until Gaza’s ports are free” (“Nuestros puertos estarán bloqueados a los barcos de Israel hasta que los puertos de Gaza sean libres.” Una de las participantes era la madre de Rachel Corrie, estudiante asesinada en Gaza por el ejército israelí en 2002 cuando intentaba impedir que demolieran las casas de familias palestinas.

En 2015, una activista se encadenó a un barco de apoyo a los planes de perforación petrolífera exploratoria de Royal Dutch Shell, utilizando el lema Shell No. En 2021, manifestantes de Block the Boat retrasaron durante semanas la descarga del buque ZIM San Diego, operado por Israel. El Arab Resource & Organizing Center participó en la organización de las protestas Block the Boat.

La protesta “Shell No!” en 2015.

Hoy en día, el Puerto de Tacoma parece ser el punto de carga preferido para el equipo militar en la región, tal vez porque la Resistencia a la Militarización Portuaria logró cerrar con éxito la logística en el Puerto de Olympia, mientras que la policía de Tacoma pudo utilizar suficiente fuerza violenta para mantener el Puerto de Tacoma abierto para los envíos militares a Irak y Afganistán. Los diversos bloqueos portuarios fomentaron años de organización entre trabajadores del ILWU, camioneros inmigrantes marginados, ecologistas y activistas contra la guerra. Las nuevas tácticas del kayakismo surgieron de las luchas contra el extractivismo en Seattle, donde los grupos afines a la navegación lograron superar tanto a la Guardia Costera como a las organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro que querían mantener el simbolismo. En una ocasión, un grupo de kayakistas consiguió encallar un buque de Shell sin ser detenido. Algunos participantes llevaron pancartas reforzadas a la manifestación del lunes 6 de noviembre de 2023, porque recordaban cómo la policía utilizó la fuerza para alejar a los manifestantes menos equipados durante el piquete “Bloquea el barco” en el puerto de Seattle en 2021.

A lo largo de los años, estos bloqueos portuarios han inspirado otras innovaciones en el género. En noviembre de 2017, los y las manifestantes bloquearon las vías del tren que pasan por Olympia. En un momento en el que las luchas indígenas por la protección del agua y la defensa de la tierra se intensificaban y las comunidades locales querían actuar en solidaridad, bloquear el puerto parecía un reto prohibitivo, por lo que eligieron una sección de las vías del tren a través de la cual se enviaban agentes de sostén para fracking al puerto. Esta ocupación fue posiblemente más defendible y eficaz que el bloqueo del puerto, ya que duró más de una semana. Esta puede indicar un futuro campo de experimentación.

Reunión en el puerto

El puerto de Tacoma y el cercano centro de detención del ICE están situados en una zona industrial que también alberga una academia de policía. Sólo se puede acceder a ellos a través de estrechos puntos de estrangulamiento; en el pasado, la policía los ha aprovechado para atacar y acosar a los manifestantes. La acción precedente en el puerto de Oakland tuvo lugar en un terreno más urbano; mientras los manifestantes se preparaban para el atraque del barco en Tacoma, aumentaba la preocupación por las diversas posibilidades de represión. Veteranos de la Resistencia a la Militarización del Puerto y otras personas con mentalidad logística recopilaron listas de consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una acción en este puerto concreto.

El lunes por la mañana, la gente se presentó con energía positiva y pancartas reforzadas. Cientos de personas se coordinaron para traer suministros y oleadas adicionales de piquetes. El plan consistía en establecer un piquete en cada una de las tres entradas del muelle 7. Al final, la policía se adelantó. La policía bloqueó preventivamente las entradas y se sentó en sus vehículos detrás de la valla del puerto. Los y las manifestantes marcharon en círculos, coreando cánticos, mientras otros recogían material con el que crear improvisadas barricadas.

Otros y otras anarquistas permanecieron a distancia, a la espera para prestar apoyo en la cárcel y aconsejar a las personas participantes sobre las precauciones de seguridad. Otras se instalaron en el casino cercano, investigando y disipando rumores en los crecientes grupos de señalización, y ayudando a poner en contacto a la gente con los bucles de información o comunicación que necesitaban. Ya fuera de forma autónoma o en conversación con las personas organizadoras, todos hicieron lo que pudieron para contribuir al desarrollo de la acción.

