Este audio recoge las voces de la protesta del 29 de junio frente al consulado de Honduras en San Francisco, California, en protesta contra del golpe de estado militar que sucedió el día anterior.
por Alejandro Reyes
Publicado en: Ciepac
En Estados Unidos se vive un momento histórico muy particular. Por un lado, la guerra en Irak se ha transformado en un caos genocida al cual no se le ve fin. Escándalos de corrupción resquebrajaron la confianza en el gobierno y el sistema. El mercado inmobiliario sufrió una caída estrepitosa que forzó a mucha gente a perder sus casas y llevó a muchos más a la bancarrota, anunciando el inicio de la peor crisis financiera desde la década de 1920 y un resquebrajamiento del sistema capitalista global. Al mismo tiempo, casi siete años de una política de “seguridad nacional” llevaron a una alarmante pérdida de las garantías individuales y a la institucionalización de la tortura. La crisis y el miedo llevaron a una postura antiinmigrante cada vez más virulenta y a una militarización de la frontera sin precedentes. En este contexto, la elección de Barak Obama como el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos fue recibida con escepticismo por mucha gente cuya realidad permanece prácticamente invisible, a pesar de que sin duda han sido los más afectados: los pobres y la “gente de color”, minorías raciales que, en muchos casos, no son minoría.
La vida en los barrios más pobres de Estados Unidos es sumamente difícil y tiende a empeorar. Es el caso del barrio Sur Central de Los Ángeles, con una población hoy mayoritariamente latina. Fue ahí que, en 1992, surgió una de las rebeliones más importantes de los Estados Unidos, cuando los policías que golpearon al taxista negro Rodney King fueron absueltos por un jurado blanco en su casi totalidad. La rebelión fue la respuesta de la población desesperada ante la violencia policial, pero también ante una situación que en el momento parecía insostenible y que hoy sólo ha empeorado: altos niveles de desempleo, un patrón de salarios cada vez más bajos, sobrepoblación, escasez de vivienda y rentas muy caras, segregación racial, pandillerismo, drogadicción, un sistema educativo desastroso, pésimos servicios de salud, altos índices de obesidad y desnutrición debido a la falta de alimentos saludables.
Pero fue justamente en este barrio que, durante más de 14 años, floreció la granja urbana más importante de Estados Unidos: casi seis hectáreas cultivadas por más de 300 familias pobres, en su mayoría de origen latino. La Granja Sur Central constituía no sólo una alternativa de independencia económica, sino una fuente de alimentación de alta calidad a bajos precios. Además, los campesinos preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo, un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales. Muchos de los campesinos eran adherentes a la Otra Campaña.
Pero una compleja trama de intereses políticos y económicos resultó en la destrucción de la granja, en junio de 2006, por el gobierno del alcalde latino y demócrata Antonio Villaraigosa, a pesar de la formación de un amplio movimiento social para defenderla. Las soluciones orgánicas a los problemas de salud, alimentación, educación, drogadicción y criminalidad poco interesaron a los políticos y empresarios deseosos de lucrar con ese terreno cuando un nuevo corredor ferroviario aumentó los precios inmobiliarios. Hoy un pequeño grupo de campesinos sigue organizándose y preservando el sueño de la granja en tierras fuera de la ciudad.
La granja fue destruida con la intención de construir una bodega para la empresa textil Forever 21. Esta es una de las empresas combatidas por el Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura, quienes la acusan de violar los derechos laborales de sus empleados, en su mayoría inmigrantes. Este Centro, una organización independiente, horizontal y con base en la comunidad, opera en el centro de Los Ángeles, en el corazón de la pujante industria textil. Aunque es bien conocida la industria maquiladora mundial, que se desplaza de país en país en busca de menores precios de mano de obra, poco se discute la industria maquiladora interna, que se aprovecha de la precariedad de la mano de obra inmigrante (miedo, desconocimiento de las leyes, dificultad con el idioma, persecución por no tener papeles, amenazas y abusos constantes) para reducir costos sin tener que desplazar la producción a otros países. El Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura se organiza para combatir estas prácticas, en el contexto de una creciente criminalización y hostilidad hacia la inmigración.
