Chiapas
En Acteal exigen juicio para autores intelectuales y materiales de la matanza
Por Eugenia López
El 22 de diciembre del año 1997, un grupo de indígenas Tzotziles fue atacado por paramilitares mientras se encontraba orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. El ataque dejó un saldo de 45 muertos, incluyendo niños y mujeres embarazadas.
Aunque el gobierno mexicano mostró la masacre como parte de un conflicto étnico entre comunidades locales, para las personas que habitan la región la connivencia del Ejército Federal con el grupo armado responsable del ataque siempre ha sido obvia, lo que inscribe la masacre de Acteal en una estrategia deliberada del Estado para desarticular la organización social en la región.
Desde 1997, las y los sobrevivientes, familiares de las víctimas y miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas – la cual fue creada poco antes del levantamiento zapatista en 1994 y ha tenido una historia de solidaridad y cercanía con el movimiento armado aunque desde una perspectiva propia pacifista – han llevado una lucha incansable para obtener justicia y verdad. La presión ejercida obligó a las autoridades a detener y procesar diferentes paramilitares que participaron en la matanza, sin embargo, los autores intelectuales nunca fueron condenados.
A casi 23 años de la masacre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares por el ataque paramilitar.
“Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad, efectuado el pasado 3 de septiembre.
Ese día, un acuerdo de “solución amistosa” también fue firmado con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas asesinados en 1997, aglutinados en una agrupación llamada Las Abejas de Acteal Consejo Pacifista, la cual nació de una división reciente con la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En dicho acuerdo, se incluyeron medidas “de reparación” como becas educativas, apoyo en vivienda, mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria y de atención médica. Además, el Estado ofreció medidas de no repetición y una compensación económica individualizada para los familiares de 18 víctimas y 12 sobrevivientes de la masacre.
Engaños
Por otro lado, la funcionaria Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteó que el acuerdo pondría fin al proceso litigioso interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.
Sin embargo, para la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, esos actos no son más que “engaños”, ya que “una disculpa pública no basta, pues no es un verdadero acto de justicia”: el Ejército, así como otros altos mandos responsables de dirigir el Plan de Campaña Chiapas 94, deben ser investigados y llevados a juicio. De hecho, la organización le pidió a la CIDH que siguiera con las investigaciones, y declaró que sigue a la espera de que la Comisión emita el informe de fondo sobre el caso.
Entre las personas vinculadas con la masacre, se han señalado a Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar y David Gómez Hernández.
A través de su comunicado, la Sociedad Civil Las Abejas insistió en que a pesar del dolor, de los años que pasan sin obtener justicia y de la división que con el tiempo se ha creado entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, no han perdido su determinación.
“Tal vez pensaron que nos íbamos a cansar. Que las repetidas injusticias que han cometido con nosotros, año con año, iban a matarnos por dentro. Que el dolor iba a terminar por dejarnos callados, si pasaba suficiente tiempo. Que después de lograr dividir a nuestra organización y a los sobrevivientes y familiares de nuestros mártires, perderíamos la esperanza de que viniera la verdadera justicia y nos conformaríamos con cualquier ayuda o apoyo para nuestra familia. El gobierno federal tal vez pensó que aceptaríamos cualquier cosa que aliviara, aunque fuera un poquito la situación de dolor y pérdida que ha marcado nuestras vidas, desde que los paramilitares se organizaron para venir a matarnos. Que nos conformaríamos con cualquier cosa para evitar sentir que todo lo que hemos estado esperando y exigiendo por tantos años no ha servido para nada. Pero no.
El cansancio no nos venció. El desgaste no nos dobló. Los golpes no nos han tumbado. La desesperanza no se ha apoderado de nuestro corazón. Ninguna promesa de compensación económica ha sido suficiente para conformarnos con una disculpa pública que no llega a la raíz de la verdad, que deja en la impunidad a todos los responsables y por ello no garantiza que no pueda volver a suceder un Acteal en nuestras tierras”, afirmó el comunicado.
Paramilitarismo, en aumento
De hecho, como lo detalló Herman Bellinghausen, periodista y autor del libro “Acteal: Crimen de Estado” en una extensa entrevista con Carmen Aristegui, están sucediendo cosas muy graves en la región actualmente, en particular en los municipios de Aldama y Tila donde se han multiplicado los ataques paramilitares.
“Estamos viviendo lo mismo, son las mismas armas, porque nunca se les confiscaron las armas a los paramilitares que actuaron en Acteal, y ahora seguramente tienen más ya que entran otras variables como el narcotráfico, pero sigue siendo una operación militar y a mi me da la impresión de que salvo unas actualizaciones, siguen vigentes los manuales de constrainsurgencia que se usaron entonces, que a su vez eran inspirados en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono.
Entonces yo creo que este acuerdo es una prisa para liquidar un asunto que no está liquidado. (…) La militarización actual en Chiapas es la misma que antes, están profundamente militarizados y las comunidades siguen sitiadas, invadidas y rodeadas por el ejército federal y cuando suceden los problemas que están sucediendo, que recuerdan tanto los del 97 donde hay muertes, desplazados, pueblos arrasados, la inacción de la Guardia Nacional es muy preocupante, y yo diría que es sospechosa”, alertó el periodista.
En el mismo sentido, el comunicado de las Abejas afirmó: “Pensamos que la solución amistosa firmada el pasado 3 de septiembre fue un engaño para que ustedes puedan lavarse las manos en este caso y aparentar que el gobierno de López Obrador es diferente.
Si de veras estuvieran tan interesados ustedes en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares? ¿por qué sigue habiendo muertos y heridos de balas de grueso calibre en Aldama y en Tila?, ¿por qué sigue aumentando el número de desplazados en Aldama y en Chalchihuitán, por qué se deja actuar libremente y sin castigo a los grupos de corte paramilitar que destruyen casas de los que buscan su vida autónomamente, colectivamente, sin aceptar apoyos del gobierno?”.
Denuncia publica de la organización Vineketik en Resistencia por los continuos hostigamientos de las autoridades penitenciarias
CERRS No 10
Comitán, Chiapas, México.
Denuncia publica
29/09/20
Presos Indígenas en lucha.
Organización Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.
A la opinión publica
A los medios de comunicación
A la Sexta nacional e internacional
A los defensores de derechos humanos ONG’S
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Al pueblo de México y del mundo
Por medio de esta denuncia hacemos publica de las hostigaciones que estamos viviendo por parte de un comandante de nombre Jesús Luis mas conocido como Rambo, ya que durante que tomo el puesto de comandante nos ha restringido el paso de nuestros c0ompañeros internos para que nos puedan vender y nos han prohibido hablar con ninguno de ellos. El día de hoy me tome la libertad de hablar con el y preguntarle el porque las hostigaciones y represiones por el cual argumento que es orden de director del centro de nombre Alejandro Constantino Hernández.
Ya que el motivo de la represión es porque desde el 15 de marzo del 2019 comenzamos una huelga de hambre exigiendo nuestras libertades porque somos victimas de tortura y delitos prefabricados.
Y por todo eso quiero enviarles saludos a todas las organizaciones sociales y derechos humanos que se indignan de las injusticias.
Y pedimos la intervención de los derechos humanos Frayba para que cese las hostigaciones y represiones de parte de los servidores públicos.
Atentamente
Marcelino Ruiz Gómez
