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Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia

Solidaridad desde Alemania con las comunidades Zapatistas

(02.2022)

 

¡No están solas! por parte de la Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia, en el cetro de Alemania, nos solidarizamos con las comunidades Zapatistas y pueblos indígenas en lucha.

¡No al paramilitarismo de la ORCAO, los 40 invasores en Nuevo San Gregorio y los grupos paramilitares que atacan lxs pobladores de Aldama, Chiapas!

#NuestraLuchaEsPorLaVida #NoAlTrenMaya

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CDH Fray Bartolome de las Casas

ACCIÓN URGENTE | Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022
Acción urgente No. 03

Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

  • Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.

 

El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.

Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

Ver la Acción Urgente en PDF

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Organizaciones europeas

Desde Slumil k’axjemk’op y Abya Yala piden alto a la guerra en Chiapas

Europa, Tierra insumisa, Slumil K’ajxemk’op, enero de 2022

Señoras y Señores:

Como Red de Resistencia y Rebeldía y en apoyo a la lucha por la vida de nuestras compañeras y compañeros Zapatistas, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participamos en la campaña “Nuestra lucha es por la vida” y denunciamos enérgicamente las violencias ejercidas en contra de los pueblos indígenas de Chiapas. Esto ocurre dentro de un marco de total impunidad, que persiste a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles del gobierno mexicano.

Recalcamos que no se trata de conflictos entre comunidades o familias pobres, como lo afirma la versión oficial, que ha servido de excusa para dejar actuar la violencia en total impunidad. Se trata  de conflictos fomentados por una presencia paramilitar impune que busca sembrar terror en un proceso de guerra de baja intensidad.

Afirmamos nuestro apoyo a las comunidades de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, que dependen de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.

Desde el verano de 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones de extrema violencia al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que hace el trabajo sucio de Morena), cuyo principal líder es funcionario del municipio. Este grupo de paramilitares actúa cobijado por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.

Entre los ataques que han llevado a cabo los paramilitares de la ORCAO, los cuales se han denunciado públicamente, y que hasta el momento han quedado en total impunidad, están:

  • 22 de agosto de 2020: saqueo, robo y quema de la tienda “El Arco Iris”, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo;
  • 8 de noviembre de 2020: denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva del “secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO”;
  • 11 de septiembre de 2021: secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ^por el grupo paramilitar que les ha mantenido desaparecidos hasta el día 19 de septiembre;
  • 21 de noviembre de 2021: otro ataque con armas de fuego por parte de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendio de la escuela secundaria autónoma zapatista;
  • desde noviembre de 2019, en la misma zona, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por “el grupo de los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces. Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le quedan 7 hectáreas al pueblo, y sus habitantes han sido reducidos a una situación de campesin@s sin tierra. A pesar de que dichos actos fueron documentos y denunciados el 2 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Buen Gobierno y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, con fecha del 2 de diciembre, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 cabezas de ganado sin alimento. Es importante aclarar que el supuesto arado solo tuvo el objetivo poner en peligro la supervivencia del ganado. Con cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten “secuestrad@s”; ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de sus casas, sometid@s a la observación y presencia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos.

Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos entre el grupo de los 40 y la policía municipal de Huixtán. Así que ¿se puede hacer todo esto en Chiapas bajo la mirada de la policía y del ejército? ¿Robar tierras? ¿Secuestrar a la gente? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T?

Los invasores del “grupo de los 40” pusieron un precio a las tierras que robaron: 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿Quién comprará estas tierras robadas? ¿El Estado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua planeada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s Zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida?

Esta serie de actos de violencia, incluido la detención ilegal y arbitraria de autoridades autónomas, ha sido denunciada tanto por las Juntas de Buen Gobierno como por organizaciones nacionales e internacionales. Los que firmamos la presente urgimos al Estado mexicano, quien tiene conocimiento pleno de los hechos por lo menos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes a terminar de una vez por todas las acciones violentas y de despojo que muchas veces vienen apoyadas por autoridades locales, municipales y estatales, y a respetar la tierra y el territorio que pertenecen al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.

