San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de marzo de 2022
Boletín No. 7
Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna
Inexistente la división de poderes, prevalece la corrupción
El 1 de marzo de 2022, después de siete audiencias de juicio oral realizadas en dos meses, la Juez de Enjuiciamiento Ana Lilia Portela Hernández dictó su fallo, reafirmando la sentencia de 31 años y 6 meses de prisión para Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay). En repetidas ocasiones, la Juez de Enjuiciamiento subsanó las deficiencias y argumentó a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), además incorporó hechos que no fueron probados en juicio, valorando pruebas sin ser desahogadas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.
A la Juez de Enjuiciamiento no le corresponde tomar parte en el juicio, fue dependiente y parcial, violando el debido proceso y un juicio justo, demostrando el sometimiento del Poder Judicial del estado de Chiapas a los intereses de la Fiscalía, con jueces de consigna que confirma la inexistencia de la división de poderes.
Durante el desarrollo de las audiencias se violentó el derecho a un juicio público, siendo este un principio del sistema acusatorio, se negó el acceso a observadoras de derechos humanos nacionales e internacionales, obstruyendo la documentación y defensa de los derechos humanos, intentando frenar la publicación y difusión de las audiencias que constitucionalmente son públicas, violando el principio de publicidad para ocultar la verdad y justicia. El caso de Yonny Ronay pone una vez más en evidencia, un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto que fabrica carpetas de investigación, víctimas y pruebas para mantener a personas inocentes y privadas arbitrariamente de su libertad.
Junto a la familia, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas continuaremos agotando los recursos legales correspondientes y denunciando las prácticas sistemáticas y generalizadas de la FGE hasta que la justicia y la verdad se hagan presentes.
Finalmente agradecemos toda la solidaridad expresadas a Yonny Ronay y a su familia, les pedimos sigan atentas, sumándose a las acciones de exigencia de justicia, hasta que veamos a Yonny fuera de los muros de la injusticia y obtenga plenamente su libertad.
El dia de hoy nuevamente Volvieron a Culparme por un delito que no cometi; Me Siento Frustrado ya que apesar de que se demostraron todas las anomalias que hay dentro del Caso; Es realmente injusto este tipo de atropellos, Vamos a demostrar mi inocencia y seguiremos peleando por esta injusticia.
Mi Caso no va a quedar aqui, vamos a seguir Luchando Porque no vamos a permitir este tipo de abuso de autoridad que gente inocente este detras de las rejas pagando por delitos que no Cometieron.
No Solo hablo por mi Caso sino por todos aquellos inocentes Condenados.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de febrero de 2022 Boletín No. 6
Poder Judicial del estado de Chiapas debe liberar a Yonny Ronay Chacón González
Libertad incondicional e inmediata a Yony Ronay
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la etapa de juicio oral ha demostrado la falta de debida diligencia, objetividad y lealtad por parte de Fiscalía General del Estado (FGE), y se ha exhibido que ésta realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables.
En dicho juicio oral quedó evidenciada la falta de expertiz de los supuestos peritos ofrecidos por la FGE, así como la validez científica de dichos dictámenes. Además de no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) en los hechos que se le acusan, por lo que no existen elementos para sentenciarlo culpable.
Es de resaltar que la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, admitió que la FGE desahogara diversas documentales, mediante lectura, violando los principios que rigen el sistema penal acusatorio y el debido proceso.
Dentro de la carpeta de investigación hay evidencias de violaciones a derechos humanos cometidos en contra de Yonny Ronay como la detención ilegal, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y/o degradantes. Se encuentra demostrado que la FGE utilizó de manera ilegal la licencia de conducir de Yonny Ronay para inventar una declaración a su nombre la cual el Fiscal de Ministerio Publico utilizó para acusar a dos personas que hoy se encuentran privadas de su libertad en el CERSS No. 14 El Amate.
El 28 de febrero de 2022, la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores emitirá su resolución en la que tendrá la oportunidad en demostrar independencia e imparcialidad y emita su fallo otorgándole la libertad a Yonny Ronay.
El Frayba reprueba las prácticas ilegales de la FGE para realizar sus investigaciones y lamenta que por estas acciones personas inocentes se encuentren privadas de su libertad. Solicitamos al Poder Judicial del estado de Chiapas garantizar un juicio justo, el debido proceso y su imparcialidad.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de febrero de 2022
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Aquí estamos de nueva cuenta las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, conjuntamente con las y los miembros de Las Abejas de Acteal, porque no se cansan nuestro corazón y nuestra palabra en seguir denunciando la gran impunidad que persiste en dicho crimen de Estado. Y de nuevo, le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguimos esperando el informe de fondo y que ya se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal.