En los últimos años ha habido un recrudecimiento severo de legislaciones antiinmigrantes. Esto ha resultado en la expulsión de más de un millón de inmigrantes en los últimos tres años -con un promedio de deportaciones tres veces mayor que hace una década. Al mismo tiempo, ha provocado una precarización de las condiciones de vida de los migrantes, facilitando la explotación. Pero los números no logran dar cuenta de la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo constante terror. Abundan las historias de los niños dejados atrás cuando la migra (autoridades migratorias) se lleva a sus padres. Las historias de las familias aterrorizadas cuando agentes entran a sus casas pateando puertas, amenazando con armas y llevándose esposadas a personas cuyo único crimen es trabajar. Las historias del terror de perder todos los bienes y encontrarse deportada en alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Las historias de los meses o años de detención, las inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos, en violación a legislaciones de derechos humanos internacionales, los procesos legales manipulados, los maltratos y humillaciones por las autoridades migratorias. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada.
En este contexto, organizaciones como la muy zapatista Tierra y Libertad, en Tucson, Arizona, se organizan desde abajo para resistir. Se trata de combatir circunstancias específicas, como las redadas de la migra que mantienen a las comunidades en un estado de terror, pero sobre todo de crear una conciencia colectiva a través de la educación y la participación organizativa. Por eso, a la campaña de información sobre derechos se le añaden proyectos de autosustentabilidad comunitaria, de arte rebelde (RebelArte) y de educación colectiva. Se trata de alternativas autónomas, desde abajo, por parte de comunidades que ya no creen en soluciones provenientes del gobierno o los partidos políticos y que deciden tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos.
Otra organización interesante en ese sentido es el Kilombo Intergaláctico, en Durham, Carolina del Norte. El Kilombo es un centro social en el que “comunidades de color”, migrantes, trabajadores y estudiantes buscan soluciones para los problemas de su vida cotidiana y al mismo tiempo se vinculan a movimientos anticapitalistas del mundo. El Kilombo está inspirado en la lucha zapatista pero también en los piqueteros argentinos, en los Panteras Negras y los Young Lords estadounidenses y en los palenques o quilombos de la América colonial (comunidades en resistencia de esclavos cimarrones, indígenas y mestizos). Al estilo zapatista, sus ejes de organización y de lucha son la asamblea, el encuentro, la autonomía, el territorio, el conocimiento y la palabra. El Centro tiene programas educativos (clases de inglés, español, alfabetización, computación, talleres de lectura) y deportivos, biblioteca, talleres sobre derechos, un proyecto de radio, huerta comunitaria, clínica de salud, un proyecto de vivienda de bajo costo y una editorial independiente.
Uno de los problemas más graves que afectan a las comunidades pobres y “de color” es lo que en inglés se llama gentrification: la elitización de los barrios en aras del “progreso”, la especulación inmobiliaria y los intereses comerciales. Se trata de un proceso en el que participan inversionistas particulares, empresas multinacionales y políticos locales, estatales y federales, y que resulta en el desplazamiento sistemático de poblaciones pobres, alejándolas de sus fuentes de ingresos y destruyendo el tejido comunitario. Es el caso, entre muchos, del Segundo Barrio en El Paso, Texas, que el Plan Paso del Norte pretende destruir para construir un gran centro comercial. Como explican los organizadores de la resistencia (miembros de la Otra Campaña), el Segundo Barrio es no sólo el barrio más antiguo de El Paso, sino una comunidad viva, mayoritariamente de origen mexicano -un verdadero sistema de sobrevivencia que le permite a esa población excluida resistir con su cultura, su lenguaje y su condición económica.
