A 6 años de la siembra de Jtatik Samuel Ruíz García, recordamos a nuestro jCanan Lum/Cuidador del Pueblo, quien sigue caminando con nosotros y nosotras:

“… señalábamos la grave situación y las condiciones infrahumanas en que viven nuestros hermanos… se ha ido agravando, porque, además, nuestro sistema ha generado nuevas formas de explotación política, de legalidad injusta, que legitima la opresión y la represión. Se agrede ideológicamente, se despoja a las culturas de sus valores fundamentales. La lista de agravios en contra del pueblo indígena de nuestra diócesis, en el horizonte de la historia de estos 500 años, es muy larga”. Extracto de la Carta Pastoral En esta hora de Gracia, agosto de 1993

Compartimos también la Carta pastoral integra que lleva por nombre “En esta hora de Gracia, escrita en agosto de 1993: http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/En_esta_hora_de_gracia.pdf

Foto: Frayba

A cinco años de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el gobierno mexicano no ha hecho una búsqueda para hallar su paradero. Y los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas, (actualmente 21, la mayoría mujeres y niñas, niños), indígenas del pueblo tseltal, originarias de Banavil, Tenejapa Chiapas.

Compartimos materiales de la conferencia de prensa: A cinco años del Desplazamiento Forzado de familias de Banavil. 01 de diciembre de 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Audio (por Regeneración Radio) – Palabras de las familias desplazadas de Banavil y palabras del Frayba:

Palabras en tseltal de Petrona López Girón con traducción de Miguel López:

Comunicado de las familias desplazadas de Banavil:
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

25 de noviembre de 2016

Boletín de prensa No. 23

Impunidad en violaciones a derechos humanos de las mujeres

• En Chiapas las instituciones no garantizan una vida libre de violencia

Las mujeres en general y las indígenas en particular siguen siendo las principales víctimas de violaciones a derechos humanos. En Chiapas, las múltiples discriminaciones a las que están sujetas resulta en una violencia sistemática y estructural impuesta por el modelo socio-económico patriarcal, el cual relega a las mujeres a un papel subordinado, en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto significa un menor acceso a oportunidades en cualquier ámbito: educación, empleo, servicios sociales, salud, acceso a la justicia, y de manera alarmante en cuanto al acceso y posesión de la tierra y otros recursos productivos, así como el derecho a la participación y representación.

La Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, la profesora Yakin Ertürk, ha sostenido que, independientemente de que las mujeres en México contribuyan a la manutención de la familia sólo el hombre es considerado fuente de sustento y manifiesta que muchas mujeres se definen en función de su relación con el hombre. Este sistema dificulta que las mujeres asuman una existencia independiente y valorada socialmente.

En Chiapas, la situación de violencia contra la mujer al interior de la familia es grave. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, con datos del 2011 y resultados publicados a mediados del 2013, sostiene que en la entidad más de 1.5 millones de mujeres de 15 años y más fueron víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de su pareja.

En cuanto a legislación se refiere, resaltar que el Código Penal del Estado de Chiapas no ha tipificado la violencia contra las mujeres como delito, ni siquiera dentro del delito de violencia familiar que además se considera como no grave. Esta realidad permite que las instituciones de procuración de justicia invisibilicen la violencia contra las mujeres, lo cual genera impunidad, siendo este un factor principal que enfrentan las mujeres tras hacer sus denuncias. Así, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas no cuenta con mecanismos que hagan posible su aplicación. En definitiva, cuando se trata de violencia contra las mujeres, las instituciones del estado no investigan, no previenen y no sancionan, no funciona, es obsoleto y cómplice de la violencia estrucutral y sistémica que viven las mujeres.

Las situaciones y cifras anteriores representan violaciones sistemáticas a los derechos humanos y son, junto a la impunidad, tierra fértil para los feminicidios motivados por odio, desprecio, placer, poder, prestigio, privilegio o sentido de posesión hacia las mujeres, es decir, son incentivo para el asesinato de mujeres por razones de género.

