Entrevista a Carlos González – Abogado agrarista del CNI.

En agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Morelia, Michoacán), va a resolver el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa Maria Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario distrito 38 dentro del juicio 78/2004, a través de la cual da un fallo favorable a supuestos pequeños propietarios de La Placita, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad.

Este procedimiento estuvo plagado de fuertes irregularidades. Se trata de una disputa histórica por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Océano Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009 (circunstancia que la llevó a reorganizar su Guardia Comunal) y que tiene tras de sí una trágica cauda de 40 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, incluidos sus más importantes dirigentes.

En el andamiaje judicial de nuestro país estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa Maria Ostula puede recurrir, luego de que hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio. Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila. Esta y las restantes comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas y comparten una colindancia con el Océano Pacífico en una línea mayor a los 100 kilómetros. Las playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas y son muy hermosas. Asimismo, sus montes son de los más ricos en el mundo en metales como el oro, la plata y el hierro. Además los territorios de estas comunidades son importantes nichos ecológicos en los que son celosamente conservadas distintas variedades de tortuga, entre otras especies, y tienen significativas reservas de agua.

Por lo anterior se trata de tierras muy codiciadas por empresas mineras e inmobiliarias; y por supuesto por los carteles criminales en tanto que se trata de una estratégica región ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes del país. De hecho parte de las tierras que la comunidad tiene en disputa las recuperó de los que en ese año de 2009 eran líderes de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

Justamente por esos intereses tan poderosos que han puesto sus ojos en las tierras de la comunidad, últimamente el Cartel Jalisco Nueva Generación ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad, destacando el del 3 de julio de este año, con el uso masivo de drones y explosivos, sobre la población civil y casas del poblado de La Cofradía de Ostula. Pedimos generar campañas informativas y acciones sobre el Tribunal de amparo, sobre el Poder Judicial Federal y sobre el Estado Mexicano para que una terrible injusticia no se consume y se respeten las tierras y los derechos que tanta sangre han costado a la comunidad indígena de Santa Maria Ostula.

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA HISTÓRICA, LEGAL Y SOCIAL DE OSTULA POR LA RECONSTITUCIÓN DE SU TERRITORIO

AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO QUE LUCHA Y QUE RESISTE
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias de Michoacán a 7 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, nos solidarizamos con la lucha histórica, legal y social que mantiene la comunidad indígena de Santa María de Ostula por la defensa y reconstitución de su territorio.

Desde tiempos inmemoriales, los hermanos náhuatl de la costa michoacana, han sostenido la posesión de su territorio y lo han defendido sobreviviendo a las guerras de despojo y exterminio que durante siglos han desplegado los malos gobiernos en la región, es una de las comunidades que más han padecido la represión masiva y selectiva, en tiempos recientes, por defender su autonomía y territorio, han sido asesinados 40 comuneros y desaparecidos 6 más, en todos los casos, prevalece la impunidad y la injusticia sistemática.

Los pueblos indígenas de #Michoacán reconocemos a Xayacalan como parte de la comunidad indígena de Ostula y como parte integral del territorio náhuatl de la costa sierra michoacana, toda vez que mantienen sus títulos primordiales emitidos durante la colonia, una resolución presidencial de 1964 y la posesión histórica y contemporánea de sus territorios.

La comunidad indígena de Santa María de Ostula es un ejemplo de dignidad, resistencia y lucha para todos los pueblos, actualmente, el caso se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito como Amparo Directo 463/2023, contra la sentencia del Tribunal Agrario de Colima, donde el aparato de justicia le dio el fallo a favor del grupo de pequeños propietarios de la Placita en un procedimiento lleno de irregularidades e inconsistencias.

Por estas razones, en el CSIM nos sumamos a la exigencia al Poder Judicial de la Federación para que resuelva haciendo justicia en favor de Ostula, quien se encuentra defendiendo no solo su territorio, si no reservas de agua, fauna y vida, que los intereses mineros, hoteleros, particulares y del crimen organizado quieren despojar.

¡Exigimos respeto y certeza jurídica para los pueblos originarios y sus territorios!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
#OstulaVive

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Ante la violencia desbordada y absurda en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en otros estados de la República Mexicana, el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad NUEVO YIBELJOJ en una JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ Y LA VIDA. Con esta acción re-activamos el CAMPAMENTO CIVIL POR LA PAZ.

Saludamos a todas nuestras hermanas y hermanos Abejas que también hoy desde sus respectivas comunidades están en la misma Jornada de Ayuno y Oración como nosotros. Así mismo saludamos a las parroquias de Santa Catarina Pantelhó, San Pedro Ch’enalvo’ y a todas las mujeres y hombres que buscan la paz y defienden la vida por medio del diálogo y por la vía pacífica, así como nos enseñó el Maestro Nazareno, Jesucristo y las y los Mártires de Acteal.

