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Chiapas, México. 10 de abril. En las redes sociales del Blog de la Comisión Sexta del EZLN, se informó este día que el registro al seminario de reflexión crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA”, será a partir del martes 11 de abril de 2017 a las 10:00 horas, en las instalaciones del CIDECI-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas. El encuentro se dará en el contexto de la campaña mundial: “Frente a los muros del Capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”, convocada por las y los rebeldes chiapanecos, levantados en armas en enero de 1994.

La campaña internacional Frente a los Muros del Capital, tiene el objetivo de “llamar a la organización y la resistencia mundial, frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta, y que aterroriza ya a millones de personas en todo el mundo”, comunicaron los indígenas zapatistas el pasado 14 de febrero en su página oficial. “Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba”, argumentaron las y los rebeldes chiapanecos con respecto a las deportaciones masivas de migrantes a nivel mundial. “Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí”, agregaron.

“Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir “NO” a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir “NO” a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las soluciones, porque ahí se parieron los problemas”, expusieron los neozapatistas, en un clima de constantes manifestaciones de inconformidad que se han dado en México, con la administración de Peña Nieto y Donald Trump, en la unión americana.

Las y los ponentes al seminario de reflexión crítica “LOS MUROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA” a celebrarse los días del 12 al 15 de abril del 2017, en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, serán: Don Pablo González Casanova; Carlos Aguirre Rojas; María de Jesús Patricio Martínez (CNI); Arturo Anguiano; Paulina Fernández C; Sergio Rodríguez Lascano; Alicia Castellanos; Christian Chávez (CNI); Magdalena Gómez; Carlos González (CNI); Gilberto López y Rivas; Luis Hernández Navarro y la Comisión Sexta del EZLN.

COMUNICADO: LOS MUROS ARRIBA, LAS GRIETAS ABAJO (Y A LA IZQUIERDA).

Joint Communique from the CNI and the EZLN Denouncing the Repression Against the Purépecha community of Arantepacua, Michoacán

To the Purépecha Community of Arantepacua, Michoacán,
To the alternative media,
To the peoples of the world.

The peoples, nations, and tribes who make up the National Indigenous Congress express our outrage at the bad government’s cowardly attack against the Purépecha community of Arantepacua, Michoacán, on April 4 and 5 of the present year.

As a commission of community members sought dialogue with the bad government of the state of Michoacán, the governor Silvano Aureoles Conejo betrayed them: first, by obstructing their path with hundreds of riot police and dozens of trucks as they made their way to Morelia to try to come to agreements on the resolution of an old agrarian conflict; and again when, as the commission negotiated with government, large contingents of the Michoacán Police and the State Ministerial Police together with federal forces attacked the community, sowing terror, entering houses to detain community members, and opening fire indiscriminately, killing three Arantepacua community members:

• José Carlos Jiménez Crisóstomo (age 25)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (age 15)
• Francisco Jiménez Ajejandre (approximately age 70)

In addition, an unspecified number of community members were injured, two of whom are in critical condition, as well as 38 arrested by the Michoacán government on April 4 and 18 more on April 5 on fabricated charges that seek to criminalize their demand for their rights.

Brothers and sisters of Arantepacua, your pain over the murder of your compañeros is ours. We struggle because we are certain that punishment for the guilty will come from the dignity, resistance, and rebellion of our peoples. Sowing truth and justice amidst the destruction brought upon us by the powerful is what our peoples know how to do.

The bad governments think that by spreading terror in the indigenous territories of Michoacán and across a large part of the nation they will be able to silence the peoples and their voice, but this will not happen, because the words shouted collectively today by the originary peoples are born precisely of our rage, our frustration and the decision to not allow ourselves be killed, dispossessed, divided, or bought off.

We pronounce jointly with the communal assembly of Arantepacua our demands for:

1. An immediate halt to the escalated repression against Arantepacua and the Purépecha communities of the region.
2. The immediate release of the compañeros detained by the bad government.
3. Justice for the victims of this cowardly aggression and indemnification for all damages caused.
4. Punishment of governor Silvano Aureoles and all those responsible, materially and intellectually, for the crimes committed.
5. The withdrawal of the police and military forces from Aratepacua, given that as long as they are present the harassment of the community members will not cease.

