Detención de la defensora Silvia Juárez Juárez y hostigamiento judicial en contra de defensores comunitarios de Tecpatán, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de marzo de 2017
Boletín de prensa No. 02

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba), manifiesta su preocupación por el riesgo a la libertad personal de al menos 27 defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos del municipio de Tecpatán, Chiapas, entre los que se encuentran Lucas Nañes y Sergio Fermín Álvarez; así como por la detención de la defensora comunitaria Silvia Juárez Juárez (Silvia); indígena zoque.

Las y los defensores comunitarios, indígenas zoques del municipio de Tecpatán, Chiapas, han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones las amenazas que han recibido de las autoridades municipales, de manera específica del alcalde Armando Pastrana Jiménez, así como el hostigamiento judicial y el temor a ser detenidos como ha ocurrido con su compañera Silvia Juárez. Las y los defensores de Tecpatán se han opuesto rotundamente a los proyectos de industria extractiva, principalmente de minería y la perforación de pozos petroleros en el territorio indígena zoque.

Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, según información con la que cuenta el Frayba. La detención se dio por agentes policiales vestidos de civil quienes no se identificaron al momento de la detención, Silvia fue trasladada a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Chiapa de Corzo y posteriormente al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio Cintalapa, Chiapas.

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En este NotiFrayba compartimos esta problemática, un poco de su contexto local a través de Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Traemos a la memoria las violaciones de derechos humanos focalizadas a las mujeres en un contexto de contrainsurgencia, a través de la ventana de Minerva Guadalupe Pérez Torres y la Masacre de Acteal, a 20 años de distancia:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

  1 de febrero 2017

Boletín de Prensa No. 01

 En riesgo la vida de José Oswaldo Delgado Castro

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud del Sr. José Oswaldo Delgado Castro detenido ( Sr. José Oswaldo) que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 8 (CERSS No. 8) en Villaflores, Chiapas, que como medida de protesta, se costuró los labios declarándose en huelga de hambre desde el 29 de enero de 2017 a las 08:00 horas aproximadamente, ya que no ha recibido atención médica por las enfermedades que padece.

Según testimonio, los familiares del Sr. José Oswaldo denuncian la falta de atención médica por parte de las autoridades del CERSS No. 8, ya que padece de gastritis, salmonelosis y afectaciones a los riñones, por lo que su estado de salud se ha ido deteriorando.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones ante las autoridades del estado de Chiapas para que el Sr. José Oswaldo sea atendido médicamente, sin que hayamos recibido respuesta alguna. Los familiares indican que el detenido ha recibido amenazas de los internos del mismo penal por su acción de protesta.

De acuerdo con el dicho del Sr. Oswaldo, indica haber sido torturado en su detención y durante el momento de rendir su declaración ministerial en las oficinas de la extinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 23 de octubre de 1997, cuando tenia 17 años.

De acuerdo con Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) tomando en cuenta la regla 24, urgimos al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas Juan Carlos Gómez Aranda y al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad Comisario Jefe Orlando Leyva Lobato, a garantizar la atención médica adecuada, así mismo a que se tomen las medidas urgentes para resguardar la salud e integridad personal de José Oswaldo Delgado Castro quien se encuentra bajo su custodia.

A 6 años de la siembra de Jtatik Samuel Ruíz García, recordamos a nuestro jCanan Lum/Cuidador del Pueblo, quien sigue caminando con nosotros y nosotras:

“… señalábamos la grave situación y las condiciones infrahumanas en que viven nuestros hermanos… se ha ido agravando, porque, además, nuestro sistema ha generado nuevas formas de explotación política, de legalidad injusta, que legitima la opresión y la represión. Se agrede ideológicamente, se despoja a las culturas de sus valores fundamentales. La lista de agravios en contra del pueblo indígena de nuestra diócesis, en el horizonte de la historia de estos 500 años, es muy larga”. Extracto de la Carta Pastoral En esta hora de Gracia, agosto de 1993

Compartimos también la Carta pastoral integra que lleva por nombre “En esta hora de Gracia, escrita en agosto de 1993: http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/En_esta_hora_de_gracia.pdf

Foto: Frayba

A cinco años de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el gobierno mexicano no ha hecho una búsqueda para hallar su paradero. Y los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas, (actualmente 21, la mayoría mujeres y niñas, niños), indígenas del pueblo tseltal, originarias de Banavil, Tenejapa Chiapas.

Compartimos materiales de la conferencia de prensa: A cinco años del Desplazamiento Forzado de familias de Banavil. 01 de diciembre de 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Audio (por Regeneración Radio) – Palabras de las familias desplazadas de Banavil y palabras del Frayba:

Palabras en tseltal de Petrona López Girón con traducción de Miguel López:

Comunicado de las familias desplazadas de Banavil:
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

25 de noviembre de 2016

Boletín de prensa No. 23

Impunidad en violaciones a derechos humanos de las mujeres

• En Chiapas las instituciones no garantizan una vida libre de violencia

Las mujeres en general y las indígenas en particular siguen siendo las principales víctimas de violaciones a derechos humanos. En Chiapas, las múltiples discriminaciones a las que están sujetas resulta en una violencia sistemática y estructural impuesta por el modelo socio-económico patriarcal, el cual relega a las mujeres a un papel subordinado, en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto significa un menor acceso a oportunidades en cualquier ámbito: educación, empleo, servicios sociales, salud, acceso a la justicia, y de manera alarmante en cuanto al acceso y posesión de la tierra y otros recursos productivos, así como el derecho a la participación y representación.

La Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, la profesora Yakin Ertürk, ha sostenido que, independientemente de que las mujeres en México contribuyan a la manutención de la familia sólo el hombre es considerado fuente de sustento y manifiesta que muchas mujeres se definen en función de su relación con el hombre. Este sistema dificulta que las mujeres asuman una existencia independiente y valorada socialmente.

En Chiapas, la situación de violencia contra la mujer al interior de la familia es grave. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, con datos del 2011 y resultados publicados a mediados del 2013, sostiene que en la entidad más de 1.5 millones de mujeres de 15 años y más fueron víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de su pareja.

En cuanto a legislación se refiere, resaltar que el Código Penal del Estado de Chiapas no ha tipificado la violencia contra las mujeres como delito, ni siquiera dentro del delito de violencia familiar que además se considera como no grave. Esta realidad permite que las instituciones de procuración de justicia invisibilicen la violencia contra las mujeres, lo cual genera impunidad, siendo este un factor principal que enfrentan las mujeres tras hacer sus denuncias. Así, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas no cuenta con mecanismos que hagan posible su aplicación. En definitiva, cuando se trata de violencia contra las mujeres, las instituciones del estado no investigan, no previenen y no sancionan, no funciona, es obsoleto y cómplice de la violencia estrucutral y sistémica que viven las mujeres.

Las situaciones y cifras anteriores representan violaciones sistemáticas a los derechos humanos y son, junto a la impunidad, tierra fértil para los feminicidios motivados por odio, desprecio, placer, poder, prestigio, privilegio o sentido de posesión hacia las mujeres, es decir, son incentivo para el asesinato de mujeres por razones de género.

El aumento de la violencia feminicida y de los feminicidios en Chiapas ha sido progresivo con un crecimiento alarmante a partir del año 2011. Según cifras del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, en 2014 ocurrieron al menos 52 muertes violentas de mujeres, de entre las cuales 34 pueden ser consideradas feminicidios, en 2015 se perpetraron al menos 65 muertes violentas, de las cuales al menos 45 fueron feminicidios, y en lo que va de 2016, se cuenta con un registro alarmante de más de 40 feminicidios.

En Chiapas, desde el 25 de noviembre de 2013, al menos 20 organizaciones civiles que conformaron la “Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas” solicitaron la declaratoria de Alerta de Género. 3 años después “en forma incompleta y limitada el Sistema declara la activación de la AVG en sólo 7 de 122 municipios de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula.” Las organizaciones solicitantes consideran que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente, y anuncian que continuarán en alerta permanente ciudadana y popular realizando acciones para prevenir la violencia feminicida.¹

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reconoce la lucha digna, implacable, persistente, que por décadas, las mujeres desde sus múltiples espacios de vida han llevado a cabo en la defensa de sus derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia, así como en la defensa de sus territorios amenazados por el despojo y como constructoras de paz, en medio de una guerra contra los pueblos que las convierte en objetivos de exterminio del sistema neoliberal.

DENUNCIA PÚBLICA

HERMANAS Y HERMANOS

Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.

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Ejido San Sabastian Bachajón exige reconocimiento de sus autoridades agrarias y respeto a su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

29 de septiembre de 2016

Boletín de prensa No. 19

Solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), se solidariza con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh) y condena las amenazas recibidas el 26 de septiembre a través de su cuenta de twitter, previo a la marcha por el segundo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.¹

Estos ataques atentan contra la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y vulneran la seguridad de todas las personas que colaboran en el Centro Prodh.

Durante su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la cual viene recibiendo abundante información en los últimos años, confirmó en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema y generalizada de inseguridad y violencia.

Para la CIDH: Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. La protección de las personas defensoras es urgente e indispensable para garantizar su derecho a la vida, su trabajo como defensores.

Frayba exigimos a las autoridades que investiguen a fondo los hechos referidos, llevando a juicio a los responsables; y se garantice el derecho a defender los derechos humanos. Y expresamos nuestro reconocimiento al compromiso del Centro Pro en el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos.

• Dado a la falta de cumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores en la construcción de la presa Hidroeléctrica, se han manifestado de manera pacifica y en la que han decido hacer un paro laboral, quienes se han manifestado ante el Congreso del Estado de Chiapas y entre otros lugares, sin obtener las atenciones necesarias.
• Reiteramos que la información vertida por la CFE es totalmente falsa al querer confundir a la sociedad, ellos mismos han protegido y formado un grupo de personas para que lleven acabo actos de hostigamiento y hechos de violencia como sucedió en mayo del 2015, en donde quemaron vehículos y resultaron heridos varias personas, esta acción fue ideada por la CFE, en la que terminó culpándonos a nosotros como ejidatarios básicos para que seamos investigados, su finalidad es destruir y aniquilar la oposición integrada por ejidatarios básicos frente a la construcción de la Presa hidroelectrica.
• Aclaramos que los trabajadores inconformes quienes se han manifestado, a quienes no se les ha respetado sus derechos laborales, nosotros como ejidatarios básicos no estamos a favor de la construcción de la presa, por esas razón hemos llevado acabo acciones juridicas atraves de amparos para que exigir la suspensión de plano del proyecto hidroeléctrico, mismas que con la complicidad de jueces y magistrados dieron por concluido los amparos y dejaron que las empresas despojaran y destruyan de las tierras ejidales.
• El gobierno federal, estatal y la CFE, están ocultando la realidad y para no evidenciarse mal informan.

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