En Nueva York, El Barrio, en el Este de Harlem, sufre el mismo problema. Uno de los principales agresores actuales es la empresa Dawnay, Day Group, basada en Londres, que en 2007 compró 47 edificios y que intenta desalojar a sus inquilinos para desarrollos de lujo. Pero el problema empezó mucho antes, y en diciembre de 2004 residentes de cinco edificios amenazados se organizaron y formaron el Movimiento Por Justicia en El Barrio, que por medio de campañas mediáticas, demandas legales, manifestaciones y acciones directas luchan contra el desplazamiento. Con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Movimiento por Justicia en El Barrio decidió unirse a la Otra Campaña y adoptar formas de lucha zapatistas. En 2006 realizó La Consulta del Barrio, un largo proceso en el que los miembros de la comunidad decidieron sus prioridades y estrategias de lucha. En octubre de 2007, realizaron el primer Encuentro de Nueva York por la Humanidad y contra el Desalojo Neoliberal, en el que participaron organizaciones de toda la ciudad que luchan contra gentrification. En marzo de 2008, el Movimiento lanzó una Campaña Internacional en Defensa de El Barrio, con la intención no sólo de fortalecer la resistencia sino de motivar la vinculación de esfuerzos en otras partes del mundo.
Otra constante en las comunidades de color es el abuso y la violencia policiales. Este pasado 1 de enero, el joven negro Oscar Grant fue detenido por un grupo de policías (blancos) en Oakland, California, en una estación del metro (Bart). Mientras sus amigos y un número de personas protestaban desesperadas, los policías lo tumbaron al suelo boca abajo. Uno de ellos lo inmovilizó con la rodilla en el cuello mientras otro sacaba la pistola y le disparaba por la espalda, asesinándolo. El incidente se volvió público al ser presenciado por muchos testigos y grabado en dos teléfonos celulares, resultando en violentas manifestaciones. Pero la brutalidad y el racismo de las fuerzas policiales contra las comunidades de color en todo el país son la norma. Como respuesta, organizaciones llamadas CopWatch (vigilantes de la policía) han surgido en muchas ciudades. Sus miembros patrullan las calles con cámaras de video, alertan a los residentes de retenes y redadas y organizan formas de defensa comunitaria. En Los Ángeles, CopWatch L.A., con inspiración zapatista y de otros movimientos autonomistas, es parte de un proyecto más amplio de autonomía comunitaria llamado Comunidades Autónomas Revolucionarias, que incluye granjas comunitarias, guarderías y otros proyectos.
La violencia policial está acompañada de formas jurídicas de criminalización de la juventud. Por ejemplo, las leyes antipandillas prohíben que los miembros de ciertas pandillas se reúnan en determinadas áreas geográficas. Pero la determinación de quién es parte de una pandilla se hace de manera muy arbitraria, de manera que jóvenes, pertenecientes o no, se vuelven criminales por el simple hecho de platicar con amigos en público, andar en bicicleta, usar ropa de ciertos colores o hablar por teléfono celular. Las historias de arbitrariedades contra jóvenes de color abundan. En Nueva York, un joven de 16 años lleva ya varias estancias en la cárcel: por pasar de un carro a otro en el metro, por no registrarse al entrar a un complejo habitacional.
Estos son los jóvenes que supuestamente tienen derechos. Pero los migrantes indocumentados ni si quiera aspiran a tanto. La inmigración “ilegal” se ha criminalizado en los últimos años, de manera que hoy el “delito” resulta no sólo en la deportación, sino en la detención por períodos que pueden durar años. En septiembre de 2008 se realizó la mayor redada de la historia estadounidense en Postville, Iowa. Trescientas personas fueron arrestadas, acusadas no sólo de inmigración ilegal, sino de robo de identidad, un cargo con penas muy severas. La acusación no hubiera resistido el escrutinio en un tribunal, pero las presiones y amenazas, el miedo, el desconocimiento de las leyes y la ausencia de abogados hicieron que la mayoría de los detenidos se declararan culpables a cambio de sentencias supuestamente más cortas de hasta dos años de prisión.
