1. El problema de riego está resuelto y hay un convenio con la mayoría de los ejidatarios.

La mayoría de los ejidatarios votaron en contra del arreglo entre la dirección corrupta de ASURCO y la CFE, incluso en las poblaciones de donde son nativos los ‘dirigentes’ que tranzaron un acuerdo a espaldas de los ejidatarios. El agua que secuestra el acueducto es parte del caudal para riego de los cultivos aguas abajo. ¿Por qué nunca se ha presentado personal de La Jornada del Campo a la zona en conflicto? ¿O el problema se solucionó reprimiendo a los campesinos con la Guardia Nacional, la madrugada de 23 de noviembre del presente año?

2. El problema del ruido, que finalmente no es tanto.

La sensibilidad al ruido depende en gran medida del nivel a que se ha acostumbrado la gente y no es lo mismo vivir en la CdMx, con un ruido de fondo muy elevado durante alrededor de 19 horas diarias, que vivir en Huexca, donde el nivel de ruido a lo largo del día es incomparablemente menor (se escucha el canto de las aves en los árboles a distancias considerables del centro de Huexca); por ello, los organismos de los niños en la escuela preescolar/secundaria, a escasos cien metros de la termoeléctrica, respondieron por primera vez en sus cortas vidas, con crisis nerviosas, vómito, dolor de cabeza, etc. La revista médica European Heart Journal publicó recientemente un estudio longitudinal sobre el impacto cardíaco de los niveles de ruido que producen los aviones en zonas cercanas a los aeropuertos. El ruido nocturno de los aviones puede incidir de manera directa en lesiones cardiovasculares que van desde arritmias y cambios en la presión sanguínea, hasta infartos fulminantes (ver)⁽¹⁾. ¿Por qué el ruido de la termoeléctrica no, si estas infraestructuras pueden generar ruidos ambientales más altos que los límites seguros planteados por la OMS? Además, no sólo es un problema de ruido, el funcionamiento de la termoeléctrica contamina la atmósfera, el agua y los suelos a su alrededor en distancias que van aumentando con el tiempo de funcionamiento. ¿Por qué no intenta vivir un mes en Huexca el director de la CFE con la planta ya funcionando, consumiendo los cultivos que serán regados con el agua contaminada por la planta y bebiendo ese mismo líquido?

3. El gasoducto entrará en operación

El gasoducto ya ha estado operando, cuando menos en los meses en que se hicieron las pruebas de funcionamiento para que la CFE aceptase hacerse cargo de la termoeléctrica (de nuevo, el cambio de oro y plata por espejitos del conquistador cuyas órdenes pasan por encima de la Constitución mexicana). Con ello, la CFE puede utilizar al ejército para resguardar al gasoducto, a las instalaciones de la termoeléctrica y al acueducto; y así disponer ilícitamente del volumen de agua que se le antoje arrebatarles a los campesinos. Por cierto, ¿Armando Bartra sabe por qué no se dieron a conocer ampliamente los reportes sobre la termoeléctrica realizados por los ‘expertos’ de la UNESCO, que pomposamente trajo la CONAGUA con el fin de justificar el despojo hídrico? ¿Cómo puede ser posible que se afirme que algo ocurrirá cuando todavía hay amparos interpuestos y suspensiones vigentes dictadas por jueces federales? ¿Se afirma que en los hechos se desestimará al Poder Judicial?

4. El (robo del) agua del Río Cuautla es un asunto relativamente menor y técnicamente soluble

Si lo fuese, ¿por qué entonces no se resolvió el problema de esa manera y se obtuvo el agua para la termoeléctrica sin despojar a los campesinos del vital líquido? ¿Considera entonces que la violación de un decreto que crea un área sujeta a conservación ecológica (ver punto B más abajo), en complicidad con las autoridades ambientales, es un asunto menor y merece sea apoyada por alguien que se presenta como experto en los problemas del campo y los campesinos en México y Latinoamérica?

