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Por Ñaní Pinto

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Video de la entrevista aquí.

Escucha o descarga el audio de la entrevista:
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/05/Conagua-20210521.mp3[/podcast]

Xalapa, Ver. 20 de mayo 2021. Una delegación de campesinos morelenses, junto a colectivos y organizaciones sociales, instalaron un plantón el día de ayer frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al sur de la ciudad de Xalapa, para denunciar el robo de agua con la finalidad de alimentar canales privados por medio del Acueducto Cuautla. En la tarde de hoy, los ejidatarios invitaron a los medios libres en una entrevista previa a su rueda de prensa programada para el jueves 21 de mayo a las 9:00 hrs. frente al edificio de la Conagua.

Acompañados por colectivos de defensores del territorio de Veracruz, Puebla, Guerrero y de la capital, los ejidatarios de la región oriente de Morelos tomaron las instalaciones y pusieron una gran carpa y numerosas tiendas de campaña frente a las rejas metálicas de un edificio gubernamental vacío, “por el motivo que se han violentado nuestros derechos: la CFE nos ha arrebatado nuestra agua”, sin tener ningún permiso para conectar un acueducto ni para alimentar la termoeléctrica que está a punto de empezar a funcionar.

Uno de los representantes de los ejidos movilizados de Cuautla, Ayala y Tenextepango declaró que “el agua del río Cuautla ha sido históricamente parte fundamental para nuestra actividad que es agrícola, tenemos una zona con características muy especiales para la producción de alimentos: producimos elote, pepino, verdolagas, arroz, caña, es decir, esa parte de Morelos fue precisamente la cuna de la Revolución porque ahí de donde venimos nació el General Zapata, en el pueblo de Anenecuilco, y ahora resulta que nos imponen una termoeléctrica a diez kilómetros de Cuautla y Ayala; y conectan un acueducto sin consultarnos, sin explicarnos de lo que se trata, y ya de la noche a la mañana resulta que empiezan a bombear el agua a la termoeléctrica”.

Niños, jóvenes, trabajadores y ancianos de los ejidos del oriente de Morelos protestan frente a las instalaciones de Conagua en Veracruz

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Por Ñaní Pinto

Maureen Clare Murphy

Human rights groups are calling for an urgent investigation by the International Criminal Court as Israel’s merciless pounding of Gaza enters its second week.

More than 200 Palestinians in the Strip have been killed since last Monday, including 60 children and 34 women, according to Al Mezan, a human rights group based in the territory.

Three of the women were pregnant when they were killed, according to the UN’s human rights office.

The fatality count is expected to rise as people remain under the rubble and unaccounted for two days after heavy airstrikes on residential areas of Gaza City overnight Saturday.

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Elijah J. Magnier

Los extraordinarios enfrentamientos entre los palestinos e Israel son una prueba de una situación paradójica que no acabará pronto. El enfoque israelí de lo que está ocurriendo parece formal y engañoso. El jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kochavi, dijo: “Hamás no ha evaluado adecuadamente la gravedad de nuestra respuesta, ya que la Franja de Gaza se enfrenta a una enorme intensidad de ataque que no se ha visto hasta hoy”.

Tel Aviv reveló que había bombardeado más de 1 mil 500 objetivos y destruido decenas de edificios en la asediada ciudad de Gaza. Sin embargo, Israel nunca se dio cuenta de que los grupos de resistencia palestinos habían introducido nuevos misiles de largo alcance y habían aumentado significativamente la potencia de fuego, con un ritmo de más de 150 cohetes disparados a diario y simultáneamente. Los palestinos registraron más de 100 edificios alcanzados en Israel, y Gaza introdujo una nueva amenaza al lograr bombardear desde el primer día Jerusalén y Tel Aviv.

Se trata de un cambio fundamental en las reglas de enfrentamiento, de bombardear gradualmente y evitar bombardear Tel Aviv, que el Eje de la Resistencia está acostumbrado a observar. Por primera vez se lanzaron nuevos misiles, uno bajo el nombre de “Al-Qasim” (llamado así por el comandante iraní Qassem Soleimani, responsable del suministro de armas a los palestinos), de 400 kilogramos, y el otro misil, “Ayyash” (llamado así por “Yahya Ayyash”), con un alcance de 250 kilómetros.

Khaled Meshaal, representante de Hamás en el extranjero, no dudó en afirmar que “la resistencia se ha beneficiado de Irán, de sus misiles y de su experiencia, y las organizaciones de Gaza se han beneficiado del contrabando de armas y de tecnología militar”.

La operación israelí “Guardián de los Muros” fracasó frente a la “Espada de Jerusalén” palestina a la hora de introducir una nueva ecuación de disuasión. Como en todas las guerras, Israel consiguió destruir instalaciones, tierras agrícolas, edificios civiles, bancos, vías públicas y edificios para los medios de comunicación locales y extranjeros. Esto indica que la resistencia palestina ha logrado reducir el banco israelí de objetivos altamente sensibles, como solía ocurrir en guerras pasadas. La incapacidad israelí para determinar la ubicación de los lanzadores de cohetes y el paradero de los altos mandos militares significa que las instituciones civiles son ahora el objetivo predilecto de Israel.