¿Pero, por qué esa criminalización? Parte de la respuesta se encuentra en las políticas de “seguridad nacional” instauradas después del 11 de septiembre de 2001. El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que pertenecía al Departamento de Justicia, fue desmantelado en marzo de 2003, con la mayoría de sus funciones transferidas al Departamento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement-ICE), ahora bajo el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Con un presupuesto anual de casi 6 mil millones de dólares, las funciones del ICE se ampliaron para incluir la “lucha contra el terrorismo” y “amenazas a la seguridad nacional”, funciones muy promovidas en la retórica oficial. Sin embargo, el minúsculo número de terroristas y “amenazas a la seguridad nacional” detenidos (114 de 814,073 de 2004 a 2007) es obviamente insuficiente para justificar el presupuesto o la retórica de mano dura. La respuesta, por lo tanto, es presentar a trabajadores inmigrantes como criminales capaces de amenazar la seguridad nacional.
Pero un factor quizás más importante es la privatización de las prisiones, en lo que se ha venido a llamar el “complejo industrial carcelario”, una industria billonaria que obviamente necesita “clientes”. Los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje per cápita de presos del mundo. La privatización de las prisiones no sólo resulta en lucros directos por medio de fondos del Estado. Mucho más lucrativo resulta el trabajo esclavo de los prisioneros, permitido en la 13ª Enmienda Constitucional. Los presos, que para el capitalismo estadounidense son “excedentes sociales”, representan una formidable fuente de mano de obra. Hoy, numerosas empresas utilizan el trabajo de prisioneros que reciben aproximadamente 25 centavos de dólar por hora.
Lo que se percibe en todo esto es un complejo mecanismo de aprovechamiento de millones de personas que ya no caben en el sistema. En este contexto, las luchas autonomistas juegan un papel fundamental. Para muchos, el sistema es tan complejo y perverso que no hay manera de cambiarlo desde arriba. Las reformas de la administración de Barak Obama ni tienen la intención ni serían capaces, si la tuvieran, de reestructurar el sistema en sus bases. Para las comunidades de mero abajo, la única alternativa viable es la organización comunitaria autónoma y la vinculación con otras luchas en el país y en el mundo.
(*)NOTA: El autor es escritor y periodista alternativo, miembro del colectivo Radio Zapatista y doctorando en literatura latinoamericana.
Manifestación de “Movimiento por la Justicia en El Barrio”; New York (Fotos de Cecile Lumer)
Entrevista con John Gibler, periodista independiente, sobre la situación en Oaxaca, el caso del asesinato de Brad Will, el narcotráfico y la militarización de la sociedad en México.
Publicado en: Ojarasca
En un área industrial de la región Sur Central de Los Ángeles, California, hay un gran terreno baldío que ocupa toda una cuadra. Son casi seis hectáreas cercadas con reja y alambre de púas, un espacio vacío que podría pasar desapercibido en esa cenicienta extensión de concreto y asfalto. Pero hace dos años, antes de que el gobierno del alcalde demócrata Antonio Villaraigosa lo destruyera, ese terreno estaba lleno de vida. Aquí, en este amarillento vacío terregoso, floreció durante 14 años lo que era probablemente la granja urbana más importante de los Estados Unidos, cultivada por 350 familias pobres, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos, que reconstruían sus tradiciones y su vínculo con la tierra, en un espacio de convivencia lejos de la violencia, la discriminación y los muchos otros problemas que afectan a las comunidades pobres en ese país.
Una compleja y truculenta trama de intereses económicos y políticos hizo que la ciudad le vendiera el terreno al empresario Ralph Horowitz, y en mayo de 2006 los campesinos recibieron el aviso de que serían desalojados. Se formó entonces un amplio movimiento de resistencia compuesto por los campesinos de la granja, miembros de la comunidad, activistas, integrantes de la Otra Campaña, ecologistas y varias celebridades. A pesar de la resistencia, el 13 de junio de ese año tropas de choque desalojaron a los campesinos y detuvieron a 40 personas, y tres semanas después regresaron a destruir la granja por completo.