El aumento de la violencia feminicida y de los feminicidios en Chiapas ha sido progresivo con un crecimiento alarmante a partir del año 2011. Según cifras del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, en 2014 ocurrieron al menos 52 muertes violentas de mujeres, de entre las cuales 34 pueden ser consideradas feminicidios, en 2015 se perpetraron al menos 65 muertes violentas, de las cuales al menos 45 fueron feminicidios, y en lo que va de 2016, se cuenta con un registro alarmante de más de 40 feminicidios.

En Chiapas, desde el 25 de noviembre de 2013, al menos 20 organizaciones civiles que conformaron la “Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas” solicitaron la declaratoria de Alerta de Género. 3 años después “en forma incompleta y limitada el Sistema declara la activación de la AVG en sólo 7 de 122 municipios de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula.” Las organizaciones solicitantes consideran que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente, y anuncian que continuarán en alerta permanente ciudadana y popular realizando acciones para prevenir la violencia feminicida.¹

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reconoce la lucha digna, implacable, persistente, que por décadas, las mujeres desde sus múltiples espacios de vida han llevado a cabo en la defensa de sus derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia, así como en la defensa de sus territorios amenazados por el despojo y como constructoras de paz, en medio de una guerra contra los pueblos que las convierte en objetivos de exterminio del sistema neoliberal.

DENUNCIA PÚBLICA

HERMANAS Y HERMANOS

Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.

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Ejido San Sabastian Bachajón exige reconocimiento de sus autoridades agrarias y respeto a su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

29 de septiembre de 2016

Boletín de prensa No. 19

Solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), se solidariza con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh) y condena las amenazas recibidas el 26 de septiembre a través de su cuenta de twitter, previo a la marcha por el segundo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.¹

Estos ataques atentan contra la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y vulneran la seguridad de todas las personas que colaboran en el Centro Prodh.

Durante su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la cual viene recibiendo abundante información en los últimos años, confirmó en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema y generalizada de inseguridad y violencia.

Para la CIDH: Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. La protección de las personas defensoras es urgente e indispensable para garantizar su derecho a la vida, su trabajo como defensores.

Frayba exigimos a las autoridades que investiguen a fondo los hechos referidos, llevando a juicio a los responsables; y se garantice el derecho a defender los derechos humanos. Y expresamos nuestro reconocimiento al compromiso del Centro Pro en el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos.

• Dado a la falta de cumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores en la construcción de la presa Hidroeléctrica, se han manifestado de manera pacifica y en la que han decido hacer un paro laboral, quienes se han manifestado ante el Congreso del Estado de Chiapas y entre otros lugares, sin obtener las atenciones necesarias.
• Reiteramos que la información vertida por la CFE es totalmente falsa al querer confundir a la sociedad, ellos mismos han protegido y formado un grupo de personas para que lleven acabo actos de hostigamiento y hechos de violencia como sucedió en mayo del 2015, en donde quemaron vehículos y resultaron heridos varias personas, esta acción fue ideada por la CFE, en la que terminó culpándonos a nosotros como ejidatarios básicos para que seamos investigados, su finalidad es destruir y aniquilar la oposición integrada por ejidatarios básicos frente a la construcción de la Presa hidroelectrica.
• Aclaramos que los trabajadores inconformes quienes se han manifestado, a quienes no se les ha respetado sus derechos laborales, nosotros como ejidatarios básicos no estamos a favor de la construcción de la presa, por esas razón hemos llevado acabo acciones juridicas atraves de amparos para que exigir la suspensión de plano del proyecto hidroeléctrico, mismas que con la complicidad de jueces y magistrados dieron por concluido los amparos y dejaron que las empresas despojaran y destruyan de las tierras ejidales.
• El gobierno federal, estatal y la CFE, están ocultando la realidad y para no evidenciarse mal informan.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

15 de septiembre de 2016

Boletín No 18

Criminalización a medios libres vulnera derecho a la libertad de expresión

Radio Zapote, frecuencia libre ubicada en la Ciudad de México, denuncia agresiones y hostigamientos que vulneran el derecho a la libertad de expresión¹, en un contexto de grave riesgo para quienes se dedican a la comunicación en el país y de creciente criminalización, a partir de la Reforma en Telecomunicaciones, especialmente en contra de las radiodifusoras comunitarias.