5. Se dejó de lado el impacto del gasoducto y sus futuros ramales en regiones con riesgo volcánico del entorno del Popocatépetl hoy agrícolas y poco pobladas

El impacto del gasoducto fue la primera razón con la que se impugnó el Proyecto Integral Morelos (PIM) y con el que un juez dictaminó la suspensión de su tendido al convencerse que el mapa de riesgos sísmicos de la UNAM en la zona había sido alterado para que el gasoducto pasara por zonas de riesgo elevado y muy elevado. La condena del juez se ha ignorado, como en muchos otros lugares, siguiendo la máxima del neoliberalismo que se implantó en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, hasta desaparecerlo y dejando de paso sin referente al escudo de ese estado: “Condenen la invasión extractivista extranjera, pero déjenlos trabajar a gusto”. ¿No se suponía que el neoliberalismo ya no existía en el país? Este hecho ha sido ignorado por el director del  Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPreDeR) de la Universidad Autónoma de Puebla; Centro que carece del conocimiento necesario para evaluar los riesgos del trazado de un gasoducto en una zona sísmica (pues no cuenta con un profesionista en geología) y al parecer, desprecia las vidas de quienes viven actualmente en esas zonas. ¿El impacto del gasoducto sólo será relevante para la institución cuando la zona esté densamente poblada y el número de muertes en caso de una explosión sea muy elevado? Además, el gasoducto no termina en la termoeléctrica, continua hasta la actual Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVaC), pasando por zonas densamente pobladas ¿Por qué el CUPreDeR menosprecia a estos otros mexicanos en riesgo? ¿Por qué el personal del CUPreDeR dejó de participar en las reuniones informativas que se realizaron en las comunidades ejidales de la zona afectada por el ilícito acueducto?

6. Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador.

¿Cómo se puede afirmar algo con base en que el costo de actuar en defensa del ambiente, del tejido social y de la economía de una región eminentemente agrícola, pueda llegar a ser mayor que el cruzarse de brazos y contemplar el irremediable e inevitable daño que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo por no actuar?

¿Por qué no se considera la postura de los agricultores y demás habitantes de Morelos que se verán afectados? ¿Será porque se piensa que no es políticamente correcto arriesgarse en la defensa de los mexicanos que no ocupan cargos?

Habrá que recordarle a Bartra que la opinión de los pueblos, colectivos y personas que se oponen al PIM, el acueducto y la termoeléctrica fue silenciada con la represión y las balas. Algunos han sido torturados y encarcelados, y el asesinato de uno de ellos, Samir Flores Soberanes, pesa profundamente en el alma de los pueblos campesinos e indígenas del territorio morelense. Pocos días después de este asesinato, el gobierno siguió adelante con una consulta fuera de la normatividad que impone la propia Constitución, y por lo tanto inválida para la implementación de un megaproyecto en territorio indígena. ¿Cuál es el tipo de gobierno que ejecuta su voluntad pasando sobre el dolor de su pueblo? Violencia de estado innecesaria y reprobable, más bien. Como la violencia en las amenazas, insultos y provocaciones que la Guardia Nacional sigue realizando en contra de las mujeres que defienden su territorio en el plantón de Huexca, en las inmediaciones de la Termoeléctrica.

Y volvemos una vez más a la afirmación de Bartra: ¿contribuir al calentamiento global y propiciar la sobrepoblación dentro de territorios que ofrecen servicios ambientales clave (como se dice en la misma editorial ) para las millones de personas que habitan Morelos, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y la Ciudad de México es mejor que no hacerlo? Que afirmación tan sorprendente del experto en el campo.

7. Es posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética

Esta afirmación, en boca de un sociólogo, profesor de economía, suena incomprensible. ¿Cómo se puede avanzar en la soberanía energética de México reforzando el consumo de energía que depende del precio del metano vendido en Texas? ¿Se desconocerá acaso el hecho de que la quema de metano como puente para alcanzar el uso de las energías de fuentes renovables resultó ser sólo una mentira más del capitalismo?

8. 15 municipios de Puebla, 10 de Tlaxcala y ocho de Morelos que hoy son básicamente agrícolas y con una muy baja densidad poblacional, pero que además proveen de servicios ambientales, pues conforman la zona de recarga de los acuíferos de los que depende el abastecimiento de agua a unas (sic) 15 millones de personas de la región.