Hoy, dos años después del desalojo, un grupo de familias de la extinta granja aún lucha por reconstruir y preservar una alternativa campesina ante la marginación que viven los “de abajo” en Estados Unidos. Todos los viernes los campesinos viajan tres horas a un terreno en Bakersfield y otro en el Valle Imperial, donde cultivan productos orgánicos que venden en un tianguis los domingos a un lado de la antigua granja, donde también realizan eventos educativos y culturales.
Al mismo tiempo, continúan luchando por recuperar el espacio original de la granja. Este año, la ciudad aprobó la propuesta de Horowitz para construir una bodega de la empresa Forever 21 en el predio, saltándose el requisito de presentar un informe de impacto ambiental. La amplia movilización convocada por los campesinos logró bloquear la aprobación. Al mismo tiempo, los campesinos unieron esfuerzos con el Centro de Trabajadores de Costura para denunciar las violaciones laborales de la empresa Forever 21 —la cual, desde la destrucción de la granja, ha donado 1.3 millones de dólares al gobierno de Villaraigosa—, cuyos contratistas emplean mano de obra migrante en condiciones de explotación.
Horowitz insiste que el proyecto traerá empleos al Sur Central. Los campesinos entienden la ironía de sustituir una alternativa autogestiva y liberadora por una que explota la mano de obra de las mismas comunidades desplazadas que crearon la Granja Sur Central.
Para captar la relevancia de la granja, es necesario entender el contexto en el que ésta surgió. El Sur Central es una región con una larga historia de exclusión, segregación racial y violencia. En 1992 fue el escenario de una de las más violentas rebeliones de la historia estadounidense, cuando la absolución de cuatro policías que golpearon brutalmente al taxista negro Rodney King desencadenó la frustración acumulada ante el racismo y la exclusión, provocando una revuelta que duró seis días y resultó en 53 muertes y 12 mil arrestos.
Las condiciones en el Sur Central no distan mucho de la realidad de buena parte de los barrios pobres y “de color” de cualquier urbe estadounidense: altos niveles de desempleo, bajos salarios, sobrepoblación, escasez de vivienda, segregación racial, altos índices de enfermedad, fuerte presencia de pandillas, drogadicción, un sistema educativo desastroso. En cuestiones de salud, la situación es alarmante. El Hospital Martin Luther King Jr, construido en los setenta como respuesta a la escasez de hospitales en el Sur Central, se destacó por ser el quinto de la nación en mortalidad infantil. En 2007 cerró sus puertas tras el escándalo provocado por la muerte de Edith Rodríguez, quien falleció después de 45 minutos de agonía en el suelo de la sala de emergencias mientras las enfermeras se rehusaban a atenderla y un encargado de la limpieza trapeaba su vómito ensangrentado.
La desigualdad, la pobreza, los problemas de salud y la pésima educación tienen un componente claramente racial. Es justamente en el periodo en que estos problemas se agudizan (en los 80s), que la población “blanca” pasa a ser minoría en Los Ángeles. De 1970 a 1990 esa población disminuyó de 70.9 a sólo 40.8 por ciento, mientras la población latina creció de 14.9 a 36.4 por ciento. Hoy los latinos conforman la mitad de la población de Los Ángeles.
Un factor que contribuye a los altos índices de problemas de salud entre los pobres en Estados Unidos es la alimentación. En estos barrios hay muy pocos supermercados u otras tiendas con productos frescos, y el precio de los productos saludables es exorbitante. Al mismo tiempo, hay una relación estrecha entre obesidad y desnutrición. Según las cifras oficiales, en 2004, el 36.8 por ciento de las familias pobres sufrían inseguridad alimenticia, y el 13.6 sufrían de hambre.