Attentively
April 6, 2017

Justice for Arantepacua
Justice for the Purépecha People
For the Full Reconstitution of our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress
Zapatista Army for National Liberation

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Información vía Somos el medio (Heidi Sebastián); Vídeo vía Centro de Medios Libres:

Ciudad de México, 5 de abril 2017. Este miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 38 personas provenientes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, cuando ingresaban a Morelia a bordo de un autobús presuntamente robado. Estas personas pretendían manifestarse frente a Casa de Gobierno.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, además los mantuvieron incomunicados, entre ellos dos personas con diabetes que requerían urgentemente de medicamentos. Este conflicto agrario que comenzó por los límites entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, municipio de Uruapan, exigen al gobierno que se respete un acuerdo que se llevó a cabo desde 1941.

La comunidad había accedido a negociar con el gobierno. Se realizó una mesa de negociación con 13 comuneros y el subsecretario Armando Hurtado en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Mientras tanto policías partieron rumbo a la comunidad indígena a reventar las manifestaciones, 150 oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) con uniformes de granaderos llegaron a quitar a los manifestantes de la comunidad indígena, aprovechando que 20 comuneros se manifestaban frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),13 más estaban negociando y otros 38 ya habían sido arrestados.

La SSP mantiene operativos de vigilancia fuertemente armados en todo el municipio, en la meseta purépecha y en las carreteras de la zona. Hasta el momento se tiene confirmado que hay 4 muertos, entre ellos estudiantes normalistas y por lo menos otras 12 personas más heridas por arma de fuego, luego de la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y Fuerzas Federales.

Sección XVIII SNTE Michoacán acusó al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo de “represor por activar a la fuerza represiva en contra de las comunidades indígenas, los federales irrumpieron en la comunidad de Arantepacua y violentaron los hogares deteniendo, golpeando y asesinando a comuneros, artesanos y maestros de esa localidad. Las fuerzas represivas de Silvano Aureoles entraron a los hogares y sacaron por la fuerza a sus habitantes”. Exigieron al Gobierno del Estado de Michoacán detenga la represión, libere a los detenidos y detenga a los culpables de los asesinatos.

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Documental vía Somos el medio.-“El siguiente trabajo documental es un trabajo realizado por la fotógrafa estadounidense Emily Pederson y producido por Field of Visión, quien documentó por más de cinco meses a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Más de dos años después de que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en México, a sus seres queridos siguen buscando justicia y cierre.”

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El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov ]

El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
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2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
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Amig@s de Mumia de México
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[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
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El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov ]

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TUXTLA GTZ, CHIAPAS, 1 DE ABRIL 2017 (PRENSA MACTU). Los alumnos de “la Gloriosa Escuela Normal Rural Mactumactzá”, celebrarán el 61 aniversario de esta institución, del 3 al 7 de abril de 2017 dentro sus instalaciones*, al poniente de la capital chiapaneca.

Las actividades contempladas para esas fechas serán deportivas, académicas, culturales y sociales. Todas estarán abiertas al público, de manera gratuita. Para el martes cuatro de abril se podrán escuchar las ponencias del Dr. Sergio Saldaña y el Dr. Julio Gómez Mendoza, las cuales analizarán el impacto de las reformas del gobierno federal en la sociedad.

“Es importante que los normalistas estén conscientes de estos temas sociales, porque son una parte muy importante de la conciencia de la juventud mexicana”, explicó el Dr. Saldaña en entrevista con Prensa Mactu. “Históricamente, las Normales han sido semilleros de pensamiento crítico”, agregó el académico.

Los alumnos y las alumnas, apoyad@s por los docentes, son l@s que están organizando la conmemoración de la fundación de la escuela normal. Las y los jóvenes se dividieron el trabajo en diferentes comisiones, como la cocina, los primeros auxilios y la limpieza.

“Me siento una persona muy orgullosa por pertenecer a una Escuela Normal Rural y trabajar para la misma”, compartió la alumna de cuarto semestre en Mactumactzá Himelda Nuñez Encino, de 23 años. “Esta es mi segunda casa”, concluyó.

Se espera que sea un evento masivo con la participación de más de 4000 personas, en un ambiento festivo. Habrá comida y música de todo tipo, desde mariachi y marimba, hasta banda y cumbia.

* Dirección de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá: Carretera a Chicoasen, Km 2, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutierréz, Chiapas.

