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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

• Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

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Comunicado

Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas, nos encontramos para unirnos, hacer familia, abrazo y voz colectiva. Hemos compartido nuestra lucha y esperanza para logar la justicia, la libertad y la reparación integral de todos los daños que el Estado nos ha causado.

Les informamos que hemos decidido crear la organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”, hemos reflexionado y pensando en torno a la tortura y nuestros casos, por eso hemos decidido organizarnos para ser escuchadas y escuchados, atendidas y atendidos y acabar con la tortura, la corrupción, la humillación de las personas inocentes que están en las cárceles.

Nuestra demanda al Estado mexicano es que exigimos para nuestros presos, justicia con verdad, libertad con dignidad, agilidad y eficiencia en los tramites.

Asimismo, hacemos una invitación a otros familiares que tienen nuestros mismos problemas para sumarse a nuestra lucha contra la tortura.

A la sociedad en general le invitamos a conocer la situación de quienes hemos sufrido las injusticias de la tortura y el encarcelamiento injusto. Que no nos estigmaticen más.

Exigimos también investigación y castigo a todos los responsables de la tortura.

Atentamente,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
San Cristóbal de Las Casas,
La Concordia,
Pichucalco,
Jiquipilas,
Palenque,
Playas de Catazajá,
Teopisca,
Villaflores,
Chillón,
Cintalapa,
Venustiano Carranza.

San Cristóbal de Las Casa Chiapas, México
A 8 de octubre de 2021

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• En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervención en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detención el día 29 de octubre del año 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hernández Hernández quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos daños graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que dañan nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operación para poder reparar el daño con una erida de 20 centímetros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisación de ambos ni de los gastos médicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos daños físicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicológicos por la impotencia de esta situación jurídica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jiró un oficio solicitando a la Fiscalía de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscalía y el área médica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y análisis clínicos y médicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atención a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privación de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendación a la Fiscalía Contra la tortura para que se lleve acavo una investigación a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervención a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situación lo más pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Y también le suplico gire una recomendación a la comición antitortura internacional de estambul, para el análisis de mi situación de tortura, toda ves que también mi esposa Sra. Julia Hernández Hernández quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasión como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscalía de Alto Impacto.

Sin nada más que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio López Robles
carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente de la república mexicana
c.c.p. A los medios de comunicación
c.c.p. la prueba de estambul
c.c.p. Fiscalía General de la tortura del Edo de Chiapas
c.c.p. Lic. Rutilio Escandón Cadenas Gobernador del estado de Chiapas
c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas
Centro de Reinserción Social No. 14 El Amate

Encuentras la denuncia escrita de Carlos Antonio aquí

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• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.

Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.

La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

22 de septiembre del 2021

Boletín No. 11

• La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
• La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
• El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.

El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.

Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.

A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.

La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.

Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.

Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.

La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.^[3]

Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.^[4]

Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.

[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.

[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez  Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz,  Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz,  María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos),  Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y  Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.

^[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.

^[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2021

Boletín No. 10

• Las Fiscalías federal y estatal de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes.
• Gobierno de Chiapas mantiene una acción criminal como parte de su política de gobierno.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGECH) cómplices en falsificación de pruebas a personas inocentes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) investigó y documentó la utilización ilegal de las identificaciones de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) –joven víctima de privación arbitraria de la libertad y tortura– para privar de la libertad a dos personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña.

Yonny Ronay fue detenido ilegalmente y torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de FGECH entre el 13 y 15 de marzo del 2019. En el momento de su detención traía consigo diferentes pertenencias entre las que se encontraba su credencial de conducir.

El día 14 de marzo de 2019 Yonny Ronay fue exhibido por medios de comunicación con fotografías obtenidas por medio de la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y como el responsable de un homicidio en Villaflores, Chiapas.

Al día siguiente, tras ser expuesto públicamente y violar su presunción de inocencia, la FAI determinó darle la libertad a Yonny Ronay alegando que de acuerdo con la investigación le habían encontrado un arma blanca del tipo de navaja multiusos. Horas antes de su libertad la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) realizó actos de investigación a Yonny por otros delitos.

Al salir de la FAI fue detenido nuevamente con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado; hasta este momento legalmente se le atribuyó una responsabilidad sobre estos hechos, es decir la FGECH había fabricado al culpable 24 horas antes.

Por otra parte, contamos con documentación de que el día del homicidio que se le imputa a Yonny Ronay, el joven se encontraba en otro municipio del estado de Chiapas. Este Centro de Derechos Humanos cuenta con documentos que acreditan tortura física y psicológica, privación arbitraria de libertad, mismos indicios que se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que constatan las lesiones que le causaron, además de testimonios de sus familiares que lograron verlo cuando se encontraba detenido.

El 21 de marzo de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y el 21 de octubre del mismo año la FDF le imputó el delito de robo, vinculandolo a proceso. Durante la audiencia, Yonny Ronay denunció actos de tortura que sufrió durante su detención y señaló al fiscal del ministerio público como uno de sus perpetradores.

El día 23 de abril de 2020 fueron detenidas ilegalmente dos personas por la FAI, quienes también fueron torturados en el sótano de esta institución, y se les atribuyó un robo ejecutado con un arma de fuego el día 24 de abril del mismo año en Tuxtla Gutiérrez. En esa investigación la FAI, utilizó ilegalmente la credencial de Yonny Ronay para fabricar un testimonio y falsificó su firma para incriminar a estas personas. En la fecha de estos hechos él ya se encontraba en prisión.

