San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022 Acción urgente No. 03
Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades
Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.
El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.
Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”
Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:
Europa, Tierra insumisa, Slumil K’ajxemk’op, enero de 2022
Señoras y Señores:
Como Red de Resistencia y Rebeldía y en apoyo a la lucha por la vida de nuestras compañeras y compañeros Zapatistas, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participamos en la campaña “Nuestra lucha es por la vida” y denunciamos enérgicamente las violencias ejercidas en contra de los pueblos indígenas de Chiapas. Esto ocurre dentro de un marco de total impunidad, que persiste a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles del gobierno mexicano.
Recalcamos que no se trata de conflictos entre comunidades o familias pobres, como lo afirma la versión oficial, que ha servido de excusa para dejar actuar la violencia en total impunidad. Se trata de conflictos fomentados por una presencia paramilitar impune que busca sembrar terror en un proceso de guerra de baja intensidad.
Afirmamos nuestro apoyo a las comunidades de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, que dependen de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.
Desde el verano de 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones de extrema violencia al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que hace el trabajo sucio de Morena), cuyo principal líder es funcionario del municipio. Este grupo de paramilitares actúa cobijado por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre los ataques que han llevado a cabo los paramilitares de la ORCAO, los cuales se han denunciado públicamente, y que hasta el momento han quedado en total impunidad, están:
22 de agosto de 2020: saqueo, robo y quema de la tienda “El Arco Iris”, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo;
8 de noviembre de 2020: denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva del “secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO”;
11 de septiembre de 2021: secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ^por el grupo paramilitar que les ha mantenido desaparecidos hasta el día 19 de septiembre;
21 de noviembre de 2021: otro ataque con armas de fuego por parte de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendio de la escuela secundaria autónoma zapatista;
desde noviembre de 2019, en la misma zona, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por “el grupo de los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces. Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le quedan 7 hectáreas al pueblo, y sus habitantes han sido reducidos a una situación de campesin@s sin tierra. A pesar de que dichos actos fueron documentos y denunciados el 2 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Buen Gobierno y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, con fecha del 2 de diciembre, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 cabezas de ganado sin alimento. Es importante aclarar que el supuesto arado solo tuvo el objetivo poner en peligro la supervivencia del ganado. Con cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten “secuestrad@s”; ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de sus casas, sometid@s a la observación y presencia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos.
Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos entre el grupo de los 40 y la policía municipal de Huixtán. Así que ¿se puede hacer todo esto en Chiapas bajo la mirada de la policía y del ejército? ¿Robar tierras? ¿Secuestrar a la gente? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T?
Los invasores del “grupo de los 40” pusieron un precio a las tierras que robaron: 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿Quién comprará estas tierras robadas? ¿El Estado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua planeada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s Zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida?
Esta serie de actos de violencia, incluido la detención ilegal y arbitraria de autoridades autónomas, ha sido denunciada tanto por las Juntas de Buen Gobierno como por organizaciones nacionales e internacionales. Los que firmamos la presente urgimos al Estado mexicano, quien tiene conocimiento pleno de los hechos por lo menos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes a terminar de una vez por todas las acciones violentas y de despojo que muchas veces vienen apoyadas por autoridades locales, municipales y estatales, y a respetar la tierra y el territorio que pertenecen al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
El 10 de enero de 2022, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado: una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas. Denunciamos enérgicamente estas desapariciones forzadas.
También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (últimamente, 36 ataques con arma de fuego los 7, 8, 9, y 10 de enero de 2022), dejando a una persona base de apoyo zapatista muerta, quien primero fue herida mientras iba junto con su familia a trabajar a su milpa.
Denunciamos de igual manera el asesinato de Simón Pedro Pérez, ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
El Estado de Chiapas está al borde de la guerra civil. Es una situación creada por el mismo Estado mexicano: desde 1994, su estrategia contra-insurreccional ha favorecido la surgimiento de grupos paramilitares que actúan en total impunidad.
Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades, cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el mal llamado Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras y obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de “ayuda”, como “Sembrando vida”, que favorecen tanto la destrucción del modo de vivir en colectivo de los pueblos indígenas y la de las tierras, estimulando la monocultura productivista, como la invasión de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia en contra de los pueblos indígenas zapatistas y su impunidad.
Exigimos que los responsables institucionales actúen como debe de ser dentro de un Estado de derecho, respetando la vida y los derechos de los pueblos originarios. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para detener la violencia que va en aumento en el Estado de Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s Zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra y por ende por la de la humanidad.