El jueves 18 de agosto de 2016, a las 11:00 horas aproximadamente, ocho personas que se identificaron como verificadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) requisaron el equipo de Radio Zapote, radio comunitaria, popular y estudiantil. El equipo sustraído fue: un transmisor de frecuencia modulada de baja potencia, una antena de polarización circular y una línea de transmisión. El operativo se realizó bajo hostigamiento judicial.

Radio Zapote nació en el año 2001, en el marco de la Marcha del Color de la Tierra de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es un espacio autónomo, autogestivo, colectivo, crítico, con sede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Esta nueva agresión forma parte de una serie de ataques a su labor informativa y periodística, en aumento desde enero de 2015: amenazas de desalojo, intento de allanamiento, cortes de servicios telefónicos, obstaculización a la transmisiones, vigilancia, campañas de desacreditación a sus integrantes y ataque cibernético al portal www.radiozapote.org.

Los hostigamientos a medios libres y comunitarios vulneran el derecho a la libertad de expresión, algunas radios agredidas en 2016 son: La chilenita en Puebla, Radio Plantón en Oaxaca, la Ke Huelga Radio en la Ciudad de México, entre otras. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha, en Oaxaca, denuncia que este año han sido asesinados dos locutores de la Radio Tu’un Ñuu Savi, en Huajuapan de León: Salvador Olmos, el 26 de junio pasado y Agustín Pavia, el día 13 de septiembre; además integrantes de la Radio comunitaria Tlaxiaqueña reportan amenazas en su integridad física y en su libertad, a partir de la cobertura de las violaciones a derechos humanos en Asunción Nochixtlán.²

En septiembre de 2015 Regeneración Radio http://www.regeneracionradio.org cesó sus transmisiones debido a amenazas del grupo porril 3 de marzo, quienes después de amenazas, incluso de muerte, atacaron la cabina ubicada en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el norte de la Ciudad de México, destruyeron el equipo e hirieron a comunicadores, en complicidad con las autoridades universitarias. A un año, la agresión se mantiene en impunidad.

Lo anterior conforma un patrón de violencia institucionalizada que pretende callar las voces críticas, a partir de mecanismos de censura, en medio de una crisis de derechos humanos nacional. Como lo refiere la organización Articulo 19, en su Segundo Informe Trimestral 2016: “La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo la criminalización.³

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C nos sumamos a las voces que exigen cese a la criminalización de los medios libres y comunitarios. En particular llamamos a apoyar la campaña: Murallas de solidaridad, http://kehuelga.net/muralla/video mandando mensajes al correo: kehuelga@kehuelga.net y saludamos la transmisión continental en defensa de los medios libres, en defensa del derecho a la comunicación, este 14-15 de septiembre de 2016.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016

Boletín No 17

Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU

La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]

El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.

El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.

La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de septiembre de 2016

¡Maximiliano ya está con nosotros, con nosotras!
Gracias a la fraternidad y solidaridad nacional e internacional

Las organizaciones civiles de derechos humanos que acompañamos a la familia de Maximiliano Gordillo Martínez en su proceso de búsqueda y exigencia de investigación, informamos que el pasado lunes 29 de agosto del año en curso fue localizado Maximiliano y que se encuentra con nosotros, con nosotras.

Primeramente, agradecemos al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo, que respondieron de diferentes maneras a nuestros múltiples llamados y que se implicaron activamente en los esfuerzos para exigir y lograr su presentación con vida.

Confirmamos por este medio que desde su detención por parte de agentes federales del Instituto Nacional de Migración, el pasado 7 de mayo de 2016 en la caseta de revisión migratoria de Chablé, Tabasco, hasta el día de su localización, Maximiliano sufrió delitos y graves violaciones a sus derechos humanos, responsabilidad del Estado mexicano.

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