Invitación a los festejos por el LXI aniversario de la Escuela Normal Rural Mactumactzá

Convocation to the Constitutive Assembly of the Indigenous Governing Council for Mexico

NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS

CONVOCATION

Given the decision made in the second phase of the Fifth National Indigenous Congress December 29, 30, and 31, 2016 and January 1, 2017, during which it was agreed:

FIRST: “…to name an Indigenous Governing Council with men and women representatives from each one of the peoples, tribes, and nations that make up the CNI. This council proposes to govern the country. It will have an indigenous woman from the CNI as its spokesperson, which is to say, a woman of indigenous blood who knows her culture. This indigenous woman spokesperson from the CNI will be an independent candidate for the presidency of Mexico in the 2018 elections.”

SECOND: “…[to call] on the originary peoples of this country, the collectives of the Sixth, workers, coalitions and committees who struggle in the countryside and the city, students, intellectuals, artists, scientists, the elements of civil society that are not organized, as well as all good-hearted people to close ranks and go on the offensive. We call on you to dismantle the power of above and to reconstitute ourselves now from below and to the left, not only as peoples but as a country, to come together in a single organization where dignity will be our final word and our first action. We call on all of you to organize with us to stop this war, and to not be afraid to sow our seeds and build ourselves upon the ruins left by capitalism.”

THIRD: “…[to convoke] a constituent assembly of the Indigenous Governing Council for Mexico in the month of May 2017…to make the earth tremble at its core, to overcome fear and recuperate what belongs to humanity, what belongs to the earth, and what belongs to the peoples, to recuperate the territories that have been invaded or destroyed, for the disappeared of this country, for the freedom of all political prisoners, for truth and justice for all of those who have been murdered, for the dignity of the countryside and the city…making dignity the epicenter of a new world.”
We have agreed to convoke the authorities, representatives, delegates, and councilpersons named by the indigenous peoples, nations, tribes, barrios, communities, and organizations that participate in the CNI to celebrate the:

CONSTITUTIVE ASSEMBLY OF THE INDIGENOUS GOVERNING COUNCIL FOR MEXICO

To be held May 26, 27, and 28 of 2017 at the facilities of the Indigenous Center for Integral Learning (CIDECI-UNITIERRA) in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Zapatista territory, in accordance with the following schedule:

PROGRAM (Continuar leyendo…)

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Esperamos  que las redes sociales nos permitan abrir un camino de acercamiento con las y los otros, un camino de información generado desde nosotr@s, y que será el espacio en el que se irán anunciando las diferentes actividades y acontecimientos concernientes al camino que recorreremos en los próximos meses como CNI.

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BOLETIN INFORMATIVO.

Chicomuselo, Chiapas. 14 de marzo de 2017.

A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS EN MEXICO Y EL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINION PÚBLICA.

AMENAZAN DE MUERTE A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, POR DEFENDER SUS TIERRAS DE LAS COMPAÑIAS MINERAS.

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón del mismo municipio quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo “me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera” en ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladado a la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, los cuales no han sido cumplidas hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas que hasta la fecha no se han dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que como en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado y por el cual se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

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Equipo de Apoyo y solidaridad con Ostula teme la liberación de Federico González, integrante del cartel de los Templarios

INFORMACIÓN URGENTE

24 DE MARZO DE 2017

A LOS MEDIOS LIBRES

A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y GENTE SOLIDARIA

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Por medio del presente hacemos del conocimiento público que la tarde de ayer, 23 de marzo, fue detenido en Nayarit el líder templario Federico González Medina (alias Lico),
a quien se relaciona con la muerte de 34 comuneros y la desaparición de 6, pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos ocho años.

Para que esta detención sea entendida como parte de un operativo dirigido a la desarticulación del cártel de los Caballeros Templarios y de su estructura política y
económica, debe investigarse y juzgarse a Federico González por los crímenes antes mencionados, además de que se deben esclarecer sus vínculos con diversas instituciones del
Estado, como son la Marina, el Ejército, las Policías y el Gobierno.

Por el temor de que Federico González sea liberado, solicitamos estar atentos en las siguientes horas, ya que es necesario que pobladores de la comunidad salgan de ésta para
hacer las denuncias pertinentes y dar seguimiento al proceso.

Hacemos un llamado a organizaciones políticas y sociales, y a la gente solidaria, para que encuentren la forma de pronunciarse para impedir que todos estos crímenes queden
impunes.

Atentamente

Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de

Santa María Ostula