La manifestación consiguió lo que algunas personas habían pensado que sería imposible: impedir que los trabajadores del ILWU cargaran el cargamento militar. Inesperadamente, esto no fue suficiente. Incluso los estibadores más experimentados se sorprendieron de que se pudiera traer a los militares para que actuaran como esquiroles cargando el barco.

¿Podríamos habernos centrado más bien en impedir que el material llegara al puerto? Según las pantallas de turnos a disposición del público, la carga que finalmente se cargó en el buque ya había llegado al puerto antes de la hora de inicio de la acción, prevista inicialmente para las 14:30 horas del 5 de noviembre. Teniendo en cuenta que el domingo por la tarde era posiblemente la más pronto para movilizar una acción de masas con tan poca antelación, no es sorprendente que se abandonara la idea de bloquear la carga en favor de bloquear a los trabajadores del ILWU. Por supuesto, si la información de que estaban entrando suministros militares en el puerto hubiera circulado antes, otra cosa podría haber sido posible.

Los y las organizadoras optaron por bloquear a los trabajadores a pesar de la tensión que ello iba a provocar con el Local 23 del ILWU. Nuestros contactos en el ILWU describen al presidente del Local 23 como un sionista; la mayoría de los trabajadores del Local 23 estaban supuestamente en contra de la acción, a pesar de respetar el piquete.El presidente llegó incluso a sugerir traer a los trabajadores del ILWU en barcos, un plan que los militares aparentemente rechazaron.

Hubo rumores de que se estaba organizando una flotilla de kayaks para impedir la salida del Orlando a la mañana siguiente. Al final, una canoa pilotada por miembros de los pueblos Puyallup, Nisqually y otros pueblos de la costa salish y acompañada por unos cuantos kayakistas bloqueó el paso del buque durante un breve espacio de tiempo el 6 de noviembre, pero el 7 de noviembre no se materializó nada.

Miembros de los pueblos puyallup, nisqually y otros pueblos de la costa salish se dispusieron a bloquear el barco el 6 de noviembre.

El barco zarpó, pero un Stryker Armored Personnel Carrier que estaba programado para trabajar según las pantallas de turnos del ILWU no se cargó, presumiblemente debido al piquete. Dada la inexperiencia de la tripulación militar en la carga de contenedores marítimos, no está claro qué parte del cargamento se cargó completamente en el tiempo previsto para el barco, ya que los puertos se atienen a un horario estricto para no interrumpir las cadenas de suministro mundiales del capital.

Evaluación

Los principales organizadores recibieron comentarios en el transcurso de la protesta y adaptaron su estrategia a medida que cambiaba la situación, cambiando su comunicación para articular lo que intentaban hacer y explicar sus decisiones en lugar de apelar simplemente a su autoridad como organización o como palestinos. No obstante, algunas personas han expresado su descontento por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Era difícil obtener información completa sobre lo que estaba ocurriendo, lo que impedía a la gente tomar sus propias decisiones y actuar de forma autónoma. Algunos anarquistas que se encontraban sobre el terreno afirman que todavía se estaba cargando el buque cuando las personas organizadoras suspendieron el acto; otras personas cuestionan la decisión de no revelar el hecho de que los militares estaban cargando el material cuando la manifestación todavía tenía número e impulso.

Es difícil determinar hasta qué punto las personas organizadoras ocultaron información intencionadamente. Creemos que es importante ofrecer comentarios constructivos y críticas basadas en principios, al tiempo que se resiste la tentación de hacer suposiciones sobre las intenciones de los demás (o, en el peor de los casos, participar en el chivateo, que puede socavar los esfuerzos para responder a la infiltración real y a las brechas de seguridad en el movimiento y, a menudo, contribuye a diagnosticar erróneamente los problemas en juego).

Cooperar con las autoridades -especialmente a expensas de otros radicales- es siempre inaceptable. Se trata de un elemento básico de los actos dominados por organizaciones autoritarias. Afortunadamente, nada de esto parece haber ocurrido durante el bloqueo del 6 de noviembre. Los que están a ambos lados de este debate deben tener cuidado de resistir reacciones viscerales y evitar proyectar malas intenciones en imaginarios “aventureros” o “policías de la paz” represivos.

Con ese espíritu, expondremos nuestra preocupación. Las personas organizadoras anunciaron simultáneamente que las armas habían sido cargadas en el barco y, al mismo tiempo, declararon la victoria. Esto da pie a sospechar que la intención original había sido “bloquear el barco” simbólicamente sin obstaculizar realmente el envío de armas, para dar la impresión de lograr una “victoria del movimiento” sin ningún impacto sustantivo. Este tipo de victorias vacías pueden desinflar los movimientos y el impulso, sembrando la desconfianza en los cientos de personas que se presentaron con poca antelación con la intención de impedir que llegaran armas a Israel. Sería mejor reconocer el fracaso, admitir que, a pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han conseguido su objetivo, y afirmar que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos si queremos salvar vidas en Gaza. Necesitamos que las personas organizadoras sean sinceras con nosotras para saber a qué nos enfrentamos.

Es importante destacar que, en última instancia, fueron los militares quienes cargaron el barco, no la ILWU. Este movimiento no tenía precedentes, al igual que el espionaje militar a los manifestantes durante la Resistencia de la Militarización Portuaria. Pero no debería haber sido inesperado. A partir de ahora, debemos tener en cuenta que los militares están dispuestos a intervenir directamente en la logística del capitalismo.

Esto también pone de manifiesto una debilidad en la estrategia de bloquear un barco mediante un piquete y bloquear las calles alrededor de la terminal. Para haber detenido realmente el barco, habría sido necesaria una acción mucho más disruptiva, que podría haber incluido el asalto a la propia terminal y el riesgo de violencia policial y detenciones. Esto no quiere decir que hubiera sido práctico asaltar el puerto, ni que no haya ninguna razón para bloquear la terminal del modo en que lo hicimos. Se trata más bien de que la mecánica del capitalismo de guerra es más penetrante y adaptable que las estrategias que la gente empleó para bloquearlo en Oakland y Tacoma. Cualquier forma de escalada requerirá más militancia y tolerancia al riesgo.

Al mismo tiempo, debemos ser honestas sobre nuestras capacidades, nuestros límites y los retos a los que nos enfrentamos. Aunque mucha gente estaba preparada para participar en un piquete, asaltar una instalación segura implica consideraciones y preparación material diferentes, y exige una evaluación con la cabeza fría de los beneficios frente a las consecuencias. No debemos culpar simplemente a las personas organizadoras por el hecho de que no se produjera. Un movimiento lo suficientemente poderoso no puede ser frenado, ni siquiera por sus líderes.

Teniendo en cuenta que el ejército de Estados Unidos superó la estrategia de los piquetes -y en vista de lo mucho que está en juego en Palestina- “¿Por qué no asaltar el puerto?” podría ser un buen punto de partida para futuras estrategias. Sin embargo, a partir de este punto, van a ampliar la seguridad. Otro enfoque sería alejarse del puerto y buscar puntos de intervención fuera de él. En este sentido, el bloqueo ferroviario en Olimpia en 2017 podría ofrecer un ejemplo prometedor.

Del mismo modo, aunque deberíamos explorar formas de resolver las diferencias cuando tengamos que trabajar juntas, también podemos buscar formas de compartir información y coordinarnos mientras nos organizamos de forma autónoma. Puede que no seamos capaces de llegar a un consenso sobre qué estrategia utilizar, pero podemos explorar en qué coincidimos y en qué divergimos, adquirir y hacer circular inteligencia, y probar muchas estrategias diferentes a la vez.