La recarga de los acuíferos depende principalmente de los glaciares en los volcanes y estos están desapareciendo por el calentamiento global causado por ese desarrollo capitalista desenfrenado cuyo costo económico le preocupa a Bartra, es decir, considera que la carencia ya palpable de agua en la zona no debe impedir el avance económico de la región. Pero, además, no es ese el único servicio ambiental que proporciona esa zona y si, como asegura ha leído los estudios realizados entre 2001 y 2007, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia, cabe preguntarse por qué no los menciona. ¿Por qué se falsea el nombre de una de las corporaciones españolas que realizaron la obra del gasoducto? ¿Se le quiere esconder con algún propósito no confesado? Debería también cuestionarse por qué el personal del CUPreDeR separa al agua y al suelo del ambiente, siendo estos dos elementos parte fundamental del mismo. ¿Será que el editor de La Jornada del Campo carece del conocimiento necesario en cuanto a lo que el concepto de ambiente significa? ¿Por qué se refiere a Huesca (España) en lugar de a Huexca (Morelos, México)?

9. Los integrantes del Cupreder, que tienen décadas de trabajar sobre el problema, …

Razón de más para cuestionar el trabajo de dicho Centro desde que se fundó: ¿cuáles han sido sus logros en materia ambiental? ¿En dónde han sido publicados y qué tipo de reconocimiento a ese trabajo han recibido? En el ejemplo que usan y que ocurrió después de que se fundara el Centro, ¿lograron frenar siquiera un poco la expansión de grandes zonas habitacionales en Atlixco, Puebla? Y lo más relevante, ¿hicieron algo para evitar la construcción del gasoducto cuando aún era posible impedirla? ¿Sirvieron de algo los programas regulatorios de uso de suelo que realizó el CUPreDeR en diecinueve municipios de Puebla, trece del estado de México y cinco de Morelos en los que se prohibía la actividad industrial riesgosa en esas zonas por el riesgo eruptivo? ¿O solo se cobró por entregarlos, sin importar que se tomaran en cuenta las observaciones ahí contenidas? Estas preguntas son de interés público pues se sabe que el gobierno estatal de Morelos en el 2009 retrasó la publicación del Ordenamiento Ecológico Territorial del estado mientras se alteraban convenientemente dichas observaciones y se modificaban las unidades de gestión ambiental mediante la inclusión de un criterio que abrió las puertas a la actividad industrial.

10. Fuera de las falsedades y muestras de ignorancia de la editorial en cuestión, es necesario mencionar otros problemas que han sido desconocidos por quienes cuestionan la posición de los campesinos y de quienes hemos tomado parte en la oposición al negocio neoliberal del PIM.

A) El metano (CH₄) se importa desde Texas sin averiguar su origen; es decir, bien puede ser producto de la fractura hidráulica que destruye el ambiente por completo en donde se aplica. El transporte del metano para el PIM se realiza por un gasoducto bajo las aguas del Golfo de México que llega a Altamira en Tamaulipas, y a Tuxpan, en Veracruz, y de ahí se lleva a una estación de reparto en Tlaxcala, de donde se desvía hacia Huexca pasando por una inadmisible cercanía al volcán. El gasoducto se llenó de metano para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica y así ha estado desde entonces. Hasta ahora, han habido al menos dos temblores de consideración, y no se ha verificado que las uniones y las válvulas de seguridad de los múltiples tramos del gasoducto estén en buenas condiciones. Quizá se ignora que el metano que se fuga a la atmósfera actúa como un potente gas de efecto invernadero y acelera el calentamiento global antropogénico; estas fugas, por cierto, no sólo son inevitables a todo lo largo del ciclo del metano como combustible, desde su extracción hasta su quema, sino que además son las que más han aumentado durante la pandemia por, precisamente, la falta de vigilancia en todos los procesos relacionados con dicho ciclo.

