Frayba
[:es]Tres años de desplazamiento, lucha y resistencia por la vida y el territorio[:]
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A tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5023 personas ocurrido en octubre de 2017, las mujeres y hombres que integramos el Comité Chalchihuitle, reafirmamos nuestro lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.
El gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al Presidente Municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones. Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle.
Durante estos tres años y hasta ahora siguen lat Chiapas Denuncia Pública.entes los ataques paramilitares de Chenalhó y el gobernador de ahora Rutilio Escandón Cadenas no ha cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón les exigimos que desarticulen, desarmen y castiguen a los grupos armados de Chenalhó, responsables de nuestro desplazamiento, del robo de nuestras pertenencias y la destrucción de nuestras casas, le exigimos el registro ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocas Chiapas Denuncia Pública.ionados por estos hechos de violencia.
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En este tiempo que llevamos de sufrimiento, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados del municipio de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en la comunidades colindantes entre ambos municipios.
A pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados. No hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables.
Queremos denunciar un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, sin que hasta el momento funcionarios del Estado hayan realizado acciones de prevención, investigación y seguridad. Desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.
Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle y por no querer retornar con los engaños del gobierno. Denunciamos que las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias.
Como Comité denunciamos que los grupos armados paramilitares no sólo atacan con armas de fuego, sino que amenazan constantemente a nuestras compañeras y compañeros que viven en la colindancia con Chenalhó, siguen los intentos de querer invadir con armas de fuego a las familias cercadas a la colindancia.
Queremos decir que nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto.
En Chiapas hay muchos grupos de desplazados por la violencia y represión del Estado y por grupos paramilitares. Les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables.
Agradecemos a los pueblos, organizaciones, al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y colectivos que durante estos tres años han acompañado nuestro caminar. Les decimos que como hombres, mujeres, niñas y niños, como defensores de derechos humanos que somos, seguiremos en nuestra apuesta de lucha y resistencia por la vida y el territorio.
Comité Chalchihuitle.
Chalchihuitán, Chiapas
28 de octubre de 2020
Publicado originalmente en: Chiapas Denuncia Pública.
Fotografía: Marissa Revilla (Global Press Journal), Danny Alveal (Ruta 35) e Isabel Mateos (CuartoOscuro).
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[:es]Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad[:]
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Alto a la represión y criminalización a Pueblos Originarios que defienden su territorio.
El día 1 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, que José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) y César Hernández Feliciano (César),1 defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continuarán su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo, así como la prohibición de salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado. Son acusados del delito de motín, por oponerse a la instalación de una base o cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Es así que deberán de presentarse a firmar cada 15 días.
José Luis y César son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades. Como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastian Bachajón: «Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de esta base militar en el municipio de Chilón, Chiapas, así como el respeto a los derechos y cultura de los pueblos originarios.»2
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) asumió la defensa jurídica de José Luis y César, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa. El Frayba documentó violaciones a derechos humanos como: Privación Arbitraria de la Libertad, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas: obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.3
Además el uso de la prisión preventiva constituye una vulneración al derecho a la libertad personal y una pena anticipada violentando también el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar la disidencia social.
La protesta es una acción legítima como derecho de la población socialmente invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está implícitamente vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público.
Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos4 y Front Line Defenders5 hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de César y José Luis. Y expresaron que: «el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México».
El Frayba reitera al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los Pueblos Originarios que defienden sus territorios así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.
Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta. Nos sumamos a la exigencia de suspender la construcción del la base de la Guardia Nacional en el territorio del Pueblo Maya Tseltal, en el ejido de San Sebastían, en Chilón.
1 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas. Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón. Acción urgente. No. 15. 15 de octubre de 2020.
2 Habitantes de Chilón, Chiapas se oponen a la instalación de la Guardia Nacional en su territorio. 15 de octubre de 2020.
3 Ver video: Protestar no es un delito.
4 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón y hostigamiento contra integrantes del Frayba. Llamamiento. 21 de octubre de 2020.
5 Frontline Defenders. Detención arbitraria y agresiones físicas en contra de defensores indígenas. Llamamiento. 22 de octubre de 2020.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
04 de noviembre de 2020
Boletín No. 18
Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad.
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