La lógica y la logística del orden imperante están entrelazadas en todo el mundo. Las armas israelíes ayudaron a Azerbaiyán a invadir el enclave armenio de Nagorno-Karabaj en septiembre. Las tecnologías de vigilancia, ocupación y represión, perfeccionadas tras asediar Gaza y fragmentar Cisjordania, se despliegan a lo largo de la mortífera frontera sur de Estados Unidos. El FBI llama a empresas tecnológicas israelíes cuando necesita piratear el teléfono de alguien. Todo está conectado, desde los puertos del Mar Salado hasta la costa oriental del Mediterráneo.

Brindemos por el motín en las entrañas del imperio. Si no somos nosotras, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

Para aprender más

1.

De un periódico que apareció once días después del bloqueo ferroviario de Olympia, en el que se relatan las experiencias y motivaciones de los bloqueadores: “Llegué a casa del trabajo a las 5 de la tarde y recibí como un millón de mensajes de texto, todos diciéndome lo mismo: hay un bloqueo de trenes de fracking en el centro. En el mismo sitio que el año pasado. Baja. Estaba agotado, con frío y mojado por el trabajo, y tenía planes para hacer Shabat con amigos, pero no me perdería un bloqueo ferroviario por nada del mundo. “Shabat en el bloqueo”, les dije a mis amigos. Si detener un tren lleno de materiales utilizados en la destrucción del medio ambiente y el genocidio de los pueblos indígenas no es Tikun Olam, no sé lo que es”.

2.

Hubo cierto debate sobre si los trabajadores pararían oficialmente el trabajo por motivos de salud y seguridad, como han hecho los trabajadores sindicalizados en el pasado, pero al parecer esto no tuvo lugar oficialmente.

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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: 10 meses de su desaparición

Comunicado conjunto: 

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: a 10 meses de su desaparición continúan sin ser localizados

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2023

Se cumplen diez meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán. Si bien, desde entonces, se ha detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, hasta el momento ni la investigación penal ni las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han logrado dar con su paradero.

Además, preocupa a las familias de Ricardo y Antonio los recientes movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual, podría implicar una dilación en las acciones de búsqueda y la falta de continuidad a los compromisos adoptados, razón por la cual es fundamental que, Félix Arturo Medina Padilla, nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la brevedad, retomen el contacto con las familias para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo celebradas el 25 de mayo y octubre del año en curso.

Lamentamos profundamente la falta de coordinación que prevaleció por más de nueve meses entre las distintas autoridades del Estado Mexicano, situación que ha  entorpecido y retrazado la búsqueda y localización de Ricardo y Antonio. Si bien, a la fecha, se ha dado una escueta coordinación entre la CNB y la FGR, hacemos un llamado a que las acciones de investigación y búsqueda continúen articulando de manera permanente y continua. En este sentido, señalamos que, después de casi diez meses, la CNB presentó su análisis de contexto y su plan de búsqueda, de lo observado, resulta fundamental para las familias que la CNB establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda propuestas en el documento.

Igualmente, hacemos un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las recomendaciones que emitió la CNB en su análisis de contexto para fortalecer la investigación penal con el fin de lograr indicios claros del lugar en el que se pueden encontrar Ricardo y Antonio. Reiteramos la necesidad de que se investigue el actuar de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Colima, los cuales, pudieron haber obstruido información fundamental para localizar a Antonio y Ricardo durante los primeros días.

Ante todas estas dificultades y los pocos resultados, la semana pasada las y los familiares participaron en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, en la que participó una representación del estado mexicano, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en México. En ella las familias propusieron la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), con el fin de contar con el apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada que contribuyan con su búsqueda y pronta recuperación. Con la convicción que esto traiga beneficios a muchas más personas que afrontan la pesadilla de la desaparición de sus seres amados en México.

Finalmente, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables continúen con las labores de investigación y búsqueda a pesar del evidente inicio del periodo electoral, sería muy lamentable que las autoridades prioricen las acciones electorales sobre la vida y seguridad de Ricardo y Antonio y sobre las obligaciones que tiene de proteger y garantizar sus derechos humanos.