Firmas:
Colectiva Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencias y Rebeldías
Groupe CafeZ, Liège, Bélgica
Casa Nicaragua, Liège, Bélgica
Identité Amérique Indienne, Liège
RAIZCOF – Réseau d’amitié et d’inspiration zapatiste en Condroz-Famenne, Bélgica
La Gang éco!féministe, Bélgica
Le petit théâtre de la Grande Vie, Bélgica
Americasol-Réseau Escargot, Francia
Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron (Colectivo intercerros de las 2 orillas del río Aveyron), Francia
Quartier libre des lentillères Francia
Espace autogéré des Tanneries, Francia
Mut Vitz 13
Colectivo París Ayotzinapa, Francia
Universidad de la Tierra, Puebla
Colectivo Utopía, Puebla
Colectivo Utopia
Colectiva Zurcando el tiempo
Cecilia Zeledón
Kathia Behaeghel, Bélgica
Geert Carpel, Bélgica
Patrick Dessart, Liège, Bélgica
Geneviève Michel, Bélgica
Jean-Claude Charlier, Jupille, Bélgica
Martine Gerardy, Bélgica
Orlando Kintero, muralista
Union syndicale Solidaires, Francia
Yala Colectiva Nantes, Francia
Colectivo Armadillo Finlandia
Caravana Zapatista Portugal
Associazione Ya Basta! Êdî Bese!, Italia
Scotland Zapatista, Escocia
Latir por México, París
Alerta feminista, París
Brigada Serpientes, París
Miradas-Caracol, Madrid
Olivier Vermeulen, Bélgica
Natalia Hirtz
Carta dirigida a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adán Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Via :
Sandra Fuentes-Berain, embajadora de México en Bélgica
Blanca Elena Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia
“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.
Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.
En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.
Foto Jeny Pascacio/ Avispa Midia
A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.
Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.
Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.
El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.
En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.
Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.
Foto Jeny Pascacio /Avispa Midia
Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.
Los humedales de montaña ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, albergan especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, endémicas, como el pez popoyote, y es el refugio de aves residentes y migratorias.
Ayudan a evitar inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y a purificarla, además son proveedores del 70% del agua potable que se distribuye a la población.
Pero en el Valle de Jovel la situación de los humedales La Kisst y María Eugenia es cada vez más crítica por el deterioro acelerado. En el Día Mundial de Los Humedales (2 de febrero), colectivos y ciudadanos recordaron la urgencia de proteger el 10% de los humedales que sobreviven a la mancha urbana.
Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, dijo que existe inconformidad por la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales correspondientes, “no hay resultados tangibles”.
Durante los años de lucha han notado que el tema no es prioridad ni para la Fiscalía, ni para la Procuraduría Ambiental, “pareciera que está archivado”.
La ciudad turística crece sin ninguna planeación municipal, mientras en diferentes lugares se anuncia la venta de terrenos, también sin control, algunos dentro de las áreas naturales protegidas. Aunado a ello, la Carta Urbana municipal no se actualiza desde 2015.
Sexenios lo permitieron
Las administraciones municipales, estatales y federales permitieron a lo largo de los años la compra, venta e invasiones de los humedales, a pesar de que en 2008 fueron declarados Áreas Verdes de Conservación, por el gobierno del estado.
En 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares, entre ellos, 19 son políticos, mencionó Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).
La solicitud para conocer la historia traslativa de los terrenos ha sido negada. Incluso, los dueños de estos terrenos se ampararon ante el decreto de conservación, y los jueces los favorecieron.
Por la falta de respuesta en México, los ciudadanos recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.
La extensión de La Kisst es de 110 hectáreas y se ubica al sur poniente del Valle de Jovel, mientras Lagos de María Eugenia se ubica al sur y su polígono es de 115 hectáreas, pero no existe delimitación física.
A la fecha se interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04
Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía
Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.
El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.
El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.
La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]
La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.
El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.
• El riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama continua.
La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3499 personas.
En el mes de enero de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak’tik 2, T’elemax, Tojtik, Telesecundaria de Santa Martha, Curva Tontik, Tok’oy, Tulan, Base de la Policía, Yaxaltik en Saclum y Slumka’, mostrando una clara organización del grupo armado para llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los habitantes de las comunidades han reportado 28 ataques hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.
Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan. Esta situación ha llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café, impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para el sustento de sus familias.
