Frayba
Frayba solicita medidas cautelares ante la CIDH para indígena tsotsil en Privación Arbitraria de la Libertad
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que urjan al Estado mexicano adoptar acciones inmediatas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal, a favor de Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, (Francisco Espinoza) víctima de Tortura, quien se encuentra en Privación Arbitraria de la Libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Núm 14, “El Amate”, (CERSS Núm. 14 “El Amate”), en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México.
El Frayba informó a la CIDH que Francisco Espinoza, indígena tsotsil, campesino, de 68 años de edad, originario de Barrio El Convento, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se encuentra en deteriorado y grave estado de salud, a consecuencia de la Tortura sufrida durante su injusta detención el 29 de mayo de 2015 y debido a sus actuales condiciones carcelarias sin atención médica adecuada.
Según informe de peritos independientes especializados que aplicaron el Protocolo de Estambul, Francisco Espinoza presenta estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolores extremos en torax y cuello, falta de apetito, insomnio crónico, lagunas mentales; así como alto riesgo a su salud por padecimiento de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Recomiendan que sea excarcelado para garantizar su vida ante el acelerado daño físico y mental.
De acuerdo a testimonio de su familia, de fecha 9 de octubre de 2017, Francisco Espinoza teme por su vida porque su salud empeora cada día, soportando fuertes dolores: “puede morir en la cárcel en cualquier momento.” “Los familiares somos personas de bajos recursos económicos, pero nosotros hemos comprado en algunas veces los medicamentos porque el CERSS no quieren dar atención médica”.
Este Centro de Derechos Humanos considera que el castigo psicológico que provoca su encarcelamiento en condiciones inhumanas, forma parte de una tortura como mecanismo de castigo continuado y permanente; así mismo reiteramos al Estado mexicano que es su responsabilizar proteger y garantizar el derecho a la vida, y la integridad física y psicológica y seguridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Por lo anterior solicitamos: Se realice una investigación de los hechos de Tortura cometidos en contra de Francisco Espinoza, para sancionar a los responsables y la Tortura no quede en la impunidad; Se ponga en libertad a Francisco Espinoza, para brindarle las atenciones médicas necesarias, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal.
Especialmente exhortamos a las autoridades del CERSS Núm. 14 “El Amate”, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atender la urgente situación de riesgo a la salud de Francisco Espinoza.
Contexto:
Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, fue encarcelado a consecuencia de sus acciones en defensa de sus derechos en los Bienes Comunales en la Casa del Pueblo, acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015, según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
El 29 de mayo de 2015, a las 7:30 horas aproximadamente, a una cuadra de su casa en la calle 10 de mayo, Barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en camino a trabajar su milpa, Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo fue Privado Arbitrariamente de la Libertad por personas vestidas de civil quienes lo torturaron durante la detención, el trayecto y hasta su reclusión en el CERSS Núm. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México. Además existen violaciones al debido proceso y a sus garantías judiciales a falta de una defensa adecuada antes de dictarse el auto de formal prisión.
[Medios-Frayba] Empresas mineras provocan división comunitaria en Chicomuselo
Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.
Boletín Informativo.
A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio
A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, manifiesta su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.
Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López, por los motivos antes expuestos.
El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego. Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.
Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano
en sus distintos niveles:
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Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.
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Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.
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Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.
Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros
Me llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.
Soy PROMOTOR del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más sus actividad de saqueo del mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua, hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.
Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que se acepte este proyecto, y empieza la división del ejido.
El 30 de abril del 2016 un grupo de 12 ejidatarios en la asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el Sr. Cesar López Alvarado actual Presidente del comisariado y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero
Como defensor de los derechos humanos y en conjunto con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones, muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido
El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y los camiones de la empresa Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.
Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.
Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes de autoridades del ejido y si el defender nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.
Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.