Por las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, estas dos personas aceptaron reconocer responsabilidades a cambio reducirles la pena y recobrar su libertad por medio de una fianza. Esto no sucedió, por lo que fueron sentenciados a cuatro años cuatro meses de prisión, pena que siguen cumpliendo.

La FAI transfirió el 21 de junio de 2019 la investigación a la FGR por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Un Juez Federal emitió un auto de vinculación a proceso por estos hechos y ordenó investigar los actos de tortura que se manifestaron durante la audiencia.

Del 20 agosto de 2019 al 19 de febrero de 2020 la FGR realizó actos de investigación con finalidad de esclarecer los hechos; en este periodo entrevistó a Yonny Ronay el día 17 de febrero de 2020 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 08 de Villaflores, en ese momento el joven refirió que era imposible que haya sido testigo de esos hechos –del robo y la portación de arma de fuego- ya que en ese se encontraba detenido.

Además, la FGR en su investigación no localizó a las supuestas víctimas y otros testigos de los hechos referidos por la FAI, verificó también que en el lugar de los hechos existían cámaras del C5 que pudieron grabar los hechos, mismo que contrariaba el informe de la FAI, quien argumentó la inexistencia de los aparatos de grabación.

Por estas circunstancias dentro de la investigación, la FGR determinó cerrar la investigación por el delito de portación de armas de fuego: “En estas circunstancias y al no encontrarse debidamente corroborado que –——————————, participó en la comisión del hecho señalado como delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO … sino más bien que se simularon pruebas en su contra… en el hecho señalado como delito antes descrito y el de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA AGRAVADO”.

Es decir, que la FGR concluyó que el delito de portación de arma de fuego fue fabricado por la FAI, así como el robo ejecutado con violencia, delito por el cual estas personas actualmente se encuentran sentenciadas.

Por estos hechos se configuran los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, falsificación de documentos, los cuales se encuentran previstos en el Código Penal Federal, por lo que correspondería a la FGR investigar a los funcionarios públicos de la FAI que incurrieron en estas acciones, lo que hasta el momento no se ha realizado.

La Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Derechos Humanos del estado de Chiapas tienen conocimiento de estos hechos, sin que hasta el momento hayan intervenido para hacer cesar este cúmulo de violaciones a derechos humanos hacia estas tres personas.

El día 06 de septiembre de 2021 Yonny fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, por un juez del distrito judicial de Villaflores, el cual no valoró las pruebas de una investigación cargada de violaciones a los derechos humanos.

La comisión de una serie de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad e integridad personal, entre otras violaciones a los derechos humanos representan una acción criminal de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia la población, representando una política de investigación penal que constituye la instalación de una fábrica de delitos y culpables.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
a 08 de septiembre de 2021

Acción urgente No. 9
Grupos armados agreden a población en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

• Entre el caos y la ineficacia de autoridades municipales para atender la violencia expandida en la zona Norte de San Cristóbal, en el perímetro de la comunidad Molino los Arcos.
• Dos personas asesinadas, agresiones, casas quemadas, familias cercadas por los grupos armados.

Este Centro de Derechos Humanos ha recibido información relacionado a una serie de enfrentamientos entre grupos armados en la zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (en adelante San Cristóbal), en el perímetro territorial de la comunidad conocida como Molinos los Arcos, situación en la que nos reportan dos personas asesinadas, quema de casas, familias cercadas, angustia y terror en la población, hechos perpetradas por grupos armados, donde están poniendo en un alto riesgo la vida e integridad, seguridad personal y desplazamiento forzado de pobladores de zona Norte de la Ciudad de San Cristóbal.

Estos hechos de violencia se han prolongado en un lapso de meses donde de manera cotidiana nos reportan disparos de armas de alto calibre y enfrentamiento entre grupos que se encuentran armados, bajo la permisividad de las autoridades municipales y estatales del gobierno de Chiapas.

Según documentación con la que cuenta el Frayba nos refieren que a las 23.30 hrs. Ninguna autoridad ha intervenido en la zona de conflicto, al contrario, hay amenazas de que estos grupos entren a las casas y agredan y desplacen a la población civil.

Por tal razón urgimos al gobierno mexicano la intervención inmediata para:

Primero.- Implementar de manera urgente medidas cautelares y precautorias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal y daños de imposible reparación de los pobladores de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Segundo.- Investigar y sancionar a los grupos armados que desde hace meses mantiene en terror a la población de San Cristóbal.

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A los 22 años fue Privado Arbitrariamente de su libertad a partir de la fabricación de delitos y tortura. Desde el 2017 está organizado junto a otros compañeros presos en distintos reclusorios luchando por la libertad. Obtuvo su salida absolutoria gracias a su lucha incansable, del proceso de familiares que acompañan paso a paso las exigencias de justicia y organizaciones, colectivos y personas que se han sumado para derrocar los muros del exterminio que representan las cárceles en Chiapas y en el mundo.

Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de inocentes.

Pronunciamiento conjunto. Libertad absolutoria a Adrián Gómez Jiménez tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

San Cristóbal de las casas, Chiapas, 8 de septiembre del 2021

El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas celebramos y recibimos con mucha alegría la libertad y la vida de nuestro querido compañero y hermano Adrián Gómez Jiménez.

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Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas