Chiapas
La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08
La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas
- Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
- La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.
Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.
Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.
Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.
Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.
A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.
Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.
Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.
Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.
Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.
La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.
Ex presos de Chiapas víctimas de detención arbitraria y tortura exigen reparación integral
En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión n. 43/2021 relativa los sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez. En dicha opinión, el Grupo de Trabajo determinó que el Estado mexicano fue responsable de la detención abitraria y que los cinco presos deberían ser liberados inmediatamente, los daños reparados integralmente y los casos investigados.
Hasta ahora, el Estado sólo ha cumplido con la primera de dichas exigencias. Mientras eso, los ex presos, después de haber sobrevivido a la tortura y a décadas de prisión injusta, enfrentan ahora graves dificultades económicas, habiendo perdido tierras, casas y bienes, enfermedades derivadas de la tortura y las condiciones carcelarias (y del desgaste físico y emocional en el caso de los familiares), además del estigma social y la pérdida de medios de subsistencia.
El caso de los cinco presos es reflejo de lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha llamado la “Fábrica de Culpables” en Chiapas: le detención arbitraria y tortura de personas inocentes (generalmente indígenas) para obtener confesiones por crímenes que no cometieron; o sea, la tortura como substituto de la investigación policial para “resolver” delitos, manteniendo así la ilusión de un sistema judicial operativo.
En conferencia de prensa este 22 de marzo, el Frayba, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables exigieron el cumplimiento cabal por parte del Estado mexicano de la Opinión n. 43/2021 de la ONU y la reparación integral de los daños.
Palabra del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Palabra del Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables