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El temor a los constituyentes indígenas en Chile
Por Diego Ancalao Gavilán
La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.
Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.
Protestas en Santiago de Chile. Foto: Reuters.
El apoyo del pueblo chileno a las demandas indígenas
Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.
También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.
Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.
“Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel.”
Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.
Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.
Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.
Las protestas en Chile dejaron en evidencia que su sistema político-económico que por años fue considerado como el modelo exitoso a seguir, pero excluye a la mayor parte de la población, principalmente a los indígenas. Foto: Leandro Crovetto.
El problema real detrás de los cupos reservados
El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.
Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.
“Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. El camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.”
Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.
Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.
Chile despertó y en ese despertar se ve flamear la Wenufoye, la bandera Mapuche, símbolo de un pueblo expulsado y estigmatizado que hoy se vuelve estandarte de rebeldía y resistencia al modelo neoliberal. Foto: Leandro Crovetto.
El momento de decidir
Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.
El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.
“El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas.”
Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.
Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
Gatillo fácil, justicia improbable
Hace pocos días la congresista Rocío Silva Santiesteban propuso derogar la ley del “gatillo fácil”, pero ¿cuál es esa ley y de qué trata?
La ley del gatillo fácil es la ley 31012 y su nombre oficial es Ley de Protección Policial. Su finalidad es “garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado”.
Esta ley no fue promulgada por el ejecutivo, sino que el 27 de marzo del 2020 se publicó con la firma del Presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, si, el mismo del golpe de estado del mes pasado. Se le conoce como Gatillo fácil por que esa es la “expresión utilizada en español para indicar una utilización abusiva por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego, generalmente presentada por la policía como una acción accidental o de legítima defensa”. Gracias Wikipedia.
Analizando esta ley, en la web de MOCICC se opinaba: “no podemos flexibilizar normas que posibiliten un escenario proclive a excesos y/o violaciones a los derechos humanos que lamentablemente ya han ocurrido en nuestra historia”, para luego añadir que se trata de: “una disposición muy abierta que faculta a que se exonere de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en caso de excesos durante los estados de emergencia”.
Continuando con el análisis, otra de las objeciones a esta ley está en relación a la proporcionalidad con la que las fuerzas policiales o militares deben actuar. Según los especialistas “ahora la policía no necesariamente tiene que responder según cada contexto con un medio equilibrado a la reacción de la persona intervenida. Con ello, por ejemplo, el personal de la PNP puede reaccionar con una pistola a una acción sin arma alguna”. Lo cual evidentemente, es una desproporcionalidad.
Recientemente Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso declaró que apenas se publicó la ley: “mi colega Rocío Silva Santiesteban y yo presentamos una propuesta para la derogación de esa norma, sabiendo el riesgo que suponía. Eso no ha sido tratado hasta el día de hoy y yo espero que en medio de ese escenario por lo menos podamos avanzar a la derogatoria de estas normas que realmente son muy perniciosas para la propia Policía”.
La propuesta de las congresistas está contenida en el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprime el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial.
Según un artículo de Red Muqui: “Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios. El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país”.
Es importante que la sociedad civil en su conjunto haga incidencia para lograr la derogación de la ley 31012, sea con la aprobación del Proyecto de Ley No 4986 o bajo otro mecanismo. Mientras esta ley esté vigente el accionar represivo de las fuerzas policiales estará libre de responsabilidades y control, y los muertos que pueda haber no tendrán ningún tipo de justicia.
Registro de la 2da marcha nacional del 14 de noviembre, por Piquete Fotográfico.