B) Existe un decreto declarando al área núcleo y al área de amortiguamiento del Río Cuautla como área natural protegida y con el propósito explícito y necesario de prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de los recursos hidrológicos y las especies de flora y fauna[2] o con los procesos naturales del área considerada (Área Natural Protegida Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal. Periódico Oficial Tierra y Libertad, 6ta época, No. 3633, del 31 de Marzo de 1993; mapa anexo).

Consejo editorial del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos (Larisa de Orbe/Antonio Sarmiento/Héctor Zetina)

[1] Saucy, A., Schäffer, B., Tangermann, L. y otros (2020). “Does night-time aircraft noise trigger mortality? A case-crossover study on 24 886 cardiovascular deaths”. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa957. Recuperado [30/12/20]

[2] Nota para los defensores del neoliberalismo en México: entre las especies de fauna protegidas, está la humana.

Por Constanza Lobo Sánchez

En diciembre de 1978, tras la orden explícita del dictador Augusto Pinochet, militares de los distintos regimientos del país desenterraron las fosas clandestinas ubicadas en el territorio nacional y desaparecieron los cuerpos de ejecutados políticos.

13 de septiembre de 1973. Es medio día y un camión Pegaso cruza desde el Regimiento Tacna en Santiago hasta el Fuerte Arteaga en Peldehue. Al interior del camión van más de 20 personas tendidas en el suelo, amarradas de pies y manos, y sus cabezas cubiertas con lonas. Eliseo Cornejo Escobedo, Suboficial del Ejército (r), sigue la caravana que se desplaza en dirección norte. Cuando llegan al recinto militar observa cómo uno a uno descienden a los detenidos para, a rostro descubierto, asesinarlos con subametralladoras. Los cuerpos caen en una fosa de quince metros y cinco años después, en diciembre de 1978, Cornejo vuelve al mismo sitio para participar de la exhumación ilegal de esos cuerpos, procedimiento nacional que fue llamado “Operación Retiro de Televisores”.

A través de un criptograma categoría A1, que fue enviado a las unidades de inteligencia y regimientos del país, se ordenó “desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”, según declaró un suboficial de Inteligencia en 2004.

Hasta ese entonces, año 1978, la dictadura militar negaba la existencia de detenidos desaparecidos. “Informaba que eran personas que habían abandonado el país, dejado a sus familias, muerto o que, derechamente, no existían legalmente y que eran personas inventadas”, indica Marisol Intriago, Encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

No obstante, este discurso se fractura cuando el 30 de noviembre de 1978, Inocente Palominos – en la inflaqueable búsqueda de su hijo detenido desaparecido – encuentra cuerpos humanos en los hornos de cal abandonados en Lonquén. Palominos contacta a la Vicaría de la Solidaridad y son ellos quienes realizan una denuncia a la Corte Suprema por un caso que ha sido denominado como “Hornos de Lonquén”. En respuesta al impacto mediático de los hallazgos en Talagante, Pinochet y la Junta Militar deciden enviar el criptógrama a los regimientos.

Los 26 de La Moneda 

El día 23 de diciembre de 1978, durante la “Pascua del Soldado”, nueve militares del Departamento II de Inteligencia y del cuadro permanente del Regimiento Tacna se reúnen al interior del Fuerte Arteaga en Peldehue. Esos nueve militares son Eliseo Cornejo Escobedo, Fernando Burgos Díaz, Hernán Canales Varas, José Canario Santibáñez, José Darrigrandi Marques, Isidro Durán Muñoz, Luis Fuenzalida Rojas, Darío Gutiérrez de La Torre y Sergio Medina Salazar.

Con una máquina retroexcavadora realizan una zanja de seis u ocho metros en el suelo para luego, con palas y chuzos, continuar cavando. Según la declaración de Durán Muñoz, “la faena de desenterrar los cuerpos duró de dos a tres horas” y en ese intertanto beben pisco para capear el calor y el hedor que comienza a rodearlos cuando, bajo unas latas de zinc, encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda.

