Frayba
Libertad a 5 presos integrantes de Pueblos Originarios víctimas de Tortura
Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.
Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.
Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.
Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.
La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)
Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:
Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.
A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:
Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:
Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.
Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17
Persiste riesgo a la vida en comunidades tsotsiles de Los Altos de Chiapas
Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez durante ataque armado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentra la población, perteneciente al pueblo tsotsil, de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama-Chenalhó, Chiapas, México.
El día 27 de julio de 2019, aproximadamente a las 13:00 Hrs., comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabak, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen del municipio de Aldama. Según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.
En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez originario de Tabak, de 23 años de edad, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 16:00 horas.
El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador de la persistencia de la situación de violencia en la región, con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación: «El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego, en el lugar conocido como Aktik Il (dos) ubicado en Aldama dentro de las tierras que ocupan las 60 Hectáreas en disputa, estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenalhó».
Ante los hechos de violencia el Frayba reitera al Estado mexicano lo urgente de cesar la violencia en la región Altos de Chiapas, por lo anterior solicitamos:
Implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas.
Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos.
Investigar la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región Los Altos, de Chiapas.
No dejar en la impunidad la Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez y las demás violaciones a derechos humanos provocadas por la inoperancia del gobierno de Chiapas.