Pero en muchas partes de Estados Unidos, estos campesinos son protagonistas de resistencia y de la creación de alternativas como la Granja Sur Central que, a contrapelo del sistema, ofrecen la posibilidad de una vida más digna. La granja constituía no sólo una alternativa de autosustentabilidad alimenticia e independencia económica, sino una fuente inédita de alimentación de alta calidad a bajos precios, para una de las poblaciones más desfavorecidas de los Estados Unidos. Además, los campesinos de la granja preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era, y quiere seguir siéndolo, un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo de los barrios pobres: un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales y donde se fortalecía un sentimiento de identidad y de valor comunitario. Era, también, un espacio educativo, donde las nuevas generaciones aprendían a convivir con los más viejos, y donde las tradiciones, los idiomas y las expresiones culturales se transmitían y preservaban. La tradición democrática indígena y campesina de las asambleas comunitarias se veía reflejada en las reuniones semanales de la Asamblea General, durante la cual se tomaban las decisiones colectivas.
Para Libero Tlatoá, como para otros miembros de la granja, el sueño del “oasis en un desierto de concreto” —el título del documental de Sheila Laffey sobre la granja— sigue vivo, pues “cuando están destruyendo tu casa uno saca las garras.”
por Alejandro Reyes, reportero alternativo de Radio Zapatista de San Francisco, California
por Alejandro Reyes
En un amplio patio de un pueblo en la sierra de Guerrero, rodeado de montañas y bosques, cientos de campesinos forman filas con sus armas en alto. Hay entre ellos muchos jóvenes y no pocos viejos. Sus armas con muy sencillas, su equipo, precario, pero su mirada es firme y llena de dignidad. Se trata de la Policía Comunitaria, uno de los proyectos de autonomía indígena más importantes de México, que el 14 y 15 de octubre celebran su 13er aniversario en esta comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, acompañados de comisarios y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y algunas decenas de visitantes: activistas, investigadores, miembros de medios alternativos y de organizaciones solidarias.
A 13 años de su fundación, la Policía Comunitaria, que junto con el sistema de justicia representado por la CRAC es una de las más importantes experiencias de autonomía indígena de México, tiene razones de sobra para celebrar. La inseguridad y la violencia que en los 80s y 90s asolaban a la región hoy están bajo control. Pero, sobre todo, hay una conciencia de que las comunidades pueden resolver sus propios problemas sin tener que esperar que las respuestas vengan de fuera.
La sierra de Guerrero es una región con una larga historia de rebeldía. Esta es la tierra de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y de una larga tradición de organización indígena y campesina. Es, también, tierra de una de las más brutales campañas de represión del México moderno. La violencia contrainsurgente desatada en la década de 70 provocó una profunda inestabilidad social que dio origen a una situación descontrolada de inseguridad: abigeato, asaltos, violaciones sexuales, asesinatos. Ante la violencia, la desesperación de los habitantes se topaba con la indiferencia de las autoridades, cuando no su complicidad con los delincuentes.
Fue como respuesta a esta situación que, el 15 de octubre de 1995, las comunidades decidieron crear la Policía Comunitaria, formada por voluntarios que sirven a los pueblos sin recibir ninguna remuneración. Hoy, son más de 800 policías de 73 comunidades y la delincuencia ha disminuido en más del 90 por ciento. El padre Mario Hernández Campos, que participó en la experiencia desde sus inicios, cuenta cómo fue el proceso:
“Ante ese clima de violencia e inseguridad en el que vivíamos, el pueblo respondió asumiendo un papel que hasta entonces no había asumido: el ser sujetos. El tomar conciencia de que la solución no viene de fuera. Pero para eso se tuvo que hacer mucho trabajo, muchas asambleas en muchas comunidades. Cuántos de ustedes participaron en los brigadeos, visitando pueblo por pueblo. En esas reuniones que se terminaban a las 3, 4 de la mañana… Cuántas señoras haciendo las tortillas, cociendo los frijolitos, los señores que acarreaban la leña, la cooperación de los vecinos. Así fuimos aprendiendo que somos sujetos y que somos los responsables por las soluciones que buscamos.”