El 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo al palacio de gobierno, asesores del Presidente Allende, miembros de la Guardia Presidencial (GAP) y funcionarios del Servicio de Investigaciones son detenidos en La Moneda y trasladados en dos vehículos militares hasta el Regimiento Tacna. Allí fueron apresados y torturados hasta el 12 de septiembre y ese día, después de interrogatorios y vejámenes, liberaron a 17 del Servicio de Investigaciones. Los demás, asesores del Presidente de la República y miembros de la Guardia Presidencial, fueron llevados a Peldehue al día siguiente.

Hasta la fecha, se ha identificado a 26 de ellos: Oscar Avilés Jofré (28), Jaime Barrios Meza (47), Manuel Castro Zamorano (23), Sergio Contreras (40), Daniel Escobar Cruz (37), José Freire Medina (20), Daniel Gutierrez Ayala (25), Enrique Huerta Corvalán (48), Claudio Jimeno Grendi (33), Georges Klein Pipper (27), Oscar Lagos Ríos (21), Oscar Marambio Araya (25), Juan Montiglio Murúa (21), Julio Moreno Pulgar (24), Jorge Orrego González (29), Eduardo Paredes Barrientos (35), Enrique París Roa (40), Héctor Pincheira Núñez (28), Arsenio Poupin Oissel (38), Oscar Ramírez Barria (23), Luis Rodríguez Riquelme (26), Jaime Sotelo Ojeda (33) Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Oscar Valladares Caroca (23) y Juan Vargas Contreras (23).

Sus cuerpos, rodeados de cal y granadas de tipo “Poi” sin explotar, vestidos y calzados como si los cinco años no hubiesen podido ingresar entre la arcilla, son maniatados y metidos en sacos paperos. Hasta allí, todas las declaraciones coinciden. Todos concuerdan que los cuerpos son llevados a dos camiones. No obstante, la aparición del helicóptero Puma enmarañar los relatos.

Algunos, como Fuenzalida Rojas, aseguran que subieron los cuerpos al helicóptero ese mismo 23 de diciembre. Otros, como Gutiérrez de La Torre, dicen que fue dos días después. Según su testimonio presentado al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, “unos dos días después fue (Gutiérrez) llevado a Peldehue en un helicóptero a un sitio ubicado frente al recinto y cerca de un polígono de tiro, lugar donde se encontraban los dos camiones antes referidos, y ayudados por los pilotos cargaron los cuerpos y se dirigeron a la costa y en una zona cerca de la Fundición Ventanas procedieron a lanzarlos al mar, para retornar después a la base ubicada en Tobalaba”.

Independiente del día y la hora, esa acción se realizó. Además del secuestro, la tortura, la ejecución y posterior inhumación ilegal de los detenidos de La Moneda, también se realizó la exhumación ilegal de sus cuerpos, culminando todo con la desaparición forzosa. Se estima que los cuerpos fueron lanzados en las costas de la región de Valparaíso, entre Quintero por el norte y San Antonio por el sur.

Todos los militares mencionados han sido imputados, sus declaraciones y sentencias son de acceso público, no obstante, los autores intelectuales han fallecido. Enrique Morel Donoso, comandante de la guarnición de Santiago en 1978, falleció en febrero del 2002, y Joaquín Molina Fuenzalida, comandante del grupo de artillería del Regimiento Tacna, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo de Manuel Contreras, en 1989. Odlanier Mena, director de la CNI, mucho más arriba en la columna de militares y organismos de inteligencia, se suicidó en 2013 antes de ser retirado del Penal Cordillera y trasladado a Punta Peuco.

Hasta esta publicación, quince de los detenidos han sido reconocidos a través de análisis genéticos. Fragmentos óseos, algunos de no más de diez centímetros, han permitido reconstruir sus historias y proyectarlas en presente. Así, se ha identificado a Oscar Avilés Jofré, Jaime Barrios Meza, Manuel Castro Zamorano, Claudio Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Julio Moreno Pulgar, Enrique París Roa, Héctor Pincheira Nuñez, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Martínez Tapia, Héctor Urrutia Molina, Juan Vargas Contreras y Juan Montiglio Murua.