  • El 10 de enero de 2022, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado: una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas. Denunciamos enérgicamente estas desapariciones forzadas.
  • También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (últimamente, 36 ataques con arma de fuego los 7, 8, 9, y 10 de enero de 2022), dejando a una persona base de apoyo zapatista muerta, quien primero fue herida mientras iba junto con su familia a trabajar a su milpa.
  • Denunciamos de igual manera el asesinato de Simón Pedro Pérez, ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.

El Estado de Chiapas está al borde de la guerra civil. Es una situación creada por el mismo Estado mexicano: desde 1994, su estrategia contra-insurreccional ha favorecido la surgimiento de grupos paramilitares que actúan en total impunidad.

Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades, cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.

Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el mal llamado Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras y obligándolas a romper con sus usos y costumbres.

Crea programas de “ayuda”, como “Sembrando vida”, que favorecen tanto la destrucción del modo de vivir en colectivo de los pueblos indígenas y la de las tierras, estimulando la monocultura productivista, como la invasión de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).

Denunciamos la violencia en contra de los pueblos indígenas zapatistas y su impunidad.

Exigimos que los responsables institucionales actúen como debe de ser dentro de un Estado de derecho, respetando la vida y los derechos de los pueblos originarios. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para detener la violencia que va en aumento en el Estado de Chiapas.

Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s Zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra y por ende por la de la humanidad.

Firmas:

  • Colectiva Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencias y Rebeldías
  • Groupe CafeZ, Liège, Bélgica
  • Casa Nicaragua, Liège, Bélgica
  • Identité Amérique Indienne, Liège
  • RAIZCOF – Réseau d’amitié et d’inspiration zapatiste en Condroz-Famenne, Bélgica
  • La Gang éco!féministe, Bélgica
  • Le petit théâtre de la Grande Vie, Bélgica
  • Americasol-Réseau Escargot, Francia
  • Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron (Colectivo intercerros de las 2 orillas del río Aveyron), Francia
  • Quartier libre des lentillères Francia
  • Espace autogéré des Tanneries, Francia
  • Mut Vitz 13
  • Colectivo París Ayotzinapa, Francia
  • Universidad de la Tierra, Puebla
  • Colectivo Utopía, Puebla
  • Colectivo Utopia
  • Colectiva Zurcando el tiempo
  • Cecilia Zeledón
  • Kathia Behaeghel, Bélgica
  • Geert Carpel, Bélgica
  • Patrick Dessart, Liège, Bélgica
  • Geneviève Michel, Bélgica
  • Jean-Claude Charlier, Jupille, Bélgica
  • Martine Gerardy, Bélgica
  • Orlando Kintero, muralista
  • Union syndicale Solidaires, Francia
  • Yala Colectiva Nantes, Francia
  • Colectivo Armadillo Finlandia
  • Caravana Zapatista Portugal
  • Associazione Ya Basta! Êdî Bese!, Italia
  • Scotland Zapatista, Escocia
  • Latir por México, París
  • Alerta feminista, París
  • Brigada Serpientes, París
  • Miradas-Caracol, Madrid
  • Olivier Vermeulen, Bélgica
  • Natalia Hirtz

 

Carta dirigida a:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adán Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Via :

  • Sandra Fuentes-Berain, embajadora de México en Bélgica
  • Blanca Elena Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia

Con copia a: Mujeres y la Sexta, México

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Avispa Midia

Chiapas: Amenaza conflicto con desplazar a más 3 mil indígenas de Aldama

Por Jeny Pascacio

“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.

Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.

En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.

Foto Jeny Pascacio/ Avispa Midia

A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.

Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.

El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.

En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.

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Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.

Foto Jeny Pascacio /Avispa Midia

Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.

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Avispa Midia

Autoridades ambientales ignoran deterioro de humedales en Chiapas

Por Jeny Pascacio

Los humedales de montaña ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, albergan especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, endémicas, como el pez popoyote, y es el refugio de aves residentes y migratorias.

Ayudan a evitar inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y a purificarla, además son proveedores del 70% del agua potable que se distribuye a la población.

Pero en el Valle de Jovel la situación de los humedales La Kisst y María Eugenia es cada vez más crítica por el deterioro acelerado. En el Día Mundial de Los Humedales (2 de febrero), colectivos y ciudadanos recordaron la urgencia de proteger el 10% de los humedales que sobreviven a la mancha urbana.

Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, dijo que existe inconformidad por la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales correspondientes, “no hay resultados tangibles”.

Durante los años de lucha han notado que el tema no es prioridad ni para la Fiscalía, ni para la Procuraduría Ambiental, “pareciera que está archivado”.

La ciudad turística crece sin ninguna planeación municipal, mientras en diferentes lugares se anuncia la venta de terrenos, también sin control, algunos dentro de las áreas naturales protegidas. Aunado a ello, la Carta Urbana municipal no se actualiza desde 2015.

Sexenios lo permitieron

Las administraciones municipales, estatales y federales permitieron a lo largo de los años la compra, venta e invasiones de los humedales, a pesar de que en 2008 fueron declarados Áreas Verdes de Conservación, por el gobierno del estado.

En 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares, entre ellos, 19 son políticos, mencionó Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

La solicitud para conocer la historia traslativa de los terrenos ha sido negada. Incluso, los dueños de estos terrenos se ampararon ante el decreto de conservación, y los jueces los favorecieron.

Por la falta de respuesta en México, los ciudadanos recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.

La extensión de La Kisst es de 110 hectáreas y se ubica al sur poniente del Valle de Jovel, mientras Lagos de María Eugenia se ubica al sur y su polígono es de 115 hectáreas, pero no existe delimitación física.

A la fecha se interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

  • Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.

El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.

El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.

El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.

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[1]    Ver Boletín No. 10 del 21 de septiembre de 2021, disponible en: https://frayba.org.mx/la-fiscalia-federal-y-la-fiscalia-del-estado-de-chiapas-complices-en-la-falsificacion-de-pruebas
[2]    Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del 21 de abril de 2014. A/HRC/28/68/ADD.3 Distr. General 29 de diciembre de 2014, párrafo 83.

 

       
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CDH Fray Bartolome de las Casas

Sistemática las agresiones armadas en Aldama, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de febrero de 2022

Boletín No. 03

Sistemática las agresiones armadas en Aldama

• El riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama continua.

La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3499 personas.

En el mes de enero de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak’tik 2, T’elemax, Tojtik, Telesecundaria de Santa Martha, Curva Tontik, Tok’oy, Tulan, Base de la Policía, Yaxaltik en Saclum y Slumka’,  mostrando una clara organización del grupo armado para llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los habitantes de las comunidades han reportado 28 ataques hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan. Esta situación ha llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café, impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para el sustento de sus familias.

A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos hechos no se repitan.

Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales  mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral. Por lo que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.

Hacemos un llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas efectivas de seguridad y culturalmente adecuadas, protegiendo la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, previniendo hechos de imposible reparación provocado por el grupo armado.

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Avispa Midia

Desplazamiento de 14 mil personas en Chiapas se mantiene en la impunidad

Por Jeny Pascacio

En portada: En febrero de 2018 se reportaron 750 personas en situación de desplazamiento forzado por las agresiones de un grupo armado contra las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, región de los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba

Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado que se convirtieron en un fenómeno histórico y de impunidad.

Entre los años del 2010 al 2021, la organización con sede en los Altos de Chiapas, documentó el desplazamiento forzado de 14, 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.

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Tan solo en el año 2019, México registró 28 episodios de desplazamiento interno masivo, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.

“Actos de desplazamientos vinculados al crimen organizado, que actúa con la aquiescencia del Estado y coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar el terror, y controlar a la población”, refiere el informe de Frayba.

Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió́ una recomendación, pero el Estado mexicano no ha cumplido en su aplicación.

La organización Sipaz (Servicio Internacional por la Paz) coincide con Frayba en que el panorama de esta entidad al sur de México, es parecido al que se vivió en los años 60, “en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido; pero más que el tiempo, la justicia”.

Otro conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de 5,000 personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la CNDH.

Sin datos oficiales

En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional. “No existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”, consideró la legislación en aquel momento.

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Sin embargo, a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.

Del total de la población de Chiapas en 2020, el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y de esta cifra, el 29% en condición de pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Más de un tercio de la población presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; 55,8% tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población, es decir 24,5%, tiene acceso a alimentación de calidad.

A estas condiciones, se suman los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren las poblaciones desplazadas por este evento traumático, equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, agrega Frayba.