Nos duele el sufrimiento de las familias de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en otras partes de México por la violencia que han causado los grupos criminales en Chiapas y en México, aunado a la indolencia e indiferencia del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador de no tener la voluntad de buscar caminos para apagar el infierno que desplaza, mata y masacra a niñas, niños, mujeres, hombres, ancianas y ancianos.

31 de julio de 2024
Chiapas, México

En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado.

La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.

Estas afirmaciones, por una parte desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.

Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Conferencia de prensa realizada en la capital de Chiapas para denunciar las irregularidades en el proceso penal contra las BAEZLN.} 

José Díaz Gómez, indígena ch’ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), ha sido privado de su libertad acusado por robo ejecutado con violencia. Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala que Díaz, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS 17), “El Bambú”, municipio de Catazajá, norte de Chiapas,  es víctima de criminalización ante un delito que no se ha podido comprobar.

Frayba ha documentado que, en la detención de José Díaz, elementos de la policía adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas cometieron violaciones a sus derechos humanos, ejecutando una detención ilegal y arbitraria, además de incurrir en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.

Por ello, exige al Estado mexicano la liberación inmediata del BAEZLN quien está por cumplir un año y nueve meses de reclusión sin contar con sentencia. Apenas el pasado 8 de julio finalizó el proceso de desahogo de pruebas, con lo cual se programó para el próximo 6 de agosto la audiencia que precederá el pronunciamiento de la sentencia. 

“Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Estos detalles evidencian una investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial”, aseveró el Frayba mediante comunicado difundido en conferencia de prensa realizada este lunes (29) en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.

Jorge Luis López, abogado del equipo regional zona norte del Frayba, detalló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son cuatro, “y ninguna de ellas vincula directamente la responsabilidad a José; esperaríamos que el juez dicte una sentencia de absolución”.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

¡Exigimos del Estado y del gobierno mexicano la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

El gobierno mexicano este 20 de julio de 2024 difundió el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador había entregado a las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, México). En dicho documento el presidente destacaba que no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de los integrantes del ejército en el crimen de Iguala. De nueva cuenta, López Obrador trató de desviar la atención hacia la actuación de quienes habían “conducido las exigencias” de justicia. Repitió que esperaba cumplir el compromiso de encontrar a los normalistas y saber “con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”. Dicho documento fue la elaboración desde la cúpula del poder de una nueva “mentira histórica”.

Conocedores del caso llamaron la atención de que el reporte presidencial sobre Ayotzinapa había eludido la verdad y la justicia, con falsas justificaciones y con acusaciones sin pruebas de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos estudiaron ese documento con detenimiento y cuando tuvieron consenso difundieron su respuesta. Lo primero que le señalaron es que lo habían encontrado muy confuso, repleto de inconsistencias, con varias descalificaciones, no sólo contra sus abogados, sino también contra defensores de derechos humanos, culpabilizándolos de enredar el caso Ayotzinapa para lavarle la cara al ejército y ocultar la responsabilidad de encumbrados personajes. Le reclamaron que desde su silla presidencial, sin fundamento real, intentaba darles un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. Lo encararon y le dijeron que les había mentido, engañado y traicionado. No sólo les estaba fallando a ellos, sino a todo el pueblo de México y a la comunidad internacional solidarizada, los cuales también ingenuamente le había creído en algún momento que resolvería este doloroso caso.

Las madres y padres de Ayotzinapa insistieron en que no se podía justificar lo injustificable. Había numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalaban que ese día el ejército estuvo en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de sus hijos. Eso era una verdad irrefutable. Les sorprendía que el presidente quisiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas quien había corroborado la participación activa del ejército al igual que lo había hecho el  Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes  (GIEI). Entendían que el reporte que les había entregado carecía de una validez jurídica, pues López Obrador no era ministerio público ni nunca había sido investigador del caso. Sólo les compartía sus conjeturas, las cuales estaban muy alejadas de la verdad. Le recordaron que la víctima no era el presidente, sino ellas y ellos que habían perdido hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se habían incrementado como nunca en la historia de México, así como el alza de la delincuencia organizada.

A casi diez años de lucha, no habían dejado ni un sólo día de exigir la aparición con vida de sus hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros. Le señalaron que a él la historia lo juzgaría y se encargaría de poner a cada quien en el lugar que merecía, pues la verdad siempre era implacable. Le recordaron que su lucha no termina, que no perdonan, ni olvidan y volvieron a denunciar que el Estado es el culpable.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.