La operación en el resto del país

En 1978, cuando el ocultamiento de los asesinatos se volvió una orden explícita desde la comandancia en jefe del Ejército, en Chihuío las FFAA desenterraron los restos de los 17 trabajadores pertenecientes al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli y los lanzaron al mar. Sus cuerpos, antes de la inhumación ilegal, estuvieron 15 días al aire libre. A pesar de ambas acciones, la fosa del desentierro que fue hallada en 1990 aún contaba con restos óseos que permitieron la identificación de cinco ejecutados: Carlos Acuña Inostroza (46), Luis Ferrada Sandoval (42), Daniel Méndez Méndez (42), Ricardo Ruiz Rodríguez (24) y Manuel Sepúlveda Rebolledo (28).

De esa forma, el encubrimiento y la doble desaparición cruzó el territorio desde la región de Arica en Putre, hasta la región de Los Ríos en Chihuío, y continuó durante 1979. “Las investigaciones judiciales indican que los restos recuperados fueron arrojados al mar, quemados en hornos, arrojados a volcanes, etc.”, señala Marisol.

En Putre, Juan Peña Fuenzalida (21) y Sergio Pantoja Rivera (19) fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar entre octubre y noviembre de 1974. Ambos fueron sacados del Regimiento Rancagua, donde realizaban el servicio militar, y llevados a un punto desconocido. No fue hasta 25 años después, en 1999, que sus restos fueron encontrados entre tierra removida en las cercanías a Putre.

En Calama, donde el paso de la Caravana de la Muerte costó la vida de 42 personas, 26 de ellas fueron desaparecidas. Por el relato de un minero, los familiares de los ejecutados políticos supieron de la existencia de cuerpos encontrados en el desierto. Los militares, percatados de la búsqueda, desenterraron los cuerpos y los desaparecieron en el mar. Algunos restos, pequeñas piezas óseas, aparecieron en el sitio y a sus alrededores en pericias posteriores.

En Santiago, la CNI desapareció los cuerpos encontrados en Cuesta Barriga por un cazador de conejos. Se estima que fueron más de veinte los cuerpos ensacados y, presumiblemente, lanzados al mar. Debido a la ubicación de la mina, la diferencia del estado de los cuerpos, se estima que fue utilizada por distintas ramas de la represión (operación cóndor y cuartel Simon Bolivar) y en distintos años. Hasta la fecha, once de las víctimas han sido identificadas.

Asimismo la Corporación Memorial Cerro Chena, en respuesta al anuncio de construcción de un nuevo complejo deportivo en el “Cuartel Nº2” de San Bernardo, denuncia que ese recinto podría considerarse también dentro de la Operación ya que en 2002 encontraron dos fosas con osamentas de detenidos desaparecidos que acusaban remoción de cuerpos.

En Rapel, las víctimas secuestradas y ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en Paine, fueron inhumadas ilegalmente en la quebrada Los Quillayes en las cercanías del Lago Rapel. Luego, entre 1978 y 1979, sus restos fueron exhumados ilegalmente y desaparecidos, según declararon las FFAA en la Mesa de Diálogo, frente a Pichilemu. Esta fosa fue identificada en 2007 y permitió la recopilación de 295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (botones, vidrios, textiles, anillos, etc).

En Linares, las FFAA se encargaron de las exhumaciones ilegales al interior de la Escuela de Artillería de Linares y en la localidad de Constitución. En el regimiento encontraron “dos cuerpos que estaban sin ropas” y en Constitución, en un entierro clandestino, encontraron “tres cráneos”. Todos los restos fueron calcinados. Si bien algunos militares han sido condenados por la desaparición y exhumación ilegal de cinco personas, son en realidad nueve los detenidos desaparecidos contemplados en una misma operación.

En Los Ángeles, en el fundo Huaqui 3 del sector norte de La Mona, trabajadores de la empresa forestal Mininco encontraron osamentas y casquillos de balas. Se estima que al menos seis personas fueron sepultadas y se establece, además, “que la mayor parte de los cuerpos fueron removidos y sustraídos del lugar”. Trece años después, en 2004, se confirmó la identidad de César Flores Baeza (30), Mario Belmar Soto (30), Juan Ulloa Pino (26), Víctor Ulloa Pino (16) y Juan Yáñez Franco (25).