Esta conciencia también fue la causa de que la Policía Comunitaria no se pensara de forma aislada, sino como parte de un proyecto mucho más amplio para resolver los problemas más urgentes de los pueblos: las vías de comunicación, la educación, la justicia. De estos esfuerzos han resultado importantes victorias. La exigencia de los pueblos resultó en la construcción, aunque deficiente, de la carretera Tlapa-Marquelia hace cuatro años (los letreros que pregonan las bondades del gobierno que “sí cumple” están intactos; la carretera está destruida). Muy significativamente, el 12 de octubre del año pasado se inauguró la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), una universidad autónoma cuyo objetivo es la formación de intelectuales arraigados en sus comunidades, y que hoy cuenta con cuatro unidades académicas: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Xalitla. Y durante el evento en Tilapa este 15 de octubre se bautizó formalmente la radio comunitaria “La voz de los pueblos”, que desde hace dos meses está transmitiendo desde la comunidad de Espino Blanco.
Durante los primeros años de su existencia, la Policía Comunitaria detenía a los delincuentes y los entregaba a las autoridades. Pero cuenta Cirino Plácido, uno de los fundadores, que la corrupción de las instituciones oficiales hacía que en pocos días los detenidos estuvieran nuevamente libres. “La inseguridad es un gran negocio para el Estado”, afirma. “El policía quiere dinero, el abogado quiere dinero, el juez quiere dinero.” Esta realidad llevó a la decisión de fundar, en 1998, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es el órgano encargado de la procuración de justicia. Es la Coordinadora Regional quien se encarga de recibir las quejas, analizar las denuncias, expedir las órdenes de aprehensión y presentar a los detenidos a la asamblea comunitaria, donde, de acuerdo a los usos y costumbres, es el pueblo quien determina el castigo.
Los delitos no se pagan en forma de multa o cárcel, sino de lo que ellos llaman la reeducación. Ésta consiste en trabajos comunitarios, como pavimentación de calles, construcción de infraestructura o cualquier otra cosa en beneficio de la comunidad. Muy importantes en ese proceso de reeducación son las pláticas por parte del consejo de ancianos, reunidos regularmente por el comisario, que ayudan al detenido en el camino de la concientización. Así como la sentencia, la liberación se realiza ante la asamblea comunitaria, donde ésta se compromete a no tratar al detenido como un delincuente sino como un miembro de la comunidad en proceso de reeducación. O sea, la justicia se entiende como algo que involucra directamente a todos los miembros de la comunidad.
Ante esta experiencia de autonomía comunitaria la respuesta del gobierno ha sido la confrontación y la criminalización. Más de 40 autoridades y policías comunitarios tienen hoy órdenes de aprensión por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Paradójicamente, lo que más molesta al gobierno no es el hecho de que exista un cuerpo armado al margen de las instituciones oficiales, sino la impartición de justicia de acuerdo a los usos y costumbres. Esta oposición demuestra el desencuentro entre la “legalidad” de un sistema que para las comunidades no es legítimo, no sólo debido a la corrupción sino porque no refleja la realidad de los pueblos, y la legitimidad de una experiencia autónoma que no cabe en las leyes impuestas por ese sistema.
Para el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, México no es uno solo, sino dos: los que el llama el “México imaginario” (basado en la cultura occidental) y el “México profundo” (basado en la cultura indígena). Algo muy similar afirma Cirino Plácido: “Dicen que hay un solo México pero no es cierto. Está el México de allá, pero es nomás venir aquí que se encuentra otro México, el México olvidado.”
Entre los murales de Diego Rivera que cubren los muros del Palacio Nacional en la ciudad de México, hay uno frente al cual se detienen todos los visitantes. En él encontramos la imagen de una mujer indígena (con rostro de Frida Kahlo) cargando en su espalda a un bebé moreno de ojos azules. “El primer mexicano”, dice el guía de turistas. O sea, el producto del encuentro entre la civilización occidental y la indígena. Un encuentro sin duda terrible, pero que supuestamente engendró la gran Raza de Bronce, la nación mestiza por tanto tiempo negada y que la Revolución logró liberar de las ataduras de la historia, al enaltecer el glorioso pasado prehispánico como parte constitutiva de lo que hoy somos: un México unido, homogéneo, mestizo. Pero, en esta visión ¿dónde quedan los pueblos indios?