Por lo anterior, a 10 meses de la desaparición, las familias reiteran lo siguiente:

  1. La prioridad de las familias es recuperarlos inmediatamente. Por lo que se solicita  que el gobierno mexicano impulse el Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
  1. Se señale fecha de reunión urgente con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a efectos de informar el proceso que han seguido el caso y establecer acuerdos de coordinación para la búsqueda efectiva y localización de Ricardo y Antonio.
  1. Que la CNB actualice y establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica lugares, fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda con presunción de vida propuestas en el documento.
  1. Reiteramos la importancia que tiene el trabajo conjunto entre las diferentes autoridades involucradas tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación.
  1. Que la FGR fortalezca el proceso de investigación y retome las recomendaciones emitidas por la CNB en su informe de contexto y en el plan de búsqueda.
  1. Se investigue y en su caso, se sancione  a todos los responsables involucrados en los hechos, incluidas las autoridades de la Fiscalía de Colima que han obstaculizado la investigación.

Hasta Encontrarlos

Presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Firman

Familia Lagunes Gasca

Familia Díaz Valencia

Asesoría y Defensa Legal del Sureste

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Presente.org (EE.UU.)

Rita Marcela Robles Benitez, abogada defensora de derechos humanos

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Ucizoni

COMUNICADO Basta de criminalización en contra de defensores ambientales de UCIZONI: Exigimos desistimiento a las denuncias penales

COMUNICADO UCIZONI 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

Desde el 2018 mujeres y hombres del Istmo de Tehuantepec Oaxaca nos hemos manifestado para exigir respeto a nuestros derechos frente a la imposición del megaproyecto corredor interoceanico, nunca fuimos informados de los impactos negativos que este proyecto ocasionaría en nuestras tierras, ni consultados de acuerdo a los protocolos que establece el Convenio 169 de la OIT.

En Febrero de 2023 la comunidad Mixe Ayuuk de Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca, entre ejidatarios y pobladores decidieron alzar la voz ante la violación a sus derechos frente a la modernización del ferrocarril, donde el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A de C.V. inició trabajos despojando a familias de sus predios y dañando al medio ambiente lo que generó molestia e inconformidad de los pobladores y ejidatarios de Mogoñé Viejo, mantuvieron 62 días de manifestacion Pacífica en sus predios donde establecieron el campamento «Tierra y Libertad» siempre llamaron al diálogo al gobierno Federal y estatal y al titular del Corredor Interoceanico, Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Angeles, el titular del corredor interoceanico siempre se negó al diálogo, durante este tiempo de manifestación pacífica los pobladores y ejidatarios siempre fueron amenazados por elementos de la SEMAR y el 28 de abril fueron desalojados del campamento de forma violenta por elementos de la SEMAR y la Policía Estatal de Oaxaca en este desalojo fueron detenidos 4 mujeres y 2 hombres.

Denunciamos a través de este comunicado que el corredor Interoceanico presentó una denuncia penal con 2 números de carpeta de investigacion Oax/000201/2023 y Oax/ 000294/2023 por el delito de «Ataque a las vías generales de comunicación» en contra de 16 compañeros y compañeras de UCIZONI, de estas denuncias penales se derivan dos audiencias iniciales la primera audiencia inicial es el 17 de Noviembre en la ciudad de Oaxaca y la segunda Audiencia inicial correspondiente a la segunda carpeta de investigación para el 28 de diciembre del presente año, estas denuncias penales son actos de criminalizacion , exigimos un diálogo respetuoso y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, nacionales y regionales para que se solidaricen con nuestra lucha.

Hacemos un llamado al presidente Andres Manuel López Obrador que no nos cerramos al diálogo y que se respeten nuestros derechos que gire instrucciones al Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, al Secretario de Gobierno de Oaxaca Jesús Romero López y al titular de corredor Interoceanico y se atiendan las problemáticas que ha generado el megaproyecto corredor interoceanico, señor presidente no se puede inaugurar el tren interoceanico en diciembre por la violacion a nuestros derechos y el despojo de nuestras tierras.

¡¡Basta de criminalizar a defensores ambientales!!

¡¡Exigimos el desistimiento de las denuncias penales en contra de 16 compañeros y compañeras de UCIZONI !!

¡¡ NO A LA MILITARIZACION, BASTA DE DESPOJOS!!

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Avispa Midia

Pese a represión, continúan protestas masivas contra minería de cobre y oro en Panamá

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor

A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.

Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.

Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.

Contrato minero

La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).

El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.

No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.

Corredor Biológico Mesoamericano es deforestado por la minería. Foto: CIAM.

Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.

Rechazo
La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.

Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.

De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.

Bloqueo de manifestantes contra la mineria de cobre en Panama. Foto: Radio Temblor

El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.

“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.

Asesinatos

Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.

El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.

En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.

Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesino a dos manifestantes el 7 de noviembre

El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Derogación

Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.

Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.

Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.

El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.

No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.

De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.

La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 15 de noviembre 2023

Noticias de abajo 15 de noviembre 2023

(Descarga aquí)  
  • PANAMÁ: Panamá en crisis por el extractivismo minero. 4 semanas de paro contra las mineras y las leyes que el mal gobierno ha impuesto para defenderlas. Represión y muerte ha sido la respuesta a las demandas populares. ¿Qué es el discurso del odio? Con información de Radio Temblor.
    https://www.radiotemblor.org/que-es-el-discurso-de-odio/
    https://www.radiotemblor.org/panama-en-crisis-por-el-extractivismo-minero/
  • BOLIVIA: En la línea de FUEGO. Voces de San Buenaventura Y Rurenabaque.
    El portal de fuga radial desde Bolivia nos comparte un audio reportaje muy impactante de la situación desesperante que viven con los incendios en la Amazonia boliviana y la nula respuesta del Estado y autoridades. https://fugaradial.org/
  • PALESTINA: Informe de la situación en Gaza en reporte del embajador de Palestina en Argentina.
    https://palestina.int.ar/
    .
  • GUERRERO: Entrevistas a damnificados del Huracán Otis en la costa de Guerrero. Por Mar.
  • CDMX: Comunidad de San Gregorio Atlapulco exige que la Biblioteca Comunitaria sea entregada al Pueblo.
  • CHIAPAS: Libertad para Manuel Gómez, preso por ser zapatista
    Episodio de #Notifrayba sobre la detención de nuestro amigo Manuel Gómez Vázquez, rehén del gobierno de Chiapas, recluido injustamente por ser zapatista, desde hace dos años y once meses.
    https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta
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Avispa Midia

Comunidad Maya de Ixil logra medida provisional que reconoce el derecho a sus tierras

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Defensores y Protectores del Futuro de IXIL

La comunidad maya de Ixil, en el estado de Yucatán, obtuvo en la justicia la suspensión provisional, dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de la Fiscalía General del Estado, implementada el 17 de agosto mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas.

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De acuerdo a un comunicado de prensa de la comunidad, miembros de las familias Abimerhi y Millet, con vínculos políticos y personales con el gobernador Mauricio Vila Dosal y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022.

La orden de la Fiscalía, emitida en el marco de una “supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad”, sostienen. Las familias “están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario”.

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La orden emitida por la Fiscalía impidió la ampliación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dado que su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre, informan.

En el ámbito del proyecto ya existen tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico instalados, además de otras acciones implementadas con grupos de productores de hortalizas y de mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado. “Todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet”, señalan.

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Avispa Midia

Militarización, ecocidio y división comunitaria deja a su paso tren maya en Campeche

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: El ejido Paraíso Nuevo está dividido por el paso de vías férreas. Con las obras del tren maya, la separación de la comunidad se acentúa. Foto: Santiago Navarro F.

Perla Rubí Garduza Pablo, ama de casa del ejido Paraíso Nuevo, Campeche, suspira tras la pregunta: ¿Qué opina de la declaración del presidente sobre que no se iba a tirar un solo árbol? El cielo nublado sobre nosotros, ruge, anticipando la lluvia y su respuesta: “¡Es mentira! A nosotros nos han dañado la flora, fauna y nuestra vida”, exclama molesta por el paso del tren maya por su comunidad.