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Por Ángel Huerta

El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

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Mujeres somos y seremos artistas que lideran el cambio, cuidadoras de la vida donde quieren apagarla, organización que permite la vida. Somos fuerza en pie de lucha, guerreras por la dignidad, armonizadoras. ¡MUJERES SOMOS Y SEREMOS LA RESISTENCIA!… porque desde todos los espacios siempre hemos estado y estaremos construyendo un mañana mejor:

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/05/mujeresyparo.mp3[/podcast]

(Testimonios vía Boletín Colombia Rompe el Cerco)

>> En este segundo episodio de #ResisteColombia replicamos la denuncia de violencia sexual en Popayan por parte de la policia nacional de Colombia. Una jóven de 17 años tras ser “manoseada hasta el alma” como ella misma reportó en su muro de Facebook, se quitó la vida.

También hablamos con Laura Torres desde Bogotá, quien nos reporta desde las marchas y nos cuenta de la marcha de madres y comadres del pasado 8 de Mayo

“Y que retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor”

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Colombia se mantiene en pie de lucha luego de 16 días del Paro Nacional 2021

Por: Medios Libres Cali | 13 Mayo 2021

¿Quiénes, por qué y cómo paramos?

“Paramos porque no aguantamos más”: la mejor descripción de este paro la han dado las comunidades populares que relacionan el paro con una olla express, el paro es la manifestación de un cúmulo de inconformidades que juntas se levantaron en una sola a voz. Entre ellas el paquete de 4 reformas nefastas que recaen sobre las comunidades más empobrecidas y beneficia a sectores ya privilegiados: la reforma tributaria que pretende ponerle IVA del 19% a la canasta básica; la reforma a la salud que privatiza el servicio y elimina las posibilidades de acceder al derecho; la reforma a la pensión que pretende pasarse a fondos privados; y la reforma laboral que podría flexibilizar el salario mínimo.

Pero el paquete de reformas en realidad son la gota que rebozó el vaso. Hablamos de una sociedad golpeada por la pobreza y la desigualdad; un país que vive en guerra desde hace décadas y es gobernado por un narcoestado que cada vez muestra su cara más real, pues día a día se va quitando el manto de democracia para mostrar su rostro de dictadura. Es por ello que las comunidades no se aguantaron las reformas, porque en realidad no podían con más. Ya en 2019 en medio de la ola de protestas por el llamado “paquetazo de Duque”, el cual desencadenó movilizaciones masivas que paralizaron el país por casi dos meses, conocidas como el 21N (21 de noviembre 2019, fecha en que inicia dicho paro), el gobierno -con auspicio del uribismo-, realizó la firma del decreto a puerta cerrada y a altas horas de la noche que le dio vida al Grupo Bicentenario, un holding financiero estatal, pese a que las protestas habían denominado el retiro de dicho proyecto como uno de los 10 puntos inamovibles del paro. Este grupo está conformado por 19 empresas financieras como el Banco Agrario, Findeter, Finagro, el Icetex y el Fondo Nacional del Ahorro y sigue desde entonces.

Y es que pareciera no ser suficiente con el asesinato desmedido de líderes y lideresas sociales, más de 900 desde 2016 según Indepaz, 101 en el 2020 según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación [UIA] de la JEP; el desplazamiento de comunidades en los campos, 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia; la economía totalmente quebrada por la pandemia, la vergonzosa cifra de más de 30.000 personas desparecidas que están siendo buscadas por sus familiares desde 1985 hasta la fecha según la Comisión de la Verdad, el ataque a los movimientos sociales, el golpe sistemático a las comunidades indígenas. Hablamos de un país que vive con hambre, a mediados del 2020 ingresaron 9.151 casos de niños y niñas menores de 5 años a los que se les atribuye desnutrición aguda según el Instituto Nacional de Salud, un país nutrido de violencia. Hablamos del país de las 6.402 personas asesinadas extrajudicialmente y la cifra sigue en aumento.

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La Asamblea Permanente de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncia una serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta que aprobó la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los diez que están previstos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Asamblea, hubo la falsificación de firmas de 50 comuneros de Puente Madera, así como se consideró la firma de dos personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea”, sostiene en un comunicado la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, por medio de su Asamblea.

Todo empezó, según los comuneros, con la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Fue convocada con el objetivo de “convencer a los comuneros a aprobar el Polo de Desarrollo”, afirma la Asamblea en su documento.

El actual comisariado de bienes comunales, desde que inició su cargo, no había realizado ninguna Asamblea. “Pero por la presión ejercida por el presidente municipal de San Blas, Antonino Morales Toledo, obligó a que se realizara, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificación de firmas de más de 50 comuneros pertenecientes a nuestra comunidad de Puente Madera, así como la firma de dos personas ya fallecidas”.

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