En una pequeña fonda en el camino de regreso de la sierra guerrerense rumbo al DF, en plena mixteca poblana, se escucha un cuento dramatizado en el radio: Una estudiante de antropología estadounidense viaja a Chiapas para estudiar a los indios tzotziles. Sus costumbres y sus condiciones de vida la horrorizan, y el radioescucha no puede más que concordar: supersticiones, pobreza, falta de higiene, primitivismo. Pero cuando ella decide nombrar su tesis “La condición salvaje de los indios de México”, el nacionalismo mexicano levanta la cabeza indignado: ¿qué se cree esa gringa racista? Una indignación difícil de conciliar con la conclusión previa de que sí, ni modo, los indios son primitivos. Afortunadamente, un sencillo médico mestizo, que viaja de pueblo en pueblo, llega para salvarnos del dilema. Cando el doctor humildemente cuestiona el título de la tesis, la estudiante le dice: “¡Pero los indios viven al margen de la civilización!” El médico entonces responde: “Sí, es cierto, pero eso no es culpa suya. Es culpa nuestra, de todos nosotros.” Moral de la historia: los pueblos indios de hoy no son más que un remanente desafortunado de un pasado destruido, y es deber y obligación del México mestizo civilizarlos para integrarlos a la nación.
Bonfil Batalla propone que no, que la cosa no va por ahí. Que de lo que se trata es de dos civilizaciones desencontradas (la occidental y la indígena), y que la historia de México no es sino la historia de ese desencuentro: de los intentos, por parte de la civilización vencedora, de negar y destruir a la civilización vencida, y de los mecanismos de resistencia que ésta última ha sabido usar para sobrevivir más de quinientos años. La ideología detrás de la nación mestiza representada por ese “primer mexicano” del mural de Diego Rivera no es más que un nuevo intento de genocidio hacia los pueblos indios, del cual éstos se defienden con el arsenal milenario de su civilización.
El desencuentro entre las dos civilizaciones y la imposición violenta de una sobre la otra es evidente en la experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero. En sus 13 años de vida, ésta ha logrado lo que el Estado no ha podido hacer en ninguna parte del país: controlar la inseguridad en una región particularmente violenta. Una de las mesas de trabajo en Tilapa se enfocó en la situación nacional de seguridad y justicia. En ella se hizo un balance de la coyuntura actual: una explosión sin precedentes de la inseguridad y la violencia, militarización del país, sistemas policial y de justicia con una severa crisis de legitimidad, una política del miedo vehiculada por los medios de comunicación y la criminalización los movimientos sociales. El Estado no sólo ha fracasado rotundamente en el combate a la inseguridad, sino que cada día quedan más evidentes sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Siendo así, resulta lo mínimo paradójico que el Estado, en vez de coordinar esfuerzos con esta organización exitosa y promover su extensión en otras partes del país, insista en criminalizarla.
Como las comunidades rebeldes zapatistas, la experiencia de la Policía Comunitaria es una evidencia clara de que ese otro México, el México profundo, olvidado, ignorado, es una fuente viva de alternativas capaces de enfrentar los problemas que más afectan a la sociedad. Y si el México del poder, siguiendo su tradición centenar de negar esa otra realidad, continúa rehusándose a reconocer su vitalidad y vigencia, la Policía Comunitaria continuará siendo una inspiración para todos los de abajo, de México y del mundo, y prueba de que sí es posible crear alternativas al margen del sistema, aprendiendo de esos pueblos que llevan cinco siglos resistiendo.
13er Aniversario de la Policía Comunitaria, Tilapa, Guerrero. (Más info)
Lomas del Poleo: El padre Bill Morton habla desde El Paso, Texas, sobre la historia de Lomas del Poleo en Ciudad Juárez, las condiciones de campo de concentración creadas por la millonaria familia Zaragoza, los intereses económicos binacionales por detrás de la infamia y las más recientes agresiones contra los residentes y los que los apoyan.
Entrevista completa (20 min) (Descarga aquí)
Entrevista corta (8 min)(Descarga aquí)
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