A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos hechos no se repitan.
Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral. Por lo que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.
Hacemos un llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas efectivas de seguridad y culturalmente adecuadas, protegiendo la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, previniendo hechos de imposible reparación provocado por el grupo armado.
La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.
En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.
La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.
El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.
El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.
Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.
De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.
Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.
Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.
El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.
Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.
En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.
En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.
Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.
La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.
La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.
Proceso penal
En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.
Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.
Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.
Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.
En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.
Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.
“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.
El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.
En portada: Un manifestante lleva un cartel durante una manifestación de manifestantes palestinos, israelíes y extranjeros contra la recién inaugurada Ruta 4370, en Cisjordania, el 23 de enero de 2019. Foto: Abbas Momani/AFP
Un reciente informe de Amnistía Internacional se une a las voces que, desde hace décadas, reclaman que el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina constituye el crimen de apartheid.
Así lo indica mediante la investigación titulada “El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, difundido el pasado martes (1).
En el documento, la organización afirma que desde su creación en el año de 1948, Israel ha accionado para establecer y mantener la hegemonía demográfica judía para, con ello, maximizar su control sobre la tierra. Al mismo tiempo, restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas regresen a sus hogares.
Esto lo ejemplifica con momentos históricos como lo sucedido en 1967, cuando Israel amplió su dominio a Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que ocupa desde entonces, así como con la política actual de desalojos de familias palestinas que habitan Jerusalén Oriental.
Ataque sistemático
Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido violación de derechos humanos y del derecho internacional público que constituyen el crimen del apartheid. Según la documentación consultada, casi la totalidad de la administración civil, instituciones gubernamentales y las autoridades militares de Israel participan en la aplicación del sistema de apartheidcontra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio.
La organización también señala un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina por parte de Israel “y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheidtanto según la Convención contra el Apartheid como según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Activistas protestan por las acciones militares de Israel en Gaza frente a la embajada israelí en Washington, DC, el 18 de mayo de 2021. Foto: Alex Wong/Getty Images
En ese contexto, Amnistía Internacional detalla los componentes clave que constituyen el crimen de lesa humanidad, los cuales se expresan como una discriminación institucionalizada y sistemática por Israel en contra de la población palestina a través de leyes, políticas y prácticas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los TPO.
Así, se reconocen los elementos fundamentales de este sistema de opresión y dominación mediante “la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales”.
Todo ello se suma a la documentación, realizada durante décadas por distintas organizaciones locales e internacionales, de actos crueles e inhumanos concretos, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, “como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución”, detalla la organización.
Represión
Amnistía Internacional reconoce en su informe que su organización nohabía prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo y en específico en el caso de los crímenes contra la población palestina.
También señala que Estados y aliados occidentales de Israelse muestran reacios a escuchar estos llamamientos y se niegan a tomar medidas significativas contra sus crímenes. Mientras, “organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos en Palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheidsufren desde hace años una represión israelí creciente como castigo por su labor”.
Israel ha alegado motivos de seguridad para imponer restricciones de viaje a los palestinos. Foto: Majdi Mohammed / AP
Ello lo ejemplifica con lo que sucedió en octubre de 2021, cuando las autoridades israelíes intensificaron los ataques contra la sociedad civil palestina “mediante el uso indebido de la legislación antiterrorista para proscribir seis destacadas organizaciones, tres importantes grupos de derechos humanos entre ellas, cerrar sus oficinas y detener y enjuiciar a quienes trabajaban para ellas”, denuncia la organización.
A su vez, Israel también ejecuta campañas de desprestigio y deslegitimación a las organizaciones israelíes que denuncian el apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina.
La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló durante más de cuatro años, tiempo en que examinó informes, leyes y directivas institucionales, entre otros documentos. De acuerdo a la organización internacional, el objetivo es “apoyar a la sociedad civil palestina y a organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación de Israel sobre la población palestina en un momento en el que su trabajo es cada vez más difícil. Con ello, también espera contribuir a una comprensión y un reconocimiento mayores de la discriminación institucionalizada que se comete en Israel y los TPO, así como contra la población palestina refugiada, como un sistema y un crimen de apartheid”.
Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.
“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.
El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.
Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.
A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.
En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.
El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.
Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de Juchitán]”, sostiene.
De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.
Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.
Foto: Renata Bessi
Lo que sigue
Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.
Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.
“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.
Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.
Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.
Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.
Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.
El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.
Energía para la industria
El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.
“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.
En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.
