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Medios Libres, Alternativos, Autónomos
Senado mexicano aprueba militarización de la seguridad pública
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
El pleno del Senado mexicano aprobó en la noche del martes (4) un nuevo dictamen de la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. En 2019, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad que el Ejército realizara dichas tareas hasta 2024.
La votación había sido cancelada el 21 de septiembre en una maniobra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque no había alcanzado la mayoría de los diputados para su aprobación.
La aprobación ocurre en un escenario donde en México se ha denunciado una serie de crímenes perpetrados por el Ejército. Un ejemplo es el caso de los 43 de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que el Ejército sostenía un sistema de monitoreo de los estudiantes, incluso en la noche de su desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014.
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El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, fue modificado por los senadores. Entre los cambios está el que plantea que el Ejecutivo tendrá que presentar al Congreso un informe semestral, en lugar de anual, como ya establece la reforma de 2019 en el artículo 76.
También se añadió en el quinto transitorio que en el primer semestre de 2023 y hasta 2028, se creará una comisión bicameral en el Congreso de la Unión, que citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina.
La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación y una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal.
Además, el Ejecutivo establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Señala que un 25% de dicho fondo se asignaría a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen tendrá que volver a la Cámara de Diputados debido a los cambios que sufrió. Si los diputados aprueban las modificaciones, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su publicación. Si las rechaza, regresa al Senado para otra revisión.
Ejército mantiene uso de Pegasus para espiar periodistas y organizaciones
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
Una investigación llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela tres nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre los años 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionados con violaciones a Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
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“No son los únicos casos (…). Hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay el consentimiento de las víctimas”, sostuvo Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La empresa comercializadora Antsua SA de CV hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. “Recibió información por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre marzo de 2018 y, al menos, diciembre de 2019”, dijo Leonardo Maldonado, de la organización Artículo 19.
La Sedena contrató de la empresa Antsua un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. “La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a información”, informa Maldonado.
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“El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal”, alerta el integrante de Artículo 19.
¿Sabe o no sabe?
Los hallazgos revelan contradicciones en las reiteradas promesas de López Obrador en las cuales señala que, en su gobierno, no se usaría el sistema de espionaje contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.
Lo anterior, evalúa Maldonado, implica la posibilidad de dos escenarios. “Primero es que el presidente mintió al pueblo mexicano. Segundo, que las Fuerzas Armadas espía a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.
De todos modos, en México, “las Fuerzas Armadas continúan violando derechos humanos ya sea por orden o desobediencia prevaleciendo la impunidad”, dijo.
Inteligencia en México es militar
Mucho se ha hablado sobre la concentración de actividades del Ejército en temas como la repartición de vacunas, la construcción de obras públicas, en funciones de policía, pero de acuerdo con una de las víctimas de Pegasus, el periodista Ricardo Raphael, existe un punto fundamental que es la concentración de actividades de inteligencia gubernamental en las manos de las Fuerzas Armadas.
“No hay órganos de inteligencia civil en nuestro país. El propio CNI [Centro Nacional de Inteligencia] está gobernado por una voz y un mando militar. Sabemos que hay áreas de inteligencia en la Guardia Nacional y suponemos que hay distintas áreas de inteligencia en el Ejército”, sostuvo el periodista.
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A las “distintas áreas de inteligencia”, Raphael se refiere a las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en la semana pasada, sobre la existencia de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, concentró todo el acopio de información, incluso monitoreo en tiempo real, de lo que pasaba con los normalistas.
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“Me pregunto si no será otro Centro Regional de Función de Inteligencia que tuvo acceso a estas licencias de Pegasus justamente para infectar nuestros dispositivos”, indaga el periodista.
Uso privado de las grabaciones
En el caso específico de Ricardo Raphael, se descubrió que la información obtenida se compartió con agentes privados.
“Durante las distintas intercepciones se obtuvo por lo menos una conversación que sostuve con el secretario Técnico de Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública donde nos referimos a dos casos y esta información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia en la FGR. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia hayan proporcionado esta grabación que después se usó en mi contra”, explicó el periodista.
“No somos personas que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. (…) ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal, en nuestra actividad pública (…)?”.
Nuevas formas de infectar
De acuerdo con Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, en los últimos años se ha invertido millones de dólares para sofisticar el software espía y sus principales inversionistas son los gobiernos.
Antes se identificaban solamente “métodos de infección muy tradicionales, aunque efectivos, que son los engaños a través de links que, si uno hace click, tiene el dispositivo infectado”, explica.
Sin embargo, en las últimas generaciones de Pegasus hay algo que se llama “cero click”, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos ingresar a los dispositivos.
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NSO ha utilizado vulnerabilidades de plataformas utilizadas cotidianamente para infectar los teléfonos. Un ejemplo es que se identificó que a través de una simple llamada de Whatsapp se podría intervenir en los dispositivos.
Según García, Citizen Lab y las mismas plataformas como Apple y Facebook han detectado vulnerabilidades en sus sistemas que han sido explotadas por NSO Group para infectar dispositivos con Pegasus.
Apertura de archivos
El integrante de Artículo 19 resalta que es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.
Las organizaciones de Derechos Humanos demandan que se investigue y se abran los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder como se ha demostrado en el caso Ayotzinapa.
Como el GIEI ha demostrado, “en los archivos de inteligencia militar, naval y civil se esconde la verdad sobre miles de violaciones de Derechos Humanos. (…) necesitamos abrir estos archivos”, sostuvo Fernando García.
Denuncia
Las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las intervenciones ilegales de comunicaciones privadas sin autorización judicial.
Sin embargo, García sostiene que “no hay condiciones” y “no hay confianza en ninguna institución en México para llevar a cabo esta investigación”. El director de R3D defiende la necesidad de crear “un mecanismo independiente que nos provea la oportunidad de conocer la verdad”.
Recado
Si este espionaje es “un intento de inhibir nuestro trabajo, por supuesto, nuestra respuesta es exactamente la contraria; nosotros seguiremos investigando este tipo de violaciones [perpetradas por las Fuerzas Armadas] que es información vital para que la conozcan nuestros lectores”, dijo Daniel Moreno, del medio Animal Político.
Las organizaciones involucradas en la investigación invitan a periodistas y defensores de derechos humanos que sospechan haber sido objeto de medidas de vigilancia a que escriban al correo contacto@ejercitoespia.mx. Las investigaciones van a continuar.