En portada: Miles participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Foto: Jeny Pascacio
“Antes podíamos nadar en el río, pero ahora nos causa daño en la piel”, cuenta Anita, hija de un ejidatario de Arroyo Delicias, municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas. Anita tiene 16 años de edad y dice no estar de acuerdo con las plantaciones de palma aceitera, a pesar de que su padre accedió a sembrarla hace algunos años.
La joven activista asistió a la peregrinación que realizó la comunidad parroquial y el pueblo creyente de distintos municipios de Chiapas en apoyo a pobladores de Benemérito de las Américas, una pequeña ciudad en la frontera con Guatemala donde, además de padecer altos índices de violencia, grandes procesadoras de palma amenazan con la contaminación de sus recursos naturales.
“Vemos la sequía de agua, nos falta mucha agua, hay una sequía grandísima. La procesadora está muy cerca y hay malos olores, sabemos que no es bueno”, relata Anita quien también cuenta que los pozos, incluso el de su vivienda, se están secando, “sabemos que la palma se lleva toda el agua y la poca que hay está contaminada”.
La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH
* La desaparición forzada en Chiapas parte de la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.
El 22 de enero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Antonio González Méndez (Antonio González) contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada de Antonio González, originario del pueblo maya Ch’ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia.
La desaparición se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la región. Tras la creación y actuación de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas.
Los familiares de Antonio González y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), saludamos la decisión de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en relación a su obligación de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),[1] además de incumplir con su obligación de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.[2]
La presentación del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigación de las desapariciones forzadas en nuestro país abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez señaló en el municipio de Sabanilla que en México “existen más de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia”. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en México por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.
En el presente caso la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no ha tenido ningún avance para la ubicación del paradero de Antonio González, así como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que “el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.[3]
La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrará el territorio donde la resistencia y la rebeldía son un solo corazón, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompañar a la familia de Antonio González Méndez en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de estos graves crímenes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con más alto indice de marginación en Chiapas.
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[1] Artículos 5.1, 8.1 y 25.1 en relación al 1 y 2 de la Convención Americana.
[2] Artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
[3] Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.párr. 62
Más de 660 mil menores en Chiapas no están afiliados, adscritos o con derecho a recibir servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las instituciones públicas de seguridad social en México o los servicios privados de salud.
De acuerdo al estudio La infancia cuenta en Chiapas 2021, de la Red por los derechos de la infancia en México (Redim), la cifra representa el 31.6% de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que integran la población de Chiapas.
Para Redim, el limitado acceso a la salud de manera oportuna y efectiva vulnera la estabilidad de las familias, pues el costo de la atención de una enfermedad, accidente o malestar puede repercutir negativamente en el ingreso familiar.
En el caso de la población cuyos recursos económicos son limitados, los malestares no son atendidos a tiempo y, en momentos de pandemia por el Covid-19, la situación se agrava.
La carencia por el acceso a estos servicios se presenta en 4 de cada 10 menores; mientras a nivel municipal, en Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, cerca de la mitad de las personas menores de 18 años tienen carencia en el acceso a los servicios de salud.
La Libertad es el municipio donde se presenta la situación más preocupante: 7 de cada 10, no tienen acceso a este derecho. En contraste, en Soyaló, Chanal, El Porvenir y Santiago el Pinar menos del 10% de la infancia tiene carencia.
Aunado a esto más de 400 mil menores chiapanecos viven en un hogar donde no tienen buena alimentación, debido a diferentes factores.
A pesar de los indicadores de mortalidad mostrar disminuciones considerables de 2000 a 2015 en Chiapas, la tasa actual de mortalidad de la niñez menor de 5 años es la más alta de México, 18.9 por cada mil.
“Es importante mencionar que la tasa de mortalidad infantil varía con base en el sexo: mientras 17.4 por cada mil niñas mueren en el primer año de vida, 21.4 niños por cada mil mueren”, indica Redim.
La entidad también tiene las cifras más altas a nivel nacional de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, 27.0 por cada cien mil, y por enfermedades respiratorias agudas, 47.7 por cada cien mil.
Para la organización, la carencia de acceso a los servicios de salud en la primera infancia es una situación crítica, pues al no existir la garantía sobre los servicios y cuidados necesarios, se pone en riesgo la salud y la vida de la niñez.