La devastación que atestiguan en el ejido Paraíso Nuevo se repite a lo largo de otros territorios. De acuerdo a un análisis de imágenes satelitales realizado por CartoCrítica, para junio de 2023 se han deforestado 6,659 hectáreas en la península de Yucatán por la construcción del tren maya. CartoCrítica enfatizó que, de esta área, 5,769 hectáreas fueron desmontadas ignorando la legislación ambiental pues no se promovieron ni autorizaron cambios de uso de suelo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tala de árboles en los alrededores del ejido Paraíso Nuevo. Foto: Santiago Navarro F.

Rubí reclama por el incumplimiento de las promesas hechas por funcionarios de otorgar beneficios a la población para que aceptara el tren. Sostiene que los estragos por las obras del megaproyecto son palpables en la cotidianidad de esta población, al sur de Campeche.

Un equipo de Avispa Mídia visitó el ejido Paraíso Nuevo, correspondiente al tramo 1 del tren. Los pobladores refieren que las consecuencias negativas del megaproyecto no son cosa del futuro, sino algo que han vivido desde hace tres años, cuando en plena pandemia de la Covid-19, inició la construcción.

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Avispa Midia

Comunidad El Roto Viejo se inunda tras la crecida de río Salinas en Sayaxché

Fuente: Avispa Midia

Por Elmer Ponce

Siete comunidades de Sayaxché, Petén, ha perdido sus cosechas por las lluvias de los últimos días. Las familias han tenido que dejar sus casas y buscar refugio, porque el nivel del agua creció tanto que es imposible mantenerse en ellas. Las autoridades reconocieron no tener la capacidad para atender la emergencia.

Las intensas lluvias de un segundo frente frío en Guatemala y la creciente del río Salinas dejaron inundadas varias viviendas en la comunidad de El Roto Viejo, en la microrregión de Tierra Blanca, en Sayaxché, Petén.

Esta pequeña comunidad de 800 personas, integrada por unas 144 familias, ha tenido que dejar sus casas por que el agua las inundó a tal grado que ya no pueden permanecer en ellas, por lo que han buscado refugio en los albergues habilitados en la zona, en escuelas o iglesias.

Otros tienen sus viviendas en alto y se resguardan ahí de la lluvia que no cesa.

Pese a la emergencia, hay quienes prefieren permanecer en sus casas, para cuidar sus pertenencias, pues lo poco o mucho que posean es el fruto de los esfuerzos logrados por su trabajo. Colocando sus pertenencias en las vigas o en el tabanco como los locales les denominan.

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Avispa Midia

Criminalizan a voluntarios de Centro Agroecológico en la UNAM

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía es un espacio que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ciudad de México (CDMX), ubicado justo frente al Metro Universidad. Es un espacio donde antes había grandes cantidades de basura y ratas. Desde 2013, diversos voluntarios lo han recuperado. Pero hoy están siendo criminalizados por las autoridades de la universidad y del gobierno de CDMX.

El pasado 2 de octubre, las voluntarias que actualmente forman parte de este espacio recibieron una notificación de la Fiscalía General de la República, requiriendo que María Vargas Hernández, quien había fungido como voluntaria anteriormente, se presente a las autoridades por ocupación de este inmueble.

La notificación está apegada al artículo 395 fracción del Código Penal Federal el cual establece: “Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I. – Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”.

De acuerdo con un comunicado emitido por las activistas de agroecología, quien interpuso la demanda han sido autoridades de la propia Universidad.

“Aclaramos que muchxs voluntarixs han conformado el espacio y que María fungió como voluntaria del espacio de 2020 a 2023, no obstante, no es responsable del proyecto”, aclaran las integrantes del espacio.

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CentroProDH

Sin presencia de principales responsables del caso, padres y madres de Ayotzinapa denuncian ante la CIDH obstaculización de la justicia

Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.

“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.

Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.

Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:

1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.

2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.

3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.

4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.

Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.

Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.

Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.

Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.

“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.

Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.

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