Finalmente, en Mulchén, al sur de Los Ángeles, 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes, y Pemehue, fueron asesinados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en una fosa al costado norte del río. A diferencia de las situaciones del norte, la fosa al ser de conocimiento público sirvió de tumba para los familiares hasta  marzo de 1979 donde los restos de once de ellos fueron removidos, insertos en sacos y llevados hasta Concepción, donde los calcinaron en un horno de ladrillo del Departamento II. El fallo está disponible aquí.

Situación actual

Hasta la fecha, la Operación Retiro de Televisores cuenta con diez momentos identificables y diez u once fosas clandestinas halladas entre 1990 hasta 2007. Es decir, tan sólo trece años atrás. Ha sido el actuar de familiares de detenidos desaparecidos, quienes han iniciado distintos procedimientos judiciales que involucran al PJ y al SML, lo que ha permitido trazar pequeñas cuotas de verdad sobre esta operación. No obstante, esta reconstrucción no ha estado exenta de inexactitudes.

Los cuerpos de Oscar Avilés Jofré, Eduardo Paredes Barrientos, Hector Urrutia Molina, todos parte del grupo de La Moneda, fueron identificados erróneamente en el Patio 29, la parcela que fue utilizada para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Por esto, es posible encontrar información errada acompañando sus nombres.

Según Marisol, cuando se aplicó el análisis de ADN mitocondrial en 2006, se estimó que cerca de 90 casos del Patio 29 presentaban exclusiones, “es decir, que los perfiles genéticos de las víctimas no coincidían con sus supuestas familias maternas”. Esta nueva técnica de extracción de ADN en hueso comenzó a utilizarse recién en 1999 y a diferencia del nuclear, es mucho más estable  y “es la parte de ADN que todas las personas heredamos por vía materna, entonces compartimos esa misma secuencia con nuestra madre, hermanos de madre, y todo pariente de línea materna”.

Por eso, desde el año 2009, el Servicio Médico Legal ha creado una base de datos genéticos de familiares que ha permitido la comparación de perfiles genéticos con los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas. Hasta la fecha, se ha identificado alrededor de 200 personas a través de la acción conjunta de variados elementos técnicos (ya sea a través de ADN nuclear o mitocondrial) con la ratificación de un juez.

Marisol cree que aún hay fosas clandestinas que no han sido identificadas, “sabemos que esas fosas existen, y que hay personas ligadas a los aparatos de represión que las conocen, se requiere que den información y que las causas sigan abiertas, que los jueces y ministros no dejen de investigar”.

El tiempo continúa expandiendo la brecha de la impunidad, volviendo más difícil la búsqueda e identificación, pero ella concluye, en un tono más amable y esperanzador, “estamos seguros de que existe la posibilidad de seguir encontrando a las víctimas de desaparición forzada”.

Se estima que son más de 1.200 personas las víctimas de desaparición forzosa de nuestro país. La Operación Retiro de Televisores fue la decisión, consciente y premeditada, de volver a desaparecerlos, de perderles la pista, ojalá y para siempre. Pero los huesos resisten, escondidos en la tierra, al igual que la memoria. Y sus nombres aparecen de nuevo, y continuarán haciéndolo, año tras año. Día tras día.

Foto de portada Museo de la Memoria. Disponible en el siguiente link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.museodelamemoria.cl%2Fwp-content%2Ffiles_mf%2F1563902305GAP_1973_web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Bnl6rapR9fhrc9YdKMznbb0Sqd7hEBt4xqj1SQR6UeKQSDZgqnlyDB6c&h=AT0m2g6K8rD57dWsLpyAQT86dwSReMU7r8P7ShYSdLbnDjJ58p2PTpgEwYQKSa8exbhOaRPH3_0CaPso399WGTqyLDkSGqEwLRsvBxRpEW2IZu8qzKWT80zBIbBWl0bN9HY