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Colectivos e individuos Oulu, Finlandia

Con la comunidad Zapatista de Nuevo San Gregorio desde Finlandia

Una pequeña muestra de solidaridad desde la ciudad de Oulu, Finlandia, en donde se reunieron diferentes colectividades e individualidades para expresar su total enojo y digna rabia en contra de las constantes agresión de los grupos paramilitares hacia las comunidades autónomas Zapatistas.

Nos solidarizamos con los pueblos Zapatistas desde el Norte de Slumil K’ajxemk’op (Europa insumisa) y desde abajo a la izquierda abrazamos sus resistencias, sus dolores y luchas.

Exigimos al mal gobierno de México que detenga los ataques a las comunidades autónomas, rebeldes que construyen otra realidad día a día. Durante los encuentros de escucha y palabra celebrados durante la travesía por la vida nos enseñaron a caminar en unidad, con respeto, y coraje, construyendo poco a poco un frente común y resistiendo encontra del capitalismo voraz.

¡Viva el EZLN!

Colectivos e Individuos

Oulu, FInlandia

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Radio Pozol

Colectivos de Francia, denuncian agresiones contra zapatistas en Chiapas y reiteran su solidaridad con la lucha por una vida digna. «No están solas» su mensaje de apoyo

A :
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Via :
Raymond de Las Casas de Saint-Martin, Consul honorario de México en Toulouse
Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador México en Francia

Toulouse, suroeste de
Francia

14 de enero de 2022

Señores y Señoras,

Como Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia, y de apoyo a la lucha por la vida de nuestros compas zapatistas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciamos las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas deChiapas con impunidad total, a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles de gobierno mexicanos.

Nos solidarizamos particularmente con la comunidades de Moises y Gandhi y de Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.

Desde el verano 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón  Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.

Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.

El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”

El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.

El 21 de noviembre, una vez más los paramilitares de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.

En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por « el grupo de los 40 », cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces.

Hoy en día, de sus 155 hectáreas , sólo le queda 7 hectáreas al pueblo ; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, via el CDH Fray Bartolomé de las Casas, el 2 de diciembre de 2021, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre y errando por la tierra arada.

A cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten « secuestrad@s » y ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de su casa, sometid@s a la guardia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos. Para colmo de la impunidad que reina en Chiapas, existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.

¿Así que se puede hacerlo todo en Chiapas bajo la mirada de la policía o del ejército ? ¿Robar tierras ? ¿Secuestrar a la gente ? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T ?

Los invasores de tierras pusieron un precio a las tierras que robaron : 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿ Quién comprará estas tierras robadas ? ¿ El Éstado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua proyectada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida ?

Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.

El 10 de enero, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma de 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado, ¡resultó que una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas ! También denunciamos estas desapariciones forzadas.

También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (y últimamente, 49 ataques con arma de fuego los 7,8,9, y 10 de enero de 2022, un muerto, un zapatista herido mientras iba a trabajar a su milpa con su familia), o ante el asesinato de de Simon Pedro Pérez ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.

Como lo escribió el Subcomandante Galeano en septiembre de 2021, Chiapas está « al borde de la guerra civil », una situación creada por el mismo Estado Mexicano :

Desde 1994, su estrategia contra-insurreccional a favorecido la emergencia de grupos paramilitares que actúan en total impunidad. Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.

Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras o obligándolas a romper con sus usos y costumbres.

Crea programas de « ayuda » como « sembrando vida » que, ellos también favorecen tanto la destrucción del modo de vivir de los pueblos indígenas y la de las tierras estimulando la monocultura productivista, como la invasión por la fuerza de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).

Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas.

Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra, y por ende por la de la humanidad.

Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne
Colectivo Elaff, Tarn
Colectivo Zapatería, Toulouse
Colectivo Sebag, Aveyron
Cazsa, Aveyron
Colectivo Chiapas Ariège
Cofirmantes :
Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn
Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne
Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron
Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre
Foro Cívico Europeo
Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Longo Maï, Alpes de Haute Provence
Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône
Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône
CH03, Bouches du Rhône
Asociación Café Z, Bélgica
Asociación Casa Nicaragua, Bélgica
Zapatisten Lagunak, País Vasco
Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y
de rebelión.