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
Ante el ecocido que sucede a la vista de las autoridades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 18-2022 en la cual pide al gobierno federal y estatal atender, proteger y preservar los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, bajo las directrices y recomendaciones contempladas en el Convenio Ramsar.
La recomendación reconoce las violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y vivienda adecuada, por la invasión, desmonte y relleno de estas áreas en agravio de los habitantes de la ciudad.
Se centra en la importancia del tratado internacional Ramsar para el estudio de las afectaciones tras la inscripción de los humedales de montaña, en términos del Artículo 1º de la Constitución Política de México.
El primer humedal que fue inscrito fue La Kisst, el 2 de febrero de 2008, con una extensión de 35.67 hectáreas; en tanto que el 2 de febrero de 2012 se integró a María Eugenia, con una extensión de 85.5 hectáreas. En ambos casos su extensión es menor a las establecidas en las declaratorias.
Estas áreas de conservación enfrentan no sólo la ausencia de manejo adecuado si no también de ostensibles irregularidades en cuanto la zonificación impuesta por el desarrollo urbano sin perspectiva de sostenibilidad, gestión ineficiente de los recursos hídricos y proliferación de asentamientos irregulares.
La CNDH dirige el documento de más de 100 hojas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno de Chiapas, Fiscalía General y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.
Pero las faltas al régimen de áreas naturales protegidas, no sólo implica infracciones al convenio Ramsar, bajo la responsabilidad internacional del Estado mexicano, sino también en el ámbito de los derechos humanos.
En este caso, menciona la ineficacia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento local para coordinar en el ámbito interno el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental.
Defensa
“Las mujeres, hombres, colectivos y organizaciones que defendemos el agua, la vida y el territorio en San Cristóbal y la Cuenca del Valle de Jovel, vemos esta recomendación con esperanza, un logro, un paso más de un largo camino recorrido, la asumimos como un instrumento de peso moral y político”, declararon redes de colectivos y habitantes de San Cristóbal.
El pasado fin de semana, las redes en defensa de estos espacios, realizaron una caminata, convivencia y un ritual ceremonial en el humedal María Eugenia donde destacaron que la lucha aún no termina, pues ahora la tarea es vigilar el cumplimiento de esta recomendación. “Esperamos la voluntad política, la ética, la honestidad, la legalidad y compromiso de las autoridades señaladas”, señalaron.
En la emotiva reunión, mujeres ambientalistas recordaron la función de los humedales, los beneficios para especies humanas como para no humanas, así como la importancia cultural y ancestral.
“Tenemos muchas plantas medicinales como chilchagua o cola de caballo. Asimismo, son refugio de muchas especies endémicas y migratorias, además evitan las inundaciones; pero están amenazados no solo por el crecimiento urbano sino por la legislación ambiental”, enfatizaron las mujeres.
Es preciso, agregaron, difundir más información sobre las áreas naturales y traducirla a lenguas maternas para que los pueblos originarios conozcan la importancia de estos espacios de conservación.
Responsabilidad
Infografía elaborada por la Red TDT
Las recomendaciones de la CNDH no se limitan a un texto constitucional legislativo, sino que deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos.
Señala la urgente necesidad de que las instituciones mencionadas, gestionen y tomen todas las medidas pertinentes para contar con planes, programas y estrategias en la verificación de obras y actividades ubicadas en los humedales a fin de vigilar el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Para salvaguardar estos ecosistemas también es necesaria la protección de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo con enfoque de cuenca; la verificación de la legalidad de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como las descargas de aguas residuales en esos cuerpos de agua.
“Se formularán ante el órgano interno de control de la Semarnat, de la Conagua, de la Fiscalía General del Estado quejas contra las personas servidoras públicas de estas instituciones, responsables de las irregularidades administrativas o presuntos delitos que derivaron en las violaciones de derechos humanos”, cita el documento.
Además de que la CNDH solicita planeación y ordenamiento territorial ecológico congruente, también pide la Fiscalía de Chiapas, un informe sobre el estado que guardan las carpetas e investigaciones relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas.
El año pasado, tanto la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, pasaron por alto el rechazo de las recomendaciones 07/2021 dirigidas a Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y a la administración de Jerónima Toledo como alcaldesa de San Cristóbal.
Un año después se emite esta resolución que da esperanza a los habitantes, que son, desde hace diez años, los más preocupados por la protección de estas áreas que dotan de agua al 70% de la población.
